Nacionales
Conaie niega acercamientos con el Gobierno y afirma que ‘el paro sigue’
El paro nacional en Ecuador, convocado por la Conaie, cumple su noveno día en medio de tensiones entre el Gobierno y manifestantes. Si bien ninguno de los dos bandos ha cedido, ya se han registrado reuniones en Ibarra.
A diferencia de la semana pasada, cuando las protestas se concentraban solo en Imbabura, desde este martes 30 de septiembre hay más bloqueos en la Sierra ecuatoriana debido a que otros movimientos indígenas se han sumado a las manifestaciones tras la muerte de Efraín Fuerez en Cotacachi.
El ECU 911 reporta múltiples vías cerradas en las provincias de Azuay, Cañar, Chimborazo, Imbabura y Pichincha.
No obstante, el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, informó que desde el fin de semana pasado ya se han registrado reuniones entre campesinos e indígenas con el Gobierno. Por lo que se espera algún acuerdo en las próximas horas o días.
DETALLES MINUTO A MINUTO
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), negó este martes haber tenido algún acercamiento con el Gobierno del presidente Daniel Noboa para frenar las protestas por la eliminación del subsidio al diésel.
«Nosotros no tenemos ningún acercamiento. No hemos conversado. Mientras no nos autoricen las bases, todas las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador nos mantenemos firmes«, aseguró Vargas ante la Asamblea Nacional (Parlamento) a donde llegó para intervenir ante una comisión que fiscalizará los presuntos abusos y vulneraciones de derechos humanos cometidos en las manifestaciones sociales.
Más temprano, Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas indígenas, aseguró -en una entrevista con el canal Teleamazonas- que hubo ya un primer acercamiento entre dirigentes indígenas y campesinos con el Gobierno de Noboa.
«Seguimos todavía con las carreteras cerradas a pesar de que ayer (lunes) hubo ya un inicio de un diálogo frontal y formal entre representantes del Gobierno nacional y los sectores campesinos indígenas», detalló Castillo.
Sin embargo, Marlon Vargas reiteró: «El paro nacional fue una decisión colectiva. Mientras las nacionalidades no me den disposición, el paro sigue, la movilización sigue a nivel nacional», reiteró Vargas.
Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), ofreció su respaldo y el de su organización a los manifestantes que han salido a protestar en las últimas semanas en contra del Gobierno de Daniel Noboa.
“Si requieren abogados, aquí estamos, si requieren alimentación, aquí estamos, y para lo que se requiera estaremos con ustedes en la lucha pacífica del pueblo”, aseguró la excandidata presidencial este martes 30 de septiembre.
Lea más detalles aquí: Luisa González y el correísmo apoyan el paro nacional: ‘Si requieren abogados o alimentación, aquí estamos’
La Gobernación de Imbabura informó que participará en un espacio de diálogo la tarde de este martes 30 de septiembre a las 16:00 en la Universidad Técnica del Norte (UTN) en el marco del paro nacional convocado por la Conaie.
“Aceptamos con agrado esta convocatoria, reconociendo la importancia de construir puentes entre la academia, las autoridades y la ciudadanía para abordar de manera conjunta los desafíos que enfrenta nuestra provincia”, escribió la institución en un comunicado.
Además, invitó a toda la población de Imbabura para que se sume a este encuentro. “Consideramos fundamental que la voz de la ciudadanía sea escuchada y forme parte activa en estos espacios de reflexión y construcción colectiva”, manifestó la entidad.
El anuncio llega luego de que el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, informó que desde el fin de semana pasado ya se han registrado reuniones entre campesinos e indígenas con el Gobierno.
Asimismo, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) había expresado en un comunicado su compromiso «con el diálogo intercultural, libre y de buena fe». Se espera que esta organización forme parte de la mesa de diálogo.
En el marco del paro nacional, convocado por la Conaie, el ECU 911 informó que una mujer de 39 años, con complicaciones graves en su embarazo, fue trasladada vía aérea desde Ibarra hasta Quito en el helicóptero de Bomberos Quito.
El viaje fue posible gracias a la coordinación del servicio de emergencias y el apoyo del contingente humano y técnico del Ministerio de Salud (MSP).
