Reportaje: Plan V

El  viernes 9 de mayo de 2025, once militares de la Brigada de Selva 19 de Napo murieron en una emboscada en el Alto Punino. El hecho ocurrió en un sector limítrofe entre las provincias de Napo y Orellana, donde los uniformados se encontraban desplegados en medio de una operación reservada contra la minería ilegal.

En la mañana de ese viernes, el ejército había enviado cuatro equipos de combate, formados por 80 efectivos militares armados, a varios puntos. Durante esa operación, los Comandos de la Frontera (CDF) atacaron a uno de los equipos con explosivos, granadas y fusiles y  once uniformados fallecieron. El incidente también dejó un herido del grupo criminal.

Los CDF surgieron como un grupo de disidentes de la extinta guerrilla colombiana FARC y empezaron a operar en Ecuador cuando Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, tomó el mando de la organización, según una fuente de inteligencia colombiana. El grupo criminal opera principalmente en Sucumbíos y, además de la minería ilegal, se dedica al narcotráfico, según fuentes de inteligencia militar.

La masacre ocurrida en el Alto Punino, sin embargo, fue más grave y causó un gran impacto en las filas militares y en el Ecuador entero. Para muchos ecuatorianos, fue el bautizo de sangre en la conciencia del grado de penetración y el poder que ha alcanzado la minería ilegal asociada con grupos criminales armados, tanto colombianos, como ecuatorianos, allí también tienen presencia Los Choneros.

El comandante del Ejército, el general Henry Delgado Salvador, aseguró públicamente que estaban investigando una filtración de información antes de la operación a los CDF desde las propias filas militares. Ni la Fiscalía ni el Ejército han informado aún sobre el resultado de sus investigaciones.

Más allá de una supuesta fuga de información, lo que sí se sabe es que, desde 2022, existía una hoja de ruta clara, trazada por expertos y funcionarios técnicos, con insumos importantes de la sociedad civil en las zonas afectadas, para que el Estado ecuatoriano, a través de distintas instituciones, actuara con urgencia y decisión para frenar el daño ecológico y el avance de los grupos criminales en la Amazonía ecuatoriana. Esta es la historia de por qué esos planes nunca se implementaron.

El 29 de septiembre de 2022, la Comisión Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, entonces presidida por el diputado Washington Varela Salazar, emitió el único informe técnico y administrativo que generaría esta comisión hasta la fecha. Se titulaba: “Informe Técnico Nro. AN-CBRN-2022-001 de fiscalización y seguimiento a la minería ilegal en el sector Yutzupino, parroquia Puerto Napo, cantón Tena, provincia de Napo».

El informe daba cuenta de la expansión rápida e irreversible de la minería ilegal en la zona de Yutzupino, río Jatunyacu, en la provincia de Napo. El documento estaba firmado por el experto Dr. Rusbel Chapalbay, de nacionalidad kichwa amazónica, y un equipo de diez técnicos contratados por la comisión, a quienes los asambleístas habían encargado la elaboración del informe especial.

La preocupación de los miembros de la comisión parlamentaria surgió a partir de varios «incidentes» con mineros ilegales en la zona de Yutzupino, provincia del Napo. Entre octubre del 2021 y febrero del 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso, se realizaron dos grandes operativos policiales en esta zona. La entonces ministra del interior, Alejandra Vela,  visitó el lugar junto a mandos policiales y militares, e informó  que se habían detectado 107 máquinas retroexcavadoras, 87 de las cuales fueron incautadas y puestas a órdenes de la Fiscalía. Desde los voceros oficiales se anunciaron más investigaciones.

La Comisión de Biodiversidad —cuyas funciones terminarían abruptamente en mayo de 2023 por efecto de la muerte cruzada decretada por Lasso— alcanzó a realizar dos sesiones de fiscalización sobre el impacto y avance de la minería ilegal, en las que invitó a autoridades y expertos a informar sus actuaciones y dar su opinión, y produjo el informe, firmado por Chapalbay y otros, que detallaba el avance veloz e incontenible del fenómeno. En apenas cinco meses, se había consolidado como el foco de minería ilegal más grande de la Amazonía, hasta ese momento, sin que las autoridades hicieran algo para evitarlo, a pesar de las advertencias tempranas.

