Nacionales
Cuando la Universidad regala títulos y la justicia paga el precio
“Un vaso de agua y un título de derecho no se le niega a nadie” ya no suena a chiste: suena a diagnóstico. En Ecuador, esta frase resume una realidad incómoda sobre la educación superior, especialmente en Derecho. Hoy, el problema no es que más personas estudien, sino que muchas universidades han convertido la formación profesional en un trámite rápido, cómodo y superficial, donde el esfuerzo real del estudiante parece haber desaparecido.
El caso más alarmante es el de los posgrados. Maestrías que se ofrecen en ocho meses, con clases cada quince días, sin exámenes rigurosos, sin investigación seria, sin lectura profunda y sin verdadera exigencia académica. Se promete un “cuarto nivel” como si fuera un producto más del mercado. No se forma al profesional; se le vende un título. Y cuando el título se compra con tiempo y no con mérito, pierde todo su valor.
Las universidades, en muchos casos, han dejado de ser espacios de pensamiento crítico para convertirse en fábricas de certificados. Se prioriza la matrícula sobre la calidad, el número de graduados sobre el nivel de formación. El estudiante ya no suda el conocimiento, no se enfrenta al error, no es desafiado intelectualmente. Todo es cómodo, rápido y liviano. Así, se gradúan abogados que nunca escribieron un verdadero ensayo, que nunca investigaron un problema jurídico en serio y que jamás fueron evaluados con dureza.
El resultado es evidente: profesionales con títulos, pero sin base sólida. Abogados con maestrías, pero sin criterio. Jueces, fiscales y litigantes que manejan conceptos sin profundidad, que repiten fórmulas sin comprenderlas y que confunden la profesión con un negocio. Por ende, la corrupción no sorprende; florece donde no hay ética, ni rigor, ni vocación.
La justicia ecuatoriana hoy está en crisis, y no solo por la infiltración del crimen organizado, sino por la debilidad estructural de quienes la integran. Si la universidad no forma con exigencia, el sistema judicial recibe operadores frágiles. Y cuando un sistema se construye con personas mal formadas, lo que se obtiene no es justicia, sino simulación de justicia.
No se trata de negar el derecho a superarse. Todo lo contrario. Se trata de recuperar el sentido del esfuerzo, del estudio serio, del mérito real. Una maestría no debería regalarse por asistir cada quince días. Un título no debería entregarse sin haber pasado por un examen riguroso, investigativo y crítico. Mientras las universidades sigan ofreciendo comodidad en lugar de excelencia, la frase seguirá vigente. Y la justicia seguirá pagando el precio.
Nacionales
Colombia responde al arancel de 30% de Ecuador cerrando mecanismo para facilitar venta de energía
El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, tachó este miércoles de «agresión económica» la «tasa de seguridad» del 30% que impuso el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a las importaciones provenientes de Colombia.
Noboa explicó que tomó esa decisión por «la falta de reciprocidad y acciones firmes» por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
En su comunicado, Noboa aseguró que su Gobierno ha hecho «esfuerzos reales de cooperación con Colombia», pese a un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales.
El presidente indicó que la medida se mantendrá «hasta que exista un compromiso real» por parte de Colombia «para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume».
Crisis energética de Ecuador
El ministro colombiano de Minas recordó este miércoles que su país mantuvo «la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90% de capacidad que posee la infraestructura de exportación)».
«Adicionalmente, y previendo que los embalses de Mazar y Coca Codo de Ecuador pudieran estar con niveles bajos, publicamos recientemente una resolución para habilitar que las iniciativas privadas pudieran participar de las ventas de energía entre países, ampliando la cooperación energética binacional ante posibles déficits. He ordenado desmontarla«, advirtió Palma.
Droga decomisada en Ecuador
Las fuerzas de seguridad ecuatorianas decomisan con frecuencia cargamentos de droga provenientes de Colombia o en zonas fronterizas con ese país.
Una de las últimas incautaciones se produjo el pasado 6 de enero, cuando el Ejército encontró 2,2 toneladas en la provincia amazónica de Sucumbíos, que limita con los departamentos de Nariño y Putumayo.
Los soldados sospechan que la droga pertenecía a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A este grupo armado el Gobierno ecuatoriano también atribuye el asesinato de once militares el 9 de mayo pasado en una emboscada mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana.
Tras ese ataque, Noboa los catalogó como «grupos armados organizados» junto al Frente Oliver Sinisterra, a las Disidencias Comuneros del Sur, y los incorporó como enemigos dentro del «conflicto armado interno» que desde enero de 2024 declaró en Ecuador a causa del auge de las bandas criminales en el país.
Además, el pasado 24 de diciembre el Gobierno ecuatoriano anunció que mantendría abierto solo un paso fronterizo con Colombia y también con Perú, debido a «criterios de seguridad nacional orientados a combatir al crimen organizado».
