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La violencia contra la mujer es una herida social que debemos sanarla entre todos

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Por Mario Paz.

Introducción 

La violencia contra la mujer es una herida profunda en el corazón de nuestras sociedades, una herida que no deja de sangrar y que solo podrá sanar si actuamos pronto y juntos. Cada 25 de noviembre, al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el mundo entero levanta su voz para visibilizar y enfrentar uno de los atentados más graves contra la dignidad humana. Esta fecha no es solo un recordatorio simbólico: es un clamor urgente por justicia, por memoria y por un cambio real.

Aunque se han logrado avances importantes en legislación, prevención y sensibilización, la violencia de género continúa amenazando la vida, la libertad y la integridad de millones de mujeres. Cada agresión, cada silencio impuesto y cada vida arrebatada nos recuerdan que esta problemática sigue profundamente arraigada en estructuras sociales, culturales y familiares que normalizan el abuso y justifican el control.

La violencia contra la mujer no solo golpea cuerpos: rompe dignidades, silencia sueños, fractura familias y debilita a comunidades enteras. Y, aun así, cada día millones de mujeres continúan resistiendo, levantándose en medio del dolor, esperando ser escuchadas, acompañadas y protegidas.

En este artículo exploraremos el origen y el significado de esta conmemoración, la realidad de la violencia contra las mujeres en Ecuador, las enseñanzas que ofrecen los valores cristianos sobre la dignidad femenina, y las acciones urgentes que deben emprender el Estado, la sociedad, la familia y cada mujer para erradicar este flagelo. Porque la violencia nunca es normal, nunca es justificable y jamás debe ser tolerada. Y porque solo cuando caminemos unidos podremos construir un país donde todas las mujeres vivan libres, seguras y respetadas.

Origen y significado del 25 de noviembre: memoria, justicia y compromiso global 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue oficialmente instituido el 25 de noviembre de 1999, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 54/134. Esta fecha no fue escogida al azar: rinde homenaje a las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) tres activistas dominicanas brutalmente asesinadas en 1960 por su firme oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Su valentía y sacrificio se convirtieron en un poderoso símbolo de resistencia frente a la opresión y la violencia de género.

Al instaurar esta conmemoración, la ONU buscó visibilizar una realidad global que atraviesa culturas, clases sociales y generaciones, y que continúa cobrando vidas y vulnerando derechos fundamentales de mujeres y niñas en todo el mundo. El propósito central de esta fecha es generar conciencia, promover el debate público y exigir la implementación de políticas efectivas que prevengan, sancionen y erradiquen todas las formas de violencia de género.

Cada 25 de noviembre, gobiernos, organizaciones sociales, instituciones educativas y comunidades se unen para recordar que la violencia contra la mujer no es un problema aislado, sino una violación sistemática de derechos humanos que requiere acciones urgentes, coordinadas y sostenidas.

Radiografía de la violencia contra las mujeres en Ecuador: cifras que exigen acción inmediata

Las cifras más recientes revelan una realidad alarmante sobre la violencia contra las mujeres en Ecuador y la urgencia de enfrentarla con políticas públicas efectivas y sostenidas. Solo entre enero y agosto de 2025, el país registró 510 mujeres asesinadas, una cifra que convierte a este periodo en uno de los más letales de la historia reciente. De estos casos, el 87,65% corresponde a muertes violentas y, dentro del mapa nacional, Guayaquil concentra 155 víctimas, es decir, cerca del 30% del total.

El año 2024 también dejó un panorama desgarrador: la Fundación Aldea documentó 274 feminicidios, incluyendo cinco mujeres reportadas como desaparecidas el año anterior. Las víctimas tenían un promedio de 36 años, aunque las edades oscilaron entre 1 y 81 años, lo que demuestra que la violencia no distingue etapas de vida. Entre ellas se encontraban 27 niñas y adolescentes y 79 mujeres que eran madres, dejando a 131 hijos e hijas en orfandad. En más de un tercio de los casos, el agresor mantenía una relación sentimental, presente o pasada, con la víctima, lo que evidencia el carácter íntimo y estructural de esta violencia.

