Nacionales
“Todos los meses voy al hospital a preguntar ¿cuándo compran las prótesis?”, dice afiliado del IESS, uno de los 242 afectados

Desde hace tres años, Filadelfo Saltos vive atado a una silla de ruedas que le moviliza dentro y fuera de su casa. Los días pasan mientras él y otros 242 afiliados y jubilados del IESS esperan impacientes que el hospital Teodoro Maldonado Carbo contrate la provisión de sus piezas anatómicas, en reemplazo de aquellas que perdieron por un accidente o una enfermedad.
Él sufrió la amputación de su pierna derecha como consecuencia de una diabetes que avanzó a pesar de los tratamientos y cuidados. Tiene 73 años y se siente “totalmente inmovilizado”. Su discapacidad lo detiene cuando quiere ejercer lo que más ama, la arquitectura.
“Yo tengo deseo de caminar por mi propia cuenta, de desarrollar mis actividades, soy arquitecto, yo desempeñaba mis funciones, no dependía de nadie, aportaba al desarrollo de mi patria y de mi familia, ahora lo hago de vez en cuando, desde el computador”, cuenta Filadelfo, un jubilado que vive en la ciudadela Urdenor, en el norte de Guayaquil.
Desde ahí se traslada periódicamente hasta el hospital Teodoro Maldonado Carbo para preguntar a las secretarias, ¿cuándo llegan las prótesis? Nadie le da la noticia que tanto anhela Filadelfo, un jubilado que se somete a diálisis renales tres veces por semana.
“He estado atrás, preguntando en las mismas dependencias, pero me han dicho que sea paciente. Donde yo me hago las terapias, está lleno de personas que necesitan prótesis. Le pido al IESS que se humanice, hay una necesidad humana de movilizarse, de no depender”. Filadelfo Santos, paciente
Rolando Mazzini, de 46 años, pide la misma humanidad que reclama Filadelfo. En 2005 sufrió un accidente de tránsito y perdió su pierna derecha. Desde entonces ha recibido dos prótesis del hospital, la última tiene más de cinco años y ya no le funciona, pero aún la usa.
“Yo mismo veo como la arreglo, tiene un poco de parches, pero la tengo que seguir usando hasta que el IESS nos dé una prótesis. Yo voy todos los meses al hospital y me dicen que no está en la plataforma, cambian de administradores, gerentes, y así se pasan diciendo. Como uno necesita va todos los meses”, se quejó Mazzini.
Su prótesis necesita un recambio, pero mientras el hospital decide la contratación, él utiliza la prótesis vieja y así se moviliza todos los días desde el suburbio de Guayaquil hasta la camaronera en la que trabaja en Durán. Vive en las calles 36 y Vacas Galindo. “Me demoro una hora y media en llegar, el tráfico es duro”, cuenta.
No es fácil la vida para quienes dependen de otros, pero siguen adelante como Nicolás Rangel, un joven de 30 años que, en 2022, cuando salía en su moto, fue impactado por un vehículo a la vuelta de su casa, ubicada en las calles Argentina y la 20, en el suroeste de Guayaquil.
Es el tercer hijo de Marlene Vargas, el único varón y por el que ella llora al recordar el día en que ocurrió el accidente. Su pierna fue amputada por encima de su rodilla y desde entonces él se moviliza con muletas, a la espera de que el hospital le entregue la prótesis, una pieza que puede costar hasta USD 3.000.
“Ahí está la moto, arrumada. Él trabajaba en el municipio, en la calle, en obras, pero ahora no puede, está en oficina, su hermana lo lleva y lo trae. Al principio le dieron una silla de ruedas, pero está dañada”. Marlene Vargas, madre de paciente.
No solo Filadelfo, Rolando y Nicolás esperan desde hace años la entrega de sus prótesis. En el Teodoro Maldonado Carbo hay 242 pacientes que esperan este dispositivo, un proceso de compra que el hospital inició el pasado 29 de julio de 2025, según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop.
Tercer intento de contrato
Por un monto de USD 2,2 millones, el hospital publicó esta adquisición que va por, al menos, su tercer intento en los últimos tres años y que está pendiente desde hace siete años. El mismo hospital admite que “242 afiliados se encuentran en lista de espera desde el año 2018 y que hasta la actualidad no han podido ser atendidos por la falta de adquisición de estos dispositivos (prótesis)”.
A fines de 2023 ya se quiso hacer la contratación, pero el proceso no se concretó tras las quejas de oferentes que, en la etapa de preguntas y respuestas, denunciaron un supuesto direccionamiento del contrato, además de una sobrevaloración del presupuesto.
Los reclamos provocaron que en el concurso solo se presente la oferta de la empresa cuestionada, la misma compañía a la que el hospital le había pedido una cotización para fijar el presupuesto del contrato.