Rodeado por estos países, que son los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.
En 2025, Ecuador decomisó 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales. Fuente: Vistazo
El anuncio cayó por sorpresa. El presidente Daniel Noboa dispuso que desde el primero de febrero se aplique una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. ¿Pero, qué productos costarán más luego de que entre en vigor esta medida?
Primero hay que conocer que Colombia es el principal proveedor de Ecuador en América Latina y el tercero a nivel mundial, según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC).
En cambio, en el 2024, Ecuador pagó por importaciones USD 2.111 millones versus las exportaciones a Colombia que representaron USD 850 millones.
Es decir, la compra de productos a la nación vecina es extremadamente alta en comparación a las ventas.
¿QUÉ ARTÍCULOS IMPORTAMOS DE COLOMBIA?
El Observatorio de Complejidad Económica (OEC) detalla que, hasta el 2023, la electricidad era el principal elemento que Ecuador adquiría de Colombia. Luego, vienen las medicinas, autos, petróleo, camiones, etc.
- Electricidad 12,1%
- Medicamentos envasados: 5,71%
- Coches: 4,21%
- Petróleo refinado: 3,24%
- Camiones de entrega: 2,91%
- Azúcar en bruto: 2,47%
- Cable aislado: 1,72%
- Refrigeradores: 1,52%
- Azúcar de confitería: 1,44%
- Tapas de plástico: 1,31%
Mientras que en el 2022, cuando no había la emergencia eléctrica, los productos que más se compraban de Colombia eran medicinas, autos, pesticidas, camiones de entrega, tuberías de hierro, cable aislado, aceite de soja, productos de belleza, productos dentales y productos para el cabello, etc.
EL ARGUMENTO DE NOBOA
El presidente Daniel Noboa explicó que la medida se adopta por “la falta de reciprocidad y acciones firmes” por parte del vecino país a la lucha contra el narcotráfico.
“Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”, añadió.
El presidente indicó que la medida se mantendrá “hasta que exista un compromiso real” por parte de Colombia “para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”. Fuente: Vistazo
Nacionales
«Me siento preparado para concursar y ser el Fiscal General titular», asegura Leonardo Alarcón
En medio de una tormenta política y legal alrededor de la Función Judicial, Leonardo Alarcón ocupa uno de los despachos clave del país: la Fiscalía General del Estado.
Llegó como encargado tras una consulta jurídica, pero no oculta su deseo de quedarse. Mientras investiga casos que tocan las fibras del Gobierno de Daniel Noboa -como el caso Progen y las denuncias en la Judicatura- y enfrenta un déficit presupuestario para 2026.
En entrevista con PRIMICIAS, el funcionario confirmó de forma tácita su intención de participar en el concurso para ser el titular del Ministerio Público hasta 2032 y defiende la imparcialidad de sus investigaciones frente a las acusaciones de persecución política.
El nombramiento en la Fiscalía
Usted fue nombrado fiscal General encargado por un cuestionado Consejo de la Judicatura. ¿Cómo llegó a ese cargo? ¿Le correspondía por experiencia o puntaje?
He sido funcionario de carrera aproximadamente 18 años en la Fiscalía General del Estado. El Fiscal General que me antecedió (Wilson Toainga) realizó una consulta a la Procuraduría para establecer un mecanismo de reemplazo cuando el titular no se encuentre en funciones, ya sea por enfermedad, viaje o vacaciones.
La Procuraduría emitió un informe al Consejo de la Judicatura indicando la manera de elegir al encargado. En ese contexto, el cuerpo colegiado se activó con tres perfiles: el mío, como coordinador de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -cargo que ejercí por seis años- y el de otros dos compañeros con perfiles similares.
La designación se realizó con el voto de todos los vocales del Consejo de la Judicatura en funciones. Por lo tanto, mi designación es absolutamente legítima, avalada por la Procuraduría y la Judicatura.
Las críticas a su nombramiento señalan una supuesta cercanía con el presidente Daniel Noboa, pues usted manejó los casos Nene, Triple
A y Petroecuador. ¿Fue una coincidencia que esos casos llegaran a su despacho?
Cuando ingresa un expediente existen sorteos y asignaciones reguladas por reglamentos internos. En esa fecha, éramos cinco fiscales en la Unidad de Transparencia. Los expedientes se nos asignan por sorteo o resolución interna.
Es decir, el expediente no me llega porque yo lo pida. Absolutamente no. El proceso es transparente y, efectivamente, llegaron a mi conocimiento esos tres casos. Aunque usted dice que «son del señor Presidente», yo no lo veo de esa manera; yo investigo delitos, no persigo personas.
Sin embargo, se habla de persecución política. En el caso Triple A, por ejemplo, se investiga al alcalde Aquiles Álvarez, crítico de la gestión del Ejecutivo.
