Nacionales
Daniel Noboa envía a la Corte Constitucional cuatro preguntas para enmendar la Constitución: incluye control político a jueces
El presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional (CC) cuatro preguntas para que sean sometidas a control previo de constitucionalidad, con el objetivo de viabilizar posibles enmiendas a la Constitución.
Las interrogantes a revisar son en torno a la contratación laboral por horas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), la reducción de número de asambleístas y que haya control político a los jueces constitucionales.
El Ejecutivo también espera que la Corte, mediante un dictamen de procedimiento, indique la vía por la cual deben tramitarse las reformas constitucionales.
En su solicitud a la Corte Constitucional sobre la modalidad del trabajo por horas en el sector turístico, el presidente Noboa argumentó que, por su naturaleza, este responde a «picos de demanda estacionales, lo que genera temporadas altas y bajas en las que se requiere ajustar la fuerza laboral a fluctuaciones específicas».
Señaló que el sector turístico dinamiza la economía nacional al fomentar la creación de empleo y que la situación laboral del país demanda nuevas modalidades para acceder a plazas de trabajo, sin afectar la seguridad jurídica ni los derechos adquiridos de los trabajadores.
Se aclaró que el contrato por horas únicamente será permitido en el sector turístico y cuando se celebre por primera vez entre el empleador y el trabajador.
REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE ASAMBLEÍSTAS
El presidente Noboa detalló el gasto que representa la Asamblea Nacional, actualmente conformada por 151 asambleístas: 15 elegidos por circunscripción nacional, 130 por circunscripciones provinciales y seis por distritos electorales del exterior.
Señaló que cada asambleísta recibe una remuneración mensual de USD 4.759, lo que significa que, sumando los 151 asambleístas, el gasto mensual únicamente en sueldos asciende a USD 718.609.
Esto representa un gasto anual de USD 8.623.308 exclusivamente en remuneraciones. La cifra mencionada constituye un costo para el Presupuesto General del Estado, sin considerar otros pagos adicionales como la décima tercera y décima cuarta remuneración, bonificaciones, viáticos, ni el gasto asociado a asesores y personal de apoyo necesarios para el funcionamiento legislativo.
ELIMINACIÓN DEL CPCCS
Sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Noboa explicó que la propuesta no altera el carácter ni los elementos constitutivos del Estado.
Acotó que, si bien plantea la supresión del CPCCS, todas sus atribuciones se mantendrán y se redistribuirán entre la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo, garantizando que las funciones del CPCCS continúen llevándose a cabo.
JUICIO POLÍTICO A LOS MIEMBROS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Por último, el presidente Noboa sometió a revisión la pregunta sobre el control político a los jueces de la Corte Constitucional, el alto tribunal con el que actualmente mantiene una disputa por la suspensión temporal de sus tres leyes económicas urgentes.
El mandatario afirmó que la medida busca hacer efectiva la disposición del artículo 233 de la Constitución, que establece que ningún servidor público está exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
Además, señaló que, para garantizar el adecuado ejercicio de la potestad de fiscalización de la Asamblea Nacional, es necesario extender el efecto del control político a los miembros de la Corte Constitucional durante el desempeño de sus actividades públicas.
Nacionales
Wilman Terán, alias ‘Diablo’, presenta síntomas psicóticos: ‘Escucha dos voces que alternan’
El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, evitó pronunciarse sobre la posible cooperación eficaz de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y sentenciado por múltiples casos de corrupción. Mientras tanto, un informe psiquiátrico reveló que alias ‘Diablo’ tiene síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas.
En los últimos días, se empezó a viralizar en redes sociales que Terán habría accedido a colaborar con la justicia ecuatoriana. Esta información tomó fuerza debido al traslado del privado de la libertad desde la cárcel del Encuentro en Santa Elena hasta la Cárcel 4 de Quito.
‘Alias Diablo’, como se lo denominaba en los chats del caso Metástasis, permanece en la capital desde el 9 de enero, ya que pretendía prepararse para una audiencia de apelación en el caso Independencia Judicial, un proceso en el que fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de cárcel por el delito de obstrucción a la justicia.
¿COOPERADOR EFICAZ?
