A las puertas de que se reinstale la audiencia preparatoria de juicio en contra de los 17 militares acusados de desaparición forzada, en el caso Malvinas, el Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) elevó cuestionamientos con respecto a la versión de un testigo sobre la muerte de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11.

Los cuerpos de los niños, que presuntamente estuvieron involucrados en un asalto en el sur de la ciudad de Guayaquil minutos antes de que fueran detenidos por una patrulla militar, el pasado 8 de diciembre, aparecieron calcinados días después en la parroquia rural de Taura, situada en la provincia de Guayas, a más de 30 kilómetros del barrio «Las Malvinas», ubicado en la urbe portuaria, en donde vivían.

«El mismo día que los hechos se hicieron públicos y la ciudadanía y la comunidad internacional exigieron investigación (21 de diciembre), un testigo acudió a la Fiscalía en horas de la noche para dar su versión libre y voluntaria en compañía de agentes estatales. En dicha versión, el testigo señaló que bandas del crimen organizado se habían llevado a los niños, dando la orden de quemarlos y arrojar sus cuerpos al río. Todo esto lo supo mientras se encontraba en un bar», informó el CDH en un comunicado difundido por redes sociales, este lunes.

A partir de dicho testimonio, el Ministerio Público puso en marcha una investigación paralela a la de desaparición forzada, que abarcaba en cambio la figura de secuestro con resultado de muerte y fue desarrollada por la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT) en Quito.

«El 9 de septiembre de 2025, el testigo declaró ante la UNIDOT que su domicilio había sido allanado en la madrugada del 21 de diciembre de 2024, que fue detenido y torturado, y que personal militar lo obligó bajo amenazas de muerte a afirmar que bandas criminales se habían llevado a los niños. Aclaró que desconocía los hechos y a los responsables, y que fue el personal militar quien le suministró los nombres y apellidos de los supuestos presuntos responsables, coaccionándolo para dar esa versión inicial en Guayaquil (la del 21 de diciembre)», afirmó la organización.

El CDH acotó que «siempre cuestionó» el testimonio otorgado a la Fiscalía en diciembre del año pasado, en el que se refería la participación de supuestos miembros de bandas de crimen organizado, por la «falta de coherencia entre horas y fechas». En adición, pidió a la Fiscalía considerar todas las líneas de investigación al revisar el caso.

Los abogados de los uniformados, que forman parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, intentaron que a mediados de junio de este año se les conceda amparo bajo la Ley de Solidaridad Nacional, dada de baja el pasado 26 de septiembre por la Corte Constitucional, que eximía de prisión preventiva a elementos de la Fuerza Pública procesados por acciones acontecidas en el marco del denominado «conflicto armado interno» en contra del crimen organizado, declarado por el mandatario Daniel Noboa en enero del 2024.

Al ser procesados, los militares que participaron en la detención aseguraron que dejaron a los menores con vida en dicha zona. No obstante, en un segunda reconstrucción de los hechos, tres de ellos revelaron que los niños fueron golpeados y humillados repetidamente bajo custodia.

De acuerdo a la investigación, luego de ser abandonados por el contingente en Taura, aproximadamente a la medianoche, los menores realizaron una llamada a sus padres desde el hogar de un ciudadano a quien le pidieron ayuda. Es a partir de ese momento que se pierde el rastro de lo que ocurrió hasta el hallazgo de los cadáveres.