En la zona de Yutzupino, en octubre de 2021, se había detectado la presencia de cuatro retroexcavadoras y diez dragas y una afectación de tres hectáreas, con unas 50 personas en trabajos mineros. Un mes después, la afectación era de 69 hectáreas y 18 excavadoras. En diciembre, había aumentado a 75 hectáreas y, para enero, 79 hectáreas estaban comprometidas, con presencia reportada de 70 excavadoras. Para febrero, las hectáreas impactadas  eran 121 y se reportaron 148 excavadoras, 98 motores de succión de agua y 18 bombas de agua. Cinco meses después del primer «brote», unas dos mil personas hacían actividad minera en la zona. (Sí hay el mapa)

Ante la alarmante situación, en febrero de 2022 la Comisión exhortó al Ministerio de Energía y Minas a que suspendiera toda actividad minera en la zona. El 11 de marzo de 2022, la Comisión de Biodiversidad sesionó en la ciudad de Tena, capital de la provincia de Napo, ubicada en el centro de la Amazonía. A la sesión en Tena acudieron siete autoridades locales como el alcalde de la ciudad, el gobernador de Napo, los jefes militares y policiales de la provincia, el fiscal provincial, el presidente de la corte provincial, entre otros. Por parte de los movimientos sociales, estuvieron presentes representantes de pueblos indígenas, activistas ambientales y líderes comunitarios. En esa reunión se plantearon tres preguntas que se abordaron luego en el primer informe de la Comisión: ¿por qué las autoridades nacionales y locales evitaron intervenir ante la dimensión de la destrucción evidenciada en la zona?, ¿cuál fue el daño ambiental?, y ¿qué perjuicios económicos se generaron al Estado?

Seis meses después, el informe final de 186 páginas, resultado de las investigaciones de los expertos, fue entregado a la Comisión y presentado públicamente en sesión de la Asamblea. Se trata de un compendio detallado de la incapacidad e ineficiencia del Estado ecuatoriano para frenar el avance de la minería criminal, que hasta la fecha ha impactado a 18 de las 24 provincias del país. La investigación para el informe permitió “establecer una marcada diferencia entre la capacidad operativa, y de coordinación de los entes estatales de control frente a los sistemas y recursos implementados por las organizaciones inmersas en las actividades ilícitas del recurso minero, lo que evidencia afectaciones ambientales, culturales, sociales, institucionales y económicas”, dice este informe.

Además de ofrecer un diagnóstico claro del problema estatal, hacía  recomendaciones  a cada una de las entidades involucradas en el fenómeno del Napo. Estas no solo fueron bien recibidas por la Comisión, sino que quedaron recogidas en una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador, en abril de 2023, antes de que el presidente Lasso decretara la disolución del Parlamento y se convocaran a nuevas elecciones un mes después.

La muerte cruzada también supuso la muerte del informe de la Comisión de Biodiversidad y de la labor de veeduría, control y exigencia a otras entidades estatales para que actuaran y evitaran una masacre, no solo del ecosistema amazónico, sino de vidas humanas que la violencia de los grupos criminales estaba cobrando en la región. Ni las recomendaciones, ni el informe fueron objeto de seguimiento y fiscalización por parte de los integrantes de la nueva Comisión de Biodiversidad que se posesionó meses después, en noviembre de 2023. Desde esa fecha hasta mayo de 2025, la comisión estuvo presidida por el asambleísta por Sucumbíos, Guido Vargas, un veterano dirigente de los transportistas pesados de esa provincia, sin experiencia alguna en temas de medioambiente y biodiversidad. En ese mismo lapso, el Estado no logró frenar el enorme crecimiento de la minería en la Amazonía, en el mismo Napo y luego en el Alto Punino, en Orellana.

Una larga serie de incapacidades

Como respuesta al desafío de combatir la minería ilegal, el Estado ecuatoriano creó en 2011, durante el Gobierno de Rafael Correa, la Comisión Especial de Combate a la Minería Ilegal (CECMI), compuesta por los ministerios del Interior, Defensa Nacional, Energía y Minas y Ambiente; la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables; el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia; el Centro de Inteligencia Estratégica, y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. El organismo colegiado contaba también con miembros invitados: el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Ecuador y el Instituto de Investigación Geológico y Energético, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 754, del 6 de mayo de 2011. La Fiscalía General, responsable de perseguir delitos mineros, ambientales y delincuenciales, nunca formó parte de esta Comisión Especial. Según una alta fuente de la entidad consultada por Plan V, el Ministerio Público no podía participar en organismos colegiados, tanto públicos como privados, encargados del control sin perder la objetividad procesal.

