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Asambleísta Gonzaga alerta sobre irregularidades en la adquisición de bienes para Universidad de Sucumbíos

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A través de la rueda de prensa desarrollada este 1 de diciembre, el asambleísta por Sucumbíos, Juan Gonzaga, expuso ante los medios de comunicación una serie de observaciones relacionadas con el proceso de creación de las universidades amazónicas, específicamente el proyecto correspondiente a la provincia de Sucumbíos. El legislador enfatizó que este tema “convoca el interés de toda la ciudadanía”, pues se enmarca en la responsabilidad de velar por el uso adecuado de los recursos destinados a la educación superior en la región.

Cumplimiento de la Ley de la Amazonía y avance de los proyectos universitarios
Gonzaga recordó que, al asumir funciones legislativas, uno de sus compromisos fue impulsar la ejecución de la disposición transitoria de la Ley de la Amazonía, que ordena la creación de universidades en varias provincias amazónicas.

Según la normativa, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) debía ejecutar los proyectos universitarios para Morona Santiago y Orellana, mientras que la Universidad Estatal Amazónica (UEA), con sede en Pastaza, debía hacerlo para Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

El asambleísta señaló que, dentro de la Comisión de Educación, presidida por la legisladora Cecilia Baltazar, se constató el incumplimiento de obligaciones por parte del Ministerio de Finanzas —principalmente en la transferencia de recursos— y por parte de las universidades responsables de ejecutar los proyectos. Como resultado, se estableció el compromiso de agilizar los desembolsos y avanzar en la construcción de los proyectos académicos.

Este informe pasó a la Comisión de Seguimiento de la Creación de Universidades, presidida por la asambleísta Esperanza Rogel, quien tiene previsto visitar Sucumbíos ayer 1 de diciembre, para continuar el análisis. En esta instancia, se amplió el plazo para que las universidades presenten sus proyectos definitivos hasta el 19 de diciembre de 2025.

Inconsistencias en la información proporcionada por autoridades universitarias
Durante las comparecencias en la Comisión, el funcionario encargado —David Sancho— no asistió en primera convocatoria y delegó su presencia a Verónica Villarreal, directora de Planificación de la UEA.

Villarreal informó que los recursos asignados se habían invertido principalmente en bienes y propiedades, pero no pudo detallar claramente el proceso de adquisición ni los avances del proyecto académico, a diferencia de otras universidades que priorizaron los requisitos técnicos establecidos en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Posteriormente, se conoció que la UEA había invertido USD 1’751.000 en la compra de un bien inmueble adjudicado mediante proceso de remate, valor que —según señaló Gonzaga— podría representar un sobreprecio, dada la información técnica que posteriormente obtuvo.

Detalles de los bienes adquiridos
Tras solicitar información al Municipio de Lago Agrio, se determinó que la adquisición correspondía a tres lotes ubicados en esta jurisdicción:
• Lote 1
o Valor del suelo: USD 47.057
o Valor de construcción: USD 735.000
• Lote 2
o Valor del suelo: USD 17.452
o Sin edificaciones (destinado a garaje)
• Lote 3
o Valor del suelo: USD 19.573
o Valor de construcción: USD 41.521

Gonzaga señaló que, según informes técnicos compartidos por delegados de la Secretaría Técnica de la Amazonía, estos bienes no cumplen criterios de funcionalidad ni pertinencia para el proyecto universitario, y que el proceso de adquisición no fue compartido ni coordinado con dicha Secretaría, como estipula la normativa.

Cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de remate
El asambleísta explicó que los bienes adquiridos provienen del fideicomiso mercantil creado tras la extinción de varias universidades y politécnicas, conforme lo establece la ley. Dicho fideicomiso, administrado por la Corporación Financiera Nacional Inmobiliaria (CFNI), tiene la facultad de rematar bienes con avalúos basados en catastros actualizados.

No obstante, Gonzaga reveló que:
• El único oferente en el proceso de remate fue la Universidad Estatal Amazónica.
• Existiría un posible sobreprecio, ya que el costo del terreno —según valores catastrales y parámetros de utilidad pública— no superaría los USD 150.000, mientras que la compra total (incluyendo una edificación a demoler) se adjudicó por USD 1’751.000.
• La funcionaria que dijo desconocer el proceso (Villarreal) aparece firmando los informes de factibilidad técnica en la resolución UEA 179-2025, que autorizó participar en el remate.

Acciones a ejecutarse
Gonzaga informó que la sesión convocada inicialmente en Pastaza se trasladó a Lago Agrio, dado que la adquisición de los bienes se efectuó en esta ciudad. La reunión se realizó a las 14h00 de ayer 1 de diciembre, con dos objetivos:
1. Revisión y presentación del proyecto de creación de la universidad para Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Orellana.
2. Constatación física de los bienes inmuebles ya adquiridos.

Responsabilidades administrativas, civiles y penales
El legislador concluyó que su labor no busca generar conflictos, sino vigilar el correcto uso de fondos públicos amazónicos, afirmando:
“La plata no es de la universidad; la plata es de los amazónicos, y debemos garantizar su correcta administración”.

