Nacionales
Gobierno impidió la ‘toma de Latacunga’, mientras la Conaie denunció represión en el primer día del paro
El paro nacional, convocado por la Conaie y otros colectivos, arrancó oficialmente este lunes 22 de septiembre con manifestaciones dispersas en varias provincias de la Sierra. Mientras tanto, el Gobierno minimizó las advertencias de los grupos sociales. Además, el presidente Daniel Noboa dijo que no cederá “ni un milímetro”.
Múltiples vías amanecieron cerradas por manifestantes en Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, donde se concentran los focos de protestas a lo largo de esta jornada. Sin embargo, en algunas zonas, el bloque de seguridad dispersó a los pobladores y logró reabrir algunos tramos de las carreteras.
En Imbabura hubo movilizaciones en Otavalo y Cotacachi. De hecho, la situación escaló en la tarde cuando la Policía denunció el ataque a un comando, mientras que la Conaie alertó sobre detenciones arbitrarias.
En Pichincha la zona más conflictiva fue San Miguel de Común, a la entrada de Quito. Los manifestantes bloquearon la Panamericana Norte con llantas, pero después los militares despejaron el camino.
En cambio, en Cotopaxi, medio millar de indígenas caminó hacia Latacunga, sin embargo, un gran despliegue militar impidió «la toma de la ciudad», por lo que los manifestantes tuvieron que buscar una vía alterna y sesionar en la carretera. Al mismo, tiempo varios ministros y ciudadanos que apoyan al presidente Daniel Noboa hicieron una contramarcha.
La Conaie ha denunciado a lo largo de la jornada “detenciones arbitrarias y represión desmedida ejercida por la fuerza pública”.
Por su parte, Carolina Jaramillo, portavoz del Gobierno, minimizó el alcance de las protestas. “Esto revela que hay un ánimo de trabajo en la mayoría de ecuatorianos”, acotó la funcionaria.
En esa misma línea, el presidente Daniel Noboa dijo este lunes que no cederá ante quienes -en su opinión- quieren desestabilizar el país.
“Estamos ahora peleando una batalla contra el sectarismo, contra la gente que quiere desestabilizar al Ecuador y no vamos a ceder ni un milímetro”, advirtió Noboa.
No obstante, Marlon Vargas, presidente de la Conaie, inauguró oficialmente el paro e hizo un llamado a otras organizaciones para que se unan. El mensaje fue escuchado por colectivos de Cuenca, que hace unas semanas protestaron en contra de un proyecto minero, quienes informaron que desde mañana saldrán a las calles.

DETALLES MINUTO A MINUTO
Veinticuatro personas han sido detenidas en Ecuador este lunes durante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en contra del alza del precio del diésel, confirmó el Ministerio del Interior.
Horas antes, el titular de Interior, John Reimberg, había cifrado en quince el número de detenidos; sin embargo, posteriormente se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes de la ciudad andina de Otavalo, en la provincia de Imbabura, en el norte del país, quienes, según la Policía, atacaron el cuartel, lo que provocó que dos agentes resultaran heridos.
«Con acciones terroristas, ocasionaron daños a las instalaciones del comando policial, motocicletas y vehículos, poniendo en riesgo la integridad física de nuestros compañeros», dijo la institución en un comunicado.

Luego de los actos violentos ocurridos durante el primer día del paro nacional convocado por la Conaie en Otavalo, Luis Efraín Amaguaña presentó su renuncia como gobernador de Imbabura.
Su paso por el cargo fue breve: apenas cuatro días. Había sido designado el jueves 18 de septiembre, en medio de cuestionamientos por parte de sectores críticos al Gobierno.
“A mis imbabureños: Desde niño crecí con la convicción de trabajar por el bien de la comunidad, pues crecí rodeado de mingas, de trabajo y nada de lo que he llegado a tener ha sido causa de la nada, ha sido el resultado del trabajo honesto y duro. Hoy, recibí un encargo con mucha responsabilidad pero debo manifestar que muy allá de todo encargo está la seguridad de mi familia”, expresó, aludiendo a hallarse en riesgo.

