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Nacionales

Graves omisiones estatales permiten avance descontrolado de la minería en Napo

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La minería metálica en la provincia de Napo opera en un contexto de impunidad ambiental, debilidad institucional y falta de control estatal. Así lo revela el informe preliminar elaborado por la Contraloría General del Estado, que auditó el otorgamiento y la supervisión de concesiones mineras entre 2019 y 2022.

El documento —resultado de una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales— evidencia múltiples irregularidades, entre ellas la ausencia de inspecciones, la operación sin licencias ambientales y el incumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los concesionarios.

Según el informe, 43 de las 82 concesiones artesanales registradas durante el período analizado no fueron inspeccionadas por ninguna de las dos instituciones encargadas del control: la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Esta omisión permitió que varias de ellas funcionaran sin permisos ambientales, sin certificados de no afectación hídrica y sin licencia para operar maquinaria pesada.

En cuanto a la pequeña minería, de las 37 concesiones existentes, 17 no fueron inspeccionadas por la ARCERNNR y 10 tampoco por el MAATE. Las inspecciones realizadas arrojaron serios incumplimientos: uso de agua sin autorización, falta de tratamiento de aguas residuales y explotación aurífera antitécnica. En la mayoría de los casos, no se iniciaron procesos sancionatorios.

Además, el informe alerta sobre el incumplimiento de obligaciones tributarias: 55 concesiones no presentaron declaraciones de impuestos, acumulando una deuda de más de 47 mil dólares por concepto de patentes de conservación. Aunque la Ley de Minería contempla la caducidad de concesiones en estos casos, la falta de personal técnico y jurídico en la oficina distrital de la ARCERNNR impidió actuar al respecto.

Otro punto crítico es la presencia de actividades mineras ilegales dentro de concesiones legalmente otorgadas, sin que las autoridades hayan intervenido. También se reportan graves afectaciones ambientales: desviaciones de ríos, acumulación de aguas contaminadas sin tratamiento, tala indiscriminada y frentes de explotación abandonados.

Entre julio de 2020 y septiembre de 2022, la oficina de la ARCERNNR en Napo contaba con un solo técnico para atender los sectores de energía, hidrocarburos y minería en tres provincias: Napo, Pichincha y Orellana.

La Contraloría concluye que el Estado ha incumplido su rol como ente regulador y garante de derechos, y recomienda medidas urgentes como la elaboración de instructivos de control, sanciones, y solicitudes de caducidad de concesiones. Hasta la fecha de corte del informe, no existe evidencia de que estas recomendaciones se hayan implementado.

El informe posiciona a Napo como un caso emblemático del descontrol estatal frente al avance minero en territorios amazónicos, con impactos directos sobre los ecosistemas, las fuentes de agua y los derechos de las comunidades.

 

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Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.

Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.

La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

 

De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.

Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.

Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.

La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.

Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».

«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,

Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.

«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.

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