Ante los rumores de que el expresidente de la Judicatura habría entregado supuestas pruebas o información en contra de políticos en el marco de una cooperación eficaz, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, evitó dar detalles y no confirmó ni desmintió aquella aseveración que circula en redes sociales.
En ese sentido, la Fiscalía había emitido un comunicado el pasado miércoles 14 de enero en el que recuerda a la opinión pública que la cooperación eficaz es una herramienta jurídica tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que es de carácter reservado.
“Permite a la FGE llegar a acuerdos con personas procesadas o investigadas que decidan colaborar de manera voluntaria y comprobable con la justicia, aportando información relevante, veraz y oportuna, que contribuya al esclarecimiento de los hechos, la identificación de otros responsables y el desmantelamiento de estructuras criminales”, manifestó la institución.
Agregó que se aplica “bajo estrictos controles judiciales que garantizan la observancia de los derechos de las víctimas, el principio de proporcionalidad, la motivación de las decisiones fiscales y la debida valoración de la información aportada”.
INFORME PSIQUIÁTRICO DE ALIAS ‘DIABLO’
No obstante, la condición mental de Wilman Terán se habría agravado durante su estancia en la cárcel.
La cadena Ecuavisa reportó que, el pasado miércoles 14 de enero, personal del Hospital Pablo Arturo Suárez llegó a la Cárcel 4 para hacerle un examen psiquiátrico. El resultado fue que alias ‘Diablo’ presenta un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas.
Terán cuenta bajo sus espaldas tres condenas. Debe pagar nueve años y cuatro meses por delincuencia organizada en el caso Metástasis, la misma pena por el caso Obstrucción a la Justicia y una tercera de seis años y ocho meses por asociación ilícita en el caso Pantalla. Fuente: Vistazo
El Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 10 000 uniformados en Guayas, Manabí y Los Ríos, las tres provincias que en 2025 registraron los índices más altos de homicidios intencionales y que aún concentran elevadas cifras de asesinatos y otros delitos.
Según la cartera de Defensa, esta medida “marca el inicio de la fase Ofensiva Total”. En ese contexto, el ministro Gian Carlo Loffredo ordenó la instalación indefinida del Alto Mando Militar en Guayaquil.
“Esta guerra es muy dinámica y hay que adaptarse y evolucionar”, afirmó el funcionario en un video difundido por el Gobierno Nacional.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los soldados continuarán llegando a Guayas, Manabí y Los Ríos hasta este viernes 16 de enero.
Un presunto esquema de estafa bajo la modalidad de inversiones en criptomonedas es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que varias familias de Cuenca, en la provincia del Azuay, denunciaran haber perdido importantes sumas de dinero.
El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, informó que la investigación se inició tras la recepción de múltiples denuncias contra una empresa que ofrecía servicios de inversión en Bitcoin. Según los afectados, entregaban dinero para supuestas gestiones en criptomonedas, pero nunca recibieron rendimientos ni constancia de las operaciones.
“Actualmente, el caso está a cargo de la Unidad de Lavado de Activos en Quito y ya se encuentra en conocimiento de uno de los fiscales especializados”, explicó Amoroso.
El modus operandi
De acuerdo con la Fiscalía, las empresas involucradas solicitaban a los ciudadanos entregar dinero bajo la figura de “créditos a plazo fijo por montos elevados”. Posteriormente, los fondos eran transferidos a cuentas indicadas por los representantes, con la promesa de que serían invertidos en activos digitales.
Sin embargo, las víctimas aseguran que nunca recibieron comprobantes de inversión ni retornos económicos, lo que encendió las alertas sobre un posible esquema fraudulento.
Dos empresas bajo investigación
Las primeras indagaciones apuntan a la existencia de dos empresas relacionadas con el caso: una encargada de captar el dinero en Ecuador y otra con sede en México. Parte de la investigación busca determinar si una de estas compañías habría entrado en proceso de quiebra.
En declaraciones a Radio Tomebamba, Francisco Zamora, abogado de las víctimas, señaló que las firmas involucradas serían Capitalika y SCB Smart Capital.
El jurista añadió que ambas constan en los registros de la Superintendencia de Bancos como entidades no autorizadas para realizar actividades financieras desde 2024, pese a lo cual continuaban operando y captando recursos de ciudadanos.
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