Primera Parte

Reportaje realizado por Valeria Sorgato

Publicado: 14 de febrero de 2022

En el barrio Chamico, parroquia Cumbaratza, provincia de Zamora Chinchipe, los habitantes no pueden dormir tranquilos por el temor de que el río Zamora se desborde e inunde sus casas. A lo largo del río hay varias concesiones de minería artesanal que utilizan maquinaria más grande de lo que su concesión les permite para buscar el oro.  

La remoción del material con maquinaria pesada y la destrucción de la vegetación en las riberas del río son una de las causantes de las inundaciones en el sector, según un informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador.

La madrugada del 19 de julio del 2021 la casa de Inma Julia Torres yacía sumergida en lodo. Esa noche ella y sus vecinos no pudieron dormir. El río Zamora se había desbordado otra vez. Según Rosa Gaona, una moradora del barrio Chamico, ha habido ocasiones en las que en una semana el barrio se inundó hasta tres veces.

El barrio Chamico sufre de inundaciones debido al desbordamiento del río Zamora. Fotografía de Valeria Sorgato para GK.

En la casa de Inma Julia Torres, una señora de 71 años, las paredes húmedas tienen la marca del agua por encima del metro de altura. “Todito se nos moja”, cuenta Inma, quien debe dormir, junto a su hija en silla de ruedas, en una visera al filo de la carretera cada vez que llueve fuerte. La ropa, todavía húmeda, cuelga en el porche de su casa. “A los cinco días ya está seco todo. Nosotros pasamos enfermos, tenemos gastritis”, dice. En la última inundación perdió los pocos animales que tenía. Cuenta que los mineros le prometieron una nueva casa pero ha pasado más de un año e Inma Julia Torres y su familia siguen sufriendo por las inundaciones. “Ya no sabemos dónde ir”, me dice con lágrimas en los ojos.

Inma Julia Torres con su esposo afuera de su casa. Fotografía de Valeria Sorgato para GK.

Según Cléver Jiménez, prefecto provincial, tanto la minería legal como la ilegal están ocasionando graves problemas ambientales y sociales. La fiebre del oro ha asechado durante décadas los bosques y ríos de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe. Actualmente más del 36% de su territorio está en alguna concesión minera, de acuerdo al catastro minero del 21 de mayo del 2021. 

Pero para aproximadamente 10 mil personas en la provincia, el oro es su principal fuente de trabajo. De acuerdo a unos cálculos realizados por Pablo Espinoza, quien ocupó el cargo de director Distrital de Zamora en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), desde el 2 de febrero hasta finales de septiembre del 2021, existían aproximadamente 2000 excavadoras trabajando en la provincia. Muchas, de manera irregular. 

Entre enero y los primeros días de noviembre del 2021, según la ARCERNNR, se realizaron 537 operativos y se inmovilizaron 60 máquinas para combatir la minería ilegal en Zamora Chinchipe.

Pero a pesar de los operativos y controles que se realizan en la provincia, la minería ilegal no deja de ganarle la batalla a las autoridades. La presunta filtración de información, sumada a la falta de apoyo de las instituciones para el control de la minería, una legislación débil, la imposibilidad de regularizarse por el cierre del catastro minero y la violencia son algunos de los factores que han dado carta blanca a los mineros ilegales en la provincia. 

La connivencia de autoridades y mineros en Zamora es cotidiana. Espinoza se sorprende de la libertad con la que la gente trabaja en la minería ilegal dentro de la provincia. “Todo se hace bajo acuerdos”, afirma el ex funcionario. Cuando ocupó el cargo de director distrital de la ARCERNNR cuenta que los mineros ilegales querían negociar con él: “Hablaban de 3.000 a 5.000 dólares mensuales por frente de trabajo”, dice Espinoza.

Es decir, si un minero trabajaba en tres frentes dentro de cinco hectáreas, habría estado dispuesto a pagar entre 9.000 y 15.000 dólares mensuales, según la versión del ex director distrital de la ARCERNNR, para que les dejaran operar libremente.

Maquinaria trabajando en la comunidad shuar de Congüime, en Zamora Chinchipe. Fotografía de Valeria Sorgato para GK.

La corrupción vendría de la mano con la presunta filtración de información que alerta a los mineros sobre la llegada de las autoridades a los sitios donde operan. “En un sobrevuelo usted ve huecos por todo lado y ve maquinarias. Baja y usted no encuentra ni una sola máquina o simplemente están ahí parqueadas, pero no hay nadie”, se lamenta el teniente José Jácome, ex comandante del Batallón 62 de Zamora. Esto dificulta la aprehensión de las personas que están realizando la actividad ilícita. 

Una de las acciones para detener el trabajo de los mineros es la paralización, el decomiso o la inmovilización de la maquinaria. Cuando Espinoza y su equipo encontraban las máquinas, les quitaban el cerebro para que quedaran inservibles. Sin embargo, a los pocos días los mineros regresaban con una nueva máquina. En Yantzaza, una ciudad en medio de la Amazonía ecuatoriana se exhibe maquinaria pesada en varios concesionarios a lo largo de su calle principal. Cuando pasaba por ahí, Espinoza dice que veía cómo cada semana se vendían alrededor de 9 máquinas pesadas. 

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En otras ocasiones los funcionarios de la ARCERNNR se veían obligados a devolver la máquina o el cerebro que habían decomisado por orden de la fiscalía o los juzgados. En ciertas ocasiones en que los encontraban trabajando con la maquinaria, recuerda Espinoza, los mineros informales decían que era “un contrato de trabajo, que estaban abriendo una vía o construyendo piscinas de tilapia”. Sin evidencia suficiente de que se trataba de una actividad ilícita, los funcionarios debían devolver la máquina e incluso algunos han tenido que ir a juicio. 

Según Espinoza, por las razones mencionadas anteriormente y por la violencia de los mineros hacia los funcionarios, muchos técnicos prefieren mantenerse al margen de la situación para no arriesgarse. (I)

Fuente: KGBeca