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Asamblea Nacional no votó por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por violación

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El segundo debate del proyecto de ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en casos de Violación concluyó la noche del jueves 3 de febrero de 2022. El Pleno de la Asamblea Nacional analizó el informe elaborado por la Comisión de Justicia, pero no votaron para su aprobación.

Los legisladores abordaron los puntos más relevantes de esta iniciativa, que surgió en cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional para permitir el aborto en situaciones donde la mujer ha sido violada. Desde el Legislativo se debía realizar un reglamento que acompañe esta sentencia. “Hemos formulado un proyecto con criterios y argumentos técnicos y científicos, con el fin de entregar una herramienta efectiva a la sociedad”, manifestó la asambleísta Johanna Moreira, ponente de la Mesa de Justicia.

En el debate se planteó la necesidad de efectuar reformas en la Constitución, pues el artículo 45 de la Carta Magna señala que se garantiza la vida desde la concepción. Las bancadas también intercambiaron opiniones sobre la temporalidad para el aborto por violación, que en el texto presentado indica que es de hasta 20 semanas de gestación en mujeres mayores de 18 años y de hasta 22 en menores de edad.

Sin embargo, una alternativa que sugirieron entre quienes no apoyan la interrupción del embarazo es que exista un acompañamiento especializado para preparar a la madre en un proceso de adopción. También mencionaron que se necesitan sanciones más fuertes contra el agresor.

Finalizado el debate, que contó con al menos 40 intervenciones, Moreira le solicitó a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, un plazo de ocho días para que la Comisión de Justicia elabore un informe definitivo con los aportes recabados en el debate.

En una semana, el Pleno de la Asamblea volverá a sesionar sobre este proyecto de ley para conocer el documento final y someterlo a votación. Una vez cumplido este proceso, la iniciativa legal será remitida al presidente Guillermo Lasso. (I)

El Universo

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Gobierno lanza programa ‘Firmes con Noboa’ con incentivos de hasta USD 1.000 en Imbabura, Carchi y Pichincha

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El Gobierno de Daniel Noboa presentó este lunes “Firmes con Noboa”, un programa de reactivación económica con una inversión superior a 50 millones de dólares, destinado a familias y pequeños negocios afectados por las recientes manifestaciones.

El plan contempla incentivos directos de 1.000 dólares, además de créditos preferenciales, alivios financieros y medidas tributarias para fortalecer a los sectores más golpeados por la crisis productiva.

Las ayudas se concentrarán en las provincias de Imbabura y Carchi, los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, así como en las parroquias Guayllabamba y Calderón, en Pichincha, zonas identificadas por el Gobierno como las más impactadas por las paralizaciones.

El programa también incluye una serie de líneas de crédito con tasas preferenciales y plazos extendidos, entre ellas:

  • Crédito al 5% “Firmes con Noboa”, para establecimientos del sector turístico.
  • Crédito Violeta, enfocado en mujeres emprendedoras.
  • Crédito Bantransportes, destinado a personas naturales o jurídicas que prestan servicios de transporte de pasajeros o carga.
  • Crédito 7×7, con una tasa del 7% anual y hasta 7 años de plazo.
  • Crédito de chatarrización, que otorga un bono para renovar vehículos antiguos.

A esto se suma un alivio financiero temporal con periodos de gracia de hasta tres meses para créditos vigentes en BanEcuador, así como facilidades en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que permitirán el refinanciamiento de multas e intereses.

Impulso extra para el turismo

El plan “Firmes con Noboa” contempla además medidas específicas para reactivar el turismo, como la reducción del IVA del 15% al 8%, una campaña de promoción nacional y un programa de capacitación para 3.000 trabajadores del sector.

Según el Gobierno, estas acciones buscan “respaldar a quienes se mantuvieron firmes ante la adversidad” y contribuir a la recuperación económica sostenida de las comunidades afecta. Fuente: Vistazo

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Atamaint hace aclaración ante alerta de Correa sobre supuesto intento de eliminación de la RC

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La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, aclaró este lunes que aún no se ha presentado una denuncia en contra de la Revolución Ciudadana (RC) ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por inconsistencias en sus cuentas de campaña.

La declaración ocurre luego de que el expresidente Rafael Correa, líder de la RC, escribió en la red social X que el CNE presentó una acusación ante el TCE contra su organización política con el objetivo de sancionarlos y eliminar al partido.

Andrés Arauz, excandidato presidencial, también hizo la alerta. “El CNE de Diana Atamaint pide eliminar al movimiento político RC5 por supuestamente no justificar $6400 dólares en la campaña de 2023”, sostuvo el economista.

Sin embargo, Diana Atamaint subrayó que esa información es “totalmente falsa”, puesto que el informe de las cuentas de la campaña de la RC aún sigue analizándose.