Aunque el CECMI supuestamente contaba con la participación de funcionarios poderosos y de las instituciones más importantes del país, su primera responsabilidad solo llegó a concretarse  11 años después de haber sido creada, cuando emitió el Plan de Acción Minero a través del Decreto Ejecutivo 151, del 5 de agosto de 2021.

Pero ni ese decreto, ni el 754 se cumplieron, en realidad, como lo determinó el informe presentado a la Asamblea.  La desinstitucionalización y el debilitamiento, principalmente del Ministerio de Energía y Minas y de la ARCERNNR (hoy ARCOM), eran evidentes.  El informe citaba varias deficiencias: la descoordinación interinstitucional entre los miembros de la CECMI, la ausencia de una estrategia conjunta y contundente para un trabajo permanente, la ausencia de equipos multidisciplinarios de especialistas, expertos civiles y de las fuerzas públicas, la falta de financiamiento y presupuesto permanente para combatir la minería ilegal, el desbalance de la CECMI entre un modelo centralizado y descentralizado en el territorio, y la falta de tecnología, equipamiento y maquinaria apropiados. En suma, en la provincia de Napo la minería ilegal funcionaba como un sistema criminal, “con mejores condiciones y ventajas que los entes del propio Estado ecuatoriano que tienen atribuciones para el control de la minería ilegal en el país”, dice en un apartado el informe.

El primer operativo policial a gran escala en la Amazonía ecuatoriana tuvo lugar en Yutzupino y evidenció la inutilidad de la Comisión Estatal integrada para tal efecto. El operativo, denominado “Manatí”, fue ejecutado en la parroquia Puerto Napo, cantón de Tena, desde el 13 hasta el 26 de febrero del 2022. En él participaron varios entes de control y se incautaron 148 excavadoras, 98 motores de succión de agua, 80 clasificadoras tipo Z, 220 herramientas de minería, entre otras cosas. Sin embargo, no hubo detenidos y el hecho haber transcurrido aproximadamente cuatro meses desde el inicio de las denuncias ciudadanas registradas por minería ilegal, además de comunicados reiterados del Ministerio del Ambiente como del Ministerio de Energía y Minas pidiendo la intervención de la CECMI, entre el 2 diciembre hasta enero del 2022, hasta que finalmente se realizó el operativo policial en febrero, evidenciaron la inoperancia estatal.

El Ministerio de Gobierno, entidad que presidía la CECMI en las fechas en que ocurrieron los hechos y el operativo Manatí, incumplió el numeral 2 del Art. 3 del Decreto Ejecutivo 754. Este artículo dispone que la Comisión debe “coordinar las acciones para asegurar la ejecución y cumplimiento de las disposiciones y normativas dictadas por las autoridades competentes, dentro de su ámbito de acción”.

La falta de decisión política de la presidencia de la CECMI y el débil liderazgo  operativo de la Gobernación de la provincia de Napo mostraron las limitaciones institucionales en este caso. La intervención extemporánea provocó  que las actividades mineras ilegales en Yutzupino se expandieran con la velocidad de una avalancha: se pasó de cuatro excavadoras en el mes de octubre del 2021 a 148 excavadoras en febrero del 2022, lo que causó,  además, afectaciones ambientales de 121 hectáreas aproximadamente, según el Ministerio del Ambiente.

En ese momento, la Comisión de Biodiversidad concluyó que el control interinstitucional sobre la actividad minera en la provincia de Napo, principal foco de la minería ilegal, era débil por la falta de acción y transparencia de las autoridades competentes. Tampoco existía un modelo minero de gobernanza local participativa que incluyera a la sociedad civil para articular políticas públicas efectivas y estrategias de respuestas integrales e inmediatas. No se contaba con tecnología de vanguardia, equipamiento sofisticado (helicópteros, vehículos todo terrenos, deslizadores, etc.) ni personal especializado multidisciplinario. De igual manera, otra debilidad se refería al manejo y acceso de información física y administrativa de concesiones, seguimiento, control y sanción por actividades de minería antitécnica e ilegal.

