Nacionales
Denuncian presuntas irregularidades en actividades de la Cooperativa Minera “11 de Julio” en Zamora Chinchipe y Loja
En entrevista concedida a la Cadena Ecotel de Loja, el abogado Paúl Luzuriaga, representante legal de habitantes de San Carlos de las Minas, expuso una serie de denuncias en contra de la Cooperativa de Producción Minera “11 de Julio”, a la cual se atribuyen presuntas prácticas de minería ilegal y afectaciones ambientales en distintos sectores de Zamora Chinchipe.
Según Luzuriaga, la problemática fue advertida desde el año 2022, cuando moradores de San Carlos de las Minas presentaron una denuncia formal señalando daños al cauce de los ríos Zamora, Nambija y la quebrada Namanda, lo que habría provocado inundaciones y perjuicios a viviendas de la zona. No obstante, pese a la evidencia entregada, la Fiscalía Provincial de Zamora Chinchipe habría desestimado el caso, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos.
El jurista argumenta que los mineros cuentan con título de concesión, pero no con la licencia ambiental, requisito establecido en el artículo 26 del Reglamento para la Minería. Además, señaló un posible conflicto de intereses al indicar que uno de los socios de la cooperativa sería Galo Rodríguez, actual fiscal en Zamora, lo cual, a su criterio, comprometería la imparcialidad de las investigaciones.
A estas denuncias de carácter ambiental se suman también acusaciones en el ámbito urbanístico y financiero. De acuerdo con lo expuesto, la cooperativa habría participado en la comercialización de terrenos en los denominados “Jardines de Punzara” (Loja), pese a no contar con facultades legales para tal fin. Esta situación derivó en la presunta estafa a más de 800 familias que habrían invertido entre 9.000 y 10.000 dólares en dichos lotes, alcanzando un perjuicio estimado de más de cuatro millones de dólares.
Frente a este hecho, los concejales lojanos John Espinoza (presidente de la Comisión de Fiscalización del Municipio de Loja), Santiago Herráez y la doctora Jolly Castillo presentaron una denuncia en la Fiscalía de Loja, en un esfuerzo por recuperar los recursos de los afectados.
El abogado Luzuriaga enfatizó que la lucha legal lleva ya más de seis años y que las comunidades afectadas mantienen la exigencia de que se respete el derecho a un ambiente sano, así como la restitución de los bienes perdidos por las prácticas irregulares atribuidas a la cooperativa minera.
Finalmente, reiteró la necesidad de que las instituciones del Estado actúen con independencia, transparencia y apego a la ley, a fin de garantizar justicia tanto para las familias perjudicadas en Loja como para los habitantes de San Carlos de las Minas que denuncian daños ambientales.
Nacionales
Con llamado a consulta, Daniel Noboa patea el tablero y deja en el limbo la designación del Fiscal
Cuando parecía que al fin el Consejo de Participación Ciudadana se disponía a desbloquear el concurso para elegir al reemplazo de Diana Salazar, el presidente Daniel Noboa acaba de dejar en el limbo la designación de un nuevo Fiscal General porque la consulta popular que hará en diciembre puede cambiar las reglas de juego. Ecuador es el único país donde esta elección está a cargo de un “poder ciudadano”, mientras en el resto de la región los fiscales surgen de acuerdos entre los poderes del Estado. ¿Qué método es mejor?
Llevó a los tribunales a Rafael Correa por el caso Sobornos, quien terminó con una sentencia de 8 años y proscrito políticamente. Inició la investigación contra Lenín Moreno por el caso Sinohydro, que aún está en proceso. También investigó a Guillermo Lasso por el caso Encuentro, aunque resultó sobreseído. Y procesó a docenas de ministros y líderes sociales e indígenas. Durante seis años, la ex Fiscal General Diana Salazar acaparó grandes titulares, recibiendo aplausos o reproches, de diferentes sectores, casi convertida en una especie rock star de la política.