La Policía Nacional informó que la tarde de este lunes se produjo un ataque al Comando de Policía de Otavalo, lo que causó daños materiales significativos. Además, dos uniformados resultaron heridos.
La entidad informó que aproximadamente 1.000 manifestantes ocasionaron daños a las instalaciones del comando policial, motocicletas, vehículos policiales y particulares.
“Rechazamos de manera categórica estos actos terroristas, que pretenden sembrar el caos y el terror en la comunidad, con actos que atentan contra la seguridad de la ciudadanía, el orden público y los bienes estatales y privados”, dijo la institución.
Y recordó que una protesta no puede ni debe convertirse en un enfrentamiento contra la fuerza pública, ni en la destrucción de bienes.
Mientras tanto, la Conaie denunció que una ciudadana “fue detenida de manera arbitraria y violenta por agentes del GIR, quienes además disparaban directamente al cuerpo de los manifestantes”.
La organización indígena exigió la inmediata liberación y responsabilizó por su integridad al Gobierno.

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, denunció que no puede ingresar ni salir con normalidad del edificio de la Prefectura por los cierres alrededor de la Gobernación.
Por ello, pidió al Ministerio de Gobierno que habiliten la avenida Tarqui en la ciudad de Latacunga. “Jodido ha sido ser capital de la República”, comentó la funcionaria.
Detalló que en la mañana sí pudo ingresar, pero después las vallas y policías impidieron su salida. “Nosotros necesitamos trabajar, pongan una señalética por donde tenemos que ingresar”, pidió Tibán.
En un video viral de redes sociales se observa que no solo la prefecta tuvo problemas para transitar en el centro de Latacunga, sino también periodistas y demás funcionarios que han visto interrumpida su jornada diaria por la presencia del presidente Daniel Noboa.
Alrededor de millar de indígenas se concentran en Latacunga, ciudad a la que el presidente de Ecuador Daniel Noboa ha trasladó temporalmente la sede del Gobierno, para protestar con el alza del precio del diésel.
Los manifestantes llegaron en autobuses y camionetas desde distintos puntos de Cotopaxi, convocados por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), una de las filiales más fuertes y activas de la Conaie, que llamó a «la toma de Latacunga» para demandar la salida de la ciudad de Noboa.
Apawki Castro, actual coordinador en Cotopaxi de Pachakutik, el brazo político de la Conaie, lideró la marcha en la que caminaron por la antigua vía panamericana por la presencia de vallas policiales qué impedían el paso al centro de la urbe.
«Los seguidores y fanáticos de Noboa fueron traídos de otras provincias y no queremos caer en provocaciones, menos en confrontación», aseveró a EFE Castro.
«Por eso vamos a instalar aquí una asamblea (en mitad de la carretera) para decidir qué hacer. Para nosotros, lo que hizo Noboa es un acto de cobardía intentando enfrentar pueblo contra pueblo. De momento nuestra lucha es indefinida hasta que se decida lo contrario», señaló el dirigente indígena.
«Él (Noboa) no quiere acabar con la inseguridad, quiere aniquilar el movimiento indígena. Ya lo dejó claro declarando el estado de excepción y el toque de queda», agregó.

Dos organizaciones indígenas de la provincia de Tungurahua decidieron no participar en el paro convocado por la Conaie. Se trata del Consejo de Organizaciones y Pueblos Indígenas Evangélicos Quisapincha (Copieq) y el pueblo kichwa Salasaka-Pelileo.
“Ya no quiero ser utilizado”, dijo Francisco Pualasín, presidente del Copieq, al expresar su rechazo a las movilizaciones.
Juan Toaquiza, miembro de esa organización, aseguró que “muchas veces la gente va por la multa” y que los paros terminan beneficiando a los altos dirigentes y no al pueblo ecuatoriano.
Por otro lado, el pueblo kichwa Salasaka-Pelileo también determinó que no saldrá a las calles e hizo un llamado a la instalación de una mesa de diálogo con todos los representantes de las organizaciones indígenas.
Santos Moreta, miembro de ese colectivo, manifestó que la mayoría no quiso salir al paro, pero rechaza las medidas del Gobierno.
“No están de acuerdo con la eliminación del subsidio al diésel”, indicó Moreta. Por ello, el pueblo kichwa Salasaka-Pelileo seguirá en asambleas permanentes.