Un detalle que evidencia esta debilidad sistémica es el desconocimiento oficial de la producción minera en la provincia de Napo, la cantidad de regalías mineras declaradas por los concesionarios mineros, la extensión de la superficie explotada y los procesos de restauración ambiental, debido al difícil acceso y a la falta de disponibilidad de datos sobre volúmenes de producción de los recursos mineros extraídos por parte de los concesionarios y los extractores ilegales, así como a la escasa trazabilidad para determinar las declaraciones tributarias correspondientes. Además, tampoco se tenía información pertinente sobre las  concesiones caducadas que debían revertirse al Estado.

Uno de los expertos que participó en la investigación para el informe encargado por la Comisión dijo que, al detectar que centenares de hectáreas de concesiones mineras estaban caducadas, se pidió a las autoridades que las revirtieran y liberaran los territorios, pero “un asunto administrativo y engorroso nos detuvo, porque no había un solo protocolo de cómo hacerlo, no había un diálogo entre los ministerios de Ambiente y de Energía, ni con la ARCOM para sustentar técnicamente que un área estaba en condición de caducidad”.

Otra evidencia del debilitamiento de las instituciones para el control de la minería ha sido la falta de articulación entre ellas y la poca información compartida entre lo local y lo nacional.

Por ejemplo, la Comisión de Biodiversidad, que actuó hasta mayo de 2023, debió insistir de modo permanente para obtener la información, principalmente del Ministerio de Energía y la Agencia de Regulación y Control Minero, (ARCERNNR). En muchos de los casos, se alegó que no existía información administrativa y técnica en los expedientes de los procesos de minería, ni se entregó. Esto dificultó el acceso de la comisión para conocer el estado actualizado de las concesiones mineras de la provincia de Napo y  verificar si cumplían con los requisitos. De esta esta manera, se limitó el alcance de la fiscalización y control político respecto al análisis técnico, administrativo y legal.

La otra línea de control de la minería ilegal consiste en cerrar la llave del combustible, porque mover centenares de máquinas excavadoras requiere mucho diésel. Pero, según el técnico jefe de la Comisión de Biodiversidad, consultado para este reporte era muy difícil: “vimos que la persona encargada de monitorear a las gasolineras en esa zona estaba sola y trabajaba en el Coca. Un solo técnico trabajaba en tres provincias: Pichincha, Napo y Orellana. Una sola persona. Tampoco había claridad en los cupos de combustible asignado a las gasolineras”. Además, uno de esos técnicos fue detenido por contrabando de combustible. “Eso me mostró que la penetración de la corrupción estaba en todos los niveles. Me dejó muy sorprendido, porque vimos que personas con las que tratábamos de solucionar los problemas, eran parte del sistema de ilegalidad”.

Las acciones de la sociedad civil

Ante la ausencia y debilidad del Estado para controlar la minería ilegal, los colectivos sociales de la provincia de Napo crearon una iniciativa permanente. Fue en plena pandemia, en 2020, cuando los primeros habitantes de Tena tuvieron conciencia de las nuevas invasiones de la minería ilegal en la región. En ese entonces, se juntaron cerca de diez personas preocupadas por sus alcances. Para el 2024, ya eran más de 3000.

Han activado alertas en redes sociales y medios de comunicación, y han presentado denuncias ante las autoridades competentes. Estas han estado sustentadas en informes técnicos-científicos, mecanismos constitucionales y legales. Sin embargo, un gran número de denuncias y alertas sociales de este colectivo no han sido atendidas de manera oportuna. También han realizado eventos y conversatorios sobre la problemática, marchas y movilizaciones sociales. Entre las organizaciones que han surgido se encuentran Napo ama la vida, Napo resiste, el Consejo de defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, la Fundación Yacu Warmis, Manos Unidas y la Fundación Maquita y la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo.

En la cabecera del río Punino, los activistas de Napo ama la vida, denunciaron la presencia de más de cien excavadoras en plena actividad. Gracias a  los reportes de las comunidades y al uso de drones —que los mineros ilegales suelen bloquear con recursos electrónicos— se detectaron unas 275 operando en 65 frentes mineros en la provincia de Napo.

