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El descontrol en Imbabura pone a prueba los protocolos sobre el uso progresivo de la fuerza

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La muerte del comunero Efraín Fueres en Cotacachi, aparentemente por un disparo de la fuerza pública; la paliza que uno de sus compañeros recibió por parte de un militar y la retención arbitraria de 17 soldados evidencian que la protesta en Imbabura se tornó violenta. Y que las fuerzas de orden y seguridad del Estado hoy están en la crítica de los sectores sociales por considerarlas altamente represivas. El Gobierno denuncia, por su parte, que los manifestantes son violentos y que detrás de ellos se esconde el crimen organizado.

¿Este conflicto es administrado bajo un protocolo coherente del uso progresivo de la fuerza? Ecuavisa.com revisó las reformas y cambios que desde 2022 se hicieron a estos procedimientos para acompañar el trabajo de policías y militares para neutralizar marchas y amotinamientos. Sin embargo, la crítica a su actuación no han cesado.

En agosto de 2022 se promulgó la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, que establece principios fundamentales como legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. Esta ley regula de manera explícita el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, incluyendo la posibilidad de emplear armas letales únicamente frente a amenazas inminentes de muerte o lesiones graves.

En junio de 2023 se aprobó el Reglamento de la Ley, que detalla procedimientos de aplicación que van desde técnicas de verbalización y negociación hasta el uso de medios no letales, requisitos de informes sobre intervenciones y protocolos para garantizar que se respeten los derechos humanos en cada operación. Posteriormente, en agosto de 2024, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 371, que ordenó la actualización de los manuales operativos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Esta medida buscaba adaptar las estrategias a nuevas amenazas, como el crimen organizado y el terrorismo, y asegurar que la actuación de las fuerzas del orden cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, según información oficial del Gobierno Nacional.

Los manuales operativos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se actualizaron para regular el uso de la fuerza. Se permite fuerza letal solo ante amenazas graves o agresión armada, mientras que la fuerza progresiva y no letal debe usarse en disturbios, evaluando la amenaza en tiempo real. Los superiores son responsables si ordenan acciones ilegales.

En manifestaciones, las protestas pacíficas deben protegerse, y la fuerza solo se justifica ante disturbios violentos o amenaza letal inminente. Ante muertes de manifestantes, la Fiscalía investiga y los familiares tienen derecho a reparación integral.

El presidente puede declarar estado de excepción en provincias con alteraciones graves del orden público, restringiendo derechos temporalmente y aumentando el despliegue policial y militar, siempre con supervisión de la Corte Constitucional. La ONU y la CIDH recomiendan que la fuerza sea último recurso, con capacitación continua y atención médica inmediata a los heridos.

En entrevista con Ecuavisa.com, el excoronel Mario Carillo explicó que el uso progresivo de la fuerza se aplica en función del tipo de protesta. Por ejemplo, cuando algunos manifestantes emplean artefactos caseros, como bombas molotov, las Fuerzas Armadas pueden responder con medios proporcionados, como gas lacrimógeno, para neutralizar la amenaza y dispersar a quienes atacan.

Carillo advirtió que, si los manifestantes vulneran derechos humanos o representan un riesgo claro para la sociedad civil, el nivel de respuesta puede incrementarse. Según información de inteligencia citada por él, algunas movilizaciones incluyen individuos con equipamiento militar o conocimientos técnicos que podrían intensificar los disturbios con fines políticos.

Asimismo, señaló que si miembros de las Fuerzas Armadas son retenidos o secuestrados durante una protesta, el hecho deja de ser una manifestación social para convertirse en delitos tipificados por la ley, como secuestro, tentativa de secuestro o tentativa de homicidio, lo que justificaría una actuación penal y de seguridad distinta.

El excoronel consideró un error la amnistía aplicada en 2022 a manifestantes detenidos, argumentando que se trató de una falta de aplicación de la ley. Finalmente, subrayó que el uso de fuerza letal solo estaría contemplado en casos en los que los manifestantes empleen armamento letal y exista un peligro inminente para la vida de civiles o de los miembros de las fuerzas; en esas circunstancias, las autoridades militares evaluarían la situación y podrían autorizar su uso como medida de defensa del Estado de derecho.