En el actual proceso de contratación, no se han registrado quejas de proveedores. Sin embargo, Manuel Defás, coordinador provincial del Observatorio de Seguridad Social del Ecuador, pidió que se revise este contrato para evitar “direccionar el proceso a determinado proveedor local de Guayaquil”.
“Solicito que se disponga la inmediata intervención en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, con el fin de erradicar actos de corrupción”, pidió Defás, además de la fiscalización del proceso de compra de las prótesis ante presuntas irregularidades.
La adjudicación del contrato de las prótesis está prevista para el miércoles 27 de agosto. El contrato prevé un anticipo del 50% y tiene el plazo de 330 días para la entrega de las piezas anatómicas que necesitan pacientes como Óscar Bravo, de 69 años.
Desde la ventana de su vivienda, en la Octava y Bolivia, mira pensativo el ir y venir de sus vecinos que caminan despreocupadamente por su calle. Él no puede hacerlo. Hace más de dos años le amputaron la pierna derecha, unos diez centímetros debajo de su rodilla.
Se moviliza con silla de ruedas cuando sale al hospital Teodoro Maldonado Carbo. Dentro de casa utiliza un andador. En su barrio, todos conocen su discapacidad. Es pública, porque al pie de su vivienda ha construido una rampa de acceso para la silla de ruedas y también hay dos escalones y un pasamanos en la entrada de su casa.
“En marzo de 2023 le amputaron la pierna, nos dijeron que regresemos al año siguiente, fuimos en febrero de 2024 y nos dijeron lo mismo, volvimos en junio de este año y otra vez que regresemos en un año”. Nelly Real, de 66 años y esposa de Óscar
Óscar no sale de casa. Sentado en su sala muestra su pierna incompleta y recuerda que antes de la amputación podía hacer todo con independencia, incluso manejar un vehículo. Su familia lo cuida. Teme que se caiga y no lo deja solo.
Él sigue preguntando en el IESS, cuándo llegan las prótesis: “Cada vez que voy me dicen que espere, que espere. A las autoridades del IESS les pido que agiliten los medios para obtener las medicinas y las prótesis, hay muchos pacientes que necesitamos, que nos ayuden a movilizarnos”. Fuente: Primicias
Nacionales
El hueco fiscal del presupuesto del Estado aumenta en 2025 a USD 5.624 millones

El Gobierno de Daniel Noboa prevé que en 2025 el déficit o hueco fiscal en el Presupuesto General del Estado sea de USD 5.624 millones, según la proforma presentada por el Presidente Daniel Noboa el 22 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional.
¿Pero qué es el déficit fiscal y cómo afecta al Presupuesto del Estado?
El Presupuesto General del Estado detalla cómo un gobierno administra las finanzas de un país; es decir, en qué gasta el dinero que recauda de sus ciudadanos y los ingresos que percibe por la venta de petróleo o por endeudamiento público.
Cuánta plata necesita el Gobierno de Noboa para lo que resta de 2025 y para 2026 ; ya alista los nuevos presupuestos
Pero cuando los ingresos del Estado no son suficientes para pagar todos los gastos, se crea lo que conoce como déficit fiscal; pues el Estado está gastando más de los ingresos que percibe. Y para cubrir este hueco en el presupuesto, el Gobierno debe endeudarse y pagar intereses.
En la proforma presentada por Noboa, los ingresos previstos para 2025 suman USD 27.439 millones, pero los gastos suman USD 33.064 millones.
La vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, explicó el 25 de agosto de 2025 que el Gobierno de Daniel Noboa ha estado haciendo esfuerzos para reducir el déficit fiscal.
Gobierno prevé que los subsidios costarán USD 7.915 millones al Estado en 2025, ¿cuáles serán los más altos?
«Hay un déficit que no es desconocido, lo venimos arrastrando hace muchas décadas como país, pero cada vez nos esforzamos para que sea menor… Sí, el déficit es de casi USD 6.000 millones, pero no es extremadamente superior al déficit de la proforma anterior», dijo.
Además, Jaramillo enfatizó que lo ideal al hablar del déficit fiscal es referirse a cuánto equivale frente al Producto Interno Bruto del país (PIB). De ahí que dijo que el déficit de 2025 será de alrededor de 4,3% del PIB.
«Tenemos que reconocer que ahora mismo en la proforma se ha priorizado la salud, educación y seguridad, cumpliendo lo que manda la Constitución. Además, la proforma es un ejercicio referencial, no está escrita en piedra», agregó.
Y sí, cuando se compara el déficit fiscal con la proforma de 2024, es decir, con USD 4.800 millones, que es lo que inicialmente preveía el Estado, la diferencia con el hueco que tendrá el Presupuesto en 2025 no es tan amplia.