Y no es la única, en los últimos años, los fiscales en la región han adquirido notoriedad por llevar a los presidentes y ministros ante los tribunales, con algunos casos relacionados al escándalo de Odebrecht y otros incluso con el narcotráfico. “La figura del Fiscal General se ha ido convirtiendo en un rock star de la política por el enorme poder que tiene ahora y eso ha hecho que se vayan separando del poder Ejecutivo, porque tiene que investigarlo”, explica Úrsula Indacochea, directora del Programa Independencia Judicial de la Fundación para el debido Proceso (DPFL), con sede en Washington, EE.UU.
Por eso, no es sorpresa que la elección o designación de fiscales sea tan problemática: por los intereses políticos en juego. “Los fiscales pueden intervenir en las elecciones, pueden procesar a alguien para que no pueda ser candidato, etc.”, dice Indacochea. Un Fiscal no solo define por a quién procesa o persigue judicialmente; sino también por lo que decide no investigar.
Pero, ¿cómo se eligen fiscales en otros países y por qué Ecuador cayó en este limbo institucional?
ENTRE ACUERDOS POLÍTICOS Y MÉRITOS
La figura de Fiscal General nació como un especie de ministerio para llevar a cabo la política de seguridad del presidente. Por eso, en algunos países como Brasil todavía se llama Ministerio Público. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente tiene la potestad de destituir al Fiscal. Cada país tiene una manera diferente de designación, pero lo común es que interactúen los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En Chile, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia preselecciona a cinco perfiles que luego envía al presidente para que elija a uno, y esa decisión debe ser ratificada por el Senado. Ecuador es el único país de la región donde un “poder ciudadano” escoge al Fiscal.
No hay fórmula mágica para garantizar la independencia de un Fiscal. Hasta 2008, en Ecuador la designación estaba en manos del Congreso. Ante las críticas de la politización del proceso, el correísmo impulsó en la Constitución de Montecristi la creación del Consejo de Participación Ciudadana para que, a través de concursos de méritos y oposición, se designe a las autoridades. Pero dicho Consejo terminó cooptado por las fuerzas políticas y eso ha hecho que retrasen o bloqueen los concursos.
“No es que lo que se hacía antes en el Congreso estaba bien, pero al menos los acuerdos políticos para elegir Fiscal u otras autoridades se hacía de frente. Eso obligaba a que los postulantes o los integrantes de las ternas tuvieran alguna credencial. Con el CPCCS, los intereses políticos quedaron ocultos por la supuesta meritocracia y los concursos”, lamenta el jurista y docente universitario Pablo Encalada.
Explica que lo importante es la interacción de los poderes del Estado y que la designación no solo quede en manos del Ejecutivo y Legislativo, sino que también intervenga el poder judicial. Una vez que Diana Salazar explotó todo el poder de la Fiscalía, ahora la institución es más apetecida por los políticos para blindarse judicialmente o perseguir a los enemigos, refiere Ecalada. Fuente: Vistazo
Nacionales
Movimiento indígena denuncia presunto intento de asesinato contra Leonidas Iza y responsabiliza a Daniel Noboa
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció un presunto intento de asesinato contra Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y excandidato presidencial, que habría sido perpetrado por “agentes de la Dirección General de Inteligencia”.
A través de un comunicado emitido la noche de este lunes 18 de agosto, el MICC, que agrupa a 33 organizaciones y 510 comunidades, responsabilizó al gobierno de Daniel Noboa de una supuesta “persecución política” contra Iza.
Según el documento, “agentes de la Dirección General de Inteligencia irrumpieron en la comunidad de San Ignacio, sembrando terror y atentando contra la vida de nuestro compañero Leonidas Iza”.
El presidente del MICC, Rafael Negrete, sostuvo que lo ocurrido “no es un hecho aislado, sino la continuación de una política sistemática de persecución, hostigamiento, amenazas de muerte y desprestigio contra nuestras estructuras organizativas y contra quienes levantamos la voz frente a un gobierno servil a las élites económicas”.
