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‘Fito’, el mecánico manabita que terminó en una Corte de Estados Unidos tras 25 años de carrera delictiva
El 10 de septiembre de 2010, un joven manabita se presentó ante las cámaras de los medios de comunicación nacional, desde Manta. Tenía heridas de bala. Denunció que su familia era víctima de una persecución policial y que su hermano había sido ejecutado por agentes durante un operativo.
Era José Adolfo Macías Villamar. Las autoridades lo habían identificado con el alias de ‘Fito’ e integrante de la banda Los Choneros, organización delictiva que para esa época ya dominaba las rutas del narcotráfico desde los puertos de Manabí.
En septiembre de 2010, ‘Fito’ dio una rueda de prensa denunciando el asesinato de su hermano.Captura de pantalla / YouTube / RTU
Casi 15 años después, ‘Fito’ se convirtió en el primer narcotraficante ecuatoriano extraditado hacia Estados Unidos, directamente desde territorio nacional. La Corte del Distrito Este de Nueva York (EDNY) lo está procesando por siete cargos relacionados con tráfico de drogas y armas. Y se expone, incluso, a una cadena perpetua.
Con base en documentos judiciales, información de inteligencia policial y militar y publicaciones de prensa de distintas épocas, PRIMICIAS presenta el perfil completo de la vida de José Adolfo Macías Villamar, quien en 25 años de carrera criminal llegó a ser el hombre más buscado en el país.
De Santa Ana a Manta
José Adolfo Macías Villamar nació el 30 de septiembre de 1979, en Santa Ana, cantón de Manabí. Sus padres son Ramón José Macías y Violeta Villamar, quienes ahora también son buscados por sus supuestas implicaciones en la red de lavado de activos de su hijo.
Ramón José Macías era taxista y, por su trabajo, la familia se mudó a Manta. En esa ciudad, los Macías Villamar se radicaron en el barrio San Agustín. En las calles de ese barrio crecieron los tres hermanos mayores de esa familia: José Adolfo, William Leodán y Ronald Javier.
De cariño, al primero le decían ‘Adolfito’ y de ahí nació el apodo que lo acompañaría luego en su carrera delictiva: ‘Fito’. De su padre, Macías Villamar heredó el gusto por los carros. El 30 de enero de 1998, a sus 18 años, se graduó de bachiller técnico industrial en mecánica automotriz.
Ya con el título en su mano, ‘Fito’ empezó a trabajar como mecánico en un taller local. Además, según lo contó el mismo en la rueda de prensa de 2010, en ocasiones también realizaba carreras como taxista. Sin embargo, el mundo de los carros también lo ligó a sus primeros pasos criminales.
Aunque no existen registros digitalizados de la época, diario Extra reportó que su primera detención ocurrió el 27 de marzo del 2000. Aprovechaba sus conocimientos mecánicos para robar carros, desarmarlos y venderlos por partes. Fue detenido por robo.
Además, ‘Fito’ era aficionado al ecuavoley. Entre partido y partido conoció a Jorge Luis Zambrano, también conocido como ‘Rasquiña’. Un día, por esos años, fueron juntos a jugar un partido al Barrio La Paz de Manta y conocieron a Jorge Bismark Véliz España, alias ‘Teniente España’.
‘Teniente España’ era el jefe de Los Choneros, una banda criminal que había nacido en la década de 1990 en Chone e, inicialmente, se dedicaba a delitos como el robo de carros y los asaltos en carreteras. Pero que, a partir de los años 2000, se inmiscuyó en el microtráfico de drogas.
Los Choneros, el primer escape y la primera recaptura
En 2005, según un reporte de prensa de la época recogido en un documental de Plan V, España fue detenido junto a ‘Rasquiña’ por transportar sobres con cocaína para venderla al menudeo en las calles de Manabí.
