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Nacionales

Paro nacional deja tres fallecidos: Efraín, Rosa y José

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Otavalo amaneció en tranquilidad tras una fuerte jornada de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Además, ya se han efectuado reuniones para concretar un diálogo con el Gobierno. La alcaldesa Anabel Hermosa anunció que se alcanzaron los primeros acuerdos entre los líderes del movimiento indígena y el Gobierno Nacional, luego de intensas jornadas de protestas.

Las movilizaciones contra el presidente Daniel Noboa iniciadas en septiembre registran, hasta el momento, tres fallecidos: Efraín Fuerez, Rosa Elena Paqui y José Alberto Guamán; aunque por el momento las autoridades no se han pronunciado sobre las muertes de los dos últimos manifestantes.

Además, hay más de un centenar de heridos y de detenciones, entre ellas alrededor de una veintena que fueron enviados a prisión preventiva bajo imputaciones de terrorismo presentadas por la Fiscalía.

Ecuador atraviesa la cuarta semana de protestas en medio de la resistencia del Gobierno y la Conaie a sentarse a dialogar, ya que los principales pedidos del movimiento indígena, como la restauración del subsidio al diésel o la bajada del impuesto al valor agregado (IVA) del 15 % al 12 % son temas que el Ejecutivo ha dicho que no negociará.

El epicentro de las protestas se localiza en la provincia de Imbabura, a donde llegó el lunes un convoy militar con víveres para entregar a las comunidades, pero luego ese mismo personal militar y policial se enfrentó a manifestantes con gases lacrimógenos para desbloquear las vías.

DETALLES MINUTO A MINUTO

15/10/2025 14:30
Enfrentamiento en Piquiucho, Carchi

Al medio día de este miércoles 15 de octubre, se reportó un fuerte enfrentamiento entre fuerzas del orden y comuneros del sector Piquiucho, en la provincia del Carchi.

En imágenes virales de redes sociales se observa que los manifestantes atacaron a los uniformados con palos y piedras. Además, los comuneros no permiten el paso en el marco del paro nacional.

Las fuerzas del orden tuvieron que correr ante la represión de los protestantes.

Esta zona es de vital importancia para el tránsito de productos provenientes del Carchi, pero también se conoce que hay gente que se dedica al contrabando.


Se instala mesa de diálogo

Líderes indígenas y representantes del Gobierno se reúnen en el Hotel Yamor Continental en Otavalo, provincia de Imbabura, para iniciar los diálogos y terminar con el paro.

En el sitio fue vista la alcaldesa de Otavalo, Anabell Hermosa, y Cristian Andrade, párroco de San Francisco de Otavalo. Medios locales también afirman que hay una delegación del Gobierno encabezada por el ministro del Interior, John Reimberg.

La reunión es reservada y, por el momento, no hay mayores detalles.

Previamente, la Alcaldía de Otavalo emitió un comunicado, que circuló en redes sociales, en el que señalaba que tras una jornada de “intensas gestiones y diálogos” entre líderes indígenas y el Gobierno, lograron “los primeros acuerdos para el restablecimiento progresivo de la paz y el trabajo” en ese municipio.

En el escrito se anunciaba que al mediodía de este miércoles “continuarán las mesas de diálogo, donde se analizarán los planteamientos presentados por el Ejecutivo”.


Ciudadano recibió impacto en el ojo

Pamela Cristina Lanchimba Paucar, indígena de Otavalo, provincia de Imbabura, informó que su padre José Rafael Lanchimba perdió un ojo tras recibir un impacto de bomba lacrimógena durante los disturbios del pasado martes en aquella ciudad.

“Mi papá estaba luchando por el pueblo, pero recibió un disparo de bomba en el ojo y lo perdió”, aseguró la joven en un video viral de redes sociales.

Además, detalló que tras los enfrentamientos con la fuerza pública, el hombre fue trasladado a un hospital privado de Otavalo, pero debido a la gravedad de su estado de salud será llevado a una casa de salud en Quito para que le realicen una cirugía y extirpar el ojo.

Cristina también pidió a la ciudadanía que le ayuden con dinero para poder solventar la cirugía de su padre. “Mi número de cuenta banco pichincha es: 2212709379”, indicó la joven en la red social Facebook.

Ciudadano recibió impacto en el ojo

Reportan tercer fallecido por protestas

La Conaie informó sobre el fallecimiento de José Guamán, quien según la organización “fue baleado en el pecho por las Fuerzas Armadas” durante los disturbios en Otavalo, provincia de Imbabura.

Inicialmente, Guamán estaba internado en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, donde luchó por su vida tras un paro cardiorrespiratorio. Ahí fue operado durante la noche del pasado martes, pero su estado no mejoró así que lo trasladaron al Hospital Eugenio Espejo de Quito.

La mañana de este miércoles, la víctima fue llevada en un helicóptero hasta la capital ecuatoriana, pero al poco tiempo falleció.

La Conaie calificó el hecho como un “cruel asesinato” y pidió justicia.

“Nos unimos al dolor de sus seres queridos y exigimos verdad y justicia para José y para todos los luchadores sociales detenidos y caídos en la defensa de los derechos de nuestro pueblo”, manifestó la organización en sus redes sociales.

Reportan tercer fallecido por protestas

Muerte de mujer Saraguro

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lamentó la muerte de una mujer, aparentemente, por la represión de las fuerzas estatales contra los manifestantes.

La mujer, de 61 años y perteneciente al pueblo indígena de Saraguro, falleció por un paro cardiorrespiratorio causado supuestamente, y de acuerdo a la Conaie, por los gases lacrimógenos lanzados contra los protestantes.

«Expresamos nuestra profunda solidaridad y condolencia a la familia y comunidad de Gunudel (Loja) , por el fallecimiento de nuestra hermana Rosa Elena Paqui, a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la inhalación de gases lacrimógenos usados de forma indiscriminada por la Policía», señaló la Confederación indígena.

«Nos unimos al dolor de sus seres queridos y exigimos verdad y justicia para Rosa Elena y para todos los luchadores sociales detenidos y caídos en la defensa de los derechos de nuestro pueblo. Los crímenes de Estado no tienen retorno ni perdón», agregó.