Por su parte el MSP indicó que la mujer estaba internada en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra y fue llevada al Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora en la capital ecuatoriana.
“Atendimos de forma adecuada a una paciente con embarazo gemelar de 28.5 semanas de alto riesgo, de esta manera se asegura el acceso a la atención especializada que la ciudadanía requiere”, apuntó la cartera de Estado.
Mientras que los Bomberos Quito resaltaron que con su helicóptero y trabajo en equipo, “hicimos posible que la mamita llegue en condiciones seguras”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó preocupación por la violencia en las protestas que han dejado un fallecido y decenas de heridos en Ecuador, convocadas por los distintos movimientos indígenas contra el presidente Daniel Noboa, y llamó al diálogo.
Guterres «está profundamente preocupado por la violencia en las recientes protestas en Ecuador, que han resultado en la muerte de un manifestante», dijo su portavoz, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria, que reivindicó el respeto a los derechos humanos y la protección del espacio cívico.
El jefe de la organización internacional instó «a todos los actores a abstenerse de cualquier forma de violencia» y reiteró «la importancia de resolver las disputas a través del diálogo inclusivo», agregó su portavoz.
Ecuador atraviesa su segunda semana de protestas, surgidas por la decisión del presidente Noboa de eliminar el subsidio al diésel, lo que hizo que este combustible pasase de un momento a otro de costar 1,80 a más de 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
Indígenas del pueblo Kichwa Karanki caminaron nuevamente por las calles de Ibarra en lo que denominaron ‘Marcha del campo y la ciudad’.
Cientos de ciudadanos bajaron desde los sectores de La Esperanza y Zuleta, zonas rurales de Ibarra, hasta los principales barrios de la ‘Ciudad Blanca’.
Luego, se dirigieron a la Gobernación de Imbabura para exigir que sus pedidos sean atendidos.
Sin embargo, durante la manifestación también se escucharon agresiones contra la prensa con frases como la siguiente: “fuera prensa pautada”.
En esta misma zona el pasado lunes, el periodista Fausto Yepez, de la cadena Teleamazonas, fue agredido con piedras mientras realizaba una cobertura en el puente de Rumipamba.
Una delegación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) estuvo en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional para relatar la “represión brutal, abusos y graves violaciones de DDHH en el marco del paro nacional”.
“No declinaremos nuestra lucha, es inclaudicable”, aseguró Marlon Vargas Santi, presidente de la Conaie, al ratificar que continuará el paro hasta que el Gobierno de Daniel Noboa escuche sus exigencias.
El líder indígena pidió a la mesa legislativa que se inicien juicios políticos en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el ministro del Interior, Jhon Reimberg, quienes “tendrán que responder ante la ley y los tratados internacionales”.
Vargas también exigió liberar inmediatamente a los detenidos durante el paro nacional “porque nuestros jóvenes no son terroristas, no son vandálicos” e incluso aseguró que “hay compañeros que sufren epilepsia y si algo pasa es responsabilidad del Gobierno”.
Agregó que la Conaie no solo está en contra de la eliminación del subsidio al diésel, sino también de otras medidas como la apertura del catastro minero y la ampliación de las zonas de explotación petrolera.
“Señor presidente ya deja de ser obediente al Fondo Monetario Internacional (FMI). En vez de proponernos bala, fortalezca los servicios, dale al pueblo ecuatoriano la educación digna, la salud, porque en los hospitales no hay medicina”, apuntó Vargas.
Finalmente, reiteró que “la Conaie sigue en pie de lucha porque somos dignos”.
El Ministerio de Ambiente y Energía presentó una denuncia en Fiscalía por presunta suspensión del servicio de agua potable en Ibarra.
La cartera de Estado informó que el hecho ocurrió el pasado 28 de septiembre de 2025, cuando “un grupo de personas rompió de forma intencional una tubería del sistema de distribución de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra, provocando la interrupción masiva del servicio y afectando a miles de familias”.
Por ello, interpuso una denuncia por el presunto delito de paralización de servicio público, tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“La denuncia presentada busca proteger a la comunidad, salvaguardar los servicios básicos y reafirmar el compromiso del Gobierno Nacional de garantizar el derecho al líquido vital, en todos los rincones del país”, aseguró el ministerio en un comunicado.