Reporte de prensa de una captura de ‘Teniente España’ y ‘Rasquiña’, en 2005. Captura de pantalla / Plan V / El Diario de Manabí
En la banda, para el año 2006, empezaron a sonar los nombres de los hermanos José Adolfo (‘Fito’), William Leodán (‘Lan’) y Ronald Javier (‘Javi’) Macías Villamar. Y en esa mismo época empezó la primera guerra de Los Choneros. Sus rivales eran Los Queseros, grupo delictivo originario de Santo Domingo.
La batalla la ganaron Los Choneros y sus rivales fueron exterminados con la modalidad del sicariato. Pero, la banda manabita también tuvo bajas y el mismo ‘Teniente España’ fue acribillado en un enfrentamiento con Los Queseros, en Santo Domingo, en 2007.
Tras la muerte de España, Los Choneros fueron liderados por Jairo Proaño, alias ‘El Chonero Mayor’; y Leodán Macías Villamar, alias ‘Lan’. Pero los dos fueron asesinados. El segundo, hermano de ‘Fito’, fue acribillado durante un operativo policial, en el que también estuvo ‘Fito’, quien también resultó herido y por ese motivo dio la rueda de prensa de septiembre de 2010.
Finalmente, el poder llegó a ‘Rasquiña’ y, junto a él -como segundo al mando-, siempre estuvo ‘Fito’. Pese a estar en una condición de liderazgo, ambos seguían participando en operaciones delictivas como asesinatos.
Así, el 14 de mayo de 2011, nueve miembros de Los Choneros, con ‘Rasquiña’, ‘Fito’ y ‘Javi’, a la cabeza, ingresaron a la casa de Jairón Carreño, en Manta, y lo asesinaron con 22 disparos a quemarropa. El testimonio del sobrino de la víctima los delató. Todos fueron sentenciados a 25 años y capturados en el transcurso de ese año.
Todos los cabecillas de Los Choneros fueron trasladados a la Cárcel de Máxima Seguridad de La Roca, en Guayaquil. Pero, dos años después, 18 se fugaron en un escape de película. Esposaron y encerraron a 14 guías y, luego, se fueron en un bote por el río Daule.
En menos de un año, las autoridades los recapturaron a casi todos. ‘Fito’ fue el duodécimo fugitivo en ser encontrado. En mayo de 2013, en un búnker subterráneo en una casa de El Palmar, en Manta, fue arrestado junto a su hermano Ronald Javier.
El señor del búnker: alias ‘Fito’ cayó dos veces en escondites subterráneos, siguiendo el guion de un capo de telenovela
Los amos del narcotráfico
La fuga de La Roca en 2013 fue un parteaguas para el crimen organizado ecuatoriano. Para esa época, Ecuador era, en menor medida, un país de paso rápido de la cocaína que se producía en Colombia.
En esos años, empezaban a sonar nombres como los de César Vernaza, alias ‘El Empresario’, nexo del Cartel de Sinaloa en Ecuador; Washington Prado, alias ‘Gerald’, quien se encargaba de abastecer de combustible a los barcos que transportaban la cocaína hacia Centro y Norteamérica. Y el de Oscar Caranqui, quien acumuló rápidamente una fortuna por transportar cocaína desde Colombia.
Todos estos hombres y sus bandas, además de Los Choneros, habrían colaborado con logística y dinero para la fuga de los 18 presos, en febrero de 2013. La mayoría de los fugitivos viajaron a Colombia, donde habrían acordado una alianza que permitió que el narcotráfico ecuatoriano creciera rápidamente.
Así, por ejemplo, ‘Gerald’, que era conocido como ‘El Pablo Escobar Ecuatoriano’, empezó a contratar los servicios de Los Choneros para mover droga, custodiar bodegas y cometer sicariatos y otros delitos.
Tras su recaptura, ‘Fito’ trabajó directamente para ‘Gerald’. Según reportó una investigación de InsightCrime, «‘Fito’ organizaba la logística del tráfico para ‘Gerald’, como los puntos de reabastecimiento en alta mar para los barcos de la droga».
