La minería metálica en la provincia de Napo opera en un contexto de impunidad ambiental, debilidad institucional y falta de control estatal. Así lo revela el informe preliminar elaborado por la Contraloría General del Estado, que auditó el otorgamiento y la supervisión de concesiones mineras entre 2019 y 2022.
El documento —resultado de una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales— evidencia múltiples irregularidades, entre ellas la ausencia de inspecciones, la operación sin licencias ambientales y el incumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los concesionarios.
Según el informe, 43 de las 82 concesiones artesanales registradas durante el período analizado no fueron inspeccionadas por ninguna de las dos instituciones encargadas del control: la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Esta omisión permitió que varias de ellas funcionaran sin permisos ambientales, sin certificados de no afectación hídrica y sin licencia para operar maquinaria pesada.
En cuanto a la pequeña minería, de las 37 concesiones existentes, 17 no fueron inspeccionadas por la ARCERNNR y 10 tampoco por el MAATE. Las inspecciones realizadas arrojaron serios incumplimientos: uso de agua sin autorización, falta de tratamiento de aguas residuales y explotación aurífera antitécnica. En la mayoría de los casos, no se iniciaron procesos sancionatorios.
Además, el informe alerta sobre el incumplimiento de obligaciones tributarias: 55 concesiones no presentaron declaraciones de impuestos, acumulando una deuda de más de 47 mil dólares por concepto de patentes de conservación. Aunque la Ley de Minería contempla la caducidad de concesiones en estos casos, la falta de personal técnico y jurídico en la oficina distrital de la ARCERNNR impidió actuar al respecto.
Otro punto crítico es la presencia de actividades mineras ilegales dentro de concesiones legalmente otorgadas, sin que las autoridades hayan intervenido. También se reportan graves afectaciones ambientales: desviaciones de ríos, acumulación de aguas contaminadas sin tratamiento, tala indiscriminada y frentes de explotación abandonados.
Entre julio de 2020 y septiembre de 2022, la oficina de la ARCERNNR en Napo contaba con un solo técnico para atender los sectores de energía, hidrocarburos y minería en tres provincias: Napo, Pichincha y Orellana.
La Contraloría concluye que el Estado ha incumplido su rol como ente regulador y garante de derechos, y recomienda medidas urgentes como la elaboración de instructivos de control, sanciones, y solicitudes de caducidad de concesiones. Hasta la fecha de corte del informe, no existe evidencia de que estas recomendaciones se hayan implementado.
El informe posiciona a Napo como un caso emblemático del descontrol estatal frente al avance minero en territorios amazónicos, con impactos directos sobre los ecosistemas, las fuentes de agua y los derechos de las comunidades.