En noviembre de 2024, activistas de varias de estas organizaciones se juntaron en Tena, en el evento llamado Deteniendo el Biocidio minero en Napo, en el que,  durante ocho horas, buscaron la manera de fortalecer la gobernanza ambiental en medio del conflicto social causado por la expansión minera en Napo, que se duplicó entre 2022 y 2024, pasando de 1118 a 2024 hectáreas.  Esto equivale a 2830 canchas de fútbol  o unas 33 veces el parque La Carolina (de 61 hectáreas) de Quito, el más grande de la capital ecuatoriana.

Durante el acto, José Moreno, presidente del Consejo de Defensores de los Derechos de la Naturaleza, rezó de memoria las cifras de la destrucción y cuestionó el papel de las autoridades para detener la minería ilegal:“Recordemos que en 104 días destruyeron la parte baja del río Jatunyaku entre dos mil mineros ilegales y se llevaron el oro equivalente a 700 millones de dólares. Como colectivo hicimos los cálculos de cuánto oro sale de nuestra provincia, esto puede llegar a 8 a 11 millones de dólares diarios, si sumamos los más grandes frentes mineros”. Añadió que en los últimos ocho meses se habían destruido 32 kilómetros del río Punino, zona donde habían detectado la presencia de grupos irregulares como Comandos de la Frontera, Los Lobos y mineros ilegales armados. “Hemos avisado a las autoridades y no hacen nada ¿Dónde están esos millones de dólares diarios que salen de nuestra provincia?”.

Las máquinas,  el combustible y el daño ambiental producido

La investigación de la Comisión de Biodiversidad mencionó que con la llamada  Ecuación del oro, Napo, realizada por el Ministerio de Gobierno del Ecuador en 2022, se establecía que para extraer cada gramo de oro en la Amazonía se necesitaba el trabajo de cuatro personas y una excavadora para procesar seis toneladas de tierra, usar 1.060 litros de agua y cinco gramos de mercurio. Solo pensar en el impacto de la extracción de un kilo de oro (1000 gramos), se entiende la dimensión del daño.

Entre 2017 y 2024, la importación de excavadoras representó un negocio de más de 500 millones de dólares, según los datos de importaciones registradas en el Banco Central del Ecuador y en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SNAE).

En el operativo denominado Manatí se incautaron 148 excavadoras que ingresaron en el Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la Policía Judicial de la provincia del Napo, en calidad de evidencias incautadas. El informe de la comisión descubrió, sin embargo, que no existía un control eficiente del registro de la maquinaria y/o equipo pesado, específicamente “excavadoras y retroexcavadoras” utilizadas para minería, ya que únicamente se exige la presentación del Certificado de instalación y conectividad de GPS (emitido por un proveedor) para los actores mineros, según lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial 002 del 6 de febrero de 2017. Además, es difícil rastrear a través de ella a los actores criminales y el uso de estos equipos para actividades ilícitas, ya que  usualmente es adquirida por terceros que tienen licencia para actividades distintas a la minería.

En la Comisión de Biodiversidad está registrado que el retraso de cuatro meses en atender las primeras denuncias permitió el ingreso masivo de maquinaria, equipos e insumos para las actividades mineras ilícitas, lo que llevó al empeoramiento de los daños ambientales.

En el Código Orgánico Integral Penal se tipifican los delitos contra los recursos naturales y los recursos naturales no renovables, pero no se entiende por qué la Fiscalía Provincial de Napo y el juez de la Unidad Penal de Tena tardaron demasiado en coordinarse e intervenir en el sector de Yutzupino. Así lo señaló el informe de la Comisión y agregó que  era  “necesario establecer mecanismos de articulación efectivos y eficaces; incluso ante la presunción del cometimiento de un delito ambiental, así como también en las resoluciones de las sentencias expedidas con acciones o medidas de remediación, restauración o reparación ambiental requeridas en las áreas intervenidas”. (Ver más al respecto de los procesos judiciales en la Parte 2 de de este informe especial)

La Fiscalía General del Estado informó que, desde 2011 hasta 2022, se habían registrado 121 noticias de delito en la provincia del Napo, de las cuales 112 correspondieron al delito de actividad ilícita de recursos mineros. De estas, sólo 14 obtuvieron una sentencia condenatoria. De las 1244 noticias por delitos conexos que podrían estar relacionados con la minería ilegal, 517 tuvieron sentencia condenatoria, lo que demuestra la demora en la investigación de los delitos relacionados con la  minería.

