Este miércoles 5 de noviembre, a las 08:30, en la sala del octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, está convocada la audiencia oral y pública del denominado caso Alfaro Vive Carajo —Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín—, considerado el primer proceso penal por delito de lesa humanidad en el país.

El expediente se remonta a hechos ocurridos en noviembre de 1985, durante el gobierno de León Febres-Cordero, cuando Vaca, Cajas y Jarrín fueron detenidos y denunciaron haber sido mantenidos en aislamiento, incomunicación y sometidos a torturas en instalaciones militares y policiales. El caso ha tenido más de una década de dilaciones procesales desde que fue judicializado.

La Sala Especializada de lo Penal convocó a juicio en contra de varios oficiales en servicio pasivo por el presunto delito de lesa humanidad, entre los que constan Juan Raúl Viteri Vivanco, Manuel Marcelo Delgado Alvear, Nelson Bolívar Enríquez Gómez, Fernando Ignacio Ron Villamarín, Mario Ricardo Apolo Williams y Luis Eduardo Piñeiros Rivera.

Para la audiencia se han anunciado decenas de testigos, incluidas las propias víctimas y familiares. Además fueron citados peritos y se admitió un amplio paquete documental, entre ellos oficios remitidos en 1985 y 1986 por los entonces ministerios de Defensa, Gobierno y la misión del Ecuador en Ginebra, así como informes de organismos internacionales sobre desapariciones forzadas.

Aquella suspensión se convirtió en un nuevo hito de demora dentro de un expediente que para ese entonces llevaba tres décadas sin una resolución judicial de fondo.

Según los registros históricos del expediente, los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 1985, cuando los tres jóvenes fueron detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas en Esmeraldas.

De acuerdo con las denuncias de las víctimas y sus familiares, Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín fueron torturados y sometidos a distintos tipos de violencia mientras permanecieron privados de libertad. Uno de ellos desapareció y no fue localizado en meses.

La Fiscalía ha sostenido que los delitos imputados no prescriben y que este tipo de procesos buscan establecer responsabilidad penal sobre mandos altos y medios que habrían ordenado y ejecutado estos hechos. Durante las últimas décadas, el expediente ha atravesado cambios de fiscales, excusas de jueces, recusaciones, nulidades, reprogramaciones y pedidos de diferimiento, lo que ha alargado su tratamiento.

Con la convocatoria actual se intenta finalmente instalar el juicio y retomar un caso que ha acumulado 40 años entre investigación, denuncias, gestiones internacionales y retrasos en el sistema de justicia ecuatoriano.