La organización indígena alertó sobre la represión por parte de la fuerza pública en la Comunidad Pijal, provincia de Imbabura, mientras ciudadanos ejercían su derecho a la protesta.
“Denunciamos el uso desmedido de la fuerza contra comunidades que defienden sus derechos”, escribió la Conaie.
Además, compartió un video en el que se observa a militares entrando a una vivienda fuertemente armados.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseveró este lunes que no cederá ante quienes -en su opinión- quieren desestabilizar el país, que afronta la amenaza de un paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), contra el alza del diésel.
«Estamos ahora peleando una batalla contra el sectarismo, contra la gente que quiere desestabilizar al Ecuador y no vamos a ceder ni un milímetro«, dijo Noboa durante un acto público en la provincia de Cotopaxi.
Agregó que tampoco se irá de Latacunga, hasta donde se trasladó la sede del Ejecutivo: «No me voy a ir de aquí, me gusta bastante».
En esa provincia, indígenas se manifiestan, entre otras razones, contra la eliminación del subsidio al diésel, decretado el pasado 12 de septiembre, pero también se produjo una marcha en favor del Gobierno.

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, publicó un video en el que anuncia el inicio del paro nacional y hace un pedido al presidente Daniel Noboa.
“No somos delincuentes ni terroristas, somos un pueblo digno que exige respeto a la vida, a los derechos y a los territorios”, dijo Vargas.
También se dirigió a Daniel Noboa: “En sus manos está escuchar y dar respuestas al pueblo”.
Agregó que la respuesta ante las demandas de la Conaie “no puede ser represión, violencia, ni persecución”.
Con ello, Marlon Vargas ratificó las movilizaciones y convocó a la unidad de todos los sectores sociales.
Organizaciones sociales de Azuay, que se unieron para luchar contra la concesión minera de Loma Larga, ahora también anunciaron que apoyarán el paro nacional convocado por la Conaie.
El Parlamento Pluricultural del Azuay, que agrupa a múltiples colectivos, convocó para este martes 23 de septiembre a una marcha por la salud, la educación, la democracia y la naturaleza.
La movilización se llevará a cabo a las 4:30 pm desde el Parque de San Blas. “Hoy más que nunca es necesario la Unidad de todos y todas para enfrentar el paquetazo de Noboa”, manifestó la entidad.
Y reiteraron que se suman al paro nacional indefinido y progresivo convocado por la Conaie. “Hacemos un llamado a todos los territorios de la provincia a coordinar en cada cantón las acciones que oportunamente serán anunciadas”, dice el documento.

Hay múltiples vías cerradas, especialmente en Imbabura y Pichincha por manifestaciones.
Imbabura, Otavalo: Partidero de Cotacachi; Pijal, Gonzáles Suárez-Caluquí, ingreso a San Rafael; Eugenio Espejo; San Luis de Agualongo; semáforo de Peguche; puente del Río Blanco, vía rural a Quiroga. Antonio Ante: San Roque.
Pichincha, Quito: calles Lizardo García y José Tamayo. Cayambe: Y de Cusubamba, La Bola de Guachalá, Otón, Santa María del Milán.
Orellana: Aguarico.