Por el momento las autoridades gubernamentales aún no se han pronunciado sobre la muerte de la mujer Saraguro.

Muerte de mujer Saraguro

Conaie pide organizar un convoy humanitario con la Cruz Roja

La noche del martes 14 de octubre, la Conaie se reunió en un Consejo Ampliado y emitió cinco resoluciones. Ninguna de ellas habla de detener el paro o abrir caminos de diálogo. Entre las peticiones y demandas se encuentran:

Rechazar la violenta y atroz represión del gobierno en la provincia de Imbabura, donde ya se cumplen 23 días de paro ininterrmpido. Exigir justicia ante organismos internacionales como ONU, CIDH, OEA para que intervengan y frenen la represión.

También reafirman su postura por no NO en el Consulta Popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, así como rechazan su modelo económico. Exigen la liberación de detenidos y piden organizar una misión urgente de médicos, ya que la organización indígena denunció que hay más de 40 heridos en Imbabura.

Además, piden «organizar un convoy humanitario desde los pueblos y nacionalidades en apoyo a los pueblos de Imbabura, en coordinación con la Cruz Roja y organismos internacionales de Derechos Humanos».


Otavalo anuncia acuerdos tras violentos enfrentamientos

En Otavalo, provincia de Imbabura, el principal bastión del paro nacional contra el presidente Daniel Noboa, la alcaldesa Anabel Hermosa, anunció que se alcanzaron los primeros acuerdos entre los líderes del movimiento indígena y el Gobierno Nacional, luego de los intensos enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares.

El comunicado oficial de la Alcaldía, difundido la noche del martes 14 de octubre, detalló que una jornada de intensas gestiones y diálogos “se ha logrado los primeros acuerdos para el restablecimiento progresivo de la paz y el trabajo para nuestro cantón”.

Hermosa recalcó que el diálogo es “el único camino a la paz” y destacó que se ha escuchado “la voz digna y altiva del pueblo otavaleño” para que sus propuestas sean analizadas.

La alcaldesa también confirmó la liberación de siete jóvenes y dos adultos mayores que habían sido detenidos durante los disturbios ocurridos este martes, señalando que regresaron con sus familias.

Según el comunicado, las mesas de diálogo continuarán este miércoles al mediodía, donde se analizarán los planteamientos presentados por los dirigentes indígenas al Ejecutivo.

“Nuestra convicción es seguir sirviendo con todo el amor y el compromiso a nuestro Otavalo”, concluyó la autoridad local.


Militares heridos tras ataques en Otavalo

Las Fuerzas Armadas reportaron que 13 efectivos militares resultaron heridos tras incidentes en Otavalo, provincia de Imbabura.

Los uniformados fueron evacuados vía aérea hacia distintos centros de salud en la provincia, donde reciben atención médica especializada.

Según la institución, los militares fueron “objeto de ataques violentos perpetrados por grupos que utilizaron bombas molotov, petardos, machetes y cuchillos, entre otros artefactos” durante las operaciones de resguardo a convoy humanitario y despeje de vías.

Militares heridos tras ataques en Otavalo

Represión disfrazada de ‘humanitaria’

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció que el denominado ‘Convoy Militar Humanitario’, del Gobierno para llevar insumos a la provincia de Imbabura, sirvió para “reprimir al pueblo indígena que ejerce su legítimo derecho a la protesta”.

“Rechazamos categóricamente esta acción militarista que violenta los principios democráticos y los derechos constitucionales consagrados en la Constitución de la República del Ecuador”, expresó la organización indígena.

Además, cuestionó con «profunda indignación y dolor, ¿desde cuándo las armas, los tanques y el personal de guerra están destinados a enfrentarse contra el pueblo? La represión no puede disfrazarse de ‘humanitaria’”.

Por ello, la Conaie exigió al Gobierno “el cese inmediato de la militarización y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.


CIDH se pronuncia sobre protestas en Imbabura

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo este martes un llamado al Gobierno de Ecuador a que establezca un diálogo con los manifestantes para «prevenir violaciones a derechos humanos».

«La CIDH insta a las autoridades a establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino con las personas manifestantes, con el fin de atender sus demandas y resolver los conflictos sociales pendientes«, señaló la Comisión en un comunicado emitido junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).

Además, la Comisión y la Relatoría señalaron que permanecen atentas «ante eventuales violaciones de derechos humanos en el marco de la escalada de violencia durante el Paro Nacional en Ecuador» y que recordaban «que la protesta social está protegida por los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y constituye un componente esencial de la democracia, que exige canales de diálogo efectivos».

En el comunicado, la CIDH hizo un recuento de lo que ha sucedido en el país desde que el presidente Daniel Noboa decidió eliminar el subsidio al diésel, el pasado 12 de septiembre, destacando que tras las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) el Gobierno declaró un estado de excepción que ahora rige sobre doce de las 24 provincias y dispuso la movilización de los militares y policías.

«Durante las movilizaciones, la CIDH tomó nota con preocupación de reportes sobre presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, así como actos de violencia no protegidos por el derecho a la protesta, atribuidos a ciudadanos que se encontraban presentes en las manifestaciones», detalló.

CIDH se pronuncia sobre protestas en Imbabura

Reportero herido con un proyectil

El periodista Edison Muenala, de APAK TV, recibió un disparo en el hombro mientras cubría manifestaciones en el norte de Otavalo, en la provincia de Imbabura, según denunció este martes la Asociación de Productores Audiovisuales Kichwas.

El incidente ocurrió en el contexto de las manifestaciones por la eliminación del subsidio al diésel, que se intensificaron tras la llegada el lunes a Ibarra de un convoy humanitario que transportaba alimentos, medicinas y gas de uso doméstico.

El comunicador inicialmente fue trasladado al centro de salud de Peguche, pero debido a la gravedad de sus heridas y a un supuesto cerco militar que, según APAK TV, bloqueaba el acceso al Hospital de Otavalo, fue remitido a Cotacachi para recibir atención médica.