Pero la violencia de género en Ecuador no se limita a las muertes. Según el INEC, 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La violencia psicológica es la más común y afecta al 53,9% de las mujeres, seguida de la violencia sexual, que alcanza al 25%. A ello se suma la violencia gineco-obstétrica, una forma menos visibilizada pero extendida, ya que 48 de cada 100 mujeres reportan haberla experimentado durante su atención en el embarazo, parto o posparto.

A nivel estructural, se observan patrones que aumentan la vulnerabilidad: el 59% de las mujeres víctimas de femicidio tenía solo educación básica o primaria, frente a un 5% con educación superior. Asimismo, en 8 de cada 10 casos, el agresor fue la pareja o expareja, y más de un 35% de las muertes violentas ocurrieron en el hogar, lo que reafirma que la violencia más peligrosa es, con frecuencia, la que ocurre en espacios que deberían ser seguros.

El aumento de esta violencia ha sido descrito por la ONU como una crisis nacional. En apenas cuatro años, los asesinatos de mujeres han aumentado un 350%, y se estima que una mujer es asesinada cada 26 horas en Ecuador. Estas cifras no solo alertan, sino que reclaman una respuesta inmediata y sostenida desde el Estado, la sociedad y las comunidades.

En conjunto, estos datos muestran que la violencia contra las mujeres en Ecuador no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural, persistente y profundamente arraigado, que requiere acciones urgentes, integrales y coordinadas.

Acciones integrales para erradicar la violencia contra las mujeres 

La eliminación de la violencia contra las mujeres exige un compromiso decidido desde todos los ámbitos de la sociedad. En Ecuador, el Estado ha dado pasos importantes al aprobar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018), que establece mecanismos de prevención, atención, protección y reparación. A esto se suma el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género (2021), orientado a fortalecer la institucionalidad, garantizar una respuesta oportuna y promover políticas públicas con enfoque de derechos.

Asimismo, campañas como “Ecuador Actúa Ya. Violencia de Género, ni más” y la implementación de protocolos judiciales con enfoque de género buscan sensibilizar, prevenir y asegurar procesos judiciales más justos y accesibles para las víctimas.

La sociedad también desempeña un papel fundamental. Promover espacios de diálogo comunitario, impulsar campañas de sensibilización en medios y redes sociales y fortalecer el trabajo de organizaciones de mujeres, refugios y centros de atención contribuye a romper el silencio, desmontar mitos y brindar apoyo real a quienes enfrentan violencia.

El sistema educativo es clave para transformar patrones culturales. Incluir la educación en igualdad y derechos desde edades tempranas, capacitar al personal docente para identificar signos de violencia y desarrollar programas que involucren a familias y comunidades permite prevenir situaciones de riesgo y construir relaciones basadas en el respeto y la corresponsabilidad.

Finalmente, la familia constituye el primer espacio de aprendizaje y protección. Fomentar relaciones basadas en el diálogo, el respeto y el apoyo mutuo, enseñar a niñas y niños a reconocer su valor y a identificar conductas dañinas, así como mantener entornos seguros para que las víctimas puedan pedir ayuda, son acciones esenciales para erradicar la violencia desde la raíz.

El papel transformador de la mujer en la construcción de una vida libre de violencia

La lucha contra la violencia hacia la mujer requiere el compromiso de toda la sociedad, pero también implica reconocer el rol fundamental que cada mujer puede asumir en su propio proceso de empoderamiento y protección. Esto no significa trasladar la responsabilidad de la violencia a las víctimas (la violencia siempre es culpa del agresor), sino fortalecer las herramientas que permiten a las mujeres vivir con dignidad, seguridad y autonomía.

En primer lugar, el empoderamiento personal es esencial. Reconocer su valor, sus capacidades y sus derechos permite a cada mujer poner límites, pedir ayuda y denunciar cuando sea necesario.

La educación y formación continua, mediante talleres, espacios de reflexión o actividades comunitarias, contribuye a fortalecer la autoestima, la independencia emocional y su proyecto de vida.

Las redes de apoyo (familia, amigas, colectivos de mujeres, organizaciones sociales o comunidades de fe) son clave para compartir experiencias, obtener orientación y romper el aislamiento que muchas veces favorece la violencia.

Asimismo, la participación activa en movimientos sociales o espacios comunitarios brinda a las mujeres la oportunidad de promover cambios culturales y convertirse en líderes de transformación.

