Nacionales
Caso Malvinas: Fiscalía acusa a 16 militares como autores directos de desaparición forzada
La Fiscalía acusó este martes siete de octubre del 2025 a 16 militares como autores directos y un coronel, como cómplice, del delito de desaparición forzada de los cuatro menores de edad de Las Malvinas en Guayaquil.
Esta mañana se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Malvinas de manera telemática. El Ministerio Público continuó con la presentación de su dictamen acusatorio.
Durante su exposición de los hechos, el fiscal Christian Farez expuso el trayecto que siguieron los militares aquel 8 de diciembre, cuando Josué, Ismael, Nehemías y Steven fueron detenidos por una patrulla militar cerca de un centro comercial de Guayaquil.
Posteriormente, los uniformados los llevaron en camionetas hasta la parroquia Taura, del cantón Naranjal, donde días después fueron hallados sin vida y calcinados.
El fiscal comentó que los menores sufrieron varias agresiones por parte de los militares en el trayecto hasta Taura. Por ejemplo, Ismael Arroyo, de 15 años, habría recibido un golpe de forma ‘brusca’ por parte de un soldado, lo que le generó un trauma a nivel frontal de la cabeza.
Mientras que otro militar se habría puesto a boxear con una de las víctimas. También hubo agresiones con una correa y hasta un disparo atemorizante para que uno de los menores se quite la ropa.
Tras presentar la cronología de los hechos y las pruebas, el fiscal acusó a los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) como autores directos de la desaparición forzada. En cambio, un coronel es señalado como cómplice.
El Ministerio Público seguirá con su presentación del dictamen acusatorio en el transcurso de esta tarde y se espera que los abogados de los uniformados también intervengan. Posteriormente, el juez deberá decidir si llama o no a juicio a los implicados.
TESTIGO CUESTIONADO
La audiencia se desarrolla en medio de cuestionamientos por parte del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), entidad que lidera la defensa de las familias de las víctimas.
La organización ha alertado sobre estrategias de dilatación del proceso judicial por parte de las defensas de los militares. De hecho, la diligencia de llamamiento a juicio se ha postergado múltiples veces por recursos de los abogados de los soldados.
Asimismo, el CDH informó el pasado lunes que un testigo implicado en el caso aseguró que lo presionaron para culpar de la muerte de los menores a bandas criminales.
Y es que, inicialmente, el testigo narró que Bryan A., alias ‘Momo’, habría ordenado a sus compañeros criminales que quemaran a las víctimas en un manglar.
Sin embargo, el CDH relató que “el 9 de septiembre de 2025, el testigo declaró ante la UNIDOT que su domicilio había sido allanado en la madrugada del 21 de diciembre de 2024, que fue detenido y torturado, y que personal militar lo obligó bajo amenazas de muerte a afirmar que bandas criminales se habían llevado a los niños”.
El testigo agregó que “desconocía los hechos y a los responsables, y que fue el personal militar quien le suministró los nombres y apellidos de los supuestos presuntos responsables”.
Alias ‘Momo’ fue detenido el pasado mes de marzo en el cantón Yaguachi y, actualmente, permanece detenido en una cárcel de Guayaquil. Sin embargo, se desconoce si ya rindió versión sobre el caso Malvinas.
De hecho, la Fiscalía tiene una segunda investigación por el delito de secuestro con resultado de muerte para determinar lo que sucedió luego de que los cuatro menores fueron dejados en libertad por militares en Taura, pero las pericias se mantienen en reserva. Fuente: Vistazo
Nacionales
Inutilizan pista clandestina de 1.500 metros en Colimes que habría sido usada para vuelos vinculados al narcotráfico
La Policía Nacional, con apoyo de personal especializado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), inutilizó una pista clandestina localizada en el sector El Cacao, en el cantón Colimes (Guayas), que presuntamente podía ser utilizada para operaciones relacionadas con el transporte aéreo de drogas.
Según la información proporcionada por las autoridades, la pista tenía aproximadamente 1.500 metros de longitud y 15 metros de ancho, características que permitían el aterrizaje de aeronaves.
El hallazgo fue posible gracias a las labores desarrolladas por el Grupo de Operaciones de Inteligencia Aérea, que identificó la infraestructura y posteriormente confirmó sus características.