Irrupción en domicilios

La Conaie alertó sobre “violación de domicilios y represión militar” en Otavalo en el marco de la intervención del Gobierno para acabar con los bloqueos viales en esta zona.

“Militares y policías irrumpieron en viviendas particulares durante la represión”, escribió la organización.

Agregó que “esta acción constituye una grave violación a los derechos humanos y a la inviolabilidad del domicilio”.

Por ello, la Conaie volvió a exigir el cese inmediato de los abusos. También, la organización indígena aseguró que hay múltiples manifestantes heridos de bala, por lo cual los centros de salud de la ciudad están colapsados.

“Se reporta una oleada de personas con heridas por impactos de bala, muchas en estado crítico, saturando los hospitales locales”, recalcó el movimiento indígena.

Por su parte, el Gobierno no ha emitido ningún pronunciamiento sobre estas denuncias.

Irrupción en domicilios

«Es un paro cantonal»

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que actualmente el paro ya no es provincial, sino cantonal, debido a que solo se registran enfrentamientos en Otavalo y Cotacachi.

De aquí no nos vamos a mover hasta que Imbabura tenga paz (…) Vamos a liberarla del secuestro en el que está”, aseguró Reimberg.

Agregó que el tema del diésel ya no forma parte de las demandas de los manifestantes, sino que se ha vuelto un tema “netamente político”.

“Simplemente, están aquí porque les han obligado a salir, porque les van a quitar el agua en sus comunas, no pueden regresar por esa amenaza que tienen”, apuntó el funcionario.


43 detenidos en Otavalo

El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que, hasta el momento, se han detenido a 43 personas en Otavalo, entre ellas dos personas extranjeras: una de nacionalidad venezolana y otra colombiana.

Además, hay seis uniformados heridos, entre militares y policías.

También, se espera el arribo de 5.000 uniformados que se movilizarán a Imbabura para apoyar a los más de 2.000 gantes que ya se encuentran en la zona. En total, habrá 7.000 uniformados que intentarán abrir por completo las vías.

43 detenidos en Otavalo

Más de 40 heridos en Otavalo

La Conaie denunció una “brutal represión en Otavalo” por parte de las fuerzas del orden que intentan desbloquear la carretera E-35, la principal vía de acceso a otros cantones como Antonio Ante e Ibarra.

“El Ejército y la Policía lanzan granadas de impacto múltiple y explosivos a corta distancia contra la población movilizada”, manifestó la organización indígena.

Agregó que el enfrentamiento dejó hasta el momento más de 40 heridos, varios de gravedad, ya que las detonaciones se hicieron en viviendas y espacios comunitarios.

“Este es un ataque directo del Gobierno de Daniel Noboa contra el pueblo, que evidencia una política de guerra interna y represión brutal. Se necesita presencia urgente de organismos de derechos humanos para frenar esta masacre”, alertó la Conaie.


Daniel Noboa rompe el silencio

El presidente de la República, Daniel Noboa, apareció luego del feriado, este martes 14 de octubre de 2025, en un evento público con agroproductores en Daule, provincia del Guayas, en el marco de manifestaciones que cumplen 23 días consecutivos.

En su pronunciamiento, el mandatario se refirió al paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras demandas sociales.

Tratan de establecer a base de cuentos una mala imagen. Estábamos conversando con los embajadores de las Naciones Unidas y de la Unión Europea y les enseñamos datos, números reales”, afirmó Noboa.

El presidente destacó los resultados electorales en diferentes comunidades: “Nosotros hemos ganado en las provincias de mayor población de pueblos y nacionalidades indígenas, en pueblos afroecuatorianos y también en el pueblo montuvio».


Vías cerradas en Imbabura, Pichincha y Loja

Mientras el convoy militar y policial avanza para despejar las vías bloqueadas por el paro nacional, que este martes 14 de octubre cumple 23 días de protestas, se reportan cierres de vías en las provincias de ImbaburaLoja Pichincha.

Revise las carreteras bloqueadas aquí: Cierres de vías se mantienen en Imbabura, Loja y Pichincha mientras el paro nacional cumple 23 días


«Otavalo vive horas de terror»

La Conaie denunció en sus redes sociales que en los alrededores del Colegio Otavalo y barrios cercanos, militares y policías lanzan gases lacrimógenos indiscriminadamente, incluso dentro de las casas.

Hay bebés asfixiados por el gas. Familias enteras, niños y ancianos están atrapados en medio de la represión”, apuntó la organización.

Además, etiquetó a entidades internacionales para que se pronuncien sobre esta situación, que la Conaie denomina como “masacre”.


«El paro debe acabarse hoy»

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aseguró que la fuerza pública ha implementado un operativo para abrir todas las carreteras cerradas en Imbabura, especialmente, la E35, donde se han concentrado manifestantes de Otavalo.

“Se va a abrir y se va a despejar toda la ciudad de manifestantes agresivos”, apuntó la funcionaria en entrevista con la cadena Ecuavisa.

Agregó que ningún ciudadano de Imbabura “va a tener que vivir la violencia” de parte de protestantes.

“El paro debe acabarse hoy. Esperamos que se acabe hoy, máximo mañana, no vamos a permitir que esta situación se alargue durante la semana”, recalcó Rovira.

Asimismo, relató que esta militarización se da luego de varios intentos de diálogos, que no se han concretado debido a las exigencias de los movimientos indígenas.

Por ejemplo, Rovira recordó que al inicio los manifestantes pedían la eliminación del subsidio al diésel, pero luego aumentaron más peticiones como la reducción del IVA o el rechazo a la Consulta Popular.

En Imbabura no ha habido voluntad de diálogo, después de horas y horas de diálogo la respuesta sigue siendo la misma, vamos a radicalizar el paro”, reveló la ministra.


Enfrentamientos en Otavalo

El convoy militar y policial del Gobierno llegó a Otavalo tras salir de Ibarra, provincia de Imbabura, durante la madrugada de este martes 14 de octubre de 2025, en el día 23 del paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La zona se ha convertido durante más de tres semanas en el epicentro de las manifestaciones contra de varias medidas del presidente Daniel Noboa, principalmente por la eliminación del subsidio al diésel.