Conocer la legislación vigente, como la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ecuador, y los mecanismos institucionales disponibles (líneas de ayuda, casas de acogida, justicia especializada), fortalece la capacidad de protegerse y exigir el respeto a sus derechos.

Sin embargo, la erradicación de la violencia no depende únicamente de las mujeres. Los hombres deben asumir con responsabilidad la tarea de desaprender actitudes machistas, superar inseguridades, renunciar a la violencia y construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Solo así se podrá caminar hacia una convivencia verdaderamente humana y justa.

La espiritualidad y la reflexión también ofrecen hermosos mensajes sobre la dignidad de la mujer. Desde una mirada simbólica, se recuerda que la mujer no fue creada para ser pisoteada ni dominada, sino para caminar al lado del hombre, ser amada, respetada y protegida. Esta visión resalta la igualdad esencial y el valor irrenunciable de cada mujer como ser humano.

Como sociedad, no podemos seguir tolerando la violencia en ninguna de sus formas. La violencia es siempre una expresión de miedo, de cobardía y de incapacidad para reconocer las virtudes y talentos de la mujer. Cuando fortalecemos su autoestima, cuando respetamos su voz y cuando reconocemos su humanidad plena, contribuimos a la paz, la armonía y el bienestar colectivo.

Una mujer es un reflejo del trato que recibe; una sociedad justa es aquella que la valora, la respeta y la protege. Por ello, comprometámonos a desterrar para siempre la violencia contra la mujer. Una humanidad en paz solo es posible cuando cada mujer vive libre, segura y digna.

#NuncaMásViolenciaContraLaMujer.

Las consecuencias del maltrato contra la mujer y su impacto en la sociedad

La violencia contra la mujer no se limita al daño directo hacia la víctima: sus repercusiones se extienden hacia la familia, el entorno laboral, la comunidad y, en última instancia, toda la sociedad. Cada acto de violencia deja cicatrices visibles e invisibles que afectan el tejido social y la posibilidad de construir un futuro más justo.

En la crianza de los hijos, las consecuencias son especialmente graves. Los niños que crecen en entornos violentos pueden llegar a normalizar la agresión como una forma válida de relacionarse, perpetuando así ciclos de violencia intergeneracional. Este tipo de experiencias afecta su estabilidad emocional, generando inseguridad, ansiedad, estrés postraumático y baja autoestima.

Además, su desarrollo académico y social puede verse seriamente perjudicado: presentan dificultades para concentrarse, confiar en otros, expresar sus emociones o establecer relaciones saludables.

En el ámbito laboral, las mujeres que sufren violencia enfrentan barreras que afectan su desempeño y su autonomía económica. El ausentismo, el bajo rendimiento y el miedo constante limitan sus oportunidades de crecimiento profesional. Muchas veces pierden empleos o no pueden aspirar a mejores puestos debido al estrés, el control del agresor o la falta de apoyo institucional. Esta situación también repercute en las empresas y organizaciones, que asumen costos asociados a la salud física y emocional de sus colaboradoras, así como a la rotación y disminución de la productividad.

En su vida emocional y personal, la violencia deja huellas profundas. La depresión, la ansiedad, la culpa, la vergüenza y el aislamiento se convierten en cargas que la víctima lleva en silencio. El trauma psicológico puede requerir años de acompañamiento profesional y redes de apoyo para ser superado. Cuando el maltrato se prolonga, la mujer puede llegar a normalizarlo, perdiendo progresivamente la confianza en sí misma, en los demás y en la posibilidad de una vida sin miedo. Esto deteriora su calidad de vida, su salud integral y su capacidad de soñar y proyectarse hacia el futuro.

Las consecuencias del maltrato contra la mujer no solo hieren a quien lo vive, sino que debilitan a la familia, frenan el desarrollo de las comunidades y comprometen el bienestar social. Reconocer este impacto es indispensable para comprender la urgencia de erradicar la violencia en todas sus formas y para construir un mundo donde cada mujer pueda vivir con dignidad, seguridad y libertad.