Una vez establecida su ubicación, equipos de la Policía y la FAE ejecutaron acciones para impedir que volviera a ser utilizada.
Para ello se realizaron detonaciones controladas y se colocaron montículos de tierra aproximadamente cada 200 metros a lo largo de la pista.
Auge del narcotráfico en Ecuador
Las autoridades presumen que la infraestructura podía estar relacionada con actividades de organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
La Policía señaló que este tipo de intervenciones forman parte de las operaciones permanentes destinadas a detectar y neutralizar infraestructura que pueda ser aprovechada por estructuras criminales.
Ecuador se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de tránsito internacional de droga, afectado por su ubicación entre Colombia y Perú, la actividad de sus puertos y la economía dolarizada.
Nacionales
Caso «La Reina»: Fiscalía pone bajo la lupa movimientos financieros de funcionaria de Aquiles Alvarez
La Fiscalía General del Estado investiga un presunto entramado familiar de lavado de activos en el denominado Caso ‘La Reina’, una causa que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., quienes permanecen en prisión preventiva.
Según la información expuesta por Fiscalía, durante ese periodo se identificó el ingreso de USD 1.293.016,29 al Sistema Financiero Nacional, además de USD 683.894,42 correspondientes a movimientos entre cuentas.
El Ministerio Público busca determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si fueron incorporados al sistema financiero mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia.
Una brecha entre lo declarado y lo registrado en cuentas
Uno de los elementos que analiza la investigación es la diferencia entre los ingresos reportados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los valores registrados en cuentas del Sistema Financiero Nacional.
Los datos analizados muestran que la brecha comenzó a ampliarse especialmente desde 2022. Ese año, los ingresos declarados ante el SRI sumaron USD 33.039, mientras que los movimientos registrados como ingresos en el sistema financiero alcanzaron USD 376.525.
En 2023 se registró la diferencia más significativa de la serie analizada: frente a USD 40.488 declarados al SRI, las cuentas registraron ingresos por USD 440.781.
Aunque los valores disminuyeron posteriormente, la diferencia se mantuvo. En 2024 fueron USD 51.922 declarados frente a USD 182.267 registrados en el sistema financiero; mientras que en 2025 la relación fue de USD 30.071 frente a USD 224.853.
El vínculo con el Municipio de Guayaquil
La investigación también pone atención en la actividad de Navila D. B., quien ingresó al Municipio de Guayaquil en 2023, luego de la creación de la Dirección de Eventos Especiales, dependencia en la que habría trabajado.
A partir de ese periodo, según el análisis financiero incorporado a la causa, se observa un incremento en los movimientos económicos relacionados con los tres hermanos.
Fiscalía investiga además un presunto flujo de recursos que habría llegado a Navila D. B. a través de Ternape Petroleum S. A., empresa que estaría relacionada con Aquiles A. H., de acuerdo con los elementos expuestos en la investigación.
Los hermanos David y Farid D. B., por su parte, son señalados como personas que habrían movilizado e inyectado recursos cuya procedencia es actualmente objeto de investigación.
Además del presunto lavado de activos, el Ministerio Público analiza posibles elementos relacionados con defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
Órdenes de prisión
El caso tomó un nuevo impulso el 5 de agosto de 2026, cuando Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de varios allanamientos, incautaciones y retenciones de vehículos.
Durante ese operativo, Navila D. B. no fue localizada.
En cambio, David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. fueron detenidos y posteriormente llevados ante la justicia. En la audiencia correspondiente, un juez dictó prisión preventiva para ambos mientras avanza la investigación.
El juez Sebastián Cornejo, el nuevo magistrado a cargo del caso Goleada, resolvió la noche del domingo 23 de agosto de 2026 declarar la nulidad de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Goleada. El caso, que se tramita en la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, investiga un presunto lavado de activos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia.
La decisión se tomó apenas horas después de que Cornejo suspendiera la continuación de dicha audiencia, prevista para este lunes 24 de agosto, por conflictos en su agenda. Este juez asumió la causa después de la suspensión del juez Jairo García, por «manifiesta negligencia» en otro caso.
Esta resolución añade una nueva postergación a un proceso que ya acumula 193 días (seis meses y 12 días) estancado en esta misma etapa procesal. Fuente: Primicias
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