Según Michelle Maffei, experta en crimen organizado y derechos humanos, la implementación del uso progresivo de la fuerza presenta fallas importantes, principalmente debido a la militarización de las manifestaciones. La especialista sostiene que el personal militar carece de lo que denomina “tacto social” y que su formación histórica no está orientada a disuadir o mantener el orden durante paros nacionales, sino a la defensa y al uso de fuerza letal.

Maffei indicó que, tras la muerte del comunero Efraín Fueres, el nivel de violencia en las protestas se ha intensificado. Un ejemplo de esto fue el ataque a un convoy del Gobierno Nacional, que dejó varios vehículos afectados. Según su experiencia, situaciones como esta podrían provocar un aumento en el nivel de represión por parte de militares y policías.

Además, advierte que, más allá de la inconformidad social, las protestas se deben a factores estructurales, como la minería ilegal y el narcotráfico desde la frontera norte, transportados mediante transporte pesado, lo que ha contribuido al estallido de movilizaciones. Otro factor relevante es la infiltración de bandas delictivas dentro de las protestas, lo que coincide con la opinión del excoronel Carillo. Estos grupos delictivos se aprovechan de líderes sindicales para exacerbar los disturbios, de manera similar a dinámicas históricas observadas en la mafia italiana en Europa.

La experta señaló que Ecuador genera aproximadamente 1.1 billones de dólares al año a través de la minería ilegal, pero aclaró que estas bandas no son de origen extranjero, como el Cartel de Aragua, sino grupos nacionales como Los Choneros o Los Lobos.

Las reformas al uso de la fuerza en Ecuador reflejan un intento por equilibrar la seguridad ciudadana con la protección de los derechos humanos. Aunque los manuales de la Policía y las Fuerzas Armadas establecen reglas más claras sobre el uso progresivo y excepcional de la fuerza letal, los antecedentes de abusos en 2019 y 2022 mantienen la desconfianza social. La muerte de manifestantes, como el reciente caso en Imbabura, reaviva el debate sobre la responsabilidad estatal, la cual los organizadores y precursores del paro responsabilizan al gobierno nacional.

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Estas son las seis resoluciones que tomó la Conaie para continuar con el paro en Ecuador

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Este 2 de octubre de 2025, cuando el paro nacional en Ecuador cumple su día número 11, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se reunió nuevamente en Quito para analizar nuevas acciones que tomará en medio de las movilizaciones.

Tras casi siete horas de reunión con diferentes pueblos y comunidades, el presidente de la organización, Marlon Vargas, dio a conocer las seis resoluciones a las que llegaron:

Ratificar la continuidad del paro nacional y los puntos de la movilización: derogatoria del Decreto Ejecutivo 126 (eliminación del subsidio al diésel); defensa de la tierra y de los territorios; rechazo al extractivismo; y, fortalecimiento de la salud y educación pública. Además de la reducción del IVA del 15% al 12%; el respeto a los derechos colectivos y garantías plenas para el ejercicio de la resistencia. También pidió la reparación para las víctimas que deja el paro nacional, sobre todo para la familia del comunero Efraín Fuérez, quien falleció en Cotacachi.
Organizar asambleas territoriales en todas las provincias para impulsar el ‘No’  en la Consulta Popular, promovida por el Gobierno.
Coordinar acciones conjuntas de resistencia y solidaridad con comunidades, profesionales, estudiantes, jubilados y otros sectores para sostener la movilización.
Establecer un corredor humanitario en las zonas en las que existen protestas para dar paso a medicinas, ambulancias e insumos médicos.
Exhortar a organismos internacionales para que vigilen el cumplimiento de los derechos humanos durante el paro nacional.
Crear una comisión de expresidentes de la Conaie «con el objetivo de fortalecer (el paro)».
¿Qué pasa con la Conaie? Las pugnas internas, las presiones políticas y la coyuntura golpean al movimiento indígena
La reunión de la Conaie ocurre luego de que la Federación de pueblos Kichwa de la Sierra Norte de Ecuador publicó un comunicado sobre una «tregua temporal» como «gesto de buena fe y voluntad de diálogo con el Gobierno» de Daniel Noboa.