En el caso Triple A no existe ninguna persecución. Se inició una investigación previa, se pasó a instrucción fiscal y luego a la etapa intermedia, que es crucial: la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Allí se analizan vicios de nulidad que puedan afectar el debido proceso.
Es importante aclarar a la ciudadanía, para que no se mediatice la idea de una persecución, que solo una de las defensas alegó vicios. ¿Qué significa esto? Que la Fiscalía actuó con absoluta objetividad y garantizó el derecho a la defensa. Una vez superado ese filtro, el caso está a la espera de día y hora para la etapa de juicio ante un Tribunal Penal. Con todo el acervo probatorio que presentaremos, sostenemos que es un caso completamente sólido.
Los casos a su cargo
Volviendo a la Judicatura, hay una crisis por supuestas presiones a un juez en un caso de lavado de activos. ¿La Fiscalía abrió una investigación previa? ¿Apunta a autoridades con fuero nacional como Mario Godoy?
Hay dos investigaciones abiertas. Una se encuentra en la Unidad de Transparencia desde diciembre de 2025. Existe otra denuncia que involucra, como es público, al doctor Mario Godoy, al Consejo de Participación Ciudadana y a otras personas.
Esa investigación la conozco yo directamente porque gozan de fuero de Corte Nacional. No puedo dar más detalles porque el caso es reservado, según el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
¿Qué ocurre con el caso Progen? ¿Involucra a funcionarios con rango de ministros y está a su cargo?
El caso Progen también tiene fuero de Corte Nacional (involucra a funcionarios con rango de ministros del Gobierno de Daniel Noboa). Lo estoy investigando yo y, como es de conocimiento público, la semana anterior se realizaron allanamientos en Guayaquil.
Esto evidencia que la Fiscalía está actuando, contrario a lo que se dice sobre que no investigamos expedientes que interesan al Estado. Se están adelantando diligencias y el caso avanza.
La Fiscalía titular
Está en marcha un proceso para designar al nuevo Fiscal General Titular, que deberá estar en el cargo hasta 2032. ¿Usted se postulará?
Al momento me encuentro en calidad de Fiscal General del Estado encargado y estoy centrado en esta actividad. Por lo tanto, no tengo yo aún ninguna aspiración a aquello. Primero lo primero, luego será lo que usted me consulta.
¿Pero no lo descarta?
Yo este momento le puedo decir que sí, que estoy con la intención de concursar, pero podría ser que de aquí a la otra semana sucedan muchas cosas y no pueda concursar.
Pero sí puedo decir que me siento preparado y me siento también una persona que sí, como lo estoy haciendo ahora, pueda asumir las funciones de la Fiscalía General del Estado.
La operatividad de la Fiscalía
La institución tiene un déficit de más de 600 fiscales. ¿Cómo afecta esto a la operatividad?
Efectivamente, la falta de agentes fiscales nos resta la productividad y contundencia que deberíamos tener. A pesar de ello, estamos cubriendo las necesidades para que la ciudadanía no quede desprotegida.
¿Desde cuándo operan con este déficit?
Es un antecedente histórico. Faltan agentes fiscales y sus equipos de asistentes y secretarios. Necesitaríamos aproximadamente 631 fiscales más sus grupos de trabajo para dar la respuesta que la ciudadanía necesita frente a la delincuencia organizada y la corrupción.
¿Quién debe nombrar a estos funcionarios?
El nombramiento se realiza mediante concurso dirigido por el Consejo de la Judicatura. Se necesita el presupuesto para que dicha institución realice el concurso y puedan ingresar más agentes y sus equipos de trabajo.
¿Cuál fue la carga laboral en 2025?
En 2025, la Fiscalía receptó 341.784 noticias del delito a nivel nacional. De esta cifra, es necesario realizar una precisión que es técnica. No se trata de causas que se encuentran represadas, son noticias del delito, es decir, que ya iniciaron una investigación previa. Al 31 de diciembre estas ascendieron a 1.461.325 expedientes fiscales a escala nacional.
Podría precisar el dato, ¿los 1.461.325 expedientes son los que están acumulados hasta el año pasado?
Sí, que quede eso claro. Esas 1.461.325 son otras que ya se encontraban abiertas y se sumaron a estas. Es decir, existe toda esta carga procesal a nivel nacional.
¿Cómo está el presupuesto para 2026?
Para 2026, el presupuesto es de USD 138,3 millones. El 92% se destina a nómina, lo que deja apenas un 8% para cubrir las necesidades básicas de operatividad.
Frente a este escenario, hemos priorizado lo esencial. Estamos gestionando con el Ministerio de Economía la asignación de partidas, pero la falta de recursos no nos detiene. Seguimos trabajando para que los delitos no queden en la impunidad. Fuente: Primicias
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