Añadió que, debido a las inconsistencias encontradas, solicitará que la Contraloría General del Estado determine si existen responsabilidades administrativas, civiles culposas o indicios de responsabilidad penal, en el marco del proceso de adquisición de bienes para la futura universidad.

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Vender pan o endeudarse para comprar medicinas: el costo humano del desabastecimiento en Ecuador

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Estefanía Sánchez vive con un tumor cerebral. Asegura que, desde hace casi dos años, no recibe de forma constante los medicamentos que necesita para controlar sus convulsiones. Para cubrir sus gastos, vende pan puerta a puerta en Conocoto, una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito.

Los prepara con zapallo, chocho y zucchini, además de empanadas con dulce de zambo. Cada día recorre las calles de ese sector y hay jornadas en las que alcanza a vender USD 20, pero en otras apenas llega a los USD 5, una cantidad que apenas le alcanza para comprar sus tabletas de carbamazepina, un anticonvulsivo que estabiliza la actividad eléctrica cerebral.

Ella es parte de los pacientes que viven un calvario para conseguir medicamentos en Ecuador. Con base en el aplicativo web de monitoreo de medicamentos del Ministerio de Salud Pública (MSP), un informe del Observatorio Nacional de Enfermedades Catastróficas del Ecuador señala que la disponibilidad de medicamentos en la red pública descendió del 79 % en enero de 2025 al 68 % en mayo de 2026. En el mismo período, el abastecimiento pasó del 71 % al 59 %, lo que significa que actualmente cuatro de cada diez medicamentos planificados no están disponibles para los pacientes.

Con un abastecimiento del 59 %, el sistema de salud ecuatoriano se ubica por debajo de ese parámetro. Diego Jimbo es coordinador nacional del Observatorio y afirma que la situación por la que atraviesan los pacientes del sistema público del país es muy grave. Explicó que algunos enfrentan tratamientos cuyos valores superan ampliamente sus posibilidades económicas.

Contó que pacientes han recurrido a préstamos informales con chulqueros por desesperación. Hubo el caso de una familia que, tras un accidente y la necesidad de cubrir los gastos en una clínica privada, solicitó un préstamo informal de USD 3 000 a un prestamista que entrega dinero bajo la modalidad ‘gota a gota’. Es decir, créditos informales e ilegales que ofrecen dinero rápido sin requisitos, pero con intereses muy altos y cobros diarios mediante hombres motorizados que amenazan a quienes no alcanzan a pagar.

“Esto demuestra hasta dónde está llegando la desesperación de las personas por acceder a la salud”.

Aumentaron las consultas sobre eutanasia

Jimbo mencionó casos de medicamentos que pueden costar entre USD 15 mil y USD 20 mil, así como tratamientos para enfermedades como la esclerosis múltiple que pueden tener un precio que supera los USD 20 mil mensuales. Por eso, hay familias que han buscado alternativas privadas y se endeudan.

Con tristeza -afirma el activista y médico especialista en cuidados paliativos– se han incrementado las consultas sobre eutanasia. No obstante, aclara que no se trata de solicitudes formales para acceder al procedimiento, sino de asesorías relacionadas con los requisitos y posibilidades.

Por todo lo que está sucediendo, los representantes del Observatorio y dirigentes de las organizaciones de pacientes con enfermedades catastróficas, raras y de alta complejidad recorren los hospitales del país para recopilar información sobre la situación del acceso a medicamentos e insumos. Asimismo, han enviado solicitudes al Gobierno para plantear cambios en el sistema sanitario.

Actualmente, analizan alternativas legales para solucionar la problemática. Por ejemplo, la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General por un presunto incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC) relacionada con el acceso a medicinas e insumos para enfermedades catastróficas, raras y de alta complejidad.

“Analizamos qué podemos obtener y también qué consecuencias puede tener esta decisión”.

Esperan tomar una resolución sobre el tema en los próximos días…

Gremios se organizan para recolectar morfina

Gustavo Dávila es presidente nacional de la Alianza Nacional por la Salud y director de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Relata que hay gente que ni siquiera puede conseguir morfina para sus terapias del dolor. Explicó que las organizaciones, familiares y amigos han recurrido a colectas voluntarias para adquirir morfina y entregarla a quienes atraviesan por la etapa final de su vida.

De hecho, la última vez se reunieron cerca de 200 ampolletas para entregarlas en Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas. De acuerdo con el grado de la enfermedad, hay quienes necesitan hasta cuatro dosis diarias y es casi imposible conseguirlas en el sector público.

“Hay pacientes que están al final de la vida y los dolores son intensos. Llegar al punto de que no exista morfina para una persona que sufre es una situación muy delicada”.

A su criterio, la crisis no es reciente. Se ha evidenciado en los últimos años y se ha agravado en los últimos meses con manifestaciones de personas con distintas patologías, incluidos enfermos renales y personas con enfermedades crónicas. Ante esta situación, organizaciones de pacientes y actores del sector salud plantean fortalecer la presión ciudadana, recurrir a mecanismos legales y exigir respuestas concretas de las autoridades para garantizar el acceso oportuno a servicios sanitarios completos.