En redes sociales se había viralizado un video en el que un grupo de manifestantes rompe tuberías en el sector del puente de Rumipamba e incluso impidieron que la Empresa de Agua Potable (EMAPA) acomode las tuberías.
Sin embargo, EMAPA informó el pasado lunes que luego de un diálogo con los manifestantes, logró reparar la tubería en Rumipamba y que se normalizó el servicio en los sectores afectados.
La Conaie denunció un «nuevo ataque militar» en la comunidad de Huaycopungo en Otavalo, provincia de Imbabura.
«El asedio dentro de las comunidades continúa, poniendo en grave riesgo la vida de nuestros pueblos», aseguró la organización.
Álvaro Castillo, alcalde de la Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas indígenas contra el alza del diésel, confirmó este martes un primer acercamiento entre dirigentes indígenas y campesinos con el Gobierno de Daniel Noboa.
«Seguimos todavía con las carreteras cerradas a pesar de que ayer hubo ya un inicio de un diálogo frontal y formal entre representantes del Gobierno nacional y los sectores campesinos indígenas», dijo en el canal Teleamazonas.
El alcalde expresó su esperanza de que «en las próximas horas se llegue a acuerdos definitivos y podamos ya trabajar y movernos con normalidad».
El burgomaestre relató que el pasado sábado pidió que se convoque el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), algo que ocurrió el domingo donde puso a disposición la municipalidad para «servir de puente entre los dirigentes del sector indígena, campesino y el Gobierno nacional».
Tras ello, el lunes «pudieron sentarse más de ciento y piquillo de dirigentes con varios ministros de Estado a empezar a dialogar sobre las posiciones de un lado y del otro», reveló.
Castillo comentó que el pasado sábado se reunieron en su domicilio un dirigente de la Federación Indígena-Campesina y representantes del Gobierno, de la Policía y el Ejército.
Mientras que el domingo se concretó el encuentro entre la Ministra de Gobierno, Zaida Rovira, el asesor de la Presidencia, Fausto Jarrín, y otros delegados del Ejecutivo, con «más de cien representantes de los cinco pueblos y nacionalidades que están asentados en la provincia de Imbabura», dijo.
En la segunda semana del paro nacional convocado por el movimiento indígena contra el presidente Daniel Noboa, cuatro militares fueron liberados la noche de este lunes 29 de septiembre, tras haber permanecido retenidos en la provincia de Imbabura. Las Fuerzas Armadas presentaron una denuncia por el secuestro de uniformados.
Los soldados habían sido capturados el domingo 28 de septiembre, tras un enfrentamiento con manifestantes que dejó como saldo la primera víctima mortal de las protestas: Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha (Cotacachi).
Anoche fueron entregados en la unidad policial de Cotacachi, con signos de haber sido golpeados y vestidos de civil, los militares: el soldado de reserva Darío Javier Banguera Angulo, el soldado de reserva Anderson Fernando Bravo Montesdeoca, el sargento Roberth Max Montaño Salazar y el cabo Franklin Geovanny Gunsha Pasmay.
Por otra parte, las Fuerzas Armadas informaron este martes 30 de septiembre que presentaron una denuncia formal por el delito de secuestro de personal militar.
En la provincia de Cañar, habitantes cerraron dos tramos de la vía Durán–Tambo. En uno de los puntos colocaron una volqueta y montículos de tierra para impedir el paso de vehículos, mientras que en otro encendieron neumáticos.
Esta carretera es una ruta clave que conecta a las provincias de Azuay, Cañar y Guayas.
Con una mezcla de dolor y rabia, María Lucila Guitarra exige justicia. «No somos terroristas», clama la viuda y asegura que su marido fue asesinado en medio de la represión militar de las protestas indígenas contra el gobierno de Ecuador.
Efraín Fuerez falleció el domingo por «tres impactos de bala» de las Fuerzas Armadas, según denuncias de la principal organización de pueblos originarios (Conaie) y una ONG de derechos humanos. La Fiscalía investiga la muerte del hombre de 46 años.