Alrededor de las 03:00 de este martes, el convoy retomó su desplazamiento hacia Otavalo. El trayecto tomó más de tres horas debido a los bloqueos en la vía, pero finalmente las unidades lograron arribar a la ciudad pasadas las 06:00.

Mientras el convoy avanzaba hacia Otavalo, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Los uniformados usaron bombas lacrimógenas para despejar las vías, mientras que grupos de protestantes respondieron con piedras y palos contra los vehículos oficiales. Un policía resultó herido durante los incidentes.


Fuerzas del orden abrirán vías en Imbabura

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que “las fuerzas del orden se van a dedicar a abrir las carreteras” de la provincia de Imbabura tras la llegada del convoy humanitario.

“Esto se va a abrir ya, ya basta, el Ecuador debe seguir adelante”, apuntó el funcionario en rueda de prensa.

Detalló que van a abrir las vías «en paz, hablando con la gente, que entiendan que esto termina ya, que la gente quiere trabajar y producir, que las vías tienen que ser aperturadas para enviar los productos a diferentes provincias”.

Reimberg indicó que les tomará varios días aperturar las carreteras. Por ejemplo, mientras se entrega la ayuda humanitaria, también se irán aperturando los accesos en la provincia.

Y envió un mensaje a los que siguen obstaculizando el paso: “Ya es hora de parar, trabajar, ya es hora que aquellos que han sido perjudicados los dejen salir adelante, ya esto tiene que terminar, nosotros no queremos venir a usar la fuerza”.

El convoy humanitario se movilizó desde Quito a Ibarra por la vía Olmedo-Zuleta-La Esperanza-Ibarra. No hubo inconvenientes en el recorrido, hasta que llegaron a la parroquia La Esperanza en Ibarra, donde algunos manifestantes echaron piedras a los vehículos militares y se produjo un enfrentamiento.

Según el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, los protestantes lanzaron rocas, bombas molotov que incendiaron uno de los vehículos tácticos, entre otros objetos.

Por otra parte, Loffredo reveló que este lunes también se realizó una operación en contra de la minería ilegal en Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura.

Alrededor de 300 efectivos intervinieron la zona y el ministro dijo que se quedarán ahí para mantener el control.

Y lanzó una sospecha: “Tenemos nuestras sospechas de que estos grupos armados están dando dinero a los manifestantes, sobre todo a los violentos”.

Fuerzas del orden abrirán vías en Imbabura

Rueda de prensa del convoy del Gobierno

Tras varias horas de viaje, el convoy del Gobierno con ayuda humanitaria llegó a Ibarra, provincia de Imbabura, con diversos proyectos para liberar a la zona de los bloqueos y manifestaciones que se han presentado desde hace semanas.

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, informó que 37 vehículos llegaron a la provincia con combustible, ayuda humanitaria, brigadistas del registro social y medicamentos.

En total 10 instituciones están articuladas para brindar diferentes servicios a la población a través de brigadas sociales.

Por ejemplo, para la población más pobre se dispone de 1.500 kits con ropa, artículos de aseo y víveres no perecibles.

“Vamos a quedarnos aquí hasta que esta provincia deje de estar secuestrada”, aseguró Pinto.

Por su parte, el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, comentó que la idea es reactivar la provincia desde Ibarra. Para ello tienen una estrategia a corto y medio plazo para que todo vuelva a la normalidad.

Indicó que en las brigadas, la ciudadanía podrá inscribirse a los programas de incentivos económicos que el Gobierno ya ha presentado previamente como el incentivo ‘Emprende’ para todos los comerciantes que no han podido abrir en todo este tiempo.

“Les vamos a hacer una transferencia monetaria de 1.000 dólares”, apuntó Burbano.

Añadió que “no vamos a dejar que esta provincia siga paralizada al ser la única a nivel nacional”.


Pedradas en La Esperanza, Ibarra

El convoy militar con ayuda humanitaria llegó a Ibarra, provincia de Imbabura, tras varias horas de viaje.

Las autoridades viajaron por la ruta Olmedo-Zuleta-La Esperanza-Ibarra sin mayores inconvenientes en la mayoría de tramos.

Sin embargo, en el sector de La Esperanza, las fuerzas del orden fueron recibidas con piedras, lo que provocó un enfrentamiento y la respuesta de los uniformados fue echar gas lacrimógeno.

El ministro del Interior, John Reimberg, quien lideró el convoy, escribió en la red social X que “moradores de este sector continuaban lanzando fuego y piedras contra las fuerzas del orden”.

Según reportan medios locales, algunas carreteras ya están habilitadas, pero aún hay el riesgo de que los manifestantes las vuelvan a cerrar.


Estudiantes de la Universidad Central protestan

Un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad Central protesta a esta hora en los exteriores de la institución educativa con consignas en contra del Gobierno de Daniel Noboa.

“Somos estudiantes, no estamos armados”, gritaron cuando decenas de policías llegaron al sitio para evitar que los jóvenes se tomaran las calles aledañas.

En estas cuatro semanas de paro nacional, convocado por la Conaie, los jóvenes de la Universidad Central han sido uno de los sectores que más han apoyado las movilizaciones.

De hecho, Luis Chuquimarca, representante estudiantil ante el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, exigió este lunes al rector que declare al campus universitario como zona de paz.


Indígenas se retiran de Ibarra con un llamado al diálogo

Miles de indígenas de Cotacachi marcharon en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, para exigir al Gobierno una apertura inmediata al diálogo y respuestas concretas a sus demandas.

Los protestantes se movilizaron en una multitudinaria caravana por la E-35 y arribaron al Parque ‘Ciudad Blanca’, desde donde empezaron a marchar por las principales calles de Ibarra.

Estuvieron miembros de la UNORCAC, ChijalltaFICI y otras agrupaciones representativas de los pueblos y nacionalidades de Imbabura.

La movilización concluyó tras dos horas, pasadas las 14:00. Los indígenas volvieron a sus comunidades para continuar con la “resistencia”.

Un líder indígena informó que entregaron a las autoridades de la provincia un documento, en el que plantean sus necesidades y hacen un llamado al diálogo.