Sandra Rueda, una abogada que fue legisladora por Napo entre noviembre del 2023 y mayo del 2025, también fue fiscal en su provincia durante diez años y delegada de la Defensoría del Pueblo. Rueda considera que no hay voluntad por parte de la Fiscalía ni de la Judicatura para avanzar en los delitos derivados de la minería ilegal. Dice que la manera más eficaz de parar la devastación minera sería atajando el tráfico de combustibles:“Sin combustible no operan las excavadoras, ni el equipo de volquetas y vehículos que trasladan el material mineralizado”.

Pero es un delito casi imposible de juzgar. Antes de ser legisladora, Rueda también actuó como abogada defensora en procesos legales. En cuatro de estos procesos hubo detenidos y eran delitos flagrantes. “Pero ocurrió como siempre: se lanzan la pelota entre la Judicatura y la Fiscalía. En esos diez casos no se abrió una instrucción fiscal y menos un juicio, y las personas quedaron libres. Insistí mucho con la Fiscalía y la Judicatura, y se echaron la culpa una a la otra. La Judicatura aseguró que la Fiscalía no presentó los elementos suficientes”.

El argumento era que no se podía probar legalmente que el líquido aprehendido en los operativos era combustible. Como ex funcionaria de la Fiscalía del Napo, la abogada Rueda corroboró a este medio que no habían los reactivos ni los peritos para realizar las pruebas que se debían llevar a las audiencias.

Después, el silencio

La última sesión de la anterior Comisión de Biodiversidad sobre la minería ilegal en Napo y  otras provincias amazónicas tuvo lugar  el 8 de mayo de 2023. Los asambleístas que la integraban recibieron información de varias autoridades y organizaciones respecto a las actividades de minería ilegal en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, y en el cantón de Tena.

Durante la sesión, Franklin Soria, presidente del Movimiento Ecuador sin Minería, reflexionó sobre los efectos de la minería ilegal y la necesidad de reparación. A la vez advirtió que el Ecuador no solo perdía por los efectos y consecuencias de la minería ilegal, sino también por el robo de los minerales.

El entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño, reveló que, a esa fecha, existían 129 focos de minería ilegal y que 16 provincias estaban afectadas por los mineros ilegales, artesanales y grupos delincuenciales organizados. Para el 2025, las autoridades ya no podían precisar si había entre 300 y 600 focos de minería ilegal, pero coincidían en que las provincias afectadas ya eran 18.

En esa misma audiencia, Luis Maingón, entonces director de la Agencia de Control y Minero, detalló las actividades ejecutadas, así como las inspecciones de control llevadas a cabo en cada provincia por  funcionarios expertos en el tema. “Loja, El Oro, Esmeraldas e Imbabura son lugares donde se han realizado operativos e inspecciones de control”, afirmó.

Los asambleístas integrantes de la comisión coincidieron en que la minería ilegal afectaba al entorno y que los habitantes de esas zonas no podían llevar una vida tranquila. También advirtieron que los funcionarios, en sus comparecencias, se limitaban a presentar informes en mesa legislativa, pero no aportaban soluciones, por lo que las autoridades debían comprometerse con la población ecuatoriana a erradicar  esta mala práctica.

Al finalizar la reunión, la comisión decidió por unanimidad conformar una mesa técnica entre el Legislativo y el Ejecutivo para hacer seguimiento a las denuncias sobre la minería ilegal. Según la resolución, la mesa presentaría en 30 días un informe para conocimiento del Pleno. Sin embargo, el informe no se presentó y la mesa técnica no se pudo constituir por la disolución de la Asamblea.

Cuando se eligieron nuevos legisladores, la Comisión de Biodiversidad ya era otra. Desde que iniciaron su periodo en noviembre del 2023 hasta mayo del 2025, esta comisión no volvió a tratar un solo tema de minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana.

Un presidente vinculado al transporte pesado

El nombramiento del dirigente de transporte pesado y ex prefecto de la provincia de Sucumbíos, Guido Vargas, como presidente de la Comisión fue sorpresivo, según fuentes técnicas de la Comisión consultadas por Plan V. En su trayectoria profesional resalta su nula experiencia en el tema ambiental. Vargas es representante de una provincia sumida en la violencia de grupos armados como los Comandos de la Frontera, que se ha convertido en un reconocido corredor para el tráfico de cocaína que sale de los laboratorios del Putumayo colombiano. Cientos de toneladas de droga son transportadas  por esta vía hacia los puertos del Ecuador en diversos medios de transporte terrestre.