«Señor (Daniel) Noboa, no somos terroristas y en esta ocasión me quitaron a mi esposo, a mi sustento y me dejaron en esta situación. Mis hijos están destrozados», dijo Guitarra a la AFP, desde su vivienda en Imbabura.
El sector de Tabacundo, en el límite provincial entre Imbabura y Pichincha, está paralizado debido a las manifestaciones de las organizaciones sociales.
Cientos de personas se han visto obligadas a buscar otras formas de transporte para poder llegar a sus trabajos, domicilios o instituciones educativas.
Algunos ciudadanos deben caminar largas horas para estar a tiempo en sus labores diarias, mientras que otros han optado por utilizar bicicletas.
También hay buses comunitarios que ayudan a la gente a trasladarse hasta ciertos puntos.
Una de las industrias más afectadas ha sido la florícola. Justo en esta zona hay varias empresas, cuyos trabajadores deben caminar muchas horas hasta llegar a su trabajo.
Decenas de estudiantes y gremios sociales se reunieron en los exteriores de la Universidad Central para protestar en contra del Gobierno de Daniel Noboa.
La tarde de este lunes 29 de septiembre, los manifestantes quemaron llantas y cerraron la avenida América, sentido norte-sur, en el centro de la capital.
“Rechazamos la actitud de Daniel Noboa de criminalizar a los jóvenes, a los dirigentes sociales, sus manos están llenas de sangre”, dijo una estudiante del Colegio Mejía, quien agregó que la protesta no solo es por la eliminación del subsidio al diésel, sino también por la “educación mediocre” que recibe en su institución.
Mientras tanto, el presidente de la FEUE nacional, Nery Padilla, manifestó que en el país no hay empleo, medicina, ni seguridad. “Lo único que ha hecho el Gobierno es priorizar una Consulta Popular”, acotó.
Pasadas las 17:30, la avenida América, sentido norte-sur, fue habilitada.
El ECU 911 informó que alrededor del país hay múltiples vías cerradas:
–Bolívar, Guaranda: vía Riobamba por Gallo Rumi (sector Herrería-Vinchoa central)
–Cañar, Suscal: Pachón
–Chimborazo, Alausí: Tixan, a 2 km de Charicando.
Imbabura:
-Antonio Ante: sectores Natabuela, ciudadela Gangotena (Chaltura), Panamericana, entrada a Caballo Blanco, Rocafuerte (San Roque).
-Ibarra: sector Rumipamba – La Esperanza, Zuleta
-Otavalo: Panamericana E35 entrada a Carabuela, sendero 5 (La Magdalena); redondel de González Suárez, Pinsaquí (Pedro Freile) calle D (Peguche); Caluquí, Eugenio Espejo, San Rafael, Ilumán, Puente del Río Blanco (vía Quiroga), partidero a Cotacachi.
-San Miguel de Urcuquí: vía rural que conecta Imbaya con Urcuquí, sector Conaquí
–Napo, Tena: 15 de noviembre y Chontayacu
Pichincha:
-Cayambe: Panamericana norte, Santa María de Milán
-Pedro Moncayo: E28 sector La Esperanza, ingreso al Rosario
-Tabacundo: Av. E28, sector de Loma Gorda
–Sucumbíos, Lago Agrio: Vía al Coca, km 12, Jandiayaku
La relatora de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, aseguró este lunes haber recibido «noticias preocupantes» sobre la «represión violenta de las movilizaciones pacíficas» que se realizan en Ecuador en contra del Gobierno por la eliminación del subsidio al diésel.
«Las personas tienen derecho a defender los derechos humanos, el Estado debe abstenerse de cualquier represalia en su contra por ejercerlo«, señaló la relatora en su cuenta de la red social X.
Revise también: Relatora de la ONU hace un llamado a ‘respetar y garantizar la independencia’ de la Corte Constitucional de Ecuador
El mensaje de Lawlor se une al que ya hizo el sábado el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, que instó al Gobierno a garantizar el debido proceso, la representación legal y el contacto con los familiares de los detenidos durante las protestas que se han intensificado en la provincia de Imbabura.