Sin embargo, esta tregua fue negada por otros pueblos y comunidades de la provincia de Imbabura.

Noticia en desarrollo. Fuente: Primicias

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El gasto en el Presupuesto del Estado sigue creciendo y las cuentas ya tienen un déficit de USD 1.983 millones

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Faltan tres meses para que se termine 2025 y el Presupuesto General del Estado ya acumula un déficit fiscal de USD 1.983 millones. Pero, ¿qué implica el déficit fiscal para el país?

Significa que el Estado gasta más dinero del que ingresa a su Presupuesto. Como cuando el sueldo no alcanza para cubrir los gastos del hogar.

El Estado gasta en sueldos de los funcionarios públicos, pago de bonos sociales o subvenciones, provisión de servicios públicos, como salud y educación, entre otros.

Y en lo que va de 2025, el gasto público ha aumentado por factores como una mayor entrega de bonos, sobre todo durante la campaña presidencial, además, porque ha aumentado el pago de intereses de la deuda pública.

Según el Misterio de Finanzas, el gasto público creció USD 2.009 millones frente a lo gastado entre enero y septiembre de 2024.

En cambio, los ingresos del Estado son aquellos que llegan por la recaudación de tasas, impuestos, exportaciones de petróleo u otros rubros.

El problema es que ese déficit fiscal se debe cubrir con préstamos, por los que el Estado tiene que pagar intereses. Además, a los países con altos déficit les cuesta más conseguir préstamos, porque son percibidos como más riesgosos; es decir, hay temor de que no paguen sus deudas.

Así que el país debe endeudarse más y con tasas de interés más altas cuando un Gobierno deja que el déficit fiscal aumente demasiado.

¿En cuánto terminará el déficit en 2025?
Hasta septiembre de 2025, el gasto público sumó USD 19.604 millones, pero los ingresos en el Presupuesto son menores, suman USD 17.621 millones. De ahí que el déficit ya va por USD 1.983 millones.

Si se compara con las cifras del año pasado, para septiembre de 2024, el déficit en el Presupuesto era mucho menor, llegaba a USD  54 millones. Al final del año, el déficit fiscal en 2024 fue de USD 2.483 millones.

Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, explica que como va hasta ahora el déficit en el Presupuesto, la cifra se asemeja más a la de 2023, un año en el que el país vivió una grave crisis de liquidez en el último trimestre, tras la muerte cruzada declarada por el entonces presidente Guillermo Lasso y las elecciones anticipadas.

En el último trimestre de ese año, además, hubo cortes de luz de entre dos y cuatro horas.

Para septiembre de 2023, el déficit en el Presupuesto del Estado ya sumaba USD 2.295 millones. Ese año el déficit terminó en USD 5.400 millones.

La crisis por falta de recursos fue tan fuerte ese año, que en noviembre de 2023, el Gobierno de Daniel Noboa tuvo que tomar un préstamo de emergencia del banco público CFN, porque no alcanzaba el dinero para pagar los sueldos de los empleados públicos. Eso no ocurría desde 2020, año de la pandemia de Covid-19.

De ahí que, con un déficit de casi USD 2.000 millones hasta septiembre,  lo más probable es que este 2025 la cifra termine entre USD 4.500 y USD 5.000 millones, pese a que el Gobierno ha dicho que será menor, añade Ortiz.

El exministro explica que el último semestre de cada año es crítico, pues es cuando por lo general se registra una «avalancha» de facturas, que se presentan al Estado para que queden asentadas como gasto por pagar en el mismo año.

A esto se suma que en diciembre, el pago de salarios a los empleados del sector público se duplica, por el pago del bono navideño.

Así que el manejo del Presupuesto en los tres meses que quedan del año será clave para evitar que el país siga aumentando su endeudamiento.

Aunque en el Presupuesto del Estado para 2025, el Ministerio de Finanzas proyecta un déficit de USD 5.600 millones, el Gobierno ha insistido en que esa es solo una cifra referencial, que va ajustándose y que en la práctica terminará siendo menor.

¿La eliminación del subsidio al diésel ayudará?
Ortiz explica que la medida de eliminación del subsidio al diésel, anunciada el 12 de septiembre pasado, permite que el Estado tenga algo más ingresos.