Durante su periodo como presidente, Vargas dijo que la acción de la Comisión se había centrado en la discusión y aprobación de la Ley de la Amazonía y la fiscalización de actividades petroleras. El tema de la minería ilegal, sin embargo, que se ha convertido en el problema de mayor generación  de la violencia  y mayor devastación ambiental en la historia amazónica, no mereció tratamiento alguno de fondo en la Comisión. Los nuevos integrantes tampoco hicieron seguimiento a las recomendaciones que habían hecho los anteriores legisladores, tras el diagnóstico negativo del informe técnico que habían encargado.

Entre las tareas de seguimiento, estaban que el Ejecutivo reformara el Decreto Ejecutivo Nro. 754 de 6 de mayo del 2011, para crear la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal y fortalecer este cuerpo colegiado. Cosa que no sucedió. Tampoco se dio la asignación presupuestaria para ejercer las funciones de coordinación, asesoría, activación de operativos y seguimiento; ni incorporó como miembros activos de la Comisión a la Fiscalía General del Estado, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Ecuador, como se había planteado.

Tampoco reformó el Decreto Ejecutivo 151 de 5 de agosto del 2021 que expidió el “Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador”, y mucho menos se evaluó el cumplimiento de las disposiciones emitidas a las entidades públicas de control y seguimiento de las actividades mineras legales e ilegales.

Ni hizo seguimiento al  Ministerio del Interior, que debía desarrollar los protocolos para la planificación, gestión y aplicación de operativos de control de minería ilegal. Estos hubiesen permitido garantizar la ejecución legal efectiva y eficiente de personas aprehendidas, maquinaria retenida y decomisada e insumos químicos. También  hubiera generado mejores niveles de coordinación para obtener autorizaciones de allanamientos, decomisos y clausuras de actividades de minería ilegal.

La Comisión tampoco verificó que el Ministerio de Energía y Minas pusiera en marcha un plan y cronograma interinstitucional de intervención territorial minero, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y marco legal vigente de los titulares mineros. O que el Ministerio del Medio Ambiente depurara el registro de concesiones otorgadas en la provincia de Napo, para cerciorarse que no hubieran permisos otorgados en áreas protegidas, y que le entregara un informe al respecto a la Comisión. Cosa que tampoco sucedió. Este ministerio también dejó de crear los instrumentos legales para aumentar los controles al tráfico ilícito y el uso no autorizado de sustancias químicas, residuos y desechos no peligrosos, peligrosos o especiales utilizados en la minería.

La Comisión no verificó que el Ministerio de Energía y Minas pusiera en marcha un plan y cronograma interinstitucional de intervención territorial minero, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y marco legal vigente de los titulares mineros.

La Comisión tampoco dijo nada cuando otras entidades que igualmente debían presentar informes de sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos minerales extraídos, como el Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico incumplieron. Ni averiguó por qué la Agencia de Regulación y Control, el Ministerio de Energía y Minas, el Servicio de Rentas Internas, y la Superintendencia de Compañías, tampoco conformaron nunca una comisión técnica multinivel para mejorar la coordinación interinstitucional entre los eslabones de control que permitiera mayor trazabilidad de las obligaciones tributarias, por ejemplo.

La anterior Comisión también había pedido a la Fiscalía General del Estado efectuar un análisis de la actuación del fiscal provincial del Napo, cuestionado por versiones entregadas en el seno de la Comisión, relacionados a noticias delitos de minería ilegal y los delitos conexos bajo el cargo; y, respecto de la fiscal  encargada de la investigación de los delitos del medio ambiente en el proceso 150101821110148. También  se exigió a la entidad que diera inicio a los procesos de determinación de daño ambiental en sede judicial, considerando los Arts. 251, 252, 254, 260 del COIP en: concesiones mineras que registren actividades de explotación de material aurífero sin actos administrativos previos; concesiones mineras que reiteran incumplimientos al plan de manejo, afectaciones al recurso hídrico, normativa y obligaciones ambientales; concesiones mineras que en expedientes de los entes de control registren procesos administrativos por incumplimientos técnico y legales. Hasta febrero del 2024, la Fiscalía había recibido 23 denuncias por delitos mineros y una sola de estas llegó a etapa de juicio. La nueva Comisión no  hizo ningún seguimiento de ello.

