Nacionales
José Serrano y las acusaciones en casos turbios que quedaron empolvadas en Ecuador
José Serrano. Su nombre tiene un antes y un después de la década correísta.
Tuvo una faceta poco conocida como activista por los derechos humanos. Defendió a la comunidad Sarayaku en los gobiernos de Gustavo Noboa (2000-2003) y Lucio Gutiérrez (2003-2005). Pero ya con poder, en 2014, dio la orden para una incursión policial en esa comunidad en busca de Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio, acusados de calumnias a Rafael Correa.
Su inicio en la función pública se dio gracias a su cercanía con Galo Chiriboga. En la administración de Alfredo Palacio (2005-2007), Serrano presidió por breves momentos los Ministerios de Trabajo y Finanzas.
Con la llegada de Rafael Correa a la Presidencia, en 2007, Serrano empezó en la Subsecretaría de Minas y desde entonces no paró. Fue escalando peldaños hasta ocupar los Ministerios de Justicia e Interior. Justamente en estados dos Carteras saltaron la mayoría de casos polémicos. Casos que quedaron en el archivo, empolvándose.
Ahora, la suerte de Serrano es distinta. En Ecuador está procesado como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. A la fecha, está recluido en el Centro de Detención de Krome y este 30 de septiembre se puede definir una eventual deportación desde Estados Unidos al país.
El informe del caso Gabela
En 2023 se conoció que la Fiscalía abrió una investigación previa en contra de José Serrano, en calidad de exministro del Interior, y otros personajes por presunto peculado debido a la pérdida del tercer producto en el caso de Jorge Gabela, excomandante de la FAE, quien fue asesinado tras denunciar presuntos actos de corrupción en la adquisición de helicópteros Dhruv.
El tercer producto era un informe elaborado en 2013 por el perito Roberto Meza y en el que constaban los nombres de los posibles autores intelectuales del crimen de Gabela.
Caso Balda
El político Fernando Balda fue secuestrado en Colombia en agosto de 2012 y siete años después, dos policías de Inteligencia fueron sentenciados: Diana Falcón y Raúl ‘El Ratón’ Chicaiza.
Este último buscó ayuda de toda índole para evitar la prisión, pero le cerraron las puertas para una misión que le habían pedido sus superiores, dijo.
En el libro ‘Después olvidarán nuestros nombres’, del periodista Juan Carlos Calderón, se revela que Chicaiza mantuvo conversaciones con José Serrano en 2018, quien por entonces era el presidente de la Asamblea Nacional. Esos diálogos fueron grabados clandestinamente por el agente.
¿Qué pedía Chicaiza? Dinero, unos USD 65 000 para los gastos legales. «¿Cuántos necesitamos inmediatamente?», respondió Serrano. Es decir, se sugiere que Serrano estaba al tanto del secuestro de Balda. Pero no fue vinculado al proceso.
¿Por qué? En su cooperación con Fiscalía, Chicaiza no involucró a Serrano. En 2010, en una entrevista que Fausto Jarrín, entonces abogado de Rafael Correa, mantuvo con Plan V, este consideró que hubo acuerdos para no inmiscuir a ciertos personajes.
«Se los voy a mencionar: ¿para no topar a José Serrano y el propio director de Inteligencia?», le preguntó el periodista. «No sé si con nombres y apellidos, pero estoy absolutamente seguro que en esos testimonios anticipados hubo acuerdos», contestó Jarrín.
Por su parte, Serrano no negó la reunión, pero cuestionó la autenticidad del audio.
Los compadritos lindos
En febrero 2018 se conoció la filtración de un audio que contenía una conversación entre José Serrano, presidente de la Asamblea, y Carlos Pólit, excontralor prófugo en Miami, quien lo trató de «compadrito lindo».
En este contenido, Serrano sugería que debían bajarse al fiscal general Carlos Baca Mancheno a toda costa.
«Él (Baca Mancheno) no puede ser Fiscal hasta finales de año», dijo Serrano, quien además calificó de «miserable» a Baca Mancheno por no estar dispuesto «a cumplir con ningún acuerdo».