Y también al que realizó ese mismo día la relatora de la ONU para la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero, quien alertaba que el Gobierno del presidente Daniel Noboa parecía «haber emprendido una persecución contra la sociedad civil, los movimientos sociales y la protesta en el país».
Nacionales
“Defensa jurídica desmonta denuncias y advierte: la remoción de concejales en Morona carece de sustento legal”
Morona, Santiago — En una entrevista en un medio digital de Macas, la abogada Mónica Jaramillo, especialista en derecho electoral y defensa técnica de autoridades locales, informó a la ciudadanía sobre el proceso de remoción que enfrentan la vicealcaldesa y tres concejales del cantón Morona. El caso, activado a partir de denuncias ciudadanas y una acusación de supuesta arrogación de funciones en territorio perteneciente al cantón Sevilla Don Bosco, ha generado amplias reacciones en la provincia.
Según explicó la abogada Jaramillo, las denuncias que buscan la remoción de las autoridades municipales no fueron presentadas por el exconsejero destituido Juan Escobar Guarderas, como se ha difundido públicamente, sino por Jorge Paucar Heredia y por el GAD Municipal de Sevilla Don Bosco, en tres acciones distintas:
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Una contra los tres concejales.
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Otra contra la vicealcaldesa y los concejales.
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Y una tercera exclusivamente contra la vicealcaldesa.
El eje de las denuncias se basa en varias resoluciones adoptadas por el Concejo Municipal en noviembre de 2025, entre ellas, las resoluciones 9.16, 9.20 y 9.27— relacionadas con cupos y regulación de taxis en el cantón Morona.
Un proceso con tintes políticos y vicios de procedimiento
La defensa sostiene que el proceso presenta vicios sustanciales, especialmente en la convocatoria a la Comisión de Mesa, las excusas presentadas, la principalización de vocales, y elementos de procedimiento que son obligatorios conforme al artículo 336 del COTAD.
Jaramillo recordó que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha sido claro en varias absoluciones de consulta entre 2023 y 2025: la mayoría de procesos de remoción en el país no han prosperado por fallas procedimentales y por su evidente carácter político.
“Macas es la nueva víctima de una narrativa de conmoción”
La abogada cuestionó la presencia en el cantón del exconsejero Guarderas, a quien señaló por “vender humo” y generar una narrativa que confunde a la ciudadanía, sin tener legitimidad ni participación formal en las denuncias.
“Una persona que no pertenece al cantón ni eligió a las autoridades no puede venir a imponer una agenda política. La remoción debe basarse en hechos verificables, no en espectáculos mediáticos”, afirmó.
Requisitos para la remoción y votación necesaria
Jaramillo precisó que la remoción no es lo mismo que una destitución y que únicamente puede concretarse mediante:
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Una denuncia ciudadana debidamente fundamentada y reconocida ante notario.
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La tramitación del proceso por parte de la Secretaría del Concejo Municipal y la Comisión de Mesa.
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La votación del Concejo Municipal, que requiere las dos terceras partes, es decir, cuatro votos.
En caso de que el Concejo apruebe la remoción, la abogada informó que se recurrirá al Tribunal Contencioso Electoral para solicitar una absolución de consulta, mecanismo que ha revertido múltiples decisiones en el país por incumplir garantías y solemnidades legales.
Expectativa jurídica
“Honesta y jurídicamente esperamos que estas denuncias no pasen de la Comisión de Mesa y sean archivadas. Si llegaran al pleno, sustentaremos con pruebas que no existe incumplimiento de funciones”, declaró.
Llamado a la ciudadanía
Para finalizar, Jaramillo exhortó a la comunidad a informarse con rigor jurídico y a no permitir que intereses externos afecten la institucionalidad del cantón:
“La remoción es un mecanismo ciudadano que debe ejercerse con legitimidad, fundamentos técnicos y responsabilidad democrática. Cuando hay tintes políticos y no bases jurídicas, estos procesos no prosperan y solo generan inestabilidad en la gestión pública.”
