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Experto internacional analiza la relación entre Justicia Ordinaria y Justicia Indígena

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En el marco del programa Tertulia Jurídica, se desarrolló un conversatorio académico con la participación del doctor Bruno Teixeira Lins, experto internacional en Derechos Humanos, quien abordó el tema “Justicia Ordinaria y Justicia Indígena: un análisis comparado desde los estándares internacionales de derechos humanos”.

El doctor Teixeira Lins, de nacionalidad brasileña, es abogado y profesor universitario. Cuenta con un máster en Derechos Humanos, cursa su segunda maestría en Antropología Social y desarrolla su doctorado en Derecho en la Universidad Tiradentes de Brasil. Actualmente realiza una estancia de investigación vinculada a un instituto académico de carácter nacional, además de desempeñarse como profesor invitado en universidades de Brasil y en la Universidad Católica de Quito.

Durante el diálogo, el invitado explicó que la diferencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena debe analizarse desde el pluralismo jurídico, entendido como un hecho social permanente. Señaló que ambos sistemas cumplen la misma función esencial, organizar la vida social y resolver conflictos—, pero se estructuran a partir de perspectivas, normas, autoridades y procedimientos distintos, por lo que no pueden ser evaluados bajo un criterio de superioridad, sino desde un enfoque intercultural y comparado.

En relación con los límites de la justicia indígena, Teixeira Lins indicó que, en el caso ecuatoriano, estos se encuentran establecidos principalmente por la Constitución de la República y por los tratados internacionales de derechos humanos, y no por la justicia ordinaria.

Destacó que Ecuador, a diferencia de otros países de la región, reconoce no solo la jurisdicción indígena, sino también a las comunidades, pueblos y nacionalidades como fuentes del derecho, lo que constituye un avance significativo dentro del constitucionalismo plurinacional.

Asimismo, explicó que las decisiones de la justicia indígena pueden ser impugnadas únicamente a través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, la cual no actúa como instancia de apelación, sino que verifica el respeto a los derechos constitucionales, la territorialidad, el carácter interno del conflicto y la compatibilidad con los derechos humanos. En casos excepcionales de privación de libertad, procede el hábeas corpus, limitado a analizar la legalidad, legitimidad y no arbitrariedad de la medida.

En el debate sobre la interculturalidad jurídica, el experto sostuvo que persisten tensiones entre el reconocimiento constitucional del derecho indígena y su aplicación práctica, debido a la tendencia del sistema jurídico a jerarquizar y simplificar la complejidad social, lo que en ocasiones deriva en limitaciones jurisprudenciales. No obstante, resaltó la importancia de decisiones judiciales que incorporan peritajes antropológicos, al permitir una comprensión más adecuada de los sistemas normativos indígenas desde su propio contexto cultural.

Finalmente, el doctor Teixeira Lins fue enfático al señalar que la justicia indígena no puede ser eliminada como hecho social, aun cuando no sea reconocida formalmente por el Estado, ya que responde a una necesidad inherente de organización y resolución de conflictos dentro de las comunidades.

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Aquiles Álvarez acude a la CIDH y denuncia prisión con fines políticos

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La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que la prisión preventiva en su contra responde a motivaciones políticas.

En el documento se señala que el alcalde permanece en condiciones de aislamiento extremo, con restricciones en visitas, comunicación y acceso a servicios básicos. Según su defensa, esto le impide ejercer el cargo para el que fue elegido, lo que —afirman— configura una “destitución de facto”. Por ello, solicitan la adopción de medidas cautelares internacionales.

Aunque un tribunal revocó la orden de prisión preventiva en ese proceso, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eran “suficientes para establecer la existencia del delito” ni la probabilidad de participación de los procesados, el alcalde continúa privado de libertad por otras causas judiciales. Entre ellas, una investigación por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, denominada Triple A, y otro proceso relacionado por no usar grillete electrónico antes de su encarcelamiento.

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Un cadáver maniatado y en estado de descomposición fue hallado en la vía Loja-Zamora

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Alrededor de las 06:15 de este miércoles 29 de abril, un cuerpo en estado de descomposición fue hallado a un costado de la vía Loja-Zamora, en el sector conocido como La Cordillera.

Según los reportes preliminares, el cuerpo fue localizado con signos de haber sido maniatado con cinta de embalaje y tenía la cabeza cubierta con una funda.

Tras el reporte, personal de la Policía y unidades especializadas acudieron al sitio para tomar procedimiento. Actualmente, las autoridades investigan el caso y realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo a una morgue, con el objetivo de identificar a la víctima.

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Roberto Luque anuncia inicio de compensaciones a transportistas

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El Gobierno anunció que las compensaciones al transporte público se mantendrán.

En una entrevista para Ecuavisa, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, señaló que las compensaciones económicas al sector se mantendrán hasta el 15 de mayo, para el transporte intra e interprovincial.

En el caso del transporte urbano, el esquema de subsidios ya concluyó, pero Luque explicó que se han tomado otra acciones como tercera placa, tarifarios en rutas largas y otros.

Sobre posible alza de pasajes

“Yo no lo podría aseverar. Esas decisiones dependen de los gobierno autónomos descentralizados”, dijo Luque.

Esto significa que la definición de tarifas no es una competencia del Ejecutivo, sino de los municipios, por lo que serán ciudades como Quito o Guayaquil las que deberán decidir si se mantienen o modifican los valores actuales.

Las autoridades también señalaron que cualquier ajuste deberá estar vinculado a mejoras en el servicio. Según su criterio, los usuarios podrían aceptar incrementos si estos se traducen en mayor calidad, seguridad y eficiencia en el transporte.

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