Caso Isspol
En 2021, el asambleísta Fernando Villavicencio le preguntó a Serrano por el cheque de USD 230 000 que María Paula Christiansen, pareja sentimental del exministro, había recibido de Jorge Chérrex, acusado del desfalco al Isspol.
Ese cheque de 2018 indica que el pago correspondía a unos servicios de spa. Serrano dijo que este tema no tenía relación con el caso Isspol.
Christiansen trabajó en el Ministerio del Interior, en la administración de Serrano. Fuente: Ecuavisa
El Tribunal de Garantías Penales de Durán declaró este lunes 3 de agosto culpable al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, condenándolo a tres años de prisión.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal impuso una multa equivalente a diez salarios básicos unificados, es decir, USD 4.820.
Encarcelado desde inicios de febrero
Álvarez permanecía privado de libertad provisionalmente desde el 8 de febrero, mientras enfrenta otras dos causas penales. Inicialmente, dentro del caso «Triple A», en el que se investiga una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, el alcalde cumplía la medida cautelar de uso de grillete electrónico.
Sin embargo, tras su detención en febrero, dentro de su vivienda ubicada en Samborondón, en la provincia de Guayas, por el caso «Goleada», que investiga el presunto delito de lavado de activos, la Fiscalía solicitó sustituir esa disposición por la prisión preventiva, al señalar, sutentándose en las imágenes del operativo, que el dispositivo había sido manipulado y retirado previamente.
Nacionales
USD 300 millones cuesta el seguro para proteger a Ecuador de las caídas de precios del petróleo
Han pasado un poco más de tres meses desde que en abril de 2026, el Gobierno de Ecuador anunció que contrató un seguro petrolero, también conocido como hedging.
En esencia, Petroecuador pagó una prima de seguro, hasta diciembre de 2026, para proteger a las finanzas públicas en caso de que el precio del petróleo caiga por debajo de un precio establecido.
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Esto, debido a que luego de la recaudación de impuestos, las exportaciones de petróleo son el segundo ingreso más importante del Presupuesto del Estado.
Petroecuador destinó USD 300 millones a esa prima de seguro, confirmó el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, en entrevista con PRIMICIAS el pasado 10 de junio de 2026.
La cifra también apareció en el reporte de la petrolera estatal bajo el rubro de gastos por soporte administrativo en abril de 2026.
¿Era prioritario contratar un seguro petrolero?
La exgerente del Petroecuador, Marcela Reinoso, dice que el seguro busca proteger al país de riesgos por caída de precios, «pero los ingresos del país corren riesgos mayores por otros factores como los problemas de generación eléctrica en el sector petrolero».
«Un seguro para los precios no era una prioridad», dice Reinoso.
El gasto de USD 300 millones en ese seguro es un monto similar a todo lo que Petroecuador ha destinado en inversión en exploración y producción petrolera en el primer semestre de 2026, que fueron USD 327 millones.
Esto, en un momento en el que la producción de Petroecuador tuvo una caída de 2,42% en el primer semestre de 2026 frente a igual período de 2025.
Y añade que los recursos también se pudieron usar para atender la erosión regresiva del río Coca.
Construir una variante definitiva para el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), la principal arteria petrolera del país, pudo cubrirse con ese dinero, ya que se estima que la obra costaría unos USD 200 millones, dice.
Lea: La erosión se acerca a la captación de Coca Codo Sinclair, reubicar esta toma de agua es costoso y tomará tiempo
Esta obra es crucial para proteger este oleoducto del fenómeno de la erosión regresiva que amenaza la continuidad del transporte de petróleo.
Por roturas y suspensiones, el Sote no pudo transportar unos 23,5 millones de barriles de petróleo y se dejaron de percibir unos USD 1.124 millones entre 2020 y 2025.
¿Un seguro o un fondo de ahorro petrolero?
El exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, reconoce que el seguro petrolero es una herramienta útil para mitigar el impacto que podría tener en el Presupuesto del Estado el desplome de los precios del barril, que es una materia prima muy volátil.