La conexión entre ‘Gerald’ y ‘Fito’ se dio a través de Olga Machuca, quien era la abogada de Los Choneros. Pero, a Prado no le interesó trabajar con la abogada. Sino que se acercó su esposo: Freddy Zambrano, excapitán de la Policía, quien también empezó a trabajar para ‘Gerald’.
Sin embargo, ‘Fito’ y Los Choneros abusaron de la confianza de Prado. Según documentos judiciales, en 2016, Macías Villamar estuvo detrás del robo de una caleta que contenía USD 3 millones, que pertenecían a ‘Gerald’. Este sujeto empezó una búsqueda del responsable de ese robo y asesinó a los trabajadores que construyeron ese escondite.
Esos crímenes, pusieron a ‘Gerald’ en el radar de autoridades ecuatorianas y colombianas, que lograron infiltrar a una agente en su estructura. Así lograron que el ecuatoriano viajara a Colombia, donde fue arrestado en 2017. Y un año después fue extraditado a Estados Unidos, donde paga una pena de más de 19 años de cárcel.
Así, ‘Fito’ y Los Choneros se quitaron de encima a un intermediario y se acercaron a organizaciones internacionales del narcotráfico como el Cartel de Sinaloa. Además, en 2019, ‘Rasquiña’ habría ordenado matar a Telmo Castro, exmilitar que era el enlace ecuatoriano con esa organización criminal.
Con estos crímenes, Los Choneros ganaron espacio en el negocio regional de la droga. Ya no solo custodiaban y transportaban la cocaína. Tenían sus propios enlaces con el Cártel de Sinaloa y enviaban sus cargamentos.
Todo esto lo hicieron desde prisión. ‘Rasquiña’, ‘Fito’ y Junior Roldán, alias ‘JR’, los principales cabecillas de la organización estaban presos y desde sus celdas -acomodadas con lujos ilegales e incluso saliendo de la cárcel cuando querían- manejaban el mundo criminal.
Un entramado de bandas y un mundo de traiciones
La paz firmada tras la fuga de La Roca en 2013 y los movimientos de Los Choneros, como el robo y captura de ‘Gerald’, hicieron que durante siete años reinaran el mundo criminal y que en el país haya una relativa paz, llegando a ser uno de los territorios con menor tasa de muertes violentas.
En esos años, según una fuente de inteligencia policial, en Ecuador había tres principales grupos que se disputan el control tanto dentro como fuera de las cárceles: Los Choneros, Los Lagartos y Los Mexicanos.
Los Lagartos era una banda aliada de Los Cubanos, que perdió influencia luego del asesinato de su líder en 2019. Los Mexicanos fueron identificados como el brazo del Cartel de Sinaloa en Ecuador. El 15 de diciembre de 2020, Jaime Mallorca, su líder y nexo con el Cartel de Sinaloa, fue asesinado en un motín carcelario.
Otra fuente de policial, que trabaja en el Comando de la Zona 8, dice que el «éxito» de Los Choneros para mantener el control se debe, en gran parte, a que armaron una estructura de grupos más pequeños que eran sus brazos armados.
Se trata de Los Lobos, Los Tiguerones, Los Chone Killers, Los Loqui Choner, Los AK47, Los Pangora y otras agrupaciones delictivas más pequeñas que se fueron ramificando. Por ejemplo, ‘Fito’ manejaba su propio brazo armado: Los Fatales.
Pero, en junio de 2020, ‘Rasquiña’, quien era el líder que mantenía funcionando este entramado de bandas, salió de la Cárcel de Cotopaxi, gracias a una decisión judicial irregular. Seis meses después, Zambrano fue asesinado a tiros en un centro comercial de Manta.
Tras la muerte de ‘Rasquiña’, los agentes de Inteligencia que seguían a estas bandas intuían que el mando lo tomaría ‘Fito’, apoyado muy de cerca por ‘JR’. Pero había otros interesados en esa posición. Lo que ocasionó una guerra sin precedentes, que mantiene al Ecuador sumido en la violencia cinco años después.
