El Tribunal Anticorrupción de la provincia de Pichincha emitió este viernes una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra del exalcalde del cantón Santiago de Méndez, Alfonso Antuash, y de Kawar Renan Saant Nantip, actual Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, al declararlos responsables del delito de peculado.

La resolución judicial también establece la pérdida de los derechos ciudadanos para ambos sentenciados, así como el pago de una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados y una reparación económica al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Méndez, por un monto de USD 63.704,70.

Según el dictamen del Tribunal, durante el ejercicio de funciones de Antuash como alcalde se identificaron irregularidades en la administración de recursos públicos, configurándose así el delito de peculado conforme a lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El Tribunal determinó que existió un manejo indebido de fondos destinados a obras municipales, lo que vulneró el principio de transparencia y el adecuado uso del erario público.

La sentencia busca reafirmar el compromiso institucional en la lucha contra la corrupción y la defensa del interés público, garantizando la correcta aplicación de la ley frente a la malversación de recursos del Estado.

Este fallo se inscribe dentro de las acciones que el sistema judicial ecuatoriano impulsa para fortalecer la probidad en la función pública y promover la rendición de cuentas como pilares de la gestión estatal.

El presidente Daniel Noboa cuestionó este viernes los motivos de la visita privada que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, hizo a Manta después de haber asistido en mayo pasado a su posesión en Quito.

Petro, tras asistir a la investidura presidencial de Noboa el pasado 24 de mayo, viajó a Manta donde pasó dos días en una residencia antes de retornar a Colombia.

Noboa cuestionó, durante una entrevista con Teleamazonas, que Petro realizara esta visita a Manta, tras una tensa asistencia a la ceremonia de investidura, a la que llegó con la demanda de libertad para el exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien tiene tres condenas por corrupción y fue recapturado en 2024 durante un asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Ecuador, donde Glas había recibido asilo.

Los contratos de concesión a las operadoras móviles privadas Otecel y Conecel (operadoras de Telefónica y Claro) para brindar el servicio de telefonía móvil fueron renovados por el Gobierno de Daniel Noboa hasta 2038, informó el Gobierno este 31 de octubre de 2025.

Con esta renovación de los contratos, especialmente de Telefónica, la empresa Millicom selló la compra de la operadora en el país.

Según el comunicado del Gobierno ecuatoriano, la negociación con ambas operadoras, Claro y Telefónica, concluyó existosamente, y de esta forma, ambas empresas podrán seguir funcionando y prestando los servicios de telefonía celular en el país.

Fideicomiso tras renovación de contratos
En una entrevista realizada este viernes, el presidente Noboa adelantó que con la renovación de los títulos habilitantes para las operadoras, el 1% de las ventas de las empresas «irá a un fideicomiso» que financiará proyectos de educación y tecnología en Ecuador.

«El 1% va ir a un fideicomiso, para educación y tecnología, para becas de jóvenes, para instalaciones en universidades, en escuelas técnicas”. Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

El proceso de negociación entre el Estado y las compañías Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel), que opera bajo la marca Claro en Ecuador, y Otecel, filial de la multinacional española Telefónica, comenzó oficialmente en agosto de 2021.

Lo anterior se realizó durante el Gobierno de Guillermo Lasso; aunque las reuniones arrancaron recién en diciembre de 2022.

Estas mesas de negociación debían durar 120 días, como parte de un proceso que, en todas sus fases, tenía un plazo máximo de dos años. Dicho proceso fue suspendido en reiteradas ocasiones y, en la práctica, se demoró más de cuatro años.

Venta en marcha
El contrato actual con Telefónica, propietaria de las marcas Movistar y Tuenti, vencía el 30 de noviembre de 2023. Por ello, para evitar la suspensión del servicio, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) otorgó nueve prórrogas al contrato de la firma, que actualmente está en un proceso de venta de sus operaciones en Ecuador a la compañía Millicom.

Precisamente, la renovación de la concesión era una de las condiciones para cerrar la venta a la multinacional Millicom, que tiene su sede principal en Luxemburgo y es uno de los principales proveedores de telefonía móvil en América Latina, propietaria de la marca Tigo, con presencia en países como Bolivia, Colombia, Costa Rica y Honduras.

La operación comercial está valorada en USD 380 millones y se enmarca en una estrategia de la multinacional española de optimizar su portafolio y «reducir progresivamente su exposición en Hispanoamérica», informó la firma en junio de 2025.

Participación de mercado 
El contrato de concesión de Conecel (Claro), que forma parte del grupo mexicano América Móvil, vencía en agosto de 2023. Pero, en este caso, Arcotel otorgó una sola prórroga hasta que culmine la renegociación.

Conecel es la primera empresa de telefonía móvil en Ecuador, con una participación del 53% en el total de las líneas activas. Otecel ocupa el segundo lugar, con una participación del 29%, a agosto de 2025, según estadísticas de la Arcotel. Fuente: Primicias