Sin embargo, considera que para Ecuador, una herramienta más apropiada y menos costosa que un seguro es un fondo de ahorro petrolero. «Ecuador ya lo tuvo, cuando fui ministro lo hicimos crecer, pero en el gobierno de Rafael Correa se lo gastaron», recuerda.
Se refiere a dos fondos de ahorro, uno llamado Fondo de Estabilización Petrolera (FEP), que se conformaba con el 55% de los excedentes petroleros y otro denominado Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva, y Reducción del Endeudamiento Público (Feirep).
Pozo dice que un fondo de ahorro «es más sostenible y sano para las finanzas del país», porque el dinero se invierte para que siga creciendo, siempre que exista la política de mantener orden fiscal. «Si el gasto crece mucho y el Estado está obeso es difícil implementar el fondo», dice.
La exgerenta de Petroecuador, Marcela Reinoso, dice que debido a que el precio del petróleo ha vivido un período de altísima incertidumbre, no se puede saber todavía si el hedging contratado va a ser efectivo y dar beneficios al país.
Y añade que sería clave conocer el precio al que se aseguró el barril.
Petroecuador solo ha informado que el seguro cubre un aproximado de 30 millones de barriles, que representan entre el 40% y 50% de los volúmenes que Petroecuador vendería hasta diciembre de 2026.
El viceministro de Petróleo, Eduardo Racines, explicó a PRIMICIAS que se definió un volumen de crudo a exportar a un precio mínimo asegurado por barril, pero no confirmó el valor.
«Independientemente de lo que pase en el mercado externo, el precio de venta es el que está asegurado. A mayor precio del seguro, menor posibilidad de cobertura de volumen».
Eduardo Racines, viceministro de Hidrocarburos.
Esto significa que, mientras más alto sea el valor asegurado por barril, el dinero pagado alcanza para cubrir menos barriles.
Boom de precios: Los ingresos de Ecuador por venta de petróleo en lo que va de 2026 casi igualan a lo recibido en todo 2025
El instrumento fue contratado por Ecuador en un año en el que el precio del petróleo en el mundo ha experimentado alzas, por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Reinoso, explica que lo adecuado es contratar este tipo de seguros cuando el precio del petróleo está alto, pues es una forma de blindarse por anticipado ante las probabilidades de que se desplome luego de un período de crecimiento.
«Cuando el precio está bajo no es muy lógico contratar un seguro, porque ¿contra qué te estás protegiendo si ya está bajo el precio?»
Marcela Reinoso, exgerenta de Petroecuador.
Antes de la guerra, en enero y febrero de 2026, el precio promedio del WTI, que es el de referencia para Ecuador, fue de USD 62 por barril.
Pero entre marzo y mayo de 2026, el WTI se disparó y alcanzó un precio promedio de USD 95,4 por barril. Entre junio y lo que va de julio el precio promedió los USD 80 por barril.
El petróleo ecuatoriano se ha vendido también a un precio más alto del que el Ministerio de Finanzas fijó como precio promedio esperado para 2026: USD 53,5.
En el primer semestre de 2026, el barril de Ecuador se vendió en USD 70,78 en promedio.
Así fue el proceso de contratación del seguro
El Gobierno empezó a allanar el camino para contratar el hedging desde enero de 2026.
En enero de 2026 un decreto ejecutivo reformó el reglamento del Código de Finanzas Públicas para viabilizar estas operaciones.
El nuevo decreto reconoce ese pago del seguro como un costo legítimo de gestión de riesgo y otorga seguridad jurídica a las instituciones que ejecuten esas operaciones. De manera que el pago de primas por coberturas no constituye daño al Estado, blindando a los funcionarios responsables de realizar estas operaciones.
¿Cómo funciona el seguro petrolero?
Pablo Noboa, exgerente de comercio internacional de Petroecuador dice que no existe una cobertura perfecta, y que se trata de una decisión de enorme responsabilidad que requiere un equipo altamente técnico.
«Existe una línea muy delgada entre una decisión estratégica orientada a proteger los ingresos del Estado y una apuesta sobre la dirección futura del mercado.” Pablo Noboa, exgerente de comercio internacional de Petroecuador.