La organización indígena denunció una «brutal represión contra las comunidades» en Cajas, parroquia Ayora, cantón Cayambe, límite entre Pichincha e Imbabura.
«Exigimos que cesen los ataques contra las comunidades que ejercen su derecho legítimo a movilizarse», dijo la organización.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi acusó al Gobierno de promover contramarchas en lugar de dar soluciones a la crisis carcelaria y de seguridad que atraviesa el país.
«Cotopaxi ha sido históricamente una provincia que sostiene con dignidad el legítimo derecho a la resistencia y que ha encabezado con fuerza las jornadas de lucha social; es por ello que como una acción desafiante el Presidente Daniel Noboa Azin ha trasladado temporalmente la sede del gobierno a la ciudad de Latacunga», señala el texto.
Asimismo, el MICC acusó al Ejecutivo de convocar a funcionarios y seguidores a una contramarcha. Fuente: Vistazo
Nacionales
Cómo gastan el dinero los municipios y las prefecturas y qué cambiaría con la reforma que plantea Noboa
Una nueva reforma legal pone la lupa sobre lo que están haciendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con los recursos que reciben del Presupuesto General del Estado.
Según el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) los municipios, prefecturas y juntas parroquiales deben recibir:
21% de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado, que son los generados por recaudación de impuestos y tasas.
Y un 10% de los ingresos no permanentes del Estado, es decir, aquellos por venta de petróleo o venta de bienes del Estado o concesiones.
Pero esto podría cambiar con el Proyecto de Ley Reformatoria al Cootad para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, presentado el 28 de enero de 2026, con carácter económico urgente.
El proyecto plantea que los GAD destinen el 70% de sus presupuestos anuales a inversión y obra pública. Y da plazo para conseguir este objetivo: hasta 2029 para los municipios y prefecturas y hasta 2030 para las juntas parroquiales rurales.
El proyecto advierte que, si no cumplen ese porcentaje de inversión, las asignaciones bajarían a los mínimos que dispone la Constitución:
15% por ingresos permanentes.
5% de asignaciones no permanentes.
Según el Gobierno, las actas de la Asamblea Constituyente muestran que las asignaciones a los GAD buscaban evitar el gasto en actividades vitrina y priorizar servicios públicos urgentes.
De ahí que el Ejecutivo cuestione que buena parte del dinero que manejan los gobiernos seccionales se destina al pago de sueldos y salarios. Y, aún peor, para eventos artísticos, culturales, recreativos o de entretenimiento.
«Estos gastos no promueven la dinamización de la economía en contextos donde persisten brechas significativas en la provisión de servicios básicos e infraestructura esencial». Proyecto de ley para reformar el Cootad.
¿En qué gastan los gobiernos seccionales en Ecuador?
Resulta complejo conocer a detalle en qué gastan todos los GAD, pues en el país hay 221 municipios, 24 prefecturas y 797 juntas parroquiales. La mayoría no publica el detalle de sus presupuestos y su ejecución de forma actualizada y transparente.
El Banco Central de Ecuador (BCE) consolida información financiera de todos los GAD. Según esos datos, de los USD 5.497 millones que manejaron en 2024, el 24% se destinó a inversión, que incluye formación bruta de capital fijo, obra pública y la adquisición de bienes de larga duración. En 2025, el porcentaje para inversión fue similar, del 25%.
Por ejemplo, en GAD como el Municipio de Guayaquil, de un presupuesto total de USD 1.608 millones en 2025, USD 439 millones o el 27% fue para inversión y obra pública, según los rubros que el Gobierno central plantea que se pueden considerar como tal.
En Quito, de un presupuesto de USD 1.744 millones, unos USD 398 millones, o el 23%, se dirigieron a ese mismo fin. Mientras que en la Prefectura de Pichincha, el 47% de su presupuesto de USD 275 millones se destinó a inversión y obra pública.
¿Cuánto reciben los GAD del Estado?
