Nacionales
El oficialismo segmenta la fallida Ley de Integridad y reparte artículos en cuerpos legales que debate la Asamblea
Imposibilitado de modificar la Constitución por el triunfo del ‘No’ en la consulta popular y con dos leyes declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, el oficialismo optó por tomar ‘retazos’ de una de ellas para mantener viva su propuesta de reformas legales.
La fallida Ley de Integridad Pública se ha convertido en una suerte de comodín de Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea y parte de sus artículos están siendo distribuidos en otras normas, a través de reformas legales, dos de ella ya vigentes.
Este proceso de fusión normativa inició en octubre, una semana después de que la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional esa ley que había sido enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa, como urgente en materia económica.
Y, según adelantan los integrantes de la propia bancada oficialista, esta práctica continuará hasta incluir en otras leyes que ya están vigentes casi todos —o todos— los artículos que contenía la Ley de Integridad Pública.
Cambios en contratación pública
En esencia, lo que hoy se conoce como Ley de Integridad Pública llegó a la Asamblea con el nombre de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública.
El objetivo de la propuesta del presidente Daniel Noboa era plantear una serie de reformas, ajustes y mecanismos de modernización del sistema de contratación pública que data de 2008.
Pero, en el camino, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea empezó modificando el nombre y luego terminó incorporando una serie de cambios en materia penal, migratoria, laboral, entre otras, que rompieron la unidad de materia, tal como determinó la Corte al declarar inconstitucional la norma.
Para no perder la idea original, la Comisión de Régimen Económico, dominada por ADN, tomó artículos y los incluyó en la reformas a la Ley de Contratación Pública. El cambio fue aprobado con 80 votos, el 7 de octubre.
Entre los artículos que quedaron insubsistentes, pero que volvieron a la vida con la reforma están:
Reducción del número de modalidades de contratación.
Fortalecimiento y nuevo Registro Único de Proveedores.
Modernización tecnológica del Portal de Compras Públicas.
Uso de Inteligencia Artificial en contratación pública.
Contrataciones de emergencia a través de una plataforma de datos abiertos.
Deportaciones y antecedentes penales
Uno de los puntos más polémicos de la Ley de Integridad Pública era un articulado que fue incluido en torno a migración y movilidad humana, que tenía relación con temas como el visado para entrar al país y los trámites de deportación.
A inicios de octubre, la Comisión de Relaciones Internacionales, dominada por ADN, retomó el segundo debate de un paquete de reformas a la Ley de Movilidad Humana.
Una de las críticas del gobierno fue al principio de «ciudadanía universal» que aplica el país a partir de la Constitución de Montecristi y el que, según el ministro del Interior, John Reimberg, se había convertido en una «camisa de fuerzas»
Por eso, se rescataron artículos que tienen que ver con la presentación de antecedentes penales como requisito para solicitar una visa de ingreso a Ecuador, para los países que sean requeridos.
Además, se retomó la propuesta de procedimientos simplificados para deportar o expulsar extranjeros que han cometido delitos en el país o se consideran una amenaza para la seguridad nacional.
Evaluación a funcionarios públicos
El Pleno de la Asamblea Nacional tiene pendiente el segundo debate y votación de las reformas para el «Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público y Privado y de sus Organizaciones Sindicales».
En este se incluyen, casi sin variación, todos los artículos referentes a evaluaciones, estabilidad laboral, supresión de puestos y desvinculaciones de funcionarios del sector público que constaban en la Ley de Integridad Pública
La reforma debía ser votada el miércoles 26 de noviembre, pero sin mayor explicación el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió ese punto. Se espera que sea retomado esta semana, antes del receso legislativo.
«Someterse a las pruebas de confianza y evaluaciones periódicas, durante el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la normativa emita por la entidad rectora en integridad pública en coordinación con el ente rector del trabajo; que en ningún caso incluirá preguntas incriminatorias», dice uno de los cambios.
«La estabilidad (en el sector público) estará condicionada a resultados mediante procesos de evaluación y con incentivos económicos regulados en el Reglamento…», agrega la propuesta.
Ciberseguridad, con toques de la Ley de Integridad
En tanto que, la Comisión de Seguridad, también dominada por el oficialismo, trabaja en una reforma a Ley de Transformación Digital y Audiovisual que incluye un capítulo sobre Ciberseguridad.