Los cabecillas de los brazos armados de Los Choneros como Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’ (Los Lobos); Willian Alcívar, alias ‘Comandante Willy’ (Los Tiguerones); y los hermanos Benjamín e Israel Camacho -‘Ben 10’ y ‘Trompudo’- (Chone Killers), se aliaron para acabar con Los Choneros liderados por ‘Fito’ y ‘JR’.
Estas organizaciones crearon lo que se conoció como el Cartel Nueva Generación, por su alianza con el Cartel Jalisco Nueva Generación de México. Y enfrentaron a Los Choneros en cruentas masacres carcelarias que dejaron más de 400 muertos.
Estas bandas eran financiadas por Leandro Norero, alias ‘El Patrón’; quien había sido cercano a ‘Rasquiña’, pero que tras su muerte intentó alzarse como el nuevo líder máximo del crimen organizado. Pero no lo logró y en mayo de 2022 fue capturado.
Estando en prisión, según lo que se conoce tras la revelación de sus chats, Norero volvió a acercarse a ‘Fito’ y ‘JR’ para buscar la paz nuevamente. Pero este acercamiento no gustó a Los Lobos, quienes ordenaron el asesinato de ‘El Patrón’ en la Cárcel de Cotopaxi.
La segunda fuga, la segunda recaptura y la extradición
En medio de la guerra con sus exaliados, ‘Fito’ y ‘JR’ empezaron a tramitar su salida de la cárcel, donde estuvieron durante más de 10 años, pero donde ya no se sentían seguros. El primero en conseguirlo fue Roldán, quien dejó la Cárcel Regional del Guayas en febrero de 2023.
Pero, afuera tampoco pudo mantenerse a salvo. Un mes después de su liberación, ‘JR’ sufrió un atentado en El Triunfo, que era su fortín. Entonces, se sacó el grillete con el que lo monitoreaban las autoridades y huyó a Colombia, donde fue asesinado en mayo de ese año.
Entonces, ‘Fito’ se quedó solo a la cabeza de Los Choneros, pero las autoridades y sus enemigos lo empezaron a cercar. Su hijo sufrió un atentado, su hija fue secuestrada y, en septiembre de ese año, el Gobierno de Guillermo Lasso lo trasladó a La Roca, sacándolo de la Regional, su principal centro de operaciones.
Sus aliados hicieron motines y protestas para que Macías Villamar vuelva a la Regional. Lo que se concretó a través de otra decisión judicial irregular del exjuez Diego Poma, ahora destituido por corrupción.
Pero, ‘Fito’ ya no se sentía seguro tampoco en la Cárcel Regional. En noviembre de 2023, asumió el presidente Daniel Noboa y, nuevamente, se empezó a evaluar el traslado a La Roca. Pero, no se llegó a completar.
En enero de 2024, en una revisión de rutina, las autoridades se dieron cuenta de que Macías Villamar ya no estaba en la cárcel. No se sabe a ciencia a cierta cuando se fugó, ya que no hubo motín ni violencia, se fue sin hacer ruido.
Una semana después, la esposa de ‘Fito’, Inda Peñarieta, sus tres hijos y un sobrino fueron detenidos en Argentina, donde habían rentado una casa de lujo. De inmediato, fueron deportados a Ecuador, pero no procesados ni encarcelados.
Peñarrieta, una enfermera manabita que está con ‘Fito’ desde su juventud, creó un entramado de empresas que habría lavado millones de dólares del narcotráfico.
Además, en mayo de 2024, en Manta fue capturada Verónica Briones, otra pareja de ‘Fito’, quien se encargaba de otra parte de su operación de lavado de activos, a través de más empresas fantasmas.
El objetivo de las autoridades fue cercar a ‘Fito’, presionándolo con sus familiares. A inicios de junio de 2025, la Fiscalía presentó el caso denominado ‘Blanqueo Fito’, atacando a su esposa, su novia, los familiares de ambas y arrestando a su hermano menor.