“Responsabilizamos directamente a Daniel Noboa y a su Gobierno por cualquier atentado a la vida e integridad de Leonidas Iza y de nuestros dirigentes. Lo que hoy vivimos no es democracia, es la dictadura de los ricos disfrazada, sostenida por la violencia estatal y el miedo”, señala el texto.
El MICC anunció que se declara en asamblea permanente e indefinida hasta que se identifique a los responsables de la operación, se sancione a los agentes de inteligencia involucrados y se detenga lo que consideran una maquinaria de persecución política contra los pueblos indígenas y campesinos.
Asimismo, hizo un llamado a su militancia, a las estructuras provinciales, regionales y nacionales, así como a la comunidad internacional, a “levantar una alerta roja frente al autoritarismo y al terrorismo de Estado que se pretende instalar en el país”.
“Ni la persecución ni la muerte detendrán la lucha de los pueblos indígenas y campesinos por la vida, la justicia y la dignidad en contra del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado”, enfatiza el comunicado.
Hasta el momento, Leonidas Iza no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, ni tampoco la Conaie, que actualmente es presidida por Marlon Vargas. Fuente: Vistazo
Nacionales
Visita ministerial al Hospital Universitario de Guayaquil deja a cientos de pacientes sin respuestas
Los ministros de Gobierno, Zaida Rovira; de Salud, Jimmy Martin; y de Inclusión Económica y Social (MIES), Harold Burbano, realizaron un recorrido este 18 de agosto en el área de Urgencias Ginecológicas, Obstétricas y Pediátricas del Hospital Universitario de Guayaquil, centro de salud en el que se han registrado muertes de neonatos vinculadas a la bacteria intrahospitalaria Klebsiella Pneumoniae (KPC).
Sin embargo, pese a que se convocó oficialmente a los medios de comunicación, los periodistas no pudieron ingresar al recorrido.
Inicialmente se indicó a PRIMICIAS que la limitación se debía a la falta de mascarillas, pero cuando los equipos consiguieron este insumo, la versión cambió: funcionarios señalaron que no había espacio suficiente para más personas en las salas.
Luego se anunció que al final del recorrido los ministros ofrecerían declaraciones y, de hecho, se ordenó a los medios apostarse en un punto específico del hospital para ese fin.
No obstante, los ministros nunca llegaron al lugar dispuesto. En lugar de salir por el área principal, abandonaron el hospital por la zona de Emergencias y partieron en sus vehículos, alegando que debían atender una “emergencia”.
El caso de la bacteria KPC en el Hospital Universitario
La presencia de la bacteria Klebsiella Pneumoniae productora de carbapenemasa (KPC) en el Hospital Universitario encendió las alertas sanitarias en julio, lo que provocó activar protocolos sanitarios ante la alerta epidemiológica causada por la KPC. Esta bacteria intrahospitalaria se adquiere dentro de los centros de salud, generalmente a través de insumos médicos que no han sido desinfectados de manera correcta o que no son usados adecuadamente.
El ministro de Salud, Jimmy Martin, reconoció que dos de los 12 bebés fallecidos en julio murieron a causa de la KPC. El resto, explicó, respondía a causas multifactoriales como bajo peso al nacer, prematuridad o inmadurez extrema.
Martin negó que se hayan reutilizado cánulas en la atención a los neonatos y aseguró que el hospital cuenta con abastecimiento de insumos. A la par, anunció la activación de protocolos epidemiológicos para contener la propagación de la bacteria.
Reestructuración en hospitales de Guayaquil tras muertes por KPC
Como parte de las medidas tras esta crisis, el Gobierno dispuso la intervención militar en tres hospitales de Guayaquil: Universitario, Monte Sinaí y Guasmo Sur. Estos centros ahora están bajo la administración de gerentes de la Armada, con el fin de reforzar la transparencia y la disciplina administrativa.
Además, se conformó una comisión externa de epidemiólogos, neonatólogos e infectólogos, con el acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), para investigar de manera independiente los fallecimientos y fortalecer la seguridad hospitalaria. Fuente: Primicias
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