Una sociedad puede soportar crisis económicas, conflictos políticos o incluso gobiernos mediocres, pero lo que no puede permitirse es criar a toda una generación sin confianza en el Estado. Eso es lo que está ocurriendo en Ecuador.
Los jóvenes de hoy han aprendido que las instituciones no protegen, que la justicia se compra, que la política se reduce a corrupción y promesas incumplidas. Han visto cómo el mérito pesa menos que la palanca, cómo la educación no garantiza movilidad social y cómo la violencia sustituye a la autoridad legítima.
El costo de esa desconfianza es profundo: se mide en talentos que emigran, en profesionales que prefieren sobrevivir en la informalidad antes que vincularse con un sistema que no les responde, en ciudadanos que ven al Estado como enemigo en lugar de aliado. Y cuando los jóvenes dejan de creer, dejan también de participar. Ese vacío lo ocupan populismos, mafias y discursos que prometen soluciones fáciles a problemas complejos.
La desconfianza erosiona la democracia más rápido que cualquier crisis económica. Porque no se trata solo de instituciones frágiles, sino de ciudadanos que ya no esperan nada de ellas. Y cuando la expectativa es cero, la exigencia desaparece, y con ella, la posibilidad de cambio.
El reto para Ecuador no es únicamente reformar leyes o aumentar presupuestos, sino reconstruir credibilidad. La generación que hoy crece en el desencanto será la que mañana decida si este país se reinventa o se resigna.
El verdadero costo de un Estado fallido no es lo que roba en el presente, sino lo que le arrebata al futuro “la esperanza de quienes deberían construirlo”