Macías Villamar fue recapturado el 25 de junio de 2025. 13 días después, el 8 de julio, Estados Unidos solicitó formalmente su extradición. La audiencia en Ecuador se realizó el viernes 11 de julio, en la que ‘Fito’ consintió ser entregado al país norteamericano. Todavía se especula que hubo una negociación de entrega, pero el Gobierno lo ha descartado.
El 15 de julio, Estados Unidos entregó la garantía de que el narcotraficante ecuatoriano no sería sometido a tratos crueles y degradantes. Dos días más tarde, José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), emitió la sentencia concediendo la extradición.
Finalmente, el 20 de julio, ‘Fito’ fue enviado a Estados Unidos. Y al día siguiente se presentó ante la Corte del Este de Nueva York, donde se declaró no culpable de los siete cargos en su contra. Ahora está preso en el MDC Brooklyn y espera un eventual juicio, mientras se revelan las pruebas en su contra.
Mientras tanto, en Ecuador se sigue buscando a su esposa y sus hijos. Su novia, su hermano y sus suegros están presos. Y el caso por lavado de activos avanza. Además, luego de cumplir su pena en Estados Unidos, tendrá que volver para pagar los más de 30 años en condenas que tiene pendientes en el país. Fuente: Primicias
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¿Por qué cambiaron a la fiscal del caso Progen? Defensa denuncia que se ocultó un audio clave con 14 implicados
La investigación de Progen suma un nuevo capítulo. La fiscal María Luzmila Lluglla, a cargo del caso Apagón, habría sido separada de la unidad que llevaba el proceso, luego de que surgieran cuestionamientos por la presunta omisión de pruebas relacionadas con la compra de generadores chatarra para enfrentar la crisis energética.
Hace poco se difundieron unos videos de los técnicos que integraron la comisión encargada de verificar el estado de los generadores adquiridos por el Gobierno. En las grabaciones, los funcionarios advertían que los equipos no eran nuevos y que temían represalias en su contra.
Audio clave del caso Progen
Edwin Romero, abogado de Celso Sánchez (procesado en el caso Apagón), calificó como una «buena noticia» la salida de la fiscal Lluglla del caso y cuestionó que la Fiscalía no haya incorporado un audio de aproximadamente una hora y 45 minutos que, según afirma, contiene información relevante para la investigación.
«Tengo todos los medios probatorios de las reuniones, los ofrecimientos y de la información que, según denunciamos, no fue incorporada oportunamente a la investigación», sostuvo Romero.
Asimismo, insistió en que su defendido entregó evidencia a la Fiscalía desde julio de 2025.
Presuntos 14 implicados y maniobras para alterar generadores
Según el abogado, en la grabación aparecen más de 14 implicados que tendrían vínculos con Progen.
«Mi patrocinado, el ingeniero Sánchez, ha solicitado en seis ocasiones que se preserve la información entregada a la entonces fiscal (…) ¿cuál fue el interés para que no se realizara la extracción de esa información«, manifestó.
El jurista acotó que «en ese audio de una hora y cuarenta y cinco minutos constan más de 14 actores que se ofrecen y tienen un vínculo directo con Progen para cambiar las placas y modificar el año de fabricación», aseguró.
Romero afirmó que la grabación también contendría conversaciones en las que supuestos funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) ofrecían nombramientos definitivos a Sánchez y a otros funcionarios a cambio de firmar informes favorables para autorizar pagos a Progen.
«En ese audio consta mucha información relevante, con nombres y apellidos de los interesados para que se autorice el pago. No puede ser permisible que durante un año hayan mantenido escondido ese audio», sostuvo.
El abogado aseguró que Celso Sánchez fue uno de los funcionarios que se negó a respaldar el proceso de pago relacionado con los generadores investigados.
«Fue el único que se opuso al desfalco de más de USD 100 millones», afirmó Romero.
