Nacionales
Los planes del Gobierno de Ecuador para la consulta y referendo chocan con los plazos y el anuncio de más preguntas
Esto, en medio de dos anuncios, el presidente Daniel Noboa hizo una declaración clave: que la votación sería el 30 de noviembre de 2025. No obstante, el anuncio de replantear preguntas complicaría los plazos y la intención de llegar a votaciones para finales de noviembre.
Solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un plazo de 15 días para convocar a elecciones y otro de 60 días para ejecutarlas. Y, aunque son plazos máximos, estos no pueden ser reducidos radicalmente por el trabajo que implica un proceso electoral.
Por ejemplo, en el referendo y consulta popular de 2024, al CNE le tomó 13 días lanzar la convocatoria, porque primero tenía que estar lista la planificación, el cronograma y el cálculo presupuestario, y después de otros 54 días la ciudadanía llegó a las urnas.
Para la fecha anunciada por el presidente Noboa para esta nueva consulta, quedan apenas 84 días. Pero el CNE no es el único involucrado en un proceso de esta naturaleza.
Más plazos a tener en cuenta
Las dos preguntas que sí aprobó la Corte Constitucional siguen su trámite en el organismo. Se trata de la intención de implementar el trabajo por horas en el sector turístico, solamente en casos de primer empleo, y la reducción de legisladores.
La jueza ponente, Claudia Salgado, avocó conocimiento de la causa el 8 de septiembre de 2025, para realizar el control de la convocatoria a referendo planteada por el Primer Mandatario. La Ley de Garantías Jurisdiccionales le otorga un término de 20 días laborales. Es decir, hasta el 6 de octubre de 2025.
Esto suma un total de 28 días como plazo máximo para que el pleno emita un dictamen y lo notifique. En caso de que esto no suceda dentro del tiempo, la misma Ley señala que se entenderá que los jueces aprueban el texto.
Por lo tanto, si el Ejecutivo decidiera seguir adelante solo con esas dos preguntas, a las que se sumarían la de las bases militares extranjeras y la del financiamiento de las organizaciones políticas (que espera su segundo dictamen hasta el 17 de septiembre), no le quedaría ningún margen de tiempo.
Es así que los plazos máximos de la autoridad electoral y la Corte Constitucional sumarían 103 días, sin contar el tiempo que podrían demorarse las notificaciones o entregas de documentos.
El nuevo escenario
Inicialmente, el presidente Noboa proyectó que su consulta y referendo llegarían a votaciones el 14 de diciembre. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene ninguna competencia sobre el control constitucional o la organización del proceso electoral.
Pero, de manera sorpresiva, en una entrevista posterior a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Primer Mandatario anunció un adelanto de dos semanas, para el 30 de noviembre.
Durante esa cita bilateral, el funcionario estadounidense dijo que podrían analizar una invitación de Ecuador para instalar una base militar en el territorio nacional. Pero esto no podrá suceder sin que la propuesta presidencial gane primero en las urnas.
Es por eso que el reciente anuncio desde Carondelet se convierte en un problema logístico y de tiempos.
En caso de que el Gobierno cumpla con su anuncio de enviar un nuevo paquete de preguntas y de reformular las que fueron negadas, se añaden nuevamente los pasos previos y plazos ante la Corte Constitucional.
Los magistrados no tendrían plazos para determinar la vía de tratamiento de los cambios constitucionales que plantee el Presidente, como la eliminación del Consejo de Participación, en el que la vocera Carolina Jaramillo afirmó que insistirían.
Además, que se añadiría un segundo término de 20 días laborales para el control de esta nueva convocatoria. La única excepción serían las preguntas planteadas como consulta popular, como la que busca el retorno de los casinos. Esto porque, al no cambiar la Carta Magna, tienen un filtro menos.
De todas formas, el Consejo Nacional Electoral podría avanzar en la logística de la primera convocatoria, sin un presupuesto fijo para la impresión de material electoral -que dependerá del número de preguntas y de si se trata solo de un referendo o de un proceso mixto- hasta que la Corte dirima sobre el siguiente bloque de propuestas. Si eso ocurre, el proceso ganaría tiempo. Fuente: Primicias
Nacionales
Atamaint hace aclaración ante alerta de Correa sobre supuesto intento de eliminación de la RC
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, aclaró este lunes que aún no se ha presentado una denuncia en contra de la Revolución Ciudadana (RC) ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por inconsistencias en sus cuentas de campaña.
La declaración ocurre luego de que el expresidente Rafael Correa, líder de la RC, escribió en la red social X que el CNE presentó una acusación ante el TCE contra su organización política con el objetivo de sancionarlos y eliminar al partido.
Sin embargo, Diana Atamaint subrayó que esa información es “totalmente falsa”, puesto que el informe de las cuentas de la campaña de la RC aún sigue analizándose.

EL PROCESO PREVIO A LA DENUNCIA
La presidenta del CNE explicó que todas las organizaciones sociales y políticas, que se inscriben para hacer campaña, deben presentar informes de sus cuentas.
Por ello, son capacitados para que puedan presentar sus documentos, en los que básicamente explican el origen y manejo de los fondos.
Luego, el CNE hace una análisis y si es que hay inconsistencias tienen un plazo de 15 días para que puedan subsanar cualquier duda.