Conclusión 

El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos recuerda que la violencia de género no es un problema individual, sino una realidad global que nos interpela a todos. Las cifras de femicidios y agresiones en Ecuador son un llamado urgente a la acción, y aunque existen leyes, planes y campañas, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar la vida, la libertad y la dignidad de cada mujer.

Los valores espirituales, incluidos los transmitidos en la Biblia, nos recuerdan que toda persona posee una dignidad sagrada e irrenunciable. La violencia contradice por completo ese principio. Sin embargo, la espiritualidad por sí sola no basta: la erradicación de la violencia requiere decisiones valientes, políticas públicas firmes, instituciones que respondan con justicia, comunidades solidarias, familias que eduquen en igualdad y mujeres fortalecidas en su autoestima y autonomía.

Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ineludible. Construir una cultura de cero tolerancias a la violencia implica educar desde la infancia, deconstruir prejuicios y comportamientos machistas, acompañar sin juzgar, creer en la palabra de las víctimas y ofrecerles caminos seguros para salir del ciclo de violencia. Significa también promover relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la corresponsabilidad emocional, así como cultivar en cada mujer la certeza de que merece vivir libre de miedo y llena de dignidad.

Porque una sociedad que normaliza la violencia se destruye a sí misma; pero una sociedad que protege, escucha y actúa, florece. Sanar esta herida social es una tarea colectiva y urgente. Solo cuando toda mujer pueda vivir segura, valorada y respetada, podremos decir que avanzamos hacia una humanidad más justa, más pacífica y más humana.

Hoy y siempre reafirmamos:

No más silencio. No más indiferencia. No más violencia.

Sí a la dignidad, al respeto y a la justicia para todas las mujeres.

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Delegación Electoral de Zamora Chinchipe socializa el calendario de las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027 con organizaciones políticas

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La Delegación Provincial Electoral de Zamora Chinchipe desarrolló el Consejo Consultivo Provincial con la participación de representantes de 12 organizaciones políticas, en un espacio de diálogo institucional orientado a socializar los principales hitos del calendario electoral correspondiente a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

La jornada tuvo como objetivo fortalecer la coordinación entre la autoridad electoral y las organizaciones políticas, promoviendo el conocimiento oportuno de las etapas del proceso electoral y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

Previo al tratamiento del orden del día, las autoridades de la Delegación Provincial Electoral presentaron un informe sobre el avance de las actividades contempladas dentro del cronograma electoral, exponiendo el estado de ejecución de las acciones planificadas para el desarrollo del proceso democrático.

Durante el encuentro también se abordaron temas de especial relevancia para las organizaciones políticas, entre ellos el proceso de inscripción de candidaturas, el curso virtual «Prevención de la Violencia Política de Género» y las disposiciones relacionadas con el control de la propaganda electoral y del gasto electoral, aspectos fundamentales para garantizar condiciones de equidad, transparencia y legalidad durante la contienda electoral.

Asimismo, los representantes de las doce organizaciones políticas participantes formularon diversas consultas sobre los procedimientos y obligaciones establecidos para el proceso electoral. Estas inquietudes fueron atendidas y absueltas por los equipos técnicos de las distintas áreas de la Delegación Provincial Electoral, brindando orientación sobre la aplicación de la normativa y los procedimientos administrativos correspondientes.

La realización del Consejo Consultivo Provincial forma parte de las acciones impulsadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para fortalecer la participación de las organizaciones políticas mediante espacios permanentes de diálogo, capacitación e intercambio de información, promoviendo una gestión electoral basada en la transparencia, la participación ciudadana y el respeto al marco jurídico.

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¿Quién autorizó esta construcción? habitantes cuestionan construcción en zona cercana al Velero

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Ciudadanos solicitan revisar construcción cercana al río Zamora y piden mayor control urbano

Un grupo de ciudadanos de Zamora hizo un llamado público a las autoridades municipales para que revisen una construcción que se ejecuta en las inmediaciones del río Zamora, frente al parque Lineal y cerca de la base del puente Velero.

Según los denunciantes, la edificación podría representar riesgos a futuro tanto para quienes la construyen como para el desarrollo urbano de la ciudad, por lo que solicitaron a la Alcaldía y al departamento de Planificación que verifiquen si la obra cumple con las ordenanzas y normas técnicas vigentes.

