La forma en que una sociedad castiga dice mucho sobre cómo concibe la justicia. En la época colonial, el castigo no buscaba necesariamente justicia, sino obediencia. La ley era un instrumento del poder y su aplicación respondía más al control social que a la protección de derechos.
Durante la Colonia, la justicia estaba profundamente influenciada por la Corona y la Iglesia. Las penas eran públicas, severas y ejemplarizantes. Azotes, mutilaciones, trabajos forzados y la pena de muerte formaban parte del sistema punitivo. El objetivo no era rehabilitar al infractor, sino infundir miedo en la población. El castigo debía verse, sentirse y recordarse.
No existía una noción clara de debido proceso. La confesión, incluso obtenida bajo tormento, era considerada una prueba válida. La desigualdad era la regla; indígenas, esclavos y pobres recibían penas más duras, mientras que los sectores privilegiados solían beneficiarse de indulgencias o castigos simbólicos. La justicia no era ciega; distinguía con claridad a quién castigar y cómo hacerlo.
La justicia moderna, en contraste, se funda al menos en el plano normativo en principios como la legalidad, la proporcionalidad y la dignidad humana. El castigo dejó de ser un espectáculo público y se trasladó al ámbito institucional. La tortura fue prohibida, el debido proceso se convirtió en garantía y la pena empezó a justificarse desde la prevención y la rehabilitación.
Sin embargo, la transición no ha sido perfecta. Aunque el discurso moderno habla de derechos, persisten prácticas que recuerdan al pasado; selectividad penal, hacinamiento carcelario y penas que, lejos de rehabilitar, reproducen la exclusión.
Comparar la justicia colonial con la moderna no es un ejercicio académico inútil. Es una advertencia. El castigo cambia de forma, pero el riesgo de que la justicia se convierta nuevamente en un instrumento de poder siempre está presente. La diferencia entre civilización y barbarie no está en castigar, sino en cómo y a quién se castiga.