En el proyecto, sin embargo, se incluyeron dos temas que poco tendrían que ver con Seguridad Informática, y que era parte de la cuestionada Ley de Integridad Pública:
Una de las reformas propone hacer dos cambios a la Ley de Tránsito. El primero se refiere a los radares: se insiste en poner un plazo de 180 días para que el ente de control realice el análisis y verificación de acreditaciones a las empresas encargadas de la calibración de los medios tecnológicos de detección, registro y sanción automática de infracciones.
El segundo hace referencia a que «si el país se encuentra en grave conmoción interna por seguridad, el Presidente de la República podrá reglamentar que será obligatorio el uso del medio tecnológico automático para el servicio de peajes para todos los vehículos a nivel nacional».
Menores infractores en la mira
Otro de los puntos polémicos de la Ley de Integridad fue la inclusión, a última hora, de reformas al Código de la Niñez y al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para sancionar con mayor severidad a adolescentes infractores.
El lunes 1 de diciembre, la legisladora de ADN, Nathaly Farinango, reveló que la Comisión de Justicia se prepara un paquete de reformas al Coip que incluya artículos que no entraron en vigencia por la declaratoria de inconstitucionalidad.
«Es algo que se tendrá que analizar dentro de la comisión, si bien en el contexto de una ley económica urgente ya hubo un análisis, creo que se necesitaba profundizar para que no haya una narrativa falsa al respecto» Nathaly Farinango, asambleísta de ADN
La Revolución Ciudadana (RC) cuestiona que el gobierno insista en incluir en otras reformas legales artículos que eran parte de las leyes económicas urgentes que fueron cuestionadas por la Corte Constitucional.
La legisladora correísta, Liliana Durán, calificó como una «argucia» del gobierno el uso de artículos que quedaron sin vigencia en la Ley de Integridad Pública.
Farinango calificó a la tesis del correísmo, en el sentido de que esos artículos no podían volver a ser usados en otras leyes, como una «narrativa falsa».
ADN sostiene que los jueces constitucionales se pronunciaron sobre la forma como se construyeron las leyes urgentes, más no sobre el fondo del contenido de los artículos. Fuente: Primicias
Nacionales
CIDH pide investigar a Ecuador si la muerte de Monika Silva está vinculada a sus denuncias de corrupción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la muerte de Monika Silva Koniuszek, la activista anticorrupción hallada sin vida el pasado 8 de junio en Montañita, provincia de Santa Elena, y pidió al Estado ecuatoriano una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer lo ocurrido.
A través de un comunicado difundido este viernes 12 de junio en sus redes sociales, la CIDH lamentó el fallecimiento de Silva y expresó su solidaridad con sus familiares y personas allegadas.
«La CIDH lamenta la muerte de Monika Silva Koniuszek, activista anticorrupción en Santa Elena, quien fue encontrada sin vida en su domicilio el 8 de junio, y expresa su solidaridad con sus familiares y personas allegadas», señaló el organismo.
La Comisión instó a las autoridades ecuatorianas a profundizar las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de la activista y considerar todas las hipótesis posibles.
En particular, la CIDH pidió que dentro de las líneas de investigación se incluya una posible relación entre su fallecimiento y la labor que desarrollaba como defensora de derechos humanos y denunciante de presuntos actos de corrupción.
El pronunciamiento se suma a los pedidos realizados por el Gobierno de Polonia, país de origen de Silva, que solicitó una investigación independiente y transparente.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado informó que ha requerido cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros especializados a las diligencias que se desarrollan dentro de la investigación previa.
La muerte de Monika Silva ha generado atención nacional e internacional debido a su trabajo como activista anticorrupción en Santa Elena y a las circunstancias que rodean su fallecimiento, ocurrido en el inmueble donde residía junto a sus hijas menores de edad. Fuente: Vistazo
Como parte de la investigación sobre los contratos suscritos con Progen durante la emergencia eléctrica, Celso Sánchez, uno de los técnicos que integró la comisión de Celec que viajó a Estados Unidos para inspeccionar los generadores chatarra comprados durante la emergencia eléctrica, amplió su versión ante la Fiscalía General del Estado.
Sánchez, quien también figura entre los procesados en el denominado caso Apagón, relató presuntas presiones para emitir informes favorables a la compañía estadounidense, pese a las observaciones técnicas realizadas a los equipos. Además, mencionó la existencia de un documento que haría referencia al entonces ministro de Energía, Roberto Luque.
«Vimos unas cosas totalmente viejas y la verdad que esto nos estaba causando un poco de temor», señaló Sánchez en una grabación realizada tras la visita técnica, al referirse a los generadores que, según indicó, eran equipos usados.