Noboa explica que estas son las opciones que hay en el mercado:
1Opción de venta, conocido como Put
La opción Put funciona como un seguro. El país paga una prima para asegurarse un precio mínimo de venta. Si el petróleo cae por debajo de ese nivel, la cobertura compensa la diferencia. Pero si el precio sube, el país puede vender al valor de mercado y aprovechar esa subida.
En este caso se habla de un costo de USD 300 millones, lo que hace pensar en una estructura con opciones, porque ahí sí existe el pago de una prima.
2Collar con precio piso y un techo
El Collar combina una protección hacia abajo con un límite hacia arriba. Se compra una opción Put para establecer un precio mínimo y, al mismo tiempo, se vende una opción Call para fijar un techo.
Eso permite reducir u en algunos casos eliminar el costo de la prima. La desventaja es que, si el petróleo sube mucho, el país ya no aprovecha completamente esa subida. Por ejemplo, si se fija un piso de USD 60 y un techo de USD 80, el país queda protegido si en el mercado cae por debajo de USD 60. Pero si el precio sube a USD 100, el beneficio queda limitado por el techo que se acordó.
3Swaps o Forwards
En un Swap o un Forward se fija desde el inicio un precio para un volumen determinado de petróleo y para una fecha o período futuro.
Normalmente aquí no se paga una prima como en una opción Put. Por eso, si realmente hubo un pago de USD 300 millones, no parecería que se trató de un Swap o un Forward simple. El efecto sería el siguiente: si se fija un precio de USD 70 y luego el mercado cae a USD 55, el país mantiene los USD 70. Pero si el mercado sube a USD 90, igual recibe los USD 70 y deja de aprovechar esa subida. Fuente: Primicias
Nacionales
Tribunal decide el futuro de Aquiles Alvarez: Fiscalía pide condena y defensa cuestiona toda la acusación del caso ‘Triple A’
El futuro judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quedó en manos del Tribunal que conoce el caso Triple A, luego de que concluyeran los alegatos de clausura de todas las partes procesales.
Durante su intervención final, la Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvo que logró demostrar la existencia de una presunta estructura dedicada al desvío y comercialización ilegal de hidrocarburos entre 2020 y 2024, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado estimado en USD 61,5 millones.
Fiscalía pidió la pena máxima y la disolución de seis empresas
En su alegato de clausura, la Fiscalía afirmó haber sustentado su acusación con 21 testimonios, cuatro pericias y 110 pruebas documentales.
Según la teoría del caso, 15 personas naturales y seis personas jurídicas habrían participado en la presunta red de comercialización ilegal de combustibles.
Declarar la culpabilidad de todos los procesados.
Imponer la pena máxima contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Aplicar las circunstancias agravantes correspondientes.
Reconocer una atenuante únicamente para el procesado señalado como cómplice, por su colaboración.
Respecto al grado de participación, la Fiscalía señaló que existen siete autores directos, siete coautores y un cómplice, mientras que las seis empresas procesadas habrían actuado como autoras directas.
Además, pidió la disolución y clausura definitiva de las compañías Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi, así como el pago de la reparación integral al Estado, la imposición de multas y la ratificación de las medidas cautelares sobre los bienes involucrados en el proceso.
La defensa de Aquiles Alvarez cuestiona la base jurídica de la acusación
Tras la intervención de la Fiscalía, la defensa del alcalde de Guayaquil aseguró que existe un problema jurídico de fondo en la acusación.
El abogado Julio Cueva sostuvo que la FGE habría construido su caso sobre un texto del artículo 265 del COIP que, según afirmó, no estaba vigente durante el período en que ocurrieron los hechos investigados.
El abogado acotó que aquello sería «desconocer el principio más básico del Derecho Penal. No hay pena sin ley previa».
Una vez concluidos los alegatos de clausura, el Tribunal suspendió la audiencia e ingresó en la fase de deliberación.
Los jueces deberán analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos expuestos por las defensas antes de emitir su fallo. La legislación no establece un plazo fijo para que el Tribunal anuncie su decisión, por lo que la sentencia podría conocerse en los próximos días. Fuente: Vistazo
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