“El pedido es que la salud vuelva a ser parte de la agenda política. Los pacientes tienen derecho a morir con dignidad y a recibir tratamiento para aliviar su dolor”, afirmó Dávila.

Solicitó una reunión con José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, para presentarle las necesidades de los diferentes frentes de salud y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones a largo plazo.

El pasado 21 de julio, la Alianza Nacional por la Salud —que agrupa a 38 asociaciones de pacientes con diversas enfermedades, además de médicos y jubilados— ofreció una rueda de prensa para expresar su preocupación por la falta de avances en la compra de medicamentos a la India. Se trata de fármacos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), uno de los referentes mundiales en regulación sanitaria.

La adquisición fue anunciada por el presidente Daniel Noboa Azín durante su informe a la nación del 24 de mayo como una medida para enfrentar el desabastecimiento. Sin embargo, dos meses después, las organizaciones aseguran que la compra aún no se ha concretado.

De igual forma, tampoco se cumplieron otros ofrecimientos como la aprobación del cuadro básico de medicamentos. Se creó un Comité Nacional de la Salud, pero no hubo resultados. “En 30 días volveremos a evaluar los resultados”, dijo Dávila.

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Daniel Noboa anuncia la comitiva oficial que lo acompañará a la posesión de Keiko Fujimori en Perú

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El presidente de la República, Daniel Noboa, viajará este lunes 27 de julio a Lima para asistir a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, quien asumirá oficialmente el cargo el martes 28 de julio.

Así lo dio a conocer el primer mandatario a través del Decreto Ejecutivo No. 458, en el que declara en comisión de servicios a la comitiva oficial que lo acompañará durante el viaje oficial internacional que realizará a la República del Perú, del 27 al 28 de julio de 2026.

En el documento se detalla que la comitiva oficial estará integrada por los ministerios, secretarías y demás entidades de la Administración Pública que, en el ámbito de sus competencias y en atención a los objetivos de la agenda presidencial, participen en las actividades previstas.

Asimismo, se estableció que los viáticos y demás gastos que genere el presente desplazamiento se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenecen los integrantes de la comitiva

El decreto también ordena poner en conocimiento de la Asamblea Nacional el viaje del presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 de la Constitución de la República.

Finalmente, la disposición señala que el Decreto Ejecutivo entró en vigencia desde su suscripción, el 26 de julio de 2026, en Guayaquil.

Keiko Fujimori, que relevará al mandatario interino José María Balcázar, fue elegida para gobernar hasta 2031. Fuente: Vistazo

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Partido Socialista Ecuatoriano no descarta alianza con la Revolución Ciudadana

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El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) dejó abierta la posibilidad de respaldar candidaturas de la Revolución Ciudadana (RC) para las elecciones seccionales de noviembre, luego de la suspensión del movimiento AMIGO, organización que había aceptado auspiciar a los aspirantes correístas.

Así lo confirmó este jueves el presidente del PSE, Gustavo Vallejo, quien señaló que la definición sobre posibles alianzas será adoptada luego de que las dirigencias provinciales de la organización alcancen una resolución.

«El tema de las alianzas las decide el Consejo Nacional. Así hemos aprobado las alianzas anteriores y así las vamos a aprobar», manifestó.

No lo descartamos. En los próximos días convocaremos provincia por provincia para saber qué está pensando la militancia del partido sobre estos temas», indicó.

El Partido Socialista confirma conversaciones con la RC

Consultado sobre si la Revolución Ciudadana ha buscado un acercamiento tras perder la posibilidad de competir bajo el movimiento AMIGO, Vallejo confirmó que ha habido un diálogo.

«Hemos conversado permanentemente con Guillermo Churuchumbi de Pachakutik, con Giovanni (Atarihuana) de Unidad Popular y con Gabriela (Rivadeneira) de la Revolución Ciudadana. Sí, hemos conversado», afirmó.

No obstante, insistió en que la decisión definitiva dependerá de los organismos internos del partido y deberá adoptarse antes del cierre del plazo para inscribir alianzas.

«El plazo será cuando los provinciales decidan y esto significa que es previo al 2 de agosto, es decir, hasta el 31 (de julio) aproximadamente, y no habrá problema en comunicarle al país y a las ciudades que esa decisión se ha tomado«, sostuvo.

Las declaraciones de Vallejo se producen horas después de que el presidente Daniel Noboa afirmara, en una entrevista con Radio Centro, que la Revolución Ciudadana todavía puede participar en las elecciones si lo hace a través de un partido que «haya cumplido con la legalidad». Como ejemplo, el mandatario mencionó al Partido Socialista Ecuatoriano, entre otras organizaciones nacionales.

El escenario político cambió tras la suspensión del movimiento AMIGO. La medida fue dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, y acatada este lunes por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Revolución Ciudadana ya había sido suspendida en marzo de este año dentro del denominado caso Caja Chica, investigación en la que la Fiscalía indaga un presunto esquema de financiamiento irregular de campañas políticas.

Como consecuencia, la organización no puede presentar candidaturas bajo su propia lista para las elecciones anticipadas, previstas a realizarse el 29 de noviembre de 2026, en las que los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del CPCCS. Fuente: Vistazo

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