Entre las solicitudes de las comunidades, constan la liberación de los 12 detenidos en Otavalo tras quemar un destacamento policial, la eliminación del subsidio al diésel, entre otras propuestas.

Los indígenas aseguraron que esperan una respuesta lo más pronto posible, de lo contrario se movilizarán nuevamente a Quito.

Indígenas se retiran de Ibarra con un llamado al diálogo

Camarógrafo de Ecuavisa denuncia que fue agredido

Un periodista de Ecuavisa fue víctima de agresión policial en medio de la cobertura del paro nacional, este domingo 12 de octubre, en Quito. El asistente de cámara, Santiago Gil, fue uno de los cinco comunicadores agredidos, según reportó Fundamedios.

De acuerdo con la organización, denuncias verificadas señalan que miembros de la fuerza pública «habrían actuado de forma violenta y desproporcionada» contra trabajadores de la prensa, pese a estar debidamente identificados y cumpliendo su labor informativa.

Santiago Gil relató que fue golpeado por un agente policial y alcanzado por proyectiles de goma mientras intentaba proteger su equipo de trabajo.

“Le dije a la policía que soy de prensa, estoy con el dron y equipos. Me golpeó en la mano porque quería que suelte la maleta. Corrí y me disparó con esas de goma que me dieron en la cabeza y al costado”, relató el comunicador de Ecuavisa.

Camarógrafo de Ecuavisa denuncia que fue agredido


Conaie emite pronunciamiento

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, habló sobre las protestas registradas el pasado domingo en Quito.

El líder indígena aclaró que “nunca hubo intención de tomarse con violencia ni incendiar” a la capital de los ecuatorianos.

No obstante recalcó: “Quito no está aislado del país, los pueblos y nacionalidades formamos parte del pueblo quiteño y de la misma manera recibimos el cariño y la solidaridad de su gente como se demostró ayer”.

Cientos de personas protestaron el pasado domingo en el centro de la ciudad, lo cual provocó enfrentamientos con la Policía Nacional, así como agresiones a periodistas.

“Ese relato de la violencia es parte de una estrategia del Gobierno para justificar la represión, nuestra movilización fue totalmente pacífica, sin ningún brote de violencia”, acotó Vargas.

El líder indígena también se pronunció sobre el caso de dos jóvenes indígenas de Otavalo, a quienes militares habrían cortado sus trenzas de cabello, un símbolo que es parte indispensable de su identidad.

Vargas calificó ese acto como “racista” y aseguró que “refleja la persistencia de un Estado con rasgos coloniales”.

Finalmente, anunció que en los próximos días el movimiento indígena tomará “decisiones colectivas en defensa de la vida y la dignidad de nuestros pueblos”.

Pero avanzó que “desde hoy nuestras fuerzas se concentran también en una gran campaña nacional por el NO a la Consulta Popular” que plantea el presidente Daniel Noboa para llamar a una Asamblea Constituyente.


Organizaciones sociales anuncian protestas

Diversos grupos sociales anunciaron este lunes nuevas jornadas de protestas para esta semana en contra del Gobierno de Daniel Noboa.

Se trata del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Unión General de Trabajadores (UGTE) y el Frente Popular, quienes ejecutarán manifestaciones desde este lunes 13 de octubre.

En Quito la concentración será a las 15:00 en la Plaza Indoamérica cerca de la Universidad Central. Mientras que los protestantes en Guayaquil se reunirán a las 16:00 en el Parque Centenario.

Pero las movilizaciones no quedarán ahí, el miércoles 15 de octubre habrá otra protesta junto a grupos indígenas.

Mientras que el sábado 18 de octubre se llevará a cabo un congreso en defensa de la seguridad social en Guayaquil.

“El Gobierno no tiene una estrategia de diálogo, sino de guerra frente al pueblo y criminalización a la lucha social”, dijo Andrés Quishpe, presidente de la UNE.

Por su parte, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, indicó “el pueblo ecuatoriano le dice no a Noboa en las calles, pero también le dirá no en las urnas”.


Indígenas de Cotacachi protestan en Ibarra

Cientos de indígenas de Cotacachi se desplazaron a Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, para protestar en contra del Gobierno. En videos de redes sociales se observa que los protestantes arribaron en camionetas, cuyas placas estaban tapadas.

“Qué viva la resistencia indígena” y “viva el paro”, gritaban a su entrada a la ‘Ciudad Blanca’.

Los indígenas se desplazaron por las calles principales, hasta llegar a la Gobernación de Imbabura, ubicada en el centro de la urbe.

La Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) lidera la protesta, que ha provocado el cierre de negocios en Ibarra por temor a represalias.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que los indígenas salieron armados y con las placas de sus autos ocultas.

“200 vehículos con 1000 personas. Esto no se trata de una manifestación, es terrorismo”, acotó el funcionario.

Indígenas de Cotacachi protestan en Ibarra

13/10/2025 12:00
Convoy sale a Imbabura

Con un gran contingente policial y militar, el ministro del Interior, John Reimberg, junto a otras autoridades del Gobierno de Daniel Noboa, se dirige este lunes 13 de octubre de 2025 a Imbabura, epicentro del paro nacional liderado por la Conaie.

Reimberg indicó que el operativo tiene como objetivo abrir las vías bloqueadas por manifestantes en varios tramos y garantizar la llegada de atención y productos de primera necesidad a las comunidades afectadas.

“Cien vehículos forman parte del convoy humanitario”, precisó el ministro, quien agregó que se trata de una operación que tomará algunos días debido a la magnitud de la situación en la provincia.

En bloque integrado por 1.000 efectivos militares y policiales, organizado por el Bloque de Seguridad, se desplaza desde el aeropuerto de Tababela hacia Imbabura.

Asimismo, Reimberg enfatizó «vamos a usar la fuerza pública, para hacer una apertura total de vías, porque esto se acaba ya»

Convoy sale a Imbabura

Diálogo con las bases

El Gobierno de Ecuador destacó este lunes que mantiene un diálogo con las bases indígenas en medio del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) con carácter de nacional, pero que se ha concentrado en la provincia de Imbabura, y una zona del norte de la de Pichincha.