Una grabación de casi dos horas
Sánchez informó a la Fiscalía que entregó una grabación de una hora y 45 minutos correspondiente a una reunión mantenida con varios funcionarios de Celec tras el viaje a Estados Unidos.
«Se escucha claramente cómo se pretendía obtener, a toda costa, un informe favorable para viabilizar el pago a favor de Progen, pese a la oposición expresa de mi persona», manifestó en su ampliación de versión.
El técnico aseguró que durante esa reunión se planteó incluso la posibilidad de realizar modificaciones a los equipos observados.
«En el referido audio se escucha al ingeniero Byron Orozco manifestar que podía coordinar con Progen, en los Estados Unidos, el cambio de las placas de los generadores», sostuvo.
Sánchez también afirmó que recibió instrucciones para no seguir enviando correos electrónicos relacionados con las observaciones técnicas realizadas a los equipos.
«Se escucha que, de no emitirse ese mismo día el informe de verificación favorable a Progen, yo quedaría fuera del cargo», declaró.
Según su relato, Byron Orozco, entonces gerente de Termopichincha y firmante de los contratos con Progen, insistía en que el proceso debía avanzar con rapidez debido a la emergencia energética que atravesaba el país.
«Orozco me dijo: ‘Esto es un proceso de emergencia de adquisición de generadores y tiene que caminar de manera rápida'», señaló Sánchez.
Documento menciona a Roberto Luque
Durante su comparecencia, Sánchez reveló además la existencia de un documento que, según dijo, hacía referencia al entonces ministro de Energía, Roberto Luque.
Sánchez relató que en julio de 2025 entregó su teléfono celular y su computadora a la Fiscalía como parte de las investigaciones.
Añadió que la fiscal Luzmila Lluglla le hizo firmar un acta para incorporarlo al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal.
«Al revisar dicho documento pude constatar que en su contenido se hacía referencia e involucraba al entonces ministro de Energía, Roberto Luque, circunstancia que puede ser plenamente corroborada con el propio documento», afirmó.
Según Sánchez, la Fiscalía tenía interés en vincular a Luque dentro de la investigación.
Hasta el momento no está claro si Roberto Luque continúa siendo investigado dentro del denominado caso Progen. Fuente: Vistazo
Nacionales
¿Qué hace Daniel Noboa en Estados Unidos? Gobierno explica su agenda oficial tras el viaje
El presidente de la República, Daniel Noboa, se encuentra en Estados Unidos desde el jueves 11 de junio, en el marco de su tercer viaje oficial a ese país en lo que va de 2026. No obstante, fue recién este viernes cuando la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia difundió los detalles de la agenda de trabajo que cumplirá el mandatario durante su visita al país norteamericano.
Según informó el Gobierno, Noboa fue acompañado de una comitiva oficial para cumplir una «agenda de alto nivel», con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, la lucha contrael crimen organizado transnacional y el posicionamiento internacional del Ecuador.
Agenda de Daniel Noboa en EE.UU.
En la Casa Blanca, el presidente Noboa será recibido por Stephen Miller, Jefe Adjunto de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional.
Durante este encuentro, ambas autoridades revisarán los resultados de las acciones conjuntas que Ecuador y Estados Unidos ejecutan para combatir al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las estructuras criminales transnacionales que afectan a la región.
Asimismo, dialogarán sobre futuros mecanismos y estrategias orientadas a fortalecer la seguridad.
La Presidencia destacó que Estados Unidos es uno de los principales socios estratégicos del Ecuador en ámbitos como seguridad, comercio, inversión y relaciones diplomáticas, por lo que «este encuentro busca profundizar una agenda común basada en la cooperación, la confianza mutua y la defensa de los valores democráticos».
Dentro de las actividades programadas también consta una entrevista con TV Azteca, donde Noboa expondrá las acciones impulsadas por su Gobierno para combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y la violencia criminal. Además, presentará los resultados obtenidos en materia de seguridad y la importancia de fortalecer alianzas internacionales para enfrentar amenazas que trascienden las fronteras nacionales.
El viaje presidencial coincide con la inauguración de la Copa Mundial en Estados Unidos y con el partido que disputará la selección ecuatoriana frente a Costa de Marfil este domingo en Filadelfia. No obstante, hasta el momento el Gobierno no ha informado si Noboa asistirá a alguno de estos eventos.
Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, el mandatario también ha sido cuestionado debido al número de viajes internacionales realizados durante su administración. Fuente: Vistazo
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