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Tras 10 años de dilaciones, se iniciará primer juicio por lesa humanidad en Ecuador por el caso Alfaro Vive Carajo

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Este miércoles 5 de noviembre, a las 08:30, en la sala del octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, está convocada la audiencia oral y pública del denominado caso Alfaro Vive Carajo —Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín—, considerado el primer proceso penal por delito de lesa humanidad en el país.

El expediente se remonta a hechos ocurridos en noviembre de 1985, durante el gobierno de León Febres-Cordero, cuando Vaca, Cajas y Jarrín fueron detenidos y denunciaron haber sido mantenidos en aislamiento, incomunicación y sometidos a torturas en instalaciones militares y policiales. El caso ha tenido más de una década de dilaciones procesales desde que fue judicializado.

La Sala Especializada de lo Penal convocó a juicio en contra de varios oficiales en servicio pasivo por el presunto delito de lesa humanidad, entre los que constan Juan Raúl Viteri Vivanco, Manuel Marcelo Delgado Alvear, Nelson Bolívar Enríquez Gómez, Fernando Ignacio Ron Villamarín, Mario Ricardo Apolo Williams y Luis Eduardo Piñeiros Rivera.

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Para la audiencia se han anunciado decenas de testigos, incluidas las propias víctimas y familiares. Además fueron citados peritos y se admitió un amplio paquete documental, entre ellos oficios remitidos en 1985 y 1986 por los entonces ministerios de Defensa, Gobierno y la misión del Ecuador en Ginebra, así como informes de organismos internacionales sobre desapariciones forzadas.

El juicio se desarrollará de manera presencial, aunque los sujetos procesales pueden solicitar intervenir por vía telemática en los casos permitidos por el Código de Procedimiento Penal.

Aquella suspensión se convirtió en un nuevo hito de demora dentro de un expediente que para ese entonces llevaba tres décadas sin una resolución judicial de fondo.

Según los registros históricos del expediente, los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 1985, cuando los tres jóvenes fueron detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas en Esmeraldas.

De acuerdo con las denuncias de las víctimas y sus familiares, Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín fueron torturados y sometidos a distintos tipos de violencia mientras permanecieron privados de libertad. Uno de ellos desapareció y no fue localizado en meses.

La Fiscalía ha sostenido que los delitos imputados no prescriben y que este tipo de procesos buscan establecer responsabilidad penal sobre mandos altos y medios que habrían ordenado y ejecutado estos hechos. Durante las últimas décadas, el expediente ha atravesado cambios de fiscales, excusas de jueces, recusaciones, nulidades, reprogramaciones y pedidos de diferimiento, lo que ha alargado su tratamiento.

Con la convocatoria actual se intenta finalmente instalar el juicio y retomar un caso que ha acumulado 40 años entre investigación, denuncias, gestiones internacionales y retrasos en el sistema de justicia ecuatoriano.

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Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.

Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.

La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

 

De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.

Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.

Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.

La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.

Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».

«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,

Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.

«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.

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