En resumen, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, presidida por Vargas, no hizo cumplir, ni realizó el seguimiento a ninguna de las disposiciones de las distintas entidades que se habían comprometido a actuar. Mientras tanto, la minería ilegal y criminal no solo se incrementó sustancialmente en la zona del río Jatunyacu-Yutzupino, sino que también se extendió al río Punino y a sus zonas altas.

¿Una nueva comisión?

En mayo de 2025, la Asamblea Nacional tuvo nuevos legisladores, resultado de las elecciones generales de inicios de este año, lo que implicó otro cambio en la Comisión de Biodiversidad. Lo que en principio podría parecer una buena noticia, dada la inoperancia de los anteriores integrantes (solo una de ellas repite) en sus labores de seguimiento y control, no necesariamente lo es. Algunos de los legisladores actuales también pueden tener conflictos de intereses, según pudo comprobar Plan V al revisar algunos de sus perfiles y trayectorias profesionales.

La presidencia de la Comisión de Biodiversidad quedó en manos de una joven de 21 años de edad, Camila León, representante de la provincia del Azuay, que cuenta con experiencia en el servicio público como funcionaria del Ministerio de Inclusión Social. En esta provincia se está produciendo en este momento un virulento conflicto entre empresas mineras y el gobierno, por un lado, y comunidades campesinas e indígenas, por el otro. Estas últimas reclaman la no explotación de mineras en zonas de fuentes de agua de la provincia y el respeto a los resultados de una consulta popular de 2023 que negó la explotación minera.

Además de León, la nueva Comisión de Biodiversidad para el periodo 2025-2029 está conformada por Fernando Jaramillo (su vicepresidente), Franklin Samaniego, Yadira Bayas (vicepresidenta de la Comisión de Biodiversidad 2023-2025), Manuel Casanova, Esperanza Rogel, Pamela Aguirre, Sade Fritschi, Christian Hernández y Katherine Pacheco Machuca.

La nueva Comisión de Biodiversidad, que se posesionó en mayo del 2025, aún no ha expuesto sus planes para los próximos dos años, según determina la norma. No se sabe si piensa retomar algunas de las recomendaciones del informe especial sobre la minería ilegal en la Amazonia.

Esta última —representante de la provincia de El Oro, emporio de la minería legal e ilegal en el Ecuador— destacó en su hoja de vida su “trayectoria de más de una década en el sector privado, dentro del Grupo Empresarial ADMG, (lo cual) la llevó a ocupar importantes cargos en áreas contables y administrativas, llegando a desempeñarse como Jefa del Departamento Contable y Administradora General de Minera Beloro C.L. Esta experiencia fortaleció sus competencias en alta gerencia, liderazgo estratégico y visión organizacional”.

La asambleísta Pacheco, del partido de gobierno, es nieta de David Machuca Granda, dueño del Grupo Empresarial ADGM que concentra 11 empresas mineras, comercializadoras, productoras y explotadoras de oro, una empresa inmobiliaria y una ferretera. Machuca está entre los más poderosos mineros de la provincia donde se refina oro, legal e ilegal en grandes cantidades. Y la empresa donde trabajó su nieta,  Beloro, exportó 108 millones en oro en los dos últimos años desde su sede en Machala, según sus datos empresariales.

La nueva Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, que se posesionó en mayo del 2025, aún no ha expuesto sus planes para los próximos dos años, según determina la norma. No se sabe si piensa retomar algunas de las recomendaciones del informe especial, ni cómo piensa ejercer seguimiento y control a las demás entidades estatales para frenar los efectos dañinos de la minería en las distintas provincias y el poder armado de los grupos criminales que también participan del negocio.

La primera intervención de la presidente de la Comisión, sin embargo, no deja un buen precedente: Camila León votó en contra de que la Comisión fiscalice a la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, por entregar la licencia ambiental a la minera canadiese Dundee Precious Metal, concesionaria el proyecto de megaminería Loma Larga, que afecta los páramos y fuentes de agua de Cuenca, la tercera ciudad más grande del país.Amazonía: la minería criminal sigue impune