Nacionales
Un año del caso Malvinas | Familias exigen la verdad, mientras se acerca el veredicto contra 17 militares
Katy Bustos, madre de dos de las víctimas del caso Malvinas, cuenta que su hijo Josué Arroyo, de 14 años, soñaba con ser militar y vestir el uniforme camuflado de las Fuerzas Armadas. Pero fueron los uniformados a los que admiraba los presuntos responsables de su desaparición, en medio de una serie de revelaciones sobre insultos racistas, golpes y disparos durante la detención.
«Tengo una niña de nueve años que todas las noches pasa llorando, me dice ‘mamá, ¿por qué los militares le hicieron todo eso a mis hermanos?’”, señaló Bustos tras una reciente audiencia por la revisión de un habeas corpus en la Corte Constitucional.
El caso deja una estela de dolor irreparable en las familias. “Nos han destruido la vida. Yo tampoco soy la misma de antes. Necesitamos saber la verdad, por qué lo hicieron”, agrega Bustos.
Este lunes 8 de diciembre de 2025 se cumple un año de la desaparición de los cuatro menores del barrio Las Malvinas. Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, desaparecieron luego de ser interceptados -tras un supuesto robo- por dos patrullas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil.
Las versiones recogidas en el proceso indican que habrían sido abandonados por los militares a oscuras, heridos y sin ropa, en un camino de tercer orden en un área rural de Taura, a dos kilómetros del centro parroquial. Dieciséis días después, sus restos fueron encontrados calcinados en un paraje aislado y de difícil acceso en esa misma parroquia rural de Naranjal, en la provincia del Guayas.
Entre actos de memoria y la reinstalación del juicio
Las familias y organizaciones de Derechos Humanos organizan una serie de actos de memoria al conmemorarse un año de la desaparición, que incluyen caminatas, marchas y vigilias en el barrio Las Malvinas y en el punto de aprehensión, la tarde y noche de este lunes 8 de diciembre de 2025.
En una ceremonia simbólica de reparación, a las 17:00, el parque de la ciudadela Coviem será rebautizado con el nombre de ‘Los cuatro niños de Las Malvinas’. Se trata del parque donde las víctimas jugaron fútbol por última vez, antes de retomar el camino a casa, que terminó con su detención a las afueras de un conocido centro comercial del sector.
El primer aniversario de la desaparición de los menores coincide con el juicio contra 17 militares en su etapa final, cerca al veredicto tras el cierre formal de la etapa de prueba, y luego de 12 jornadas de audiencia desarrolladas a lo largo del último mes, desde el 5 de noviembre.
El Tribunal Penal de Guayaquil que conoce el caso convocó a la reinstalación de audiencia para este lunes 8 y martes 9, cuando se tiene previsto escuchar los alegatos finales -etapa en la que defensa, Fiscalía y los abogados de las familias de las víctimas presentarán sus conclusiones-.
Pero se trata de un juicio que valora solo el presunto delito de desaparición forzada, mientras que el caso de secuestro con resultado de muerte sigue en etapa de sustentación en Fiscalía y registra poco avance a un año de los hechos, según Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas.
Un año de investigaciones
El voluminoso expediente fiscal del caso lo integran 50 carpetas y alrededor de 5.000 páginas. Se trata de un acervo documental que recoge testimonios, reconstrucciones de hechos, informes antropológicos y forenses, videos de cámaras públicas y privadas, pericias sobre los restos, cuerdas y prendas parcialmente carbonizadas y declaraciones que muestran la secuencia de la detención.
Las pruebas documentales han sido matizadas y enriquecidas durante las declaraciones e interrogatorios a peritos, testigos y procesados durante las audiencias de juicio, iniciadas el 5 de noviembre de 2025. A continuación algunas de las principales revelaciones del proceso:
Estas son las 10 principales revelaciones expuestas en la audiencia de juicio
Las autopsias
¿Qué pasó?: Los cuerpos se hallaron en reducción esquelética y carbonizados. La autopsia determinó que presentaban impactos de bala en la cabeza, al menos en tres de los cuatro menores. Se determinó muerte violenta y se evidenciaron fracturas.
Versiones contradictorias
¿Qué pasó?: Se expusieron relatos de violencia: golpes, amenazas y disparos durante el traslado de las víctimas. Según la Fiscalía hubo intención de causar daño. Cinco militares acusan la violencia; el resto la niega.