En el proyecto de ley, el Gobierno de Noboa menciona que la reforma es necesaria por el problema de desequilibrio fiscal del país; es decir, porque los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos del Estado y, como resultado, Ecuador tiene que endeudarse cada vez más.
Y añade que las asignaciones que hace el Estado para los GAD son muy rígidas; es decir, es muy difícil hacer ajustes cuando los ingresos no alcanzan.
Si bien los municipios, las alcaldías y las juntas parroquiales tienen ingresos propios de las tasas y de los impuestos que cobran, una buena parte de su presupuesto se cubre con las asignaciones del Estado.
Y este no es un gasto menor. Por ejemplo, en 2025, el Presupuesto del Estado alcanzó los USD 34.949 millones y, de ese valor, unos USD 3.455 millones fueron transferencias estatales para los GAD; esto es, casi el 10%.
Esto es 17 veces más que lo que se destinó a obra pública en el Presupuesto General del Estado.
Por la fuerte presión, año a año se acumulan millonarios atrasos en las asignaciones a los gobiernos seccionales, como en 2025 cuando sumaron USD 875 millones.
El economista Daniel Lemus, director del centro de políticas públicas de la ESPOL, explica que las asignaciones del Presupuesto del Estado representan entre el 48% y 54% de los ingresos que tienen los GAD, aunque hay algunos que dependen más del Gobierno central.
Por ejemplo, estas transferencias estatales representan menos del 50% de los presupuestos de algunos municipios, mientras que en las prefecturas son del 70%, añade Lemus.
Para Lemus, la reforma es positiva, pero hace falta aclarar detalles sobre cómo se hará el cómputo de ese 70%.
«¿Se computará sobre lo que el GAD haya planificado en el presupuesto o lo que realmente se haya ejecutado? Porque hay obras que se contratan en un año, pero la ejecución ocurre en el siguiente. Y con los anticipos de las obras, ¿qué pasará?», añade.
Para Lemus es importante hacer estas aclaraciones para evitar que solo se asienten cifras en el papel y al final del año, la ejecución real esté lejos de la meta.
¿Qué cambia el proyecto de ley?
Hoy, el Cootad ya pone un candado, pues su artículo 198 dice que las transferencias que se hagan a los GAD podrán financiar hasta el 30% de gastos permanentes (como sueldos de funcionarios), y un mínimo del 70% de gastos de inversión y obra pública.
Además, especifica que las transferencias provenientes principalmente de la venta del petróleo deberán financiar solo inversión y obra pública.
Sin embargo, ahora el Gobierno propone que el 70% de todo el presupuesto de los GAD — no solo de la asignación estatal— sea para inversión y obra pública.
«La reforma es positiva, para mejorar la calidad de gasto y aumentar la inversión, pero tampoco debe servir para ahogar a algunos GAD con porcentajes imposibles de cumplir». Daniel Lemus, economista
Lemus destaca que el proyecto ya define qué rubros son los que se pueden considerar inversión y obra pública, para evitar diferentes interpretaciones. Fuente: Primicias
Nacionales
Cynthia Jacho: sacó una baja calificación, pero ahora es presidenta de la comisión que elegirá al nuevo fiscal
Cynthia Alexandra Jacho Tipán fue designada como presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado. La joven fungió como abogada junior de un bufete quiteño y sacó una de las calificaciones más bajas en la etapa de méritos.
Esta comisión fue creada por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) en medio de cuestionamientos sobre los requisitos de los postulantes y sus calificaciones.
En total son 10 personas las que tienen la misión de encontrar al nuevo líder del Ministerio Público. Entre los integrantes de la comisión hay representantes de la ciudadanía y de las funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Transparencia y Control Social).
Jacho arrancó en su cargo solicitando al presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, que remita hasta el 29 de enero la terna para elegir al secretario de la comisión. Además, solicitó un equipo técnico.
Tras completar esos requerimientos, los comisionados podrán convocar oficialmente al concurso para escoger al nuevo fiscal.