“Aclaro que esas noticias que salieron en redes sociales, que el CNE ha pedido la desaparición del partido político, es totalmente falso. Están intentado victimizarse o están tratando de desinformar a la ciudadanía pues ellos conocen exactamente los procedimientos y reglamentos”, manifestó Atamaint.
$!El trino de Correa y Arauz.

EL PROCESO PREVIO A LA DENUNCIA

La presidenta del CNE explicó que todas las organizaciones sociales y políticas, que se inscriben para hacer campaña, deben presentar informes de sus cuentas.

Por ello, son capacitados para que puedan presentar sus documentos, en los que básicamente explican el origen y manejo de los fondos.

Luego, el CNE hace una análisis y si es que hay inconsistencias tienen un plazo de 15 días para que puedan subsanar cualquier duda.

Después, se vuelve a revisar la nueva información. En caso de que aún haya errores, la institución electoral emite un informe jurídico a la organización política.

“Esto es lo que ha sucedido con RC. Esa resolución que se toma desde la presidencia, por delegación del pleno del CNE, se les ha notificado indicando que no se ha recibido con satisfacción el informe”, indicó Atamait.

Agregó que el correísmo ha interpuesto un recurso administrativo ante el CNE, en virtud de que ellos consideran que hay que corregir o aclarar la resolución.

Cuando el informe se ratifique, el CNE recién enviará la decisión al TCE pidiendo la sanción respectiva.

Además, Atamaint recordó que la sanción puede ser económica o el retiro de derechos políticos a la persona que lleva las cuentas de la organización política, al representante legal, al jefe de campaña y al candidato. Fuente: Vistazo

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Daniel Noboa y su plan de quitar la salud al IESS: así se divide opinión en Ecuador

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El presidente Daniel Noboa ha adelantado poco sobre las reformas a la Carta Magna, que planea poner en marcha, en caso de que el sí gane en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre del 2025, en 20 días. Sin embargo, ya ha adelantado su intención de que el Seguro Social (IESS) no sea un prestador de salud, sino solamente el Ministerio del ramo. ¿Cómo se ha tomado esa idea?

El economista Alberto Acosta Burneo ha manifestado su apoyo a la idea del presidente de la República. Ha dicho que en países como Reino Unido, España, Brasil, Portugal e Italia, el Estado, a través del Ministerio de Salud, presta directamente los servicios, financiados con impuestos. «La Seguridad Social se enfoca en pensiones, no en hospitales. La propuesta de Noboa apunta a un modelo de salud universal como en esos países».

3.2 millones de afiliados tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero más del doble de personas son beneficiarias del seguro de salud.

El reto del IESS en salud: millones de pacientes y falta de hospitales propios

Por otro lado, algunas voces, inclusive de abogadas que no suelen tratar temas de la Seguridad Social, como María Dolores Miño comentaron: «Muchas personas, especialmente de tercera edad, dependen del servicio de salud del IESS para una vida digna. No solo gente de escasos recursos, sino de todos los estratos sociales se atienden ahí. Piensen si quieren que su abuelita, que sus papás se queden sin atención en salud tras pagar toda la vida por eso. Es terrorífico lo que se propone».

Fernando Salinas, ingeniero eléctrico y presidente del Foro Energético Ecuador, recordó: «El IESS presta varios seguros, como pensiones, salud, riesgo del trabajo, invalidez y cesantía. Sería una verdadera hecatombe y una estafa social si se elimina la prestación de salud a través de una reforma. 700 mil jubilados dependen del IESS para tener una vida digna».

¿Cómo va a pagar el Ministerio de Salud al IESS por los hospitales y más infraesctura?

Hace un mes, entrevistada en Radio Democracia, María de los Ángeles Rodríguez, vocal de los empleadores, ante el Consejo Directivo del IESS, dijo que una conversación que se debe tener es si la prestación de salud y todos los hospitales del Seguro Social debería manejarlos el Ministerio de Salud Pública.

«No es tan fácil como decir eso, nosotros como IESS tenemos una inversión en infraestructura, en equipamiento de 102 hospitales, más 659 dispensarios del Seguro Social Campesino, todos esos activos no le podemos regalar al Ministerio de Salud. ¿Cómo el IESS le va a cobrar?».

Algunas cifras del IESS

  • 3.203.927 personas están afiliadas al IESS.
  • 589.649 personas son pensionistas, jubilados.
  • 938.879 son beneficiarios del Seguro Social Campesino.
  • 138.807 personas son pensionistas del Seguro Social Campesino.

¿Y el ISSFA y el ISSPOL también van a desaparecer?

La abogada Patricia Borja, especialista en temas de Seguridad Social, pregunta qué pasará con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y con el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL). ¿También desaparecerán? Y toda la población en Ecuador recibirá atención del sistema de salud público, coordinado por el MSP.

Otros abogados, como Marcos Ortiz, han recordado que existen instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la prestación de salud, de quienes tienen Seguridad Social. Fuente: El Expreso

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