Sin embargo, a lo largo de 2024 o durante la ejecución del gasto, ese hueco fiscal se fue acortando y cerró diciembre de 2024 con una cifra de USD 2.483 millones, mucho más baja que la inicialmente prevista para 2024 y también más «chica» que la proyectada para 2025. Fuente: Vistazo
Nacionales
El ministro John Reimberg denuncia a jueza de Zamora por no dar prisión preventiva a hombre investigado por sicariato

El ministro del Interior, John Reimberg, continúa con las denuncias a funcionarios judiciales que dejan en libertad a peligrosos delincuentes. Este 25 de agosto de 2025, cuestionó que la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Yantzaza (Zamora Chinchipe), rechazó el pedido de prisión preventiva en contra de Rolando M., presunto sicario acusado de tentativa de homicidio y detenido por la Policía Nacional, el jueves 21 de agosto.
Se trata de una «resolución inexplicable», expresó el funcionario en su cuenta de X. Le otorgó «ridículas medidas cautelares» como presentación ante el fiscal de la causa y prohibición de salida del país.
El funcionario preguntó ¿hasta cuándo la Función Judicial del país tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?
«Tenemos acusado recibo de la denuncia por parte del Consejo de la Judicatura. Esperamos el procedimiento del caso», concluyó.
Funcionarios judiciales sancionados
Hasta el pasado 10 de junio, 90 servidores judiciales han sido destituidos en los últimos 11 meses por la Judicatura. Se trata de 46 jueces de 13 provincias, fiscales, asistentes administrativos, ayudantes judiciales, citadores, coordinadores provinciales, gestores de archivo, secretarios, técnicos de ventanilla, entre otros.
Este es el número de jueces sancionados:
- Cotopaxi: 1.
- El Oro: 7.
- Tungurahua: 1.
- Los Ríos: 8.
- Bolívar: 2.
- Manabí: 3.
- Guayas: 8.
- Esmeraldas: 3.
- Chimborazo: 4.
- Pastaza: 1.
- Santa Elena: 1.
- Loja: 1.
- Santo Domingo: 6
- Total: 46.
Los 90 servidores judiciales destituidos corresponden a:
- Jueces: 46.
- Fiscales: 11.
- Analistas: 2.
- Asistentes administrativos: 3.
- Ayudantes judiciales: 5.
- Citadores: 1.
- Coordinadores provinciales: 1.
- Directores provinciales: 5.
- Gestores de archivo: 2.
- Secretarios: 10.
- Técnicos de ventanilla: 3.
- Peritos de Fiscalía: 1.
- Total: 90. Fuente: Ecuavisa
Nacionales
‘Vidrio Libre’: vinculan a funcionario por liberación ilegítima de Jorge Glas y revelan cómo se habría tramado

En el marco del caso ‘Vidrio Libre‘, la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó este lunes 25 de agosto al funcionario judicial Edison Andrés V. por el presunto delito de asociación ilícita.
En esta causa se investiga a funcionarios públicos y abogados en libre ejercicio, quienes se habrían asociado para lograr la liberación ilegítima del exvicepresidente, Jorge Glas, evadiendo la acción de la justicia.
Liberación ilegítima de Glas
Con base en los elementos de convicción, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga detalló en la audiencia cómo se habría tramado la liberación ilegítima del exvicepresidente Glas, con la participación del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
Según la investigación, Terán habría mantenido reuniones con el entonces juez Emerson Curipallo en el domicilio de la exjueza Anabel Torres, donde le solicitó que emita una medida que permita la excarcelación de Glas, a cambio de archivar sus expedientes disciplinarios y de un supuesto “blindaje” desde el Gobierno.
Este accionar habría contado con el respaldo del entonces fiscal de Santo Domingo, Víctor Hugo Alcívar, quien habría pedido al juez proceder con la medida, garantizando que el abogado Edison L. evitaría una reacción institucional por parte del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores).
Posteriormente, Wilman Terán habría redactado la acción constitucional de medida cautelar, mientras que Anabel Torres habría coordinado el sorteo en la Unidad Judicial de Santo Domingo a través de Edison Andrés V. (recién vinculado al caso ‘Vidrio Libre’), quien habría manipulado el sistema para que Emerson Curipallo sea el juez asignado y habilitado para recibir la causa. El patrocinio, presentación y tramitación recayó en el abogado Cristhian P.
El 26 de noviembre de 2022, en Santo Domingo, Cristhian P. presentó la demanda constitucional en beneficio del exvicepresidente. Fue sorteada al despacho del juez Emerson Curipallo, quien dos días después, el 28 de noviembre, resolvió a favor del solicitante.
Mediante esa resolución, se ordenó que Jorge Glas se presentara una vez por semana en la Penitenciaría del Litoral, se le prohibió salir del país y se emitió la boleta de excarcelamiento.
Al término de la audiencia, el Juez que conoce el caso dictó medidas cautelares contra Edison Andrés V.: prohibición de ausentarse del país y presentación periódica cada quince días en la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En esta causa también están procesados el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; el exfiscal Víctor Hugo Alcívar; la exjueza Anabel Torres; y los abogados Cristhian P. y Edison L., como presuntos autores directos del delito. Fuente: Vistazo
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