Les dimos «una paliza»
¿Qué pasó?: Durante la revisión de los teléfonos, un perito presentó audios de militares. En uno, un uniformado decía que los cuatro menores asaltaban a una mujer en la 25 de Julio y que “les dieron durísimo”. En otro, reiteraba que les dieron “una paliza”.
El chat de las culpas
¿Qué pasó?: Los militares crearon un chat donde discutían y se culpaban. El subteniente John Henry Z. E., jefe de la patrulla, sentía que lo responsabilizaban. “Nadie puso que usted disparó -le responden-, solo decimos la verdad”.
¿Encubrimiento?
¿Qué pasó?: Un testigo afirmó que el subteniente a cargo ordenó borrar videos comprometedores grabados durante la detención. Un video sobrevivió -con insultos racistas y amenazas- porque el militar que lo grabó lo envió antes a su hermana como respaldo.
Manipulación de evidencias
¿Qué pasó?: Un sargento denunció una presunta cadena de encubrimiento que involucraría a un general y tres coroneles, quienes habrían ordenado borrar un video incriminatorio al subteniente a cargo de la patrulla.
Sangre en camionetas
¿Qué pasó?: Las pruebas de luminol reactivo dieron positivo en las dos camionetas de los militares. Se hallaron rastros de sangre en el piso del balde de un vehículo y en una estructura metálica del balde de otra.
Orden de Acción
¿Qué pasó?: En la Orden de Acción Táctica de la patrulla de militares involucrados se determinó que estaba integrada por 15 hombres y no constaba en ella el subteniente que la lideró, señalado por abandonar y maltratar a las víctimas.
Hallazgo de los cuerpos
¿Qué pasó?: Fuentes humanas alertaron sobre el posible lugar de incineración de los cuerpos de las víctimas. Se trata de claro entre manglares y lodo en el Estero Chabelo, cerca al río Taura, 11 kilómetros al sur de Taura.
Nacionales
A un año de los fallidos contratos de Progen, los motores no funcionan y Celec ha recuperado un valor mínimo
Ha pasado un año de que la empresa estadounidense Progen Industries LLC incumplió los plazos de los millonarios contratos de generación eléctrica que recibió de la empresa pública Celec. Los motores debían entrar en funcionamiento en noviembre de 2024, pero nunca llegaron a funcionar y, en cambio, se convirtieron en un problema que no se ha podido solucionar.
Progen Industries fue adjudicada con dos contratos, para la generación de 150 MW en total, en las centrales de Salitral y Quevedo. Ambos contratos suman USD 149,1 millones, y contemplaban el pago del 70% del monto contrato contra la presentación del packing list, el informe de inspección y la supervisión técnica de Celec.
Progen efectivamente presentó esos documentos y envió los motores a Ecuador, por lo que Celec llegó a pagar el 70%, que ascendía a USD 104 millones. Los pagos se hicieron hasta marzo de 2025, a pesar de que para ese entonces ya se había registrado atrasos e incumplimientos.
Los pagos a Progen Industries por los contratos con Celec
| Salitral | 01/10/2024 | Estados Unidos | 69 580 000 |
|---|---|---|---|
| Quevedo | 28/01/2025 | Estados Unidos | 6 958 000 |
| Quevedo | 06/02/2025 | Estados Unidos | 6 958 000 |
| Quevedo | 14/02/2025 | Estados Unidos | 6 958 000 |
| Quevedo | 20/02/2025 | Estados Unidos | 6 958 000 |
| Quevedo | 07/03/2025 | Estados Unidos | 6 958 000 |
| TOTAL | 104 370 000 |
PRIMICIAS consultó el 2 de diciembre de 2025 a Celec y al Ministerio de Energía si se han ejecutado ya las garantías presentadas por Progen en ambos contratos, y cuánto se ha podido recuperar de lo pagado. Hasta las 18:30 del 4 de diciembre de 2025, no se recibió ninguna respuesta.
Sin embargo, PRIMICIAS ha logrado verificar que parte de las garantías sí se ejecutaron. La información consta en un proceso judicial en Estados Unidos, que sigue Seguros Confianza contra Progen Industries LLC, y que es público.