La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, aseveró en su rueda de prensa semanal que el «Gobierno está abierto al diálogo y está dialogando con las bases, con la base que está detrás de estos supuestos dirigentes».

Añadió que son esos acuerdos los que cuentan para la distribución de los recursos e incentivos sociales que está entregando el Gobierno a los sectores vulnerables, afectados por la eliminación del subsidio al diésel, una acción que la Conaie considera un mecanismo para dividir al sector indígena.

Nacionales

Un año del caso Malvinas: Familias esperan justicia tras contradicciones de los implicados

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Ha pasado un año y nadie sabe o se atreve a decir la verdad completa. Hay versiones a medias y versiones contradictorias. Ninguno de los cuatro chicos de Las Malvinas está aquí para contar cómo, después de un partido de fútbol entre amigos, la noche del 8 de diciembre de 2024, fueron detenidos por una patrulla militar en Guayaquil. Los militares los golpearon, los torturaron y los abandonaron a su suerte en un lugar rural de Taura, heridos y desnudos. Josué, Ismael, Nehemías y Steven no vivieron para contarlo, pero esto se demostró en las audiencias del caso “Malvinas”. Hay videos grabados por los propios militares que lo corroboran.

Tres semanas después de la desaparición, sus cuerpos fueron hallados: calcinados, cercenados, sin órganos. ¿Quién se hace responsable? Las familias piden justicia y ruegan para que ningún padre o madre tenga que vivir la angustia de la que han sido víctimas, mucho menos la indolencia del Estado que no les dio respuestas a tiempo.

Durante la primera semana de la desaparición, aunque los padres ya estaban en contacto con agentes de la Unase, para investigar el hecho, nadie les confirmó que los militares se habían llevado a sus hijos. Entre el 14 y el 17 de diciembre el caso saltó a la prensa: se hablaba de que sujetos vestidos de militares secuestraron a los chicos, lo que se confirmó por esos mismos días, cuando se filtraron los videos de las cámaras de seguridad, en las que se veía como los militares subían a Josué, Ismael, Nehemías y Steven a dos camionetas.

Mientras tanto, los militares implicados ya habían organizado un chat grupal al día siguiente para acordar una sola versión. En las audiencias, el sargento Nelson S. Z. indicó que el 10 de diciembre del 2024, dos días después de la desaparición, el subteniente John Henry Z. E., a cargo de las patrullas, contó que un general y tres coroneles le ordenaron borrar un video con agresiones “porque el caso sería todavía más polémico de lo que ya era”.

Para el 19 de diciembre, con toda la presión encima, FF.AA. emitió un comunicado en el que decía que colaboraría con todas las investigaciones. No reconocía que los militares se llevaron a los chicos. Para el 21 de diciembre, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, emitió un mensaje: responsabilizaba a grupos criminales de la desaparición y decía que querer responsabilizar a las FF.AA. por una supuesta desaparición forzada era hacerle el juego al crimen organizado.

$!Momento en que militares detienen a los niños de Las Malvinas.

DESAPARICIÓN FORZADA

Pero no era supuesta: fue una desaparición forzada y así lo determinó Fiscalía en su acusación. De hecho, el lunes 8 de diciembre, el Ministerio Público pidió 34 años de prisión para algunos de los 17 militares implicados.

Previamente, el soldado Álex Xavier Q. A., quien se sometió al procedimiento de cooperación eficaz, pidió disculpas a las familias de los chicos y aceptó haber encubierto información por temor a represalias de sus superiores.

No obstante, otros procesados mantienen la versión de que arrestaron a los chicos porque les proporcionaron información de que habían sido partícipes de un robo, y que no los agredieron y los liberaron sanos y salvos.

Con estas versiones a medias y contradictorias, dependerá del tribunal a cargo del caso, esclarecer la verdad en función de las pruebas presentadas. La Fiscalía no ha encontrado ningún indicio de que los menores hayan cometido un acto ilícito, según comentó Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas. Es más, Moisés L., uno de los cuatro soldados que cooperaron con la justicia, aseguró que un vendedor de agua les dijo que eran otras personas las que estaban asaltando.

En lo que coinciden todos los militares es que dejaron a los chicos, sanos o golpeados. Nadie sabe qué pasó después: hay una investigación a parte por ese caso y se presume que una banda los asesinó.

Ellos (los militares) sabían que era un sector de alta conflictividad inclusive en el juicio se mencionó a un reconocido Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), que opera en ese sector, por lo que el ‘sanos y salvos’ no se cumplió”, subrayó Aguirre al cuestionar que las patrullas dejaran abandonados a los chicos a su suerte en Taura.

$!Los cuatro niños de Las Malvinas.

LO QUE SALIÓ A LA LUZ EN EL JUICIO

Tras la conmoción que generó el caso, la primera defensa de los militares aseguraba en varias entrevistas que los implicados colaboraron desde el principio de las investigaciones. Sin embargo, el proceso judicial ha evidenciado lo contrario.

Por ejemplo, un oficial ordenó a los soldados que eliminaran videos comprometedores, pero uno de ellos ya había enviado un clip a su hermana porque “las cosas se estaban saliendo de control”. Ese material luego se convirtió en una de las piezas clave, ya que en el video se escuchan frases como “ya llegamos al lugar donde van a morir” o “agradece que no te disparo”.

Así mismo, los 16 implicados tenían un chat para coordinar su defensa e incluso hubo discordia entre los integrantes del grupo por la información que iban a dar en primera instancia. Durante el juicio el soldado Christian A., el último cooperador eficaz que rindió versión, también contó que todos “acordaron lo que iban a decir” a tal punto que su primera versión escrita fue “copia y pega” del texto de otro compañero, cambiando solo un “par de palabras”. Esto bajo el argumento del “espíritu de cuerpo”.

No obstante, otro grupo de procesados han rechazado este tipo de acusaciones. El subteniente John Henry Z. E., principal señalado como presunto autor de desaparición forzada, aseguró que los colabores de Fiscalía fabricaron historias para obtener beneficios penitenciarios. Además, rechazó que haya ejecutado agresiones y disparos, indicando que todas las municiones se entregaron sin faltantes.