Los ciudadanos señalaron que Zamora necesita un crecimiento ordenado y planificado, por lo que consideran indispensable que las autoridades ejerzan un mayor control sobre las construcciones que se desarrollan en diferentes sectores del cantón.

Además, hicieron un llamado al alcalde para que fortalezca la aplicación de las normas de ordenamiento territorial y evite que se autoricen edificaciones que, según su criterio, puedan afectar el desarrollo futuro de la ciudad.

Finalmente, los habitantes también exhortaron a los precandidatos que buscan la Alcaldía de Zamora a pronunciarse sobre el crecimiento urbano del cantón y presentar propuestas orientadas al cumplimiento de las ordenanzas municipales, la planificación territorial y el desarrollo ordenado de la capital provincial.

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Asambleísta alterna Janela Castillo presenta balance de su gestión legislativa y de fiscalización en Zamora Chinchipe

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En entrevista, Janela Castillo, asambleísta alterna de Héctor Valladares por la provincia de Zamora Chinchipe, presentó un balance de las actividades desarrolladas durante el período en el que ejerció como asambleísta principal, comprendido entre el 6 y el 19 de julio, destacando acciones legislativas, procesos de fiscalización en establecimientos de salud y el seguimiento a la emergencia ocasionada por la tragedia registrada en la comunidad de Kantzama.

Al iniciar su intervención, Castillo expresó su solidaridad con las familias afectadas por el aluvión ocurrido en Kantzama y reconoció el trabajo desplegado por los organismos de rescate, personal de salud, voluntarios, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, instituciones que participaron en las labores de atención de la emergencia y acompañamiento a los damnificados.

La legisladora explicó que durante el tiempo en el que asumió la curul actuó con responsabilidad en el cumplimiento de las funciones constitucionales de legislar y fiscalizar, participando en los debates y votaciones de los proyectos de ley tratados por el Pleno de la Asamblea Nacional, con el propósito de representar los intereses de la provincia de Zamora Chinchipe y del país.

En el ámbito de la fiscalización, informó que realizó visitas al Centro de Salud El Pangui, al Centro de Salud de Yantzaza y al Hospital Básico de Yantzaza, donde mantuvo reuniones con personal médico, usuarios y directivos para conocer las principales necesidades que enfrentan estas unidades de salud.

Como resultado de estas inspecciones, señaló que identificó diversas problemáticas relacionadas con el desabastecimiento de medicamentos, entre ellos fármacos utilizados para el tratamiento de pacientes con diabetes y medicamentos de uso frecuente como el ibuprofeno.

Asimismo, indicó que recibió información sobre la falta de especialistas en algunas áreas médicas y la necesidad de fortalecer el equipamiento hospitalario para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía.

En materia de infraestructura, Castillo manifestó su preocupación por el estado de varias instalaciones sanitarias. En particular, señaló que el Hospital de El Pangui aún no habría sido entregado oficialmente, pese a que parte de su infraestructura presenta signos de deterioro.

También indicó que existen equipos médicos fuera de funcionamiento que permanecen almacenados en áreas del Centro de Salud de Yantzaza, situación que, según expresó, genera problemas relacionados con la limpieza y las condiciones de salubridad del establecimiento.

La asambleísta alterna informó además que mantiene el seguimiento a varias denuncias ciudadanas relacionadas con el abastecimiento de medicamentos, la calidad de la atención a los usuarios y las condiciones de funcionamiento de las unidades de salud de la provincia. Precisó que estas acciones de control buscan recopilar información y contribuir al fortalecimiento de la gestión pública.

Durante la entrevista, Castillo enfatizó que las actividades de fiscalización desarrolladas durante su gestión no tienen un propósito de confrontación política, sino de contribuir al mejoramiento de los servicios públicos mediante la verificación de las condiciones en las que operan las instituciones del Estado y el seguimiento a las necesidades planteadas por la ciudadanía.

Finalmente, reafirmó su compromiso de continuar recorriendo los distintos cantones de Zamora Chinchipe para mantener un contacto permanente con la población y ejercer una fiscalización cercana al territorio, recordando que el acceso a la salud constituye un derecho garantizado por la Constitución y que las instituciones públicas deben trabajar para asegurar una atención digna, oportuna y de calidad para todos los ciudadanos.

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