Celec recuperará poco, porque tiene los motores
De acuerdo con las liquidaciones económicas de los contratos, Progen debía devolver a Celec poco más de USD 30 millones, incluido el valor de las garantías. Este valor es apenas el 28% de lo pagado, dado que sí se reconoce una buena parte de la ejecución de los contratos.
Los contratos de Celec con Progen Industries
Montos en millones de dólares
| Quevedo | 49,70 | 34,79 | 19 |
|---|---|---|---|
| Salitral | 99,40 | 69,58 | 12 |
| TOTAL | 149,10 | 104,37 | 31 |
El saldo se contabiliza así porque, según Celec, los contratos sí fueron ejecutados satisfactoriamente: en el caso de Salitral, consideran una ejecución del 73,58%, y en el caso de Quevedo, del 67,58%. Es decir, lo que se cobra son multas más garantías y repuestos, y Celec se queda con los motores que no funcionan.
En septiembre de 2025, la entonces vocera Carolina Jaramillo anunció que Celec se haría cargo de los motores y de ponerlos en funcionamiento. PRIMICIAS consultó a Celec y al Ministerio de Energía sobre los valores recuperados de los contratos con Progen Industries, y sobre si ya se ha tomado posesión de las obras y los motores. Sin embargo tampoco ha habido respuesta.
PRIMICIAS también contactó por correo electrónico a Progen y a Alberto Paredes, su apoderado en Ecuador. Este último respondió: «no manejo temas comunicacionales ni técnicos de la compañía Progen».
Progen enfrenta una demanda en EE.UU.
El 17 de noviembre de 2025, Seguros Confianza presentó una demanda civil contra Progen ante la Corte del Distrito Medio de Florida, en Tampa. La aseguradora ecuatoriana exige que la empresa estadounidense, con sede en Florida, reembolse los valores de las garantías ejecutadas por Celec, tras la terminación de los contratos.
Según los anexos a la demanda, que son públicos en el sistema judicial estadounidense, Seguros Confianza emitió las garantías para Progen y, después de la terminación unilateral de los contratos, ejecutó las garantías e hizo dos pagos a Celec, por USD 7,43 millones:
Un pago por USD 2,48 millones por el contrato de Quevedo.
Otro pago por USD 4,97 millones por el contrato de Salitral.
Seguros Confianza asegura que el acuerdo con Progen para la emisión de las garantías incluía una cláusula que establecía que, de ejecutarse las garantías, Progen debía reembolsar los valores en 24 horas, pero no lo había hecho. El caso sigue abierto hasta la publicación de esta noticia.
PRIMICIAS contactó Brett Divers, abogado de Confianza en Estados Unidos, para hablar sobre este caso, pero declinó cualquier comentario.
Las denuncias de Celec siguen en investigación previa
Celec ha presentado dos denuncias en contra de Progen Industries. La primera fue por el delito de estafa, interpuesta el 20 de junio de 2025, y la segunda por el delito de delincuencia organizada, el 31 de julio de 2025. Pero los casos no han avanzado.
Unos días antes de que Celec presente la segunda denuncia, la Fiscalía allanó las oficinas de dicha empresa pública y varias viviendas, en el caso Apagón. La Fiscalía anunció que se ingada el presunto delito de peculado, y entre los investigados estaba Fabián Calero, ex viceministro de Energía y exgerente de Celec.
El allanamiento se dio días después de que la Contraloría aprobó un informe de auditoría efectuado a los contratos de Celec con Progen. Según el examen, habría un perjuicio para el Estado de USD 100 millones por los pagos realizados a esta empresa: USD 70 millones corresponden a El Salitral, ubicado en Guayaquil, provincia de Guayas, y USD 30 millones a Quevedo, en Los Ríos.
Sin embargo, el caso sigue en investigación previa y no hay procesados. Según Celec, se solicitó una asistencia penal internacional a Estados Unidos en agosto de 2025.
Además, la ministra Inés Manzano anunció que el Gobierno de Ecuador impulsa un proceso contra Progen en Estados Unidos. Sin embargo, en el sistema judicial estadounidense no aparece ninguna denuncia a nombre de Ecuador contra Progen. Esto podría deberse a que el caso todavía esté como reservado.
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