En su testimonio también señaló a los miembros de bandas criminales como los responsables de la desaparición y asesinato de lo cuatro menores. “Señor fiscal, por qué no se investiga. Los verdaderos responsables siguen afuera, quizás riéndose de lo sucedido”, acotó.

Él y al menos otros cuatro uniformados también coinciden en que el objetivo inicial era llevar a las víctimas a una UPC de Virgen de Fátima, pero en el camino se desviaron tras una alerta de desmanes en un night club. Por otro lado, los cooperadores han manifestado que no sabían el destino exacto o incluso que el subteniente quería llevarlos a una fosa, algo que él ha negado.

$!Reconstrucción de los hechos.

ERROR DE PROCEDIMIENTO

Independientemente de las versiones irreconciliables de cada grupo de militares implicados, el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, explica que hay un evidente error de procedimiento por parte de la patrulla.

“Tenían que haber esperado en el lugar hasta que lleguen agentes policiales porque ellos son los que deben detener a las personas en un acto delictivo, esa no es función de los militares, es un trabajo complementario con la Policía”, indicó el exfuncionario.

Agrega que el concepto de espíritu de cuerpo, que algunos implicados nombraron en sus testimonios, se ha “distorsionado” porque originalmente se refiere a ayudarse entre soldados en situaciones de peligro, pero eso no quiere decir que ante una irregularidad se trate de construir una historia o decir mentiras.

Sobre el argumento de los acusados de que no podían desacatar órdenes de su superior, en este caso del subteniente, líder de la patrulla, Wagner Bravo aclara que las jerarquías funcionan en el marco de una orden militar para un trabajo profesional.

“Pero en el caso de una inconducta, ahora con aspecto legal, ellos sí podrían haber dicho: ‘Mi subteniente, no creo que esté bien porque estamos cometiendo una inconducta’. Inclusive eso también es espíritu de cuerpo, decir: ‘Oigan, no está bien’ y, si no me hacen caso porque soy de menor rango, por lo menos queda la constancia de que expresé mi postura”.

Bravo reconoce que el caso Malvinas sí ha golpeado la imagen de las Fuerzas Armadas y la institución debe tomarlo como una lección para fortalecer la preparación de soldados tanto a nivel táctico como en la parte legal de las normas que los rigen.

$!Reconstrucción de los hechos.

LAS CONTRADICCIONES DEL GOBIERNO

En diciembre del 2024, cuando se conoció la desaparición de los cuatro menores de Guayaquil, las principales autoridades emitieron declaraciones confusas. Por un lado, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, manifestó que las víctimas fueron detenidas porque “estaban presuntamente robándole a una mujer”. Mientras que el presidente Daniel Noboa dijo que “no se va a encubrir a nadie” e incluso sugirió “que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales”.

En enero del 2025, Loffredo fue obligado por una jueza a pedir disculpas públicas en cadena nacional, pero en su mensaje también advirtió que llegará “hasta las últimas consecuencias” para que la magistrada sea sancionada. Además, dijo que se estaba usando “una narrativa de derechos humanos como instrumento de persecución política”.

Tras estas y otras breves declaraciones de Loffredo bajo la misma narrativa, el Gobierno no volvió a pronunciarse sobre el caso. Incluso ahora que cuatro militares han pedido disculpas y reconocido irregularidades en la captura de los menores, las autoridades han mantenido un absoluto silencio. Vistazo pidió una reacción al Ministerio de Defensa, pero hasta el cierre de esta nota no ha existido una respuesta.

Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa, considera que desde el Gobierno se trató de “defender lo indefendible y un año después nos damos cuenta que hubo un mal protocolo, que terminó con la muerte de los niños”, aunque aún no se ha determinado quién ordenó el asesinato, ya que todos los militares han insistido en no conocer detalles de lo que sucedió después del abandonarlos.

Califica la actitud del ministro Loffredo como “desafiante”, cuando más bien cabía unas disculpas y acciones concretas para evitar la repetición de este tipo de hechos.

“Hasta ahora no hay claridad sobre los correctivos que se han tomado, si es que se está trabajando en manuales o reforzando el entrenamiento. Un año después esa es la gran deuda”.

Asimismo, Pinto cree que el caso deja en evidencia que “no es una buena idea” que los militares intervengan en temas de seguridad pública “porque las consecuencias pueden ser graves tanto para los ciudadanos como para la propia institución”. Por ello, indica que las intervenciones militares deben ser en temas específicos, que respondan al entrenamiento que han recibido.

$!Disculpas públicas del ministro de Defensa.

GARANTÍA DE NO REPETICIÓN

Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas e integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), señaló que desde el Gobierno recibieron comentarios “lacerantes, estigmatizantes y peyorativos”.

Además, recordó que la exministra del Interior, Mónica Palencia y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredoapelaron el habeas corpus con el que una jueza dispuso que el caso sea tratado como desaparición forzada, logrando que se revoque la sentencia.

Ante estas actitudes, la defensa ha interpuesto una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional en contra del tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que revocó el habeas corpus.

Aguirre comentó que el objetivo no solo es poner en evidencia la actitud de la Corte, sino también que los Ministerios del Interior y Defensa asuman su responsabilidad. “Queremos una garantía de no repetición”.

Mientras tanto, en Quito se lleva a cabo una segunda investigación por el presunto delito de secuestro con resultado de muerte, la cual determinará a los autores materiales e intelectuales del asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas.

Las indagaciones aún siguen en reserva y se desconoce detalles tras casi un año de la desaparición. No obstante, Aguirre avanzó que los militares también podrían ser procesados en esta causa “al ser servidores públicos que debían precautelar por la seguridad de las víctimas, teniendo en cuenta que eran de un grupo prioritario”.

Durante el proceso judicial un hombre, identificado como Luigi V., aseguró en una primera versión que alias ‘Momo’, un líder local de la banda criminal ‘Los Lobos’, que opera en Taura, dio la orden para asesinar a los menores e incluso especificó los apodos de emisarios del cabecilla delictivo.