¿QUIÉN ES CYNTHIA JACHO?
Tiene 26 años, nació en Quito y se graduó como abogada en la Universidad Central del Ecuador en diciembre del 2023, pero su título quedó registrado en la Senescyt en febrero del 2024.
Según la hoja de vida presentada al Cpccs, posee cursos en dignidad humana desde la jurisprudencia constitucional, habeas corpus privación de la libertad legal, arbitraje e ilegítima, teoría del delito y la pena y la prueba en materia laboral.
Todas estas capacitaciones se dieron en julio del 2025, a excepción de la última que tiene como fecha a julio del 2024.
En cuanto a experiencia laboral, Jacho trabajó dos años y 11 meses en el bufete Martínez & Martínez como asistente legal y abogada junior.
Además, la joven destacó que posee experiencia específica en derecho institucional, erradicación para la violencia y relaciones comunitarias.

CUESTIONAMIENTOS
Sin embargo, ha sido cuestionada por sacar 17,5 sobre 50 en el concurso de méritos. Esta fue una de las notas más bajas del grupo por varios motivos: su reciente titulación, su escasa experiencia laboral y la falta de publicaciones académicas.
Aunque justificó dos premios, logrados en junio del 2025, por su defensa en derechos de la mujer y causas sociales y comunitarias.
Por su parte, el asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), recordó en la red social X que alrededor de la nota de Jacho hubo un curioso incidente.
“El equipo técnico tuvo un ‘lapsus calami’ y la calificó con 37,5/50. Ante ello, el Cpccs pidió rectificar la votación para colocar la nota real. La corrección se hizo entre finales de noviembre e inicios de diciembre. ¿El resultado? Con una de las peores calificaciones, terminó dirigiendo la Comisión que decidirá quién será la o el nuevo Fiscal General del Estado”, apuntó el legislador.

PRÓXIMOS PASOS
Una vez que tengan un secretario y un equipo técnico, los comisionados deben hacer un cronograma de trabajo y convocar a los abogados que deseen participar en el concurso. En total son cinco fases:
- Convocatoria y postulación
- Admisibilidad y reconsideración
- Méritos y recalificación
- Escrutinio público e impugnación
- Oposición y recalificación.
Este proceso debe durar cuatro meses, aunque también hay la posibilidad de una prórroga de dos meses más para concluir el concurso que designe al nuevo fiscal. Fuente: vistazo
Nacionales
Ecuador consolida la cooperación con la CAF para los sectores energético, aéreo y bananero
El Gobierno ecuatoriano informó este jueves de que suscribió un instrumento de cooperación técnica no reembolsable con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), orientado a fortalecer los sectores energético y aéreo.
Además, en el marco del Foro Económico Internacional, en Panamá, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) firmó una carta de intención con el multilateral para implementar un programa de mejoramiento genético del banano.
El instrumento forma parte de la relación estratégica que mantiene el Ecuador con CAF, organismo que ha acompañado al país mediante mecanismos financieros y asistencia técnica en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
Su objetivo es fortalecer las capacidades de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) para la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, así como acelerar la expansión del Sistema Nacional de Transmisión, en favor de la seguridad energética y una transición sostenible.
La cooperación incluye la realización de análisis técnicos y socioambientales, así como la preparación de una cartera de proyectos estratégicos, con estudios de ingeniería y perfiles para financiamiento.
Además, prevé acciones de fortalecimiento institucional orientadas a optimizar procesos, gestión y herramientas tecnológicas, y a destrabar cuellos de botella en la ejecución de proyectos.
En el área aeronáutica, el instrumento, suscrito por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, contempla la asistencia no reembolsable de dos millones de dólares, destinada a fortalecer integralmente la conectividad aérea y la seguridad operacional.
Para ello, se contemplan estudios de factibilidad, la rehabilitación de infraestructura aeronáutica, la adquisición de equipamiento, alianzas público-privadas y acciones de fortalecimiento institucional, con énfasis en el rol del Estado como planificador y regulador del sistema aéreo nacional.
La carta de intención suscrita entre la CAF y AEBE, apunta a financiar el mejoramiento fitogenético del banano productivo, de tal manera que sea resistente a las plagas que regularmente afectan a este cultivo.
La suscripción de estos instrumentos reafirmó el acceso del Ecuador a asistencia técnica especializada de alto nivel, orientada a fortalecer la planificación y la capacidad del Estado en sectores clave para el desarrollo sostenible. Fuente: Vistazo
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