Después, se vuelve a revisar la nueva información. En caso de que aún haya errores, la institución electoral emite un informe jurídico a la organización política.
Agregó que el correísmo ha interpuesto un recurso administrativo ante el CNE, en virtud de que ellos consideran que hay que corregir o aclarar la resolución.
Cuando el informe se ratifique, el CNE recién enviará la decisión al TCE pidiendo la sanción respectiva.
Además, Atamaint recordó que la sanción puede ser económica o el retiro de derechos políticos a la persona que lleva las cuentas de la organización política, al representante legal, al jefe de campaña y al candidato. Fuente: Vistazo
Nacionales
Daniel Noboa y su plan de quitar la salud al IESS: así se divide opinión en Ecuador
El presidente Daniel Noboa ha adelantado poco sobre las reformas a la Carta Magna, que planea poner en marcha, en caso de que el sí gane en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre del 2025, en 20 días. Sin embargo, ya ha adelantado su intención de que el Seguro Social (IESS) no sea un prestador de salud, sino solamente el Ministerio del ramo. ¿Cómo se ha tomado esa idea?
El economista Alberto Acosta Burneo ha manifestado su apoyo a la idea del presidente de la República. Ha dicho que en países como Reino Unido, España, Brasil, Portugal e Italia, el Estado, a través del Ministerio de Salud, presta directamente los servicios, financiados con impuestos. «La Seguridad Social se enfoca en pensiones, no en hospitales. La propuesta de Noboa apunta a un modelo de salud universal como en esos países».

El reto del IESS en salud: millones de pacientes y falta de hospitales propios
Por otro lado, algunas voces, inclusive de abogadas que no suelen tratar temas de la Seguridad Social, como María Dolores Miño comentaron: «Muchas personas, especialmente de tercera edad, dependen del servicio de salud del IESS para una vida digna. No solo gente de escasos recursos, sino de todos los estratos sociales se atienden ahí. Piensen si quieren que su abuelita, que sus papás se queden sin atención en salud tras pagar toda la vida por eso. Es terrorífico lo que se propone».
Fernando Salinas, ingeniero eléctrico y presidente del Foro Energético Ecuador, recordó: «El IESS presta varios seguros, como pensiones, salud, riesgo del trabajo, invalidez y cesantía. Sería una verdadera hecatombe y una estafa social si se elimina la prestación de salud a través de una reforma. 700 mil jubilados dependen del IESS para tener una vida digna».
¿Cómo va a pagar el Ministerio de Salud al IESS por los hospitales y más infraesctura?
Hace un mes, entrevistada en Radio Democracia, María de los Ángeles Rodríguez, vocal de los empleadores, ante el Consejo Directivo del IESS, dijo que una conversación que se debe tener es si la prestación de salud y todos los hospitales del Seguro Social debería manejarlos el Ministerio de Salud Pública.
«No es tan fácil como decir eso, nosotros como IESS tenemos una inversión en infraestructura, en equipamiento de 102 hospitales, más 659 dispensarios del Seguro Social Campesino, todos esos activos no le podemos regalar al Ministerio de Salud. ¿Cómo el IESS le va a cobrar?».
Algunas cifras del IESS
- 3.203.927 personas están afiliadas al IESS.
- 589.649 personas son pensionistas, jubilados.
- 938.879 son beneficiarios del Seguro Social Campesino.
- 138.807 personas son pensionistas del Seguro Social Campesino.
¿Y el ISSFA y el ISSPOL también van a desaparecer?
La abogada Patricia Borja, especialista en temas de Seguridad Social, pregunta qué pasará con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y con el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL). ¿También desaparecerán? Y toda la población en Ecuador recibirá atención del sistema de salud público, coordinado por el MSP.
Otros abogados, como Marcos Ortiz, han recordado que existen instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la prestación de salud, de quienes tienen Seguridad Social. Fuente: El Expreso
Nacionales
Carolina Jaramillo denuncia amenaza de muerte: ‘Esperan mi silencio, se equivocan’
Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, denunció que recibió una amenaza de muerte a través de la red social X con una fotografía de su vivienda. “El temor no me detiene”, sostuvo la funcionaria.
La mañana de este lunes 27 de octubre, Jaramillo publicó una captura del mensaje amenazante en el que un usuario le pide que “no vuelva a hablar del diario”, de lo contrario atentaría contra la vida de ella y su hija.
El texto viene acompañado de una imagen de la casa de la funcionaria. “Esto es una clara amenaza a mi vida y la de mi hija”, manifestó la comunicadora.
Además, la funcionaria dio una entrevista al medio digital ‘La Posta’, en donde confirmó que se refiere a la investigación en torno a Diario Expreso.
La vocera detalló que recibió “una amenaza explícita” el pasado domingo, a las 23h00.
“Sé por los años de experiencia que tengo que asumir una función pública como la que tengo siempre me va a exponer a la conversación pública, que no siempre es positiva. Pero que me hayan enviado un mensaje directo señalando una situación personal como es la vida de mis hijos, con una foto del sitio donde vivo, pero además señalando que no siga hablando de este caso, es gravísimo”, dijo la vocera.
La semana pasada, Jaramillo dio una entrevista en radio ‘Canela’ en donde habló sobre su relación con los periodistas durante sus ruedas de prensa de todos los lunes, pero también se refirió a la investigación en contra de Diario Expreso.
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