Sin embargo, el presunto testigo desapareció y no rindió testimonio anticipado, aunque la investigación policial iría encaminada en una teoría similar. En la doceava sesión del juicio, el mayor de Policía, Edwin Sánchez, expuso el contenido de su informe preliminar, de diciembre del 2024, en el que señaló a ‘Momo’ y otros dos integrantes de ‘Las Águilas’ como presuntos autores materiales del crimen.

De hecho, en el celular de ‘Momo’, explotado en el marco de un proceso por el delito de tenencia y tráfico de armas por el cual fue recapturado en marzo del 2025, se encontró una foto de un hombre con un supuesto uniforme junto a una persona sin camiseta y en pantaloneta. También, se conoció que el criminal estaba pendiente del caso Malvinas, ya que tenía publicaciones de medios de comunicación sobre el tema. Fuente: Vistazo

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Nacionales

Lundin Gold lidera el sector minero e ingresa por primera vez al top 100 de reputación corporativa de MERCO en el Ecuador

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Lundin Gold, empresa canadiense operadora de Fruta del Norte, ingresó por primera vez al top 100 del ranking Merco de empresas con mejor reputación del Ecuador en su primera década de presencia en el país. Además, alcanzó el primer lugar en el sector minero, un doble hito que consolida su liderazgo en la industria y evidencia la madurez de un modelo de gestión alineado con estándares de transparencia, responsabilidad y excelencia. Merco evalúa, a través de una rigurosa metodología, la percepción de líderes empresariales, analistas, periodistas especializados, academia, ONG, consumidores y otros grupos de interés, lo que refuerza la legitimidad y alcance de este resultado.

“Figurar en el top 100 de este ranking con solo seis años de operaciones en el país es un logro especialmente significativo considerando el modelo Business to Business de nuestro giro de negocio. Este resultado en Ecuador es reflejo de nuestra sólida Estrategia de Sostenibilidad y de los impactos positivos que ha generado de manera consistente a lo largo de los años. Esta Estrategia está construida sobre una serie de alianzas que permite que nuestros grupos de interés conozcan a fondo la forma en la que trabajamos.”, señaló Juan José Herrera, director de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold.

La presencia de Lundin Gold en este reconocido monitor internacional demuestra la coherencia entre su desempeño operacional, su filosofía corporativa y su Estrategia de Sostenibilidad.

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Nacionales

“Defensa jurídica desmonta denuncias y advierte: la remoción de concejales en Morona carece de sustento legal”

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Morona, Santiago — En una entrevista en un medio digital de Macas, la abogada Mónica Jaramillo, especialista en derecho electoral y defensa técnica de autoridades locales, informó a la ciudadanía sobre el proceso de remoción que enfrentan la vicealcaldesa y tres concejales del cantón Morona. El caso, activado a partir de denuncias ciudadanas y una acusación de supuesta arrogación de funciones en territorio perteneciente al cantón Sevilla Don Bosco, ha generado amplias reacciones en la provincia.

Según explicó la abogada Jaramillo, las denuncias que buscan la remoción de las autoridades municipales no fueron presentadas por el exconsejero destituido Juan Escobar Guarderas, como se ha difundido públicamente, sino por Jorge Paucar Heredia y por el GAD Municipal de Sevilla Don Bosco, en tres acciones distintas:

  • Una contra los tres concejales.

  • Otra contra la vicealcaldesa y los concejales.

  • Y una tercera exclusivamente contra la vicealcaldesa.

El eje de las denuncias se basa en varias resoluciones adoptadas por el Concejo Municipal en noviembre de 2025, entre ellas, las resoluciones 9.16, 9.20 y 9.27— relacionadas con cupos y regulación de taxis en el cantón Morona.

Un proceso con tintes políticos y vicios de procedimiento

La defensa sostiene que el proceso presenta vicios sustanciales, especialmente en la convocatoria a la Comisión de Mesa, las excusas presentadas, la principalización de vocales, y elementos de procedimiento que son obligatorios conforme al artículo 336 del COTAD.

Jaramillo recordó que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha sido claro en varias absoluciones de consulta entre 2023 y 2025: la mayoría de procesos de remoción en el país no han prosperado por fallas procedimentales y por su evidente carácter político.

“Macas es la nueva víctima de una narrativa de conmoción”

La abogada cuestionó la presencia en el cantón del exconsejero Guarderas, a quien señaló por “vender humo” y generar una narrativa que confunde a la ciudadanía, sin tener legitimidad ni participación formal en las denuncias.

“Una persona que no pertenece al cantón ni eligió a las autoridades no puede venir a imponer una agenda política. La remoción debe basarse en hechos verificables, no en espectáculos mediáticos”, afirmó.

Requisitos para la remoción y votación necesaria

Jaramillo precisó que la remoción no es lo mismo que una destitución y que únicamente puede concretarse mediante:

  • Una denuncia ciudadana debidamente fundamentada y reconocida ante notario.

  • La tramitación del proceso por parte de la Secretaría del Concejo Municipal y la Comisión de Mesa.

  • La votación del Concejo Municipal, que requiere las dos terceras partes, es decir, cuatro votos.

En caso de que el Concejo apruebe la remoción, la abogada informó que se recurrirá al Tribunal Contencioso Electoral para solicitar una absolución de consulta, mecanismo que ha revertido múltiples decisiones en el país por incumplir garantías y solemnidades legales.

Expectativa jurídica

“Honesta y jurídicamente esperamos que estas denuncias no pasen de la Comisión de Mesa y sean archivadas. Si llegaran al pleno, sustentaremos con pruebas que no existe incumplimiento de funciones”, declaró.

Llamado a la ciudadanía

Para finalizar, Jaramillo exhortó a la comunidad a informarse con rigor jurídico y a no permitir que intereses externos afecten la institucionalidad del cantón:

“La remoción es un mecanismo ciudadano que debe ejercerse con legitimidad, fundamentos técnicos y responsabilidad democrática. Cuando hay tintes políticos y no bases jurídicas, estos procesos no prosperan y solo generan inestabilidad en la gestión pública.”

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