Cuando parecía que al fin el Consejo de Participación Ciudadana se disponía a desbloquear el concurso para elegir al reemplazo de Diana Salazar, el presidente Daniel Noboa acaba de dejar en el limbo la designación de un nuevo Fiscal General porque la consulta popular que hará en diciembre puede cambiar las reglas de juego. Ecuador es el único país donde esta elección está a cargo de un “poder ciudadano”, mientras en el resto de la región los fiscales surgen de acuerdos entre los poderes del Estado. ¿Qué método es mejor?

Llevó a los tribunales a Rafael Correa por el caso Sobornos, quien terminó con una sentencia de 8 años y proscrito políticamente. Inició la investigación contra Lenín Moreno por el caso Sinohydro, que aún está en proceso. También investigó a Guillermo Lasso por el caso Encuentro, aunque resultó sobreseído. Y procesó a docenas de ministros y líderes sociales e indígenas. Durante seis años, la ex Fiscal General Diana Salazar acaparó grandes titulares, recibiendo aplausos o reproches, de diferentes sectores, casi convertida en una especie rock star de la política.

Y no es la única, en los últimos años, los fiscales en la región han adquirido notoriedad por llevar a los presidentes y ministros ante los tribunales, con algunos casos relacionados al escándalo de Odebrecht y otros incluso con el narcotráfico. “La figura del Fiscal General se ha ido convirtiendo en un rock star de la política por el enorme poder que tiene ahora y eso ha hecho que se vayan separando del poder Ejecutivo, porque tiene que investigarlo”, explica Úrsula Indacochea, directora del Programa Independencia Judicial de la Fundación para el debido Proceso (DPFL), con sede en Washington, EE.UU.

Por eso, no es sorpresa que la elección o designación de fiscales sea tan problemática: por los intereses políticos en juego. “Los fiscales pueden intervenir en las elecciones, pueden procesar a alguien para que no pueda ser candidato, etc.”, dice Indacochea. Un Fiscal no solo define por a quién procesa o persigue judicialmente; sino también por lo que decide no investigar.

Pero, ¿cómo se eligen fiscales en otros países y por qué Ecuador cayó en este limbo institucional?

La figura de Fiscal General nació como un especie de ministerio para llevar a cabo la política de seguridad del presidente. Por eso, en algunos países como Brasil todavía se llama Ministerio Público. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente tiene la potestad de destituir al Fiscal. Cada país tiene una manera diferente de designación, pero lo común es que interactúen los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En Chile, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia preselecciona a cinco perfiles que luego envía al presidente para que elija a uno, y esa decisión debe ser ratificada por el Senado. Ecuador es el único país de la región donde un “poder ciudadano” escoge al Fiscal.

No hay fórmula mágica para garantizar la independencia de un Fiscal. Hasta 2008, en Ecuador la designación estaba en manos del Congreso. Ante las críticas de la politización del proceso, el correísmo impulsó en la Constitución de Montecristi la creación del Consejo de Participación Ciudadana para que, a través de concursos de méritos y oposición, se designe a las autoridades. Pero dicho Consejo terminó cooptado por las fuerzas políticas y eso ha hecho que retrasen o bloqueen los concursos.

“No es que lo que se hacía antes en el Congreso estaba bien, pero al menos los acuerdos políticos para elegir Fiscal u otras autoridades se hacía de frente. Eso obligaba a que los postulantes o los integrantes de las ternas tuvieran alguna credencial. Con el CPCCS, los intereses políticos quedaron ocultos por la supuesta meritocracia y los concursos”, lamenta el jurista y docente universitario Pablo Encalada.

Explica que lo importante es la interacción de los poderes del Estado y que la designación no solo quede en manos del Ejecutivo y Legislativo, sino que también intervenga el poder judicial. Una vez que Diana Salazar explotó todo el poder de la Fiscalía, ahora la institución es más apetecida por los políticos para blindarse judicialmente o perseguir a los enemigos, refiere Ecalada. Fuente: Vistazo