Sin embargo, no tendría un alto impacto en la reducción del déficit fiscal, debido a que ese dinero que se libera se ha estado destinando para las medidas de compensación ofrecidas, como bonos a los transportistas, el bono Raíces y el Incentivo Emprende.

Además, el subsidio al diésel todavía no se ha eliminado del todo. El Gobierno de Daniel Noboa congeló el precio del galón en USD 2,80 hasta el 11 de diciembre de 2025, por lo que todavía tiene un porcentaje de subsidio estatal.

Desde el 12 de diciembre el precio del combustible fluctuará con un sistema de bandas atado al precio internacional.

«La alternativa que tiene el Gobierno para reducir el déficit es ‘subejecutar’, es decir, gastar menos de lo que estaba presupuestado en algunos rubros, como en el Plan Anual de Inversiones», dice el exministro.

También debe sincerar algunas cifras del Presupuesto que estaban infladas, por ejemplo en salud y educación, agrega.

Los atrasos también han aumentado
El Gobierno de Noboa también enfrenta un aumento de pagos atrasados en el Presupuesto. Se trata de facturas ya registradas por gastos ya contratados, pero que no se han pagado.

Hasta septiembre de 2025, los atrasos con proveedores, gobiernos locales y entidades de la seguridad social, entre otros, suman USD 1.659 millones.

Se trata de una cifra mayor incluso a la registrada en 2023, año de crisis de liquidez. Para septiembre de ese año, los atrasos sumaban USD 1.582 millones.

Ese año de crisis de liquidez en el Estado, los atrasos en el Presupuesto cerraron en USD 3.584 millones, más del doble frente a los atrasos de 2022, cuando la cifra sumó USD 1.500 millones.

Ortiz no cree que el Gobierno deje que se acumulen altas cifras de atrasos, como las de 2023, porque al final del día, eso también debe cubrirse con endeudamiento y no hay más espacio para eso. Fuente: Primicias

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¿Qué hacía en Colombia alias ‘Fede’ antes de su captura? La Policía de ese país reveló detalles

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Rolando Gómez Quinde, alias “Fede”, principal cabecilla del grupo delictivo ecuatoriano Los Águilas, fue recapturado este jueves en la ciudad de Medellín, en Colombia, a través de una operación conjunta entre policías de ambos países.

El jefe criminal, por quien la Administración de Daniel Noboa ofrecía un millón de dólares de recompensa, permanecía prófugo desde mediados de junio de este año, cuando escapó disfrazado de militar de la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil, bajo circunstancias que aún no han sido completamente esclarecidas por las autoridades.

Alias “Fede”, quien fue detenido el 30 de enero de este año en la provincia de Guayas, durante un operativo en el que se incautaron nueve fusiles, más de mil cápsulas de heroína y uniformes policiales falsos, registra procesos por graves delitos como asesinato, tenencia ilegal de armas, asociación ilícita, narcotráfico y robo.

«La acción conjunta, efectuada en Medellín, puso fin a diez años de historial criminal de uno de los mayores dinamizadores del tráfico de drogas desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos, incluido en el cartel de los más buscados del vecino país», declaró el director general de la Policía de Colombia, Carlos Triana.

De acuerdo al jefe policial, Gómez Quinde se encontraba en la capital del departamento de Antioquia «generando alianzas multicriminales con cabecillas locales e internacionales para establecer nuevas rutas de tráfico de estupefacientes».

El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, fue quien anunció la captura la tarde de este jueves, compartiendo una fotografía de «Fede» sentado dentro de un vehículo policial.

“Fede” también figuró en mayo de 2024 como uno de los detenidos en una denominada narcofiesta en la vía a la Costa, en Guayaquil. El operativo tuvo gran repercusión mediática, ya que en el lugar fueron capturados varios cabecillas de la organización criminal Los Choneros, entre ellos Celso Moreira, alias «Patucho Celso», y Jortman Suárez, alias «El Ecuatoriano».

Este último fue abatido el lunes 29 de septiembre en una zona rural de Rionegro, en el oriente de Colombia, donde, según la prensa de ese país, habría operado como nexo entre «Los Choneros» y la organización delictiva colombiana denominada Clan del Golfo.

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