Finalmente, pidió que todos los elementos entregados por su defendido sean revisados de manera objetiva y que se determinen las responsabilidades de las personas que aparecen mencionadas en los audios. Fuente: Vistazo
Nacionales
El fraude millonario de la chatarra de Progen desnuda la fiscalización a la carta en la Asamblea
Nuevos documentos y un audio de la exministra Inés Manzano revelados en el fraude de los generadores chatarra vendidos por Progen, así como las actuaciones sesgadas de fiscalización en la Asamblea, controlada por el oficialismo, evidenciarían coordinaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo para que no prosperen investigaciones de casos de corrupción.
Los últimos días se han difundido nuevos documentos, videos que alertaban sobre equipos chatarra, y un audio que comprometería a la exministra Inés Manzano, quien enfrenta un nuevo proceso de juicio político en la Asamblea, socavada por denuncias de una fiscalización selectiva y sesgada del partido de gobierno, que ha tratado a toda costa de ocultar sus trapos sucios, según legisladores de la oposición y analistas.
El caso Progen sería precisamente el ejemplo del sesgo en el control político por parte de la Asamblea, con mayoría oficialista. En diciembre de 2025, la Comisión de Transparencia, liderada por la legisladora de ADN, Diana Jácome, presentó un informe que no estableció responsabilidades políticas de la exministra Inés Manzano, tras seis meses de investigación. La conclusión fue que le correspondía a Fiscalía y Contraloría determinar responsabilidades. La oposición calificó ese resultado como un “lavado de manos” respecto al incumplimiento de funciones por irregularidades en contratos eléctricos de la hoy exfuncionaria.
En la grabación, difundida en el noticiero Contacto Directo, la exfuncionaria le instruye a Calero, uno de los principales implicados en el caso Apagón (Progen) , que debía ser “escueto” en sus declaraciones y que “no vaya a ahondar más en el problema”. El audio habría sido enviado días antes de su comparecencia a la Comisión de Transparencia.
También se difundió un chat entre Manzano y el CEO de Progen, John Manning, en el cual ella negocia los tiempos de entrega de los generadores y la firma de modificaciones en el contrato.
Contactamos a la exministra Manzano a su celular, pero ante nuestro pedido de un pronunciamiento no dio ninguna respuesta.
Diana Jácome se deslinda de responsabilidades
Quien sí se pronunció sobre el supuesto acuerdo para que la fiscalización no prosperará fue la legisladora Jácome. En rueda de prensa ella rechazó cualquier acuerdo de encubrimiento con Manzano.
Aseguró que no existía ningún audio suyo, o mensaje de texto en el que se establezca una coordinación o se revele su participación en tratar de cubrir o hacer algo incorrecto. “El audio alude a una responsabilidad que a mí no me corresponde”, afirmó.
Llamó «delincuentes» a los opositores y los emplazó a recordar lo que hicieron durante diez años: “Tuvieron un contralor que hoy la justicia de Estados Unidos lo tiene tras las rejas, mientras ustedes lo alababan porque él cubría todos sus actos de corrupción, salvaron a Wilman Terán, fiscales, ministros, asambleístas prófugos”, dijo.
Este medio pidió una entrevista con Jácome, pero no respondió nuestra solicitud.
Lo cierto es que la fiscalización ha sido una de las principales falencias de la Asamblea en lo que va de su período 2025-2029. En fiscalización, el primer año de gestión se presentaron 7 pedidos de juicio político, pero 5 de ellos fueron archivados antes de su debate en el Pleno. Además, se registraron 5866 pedidos de información, aunque cerca del 20% sigue sin respuesta por parte de las entidades requeridas.
Es claro que no ha existido un actuación firme del Legislativo en el caso denominado “Progen” o por el desabastecimiento en los hospitales, según un informe sobre la gestión legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo FCD.
Para Mauricio Alarcón, director de FCD, más allá de mayorías, la Asamblea Nacional no debe perder de vista que representa al país, no a una organización política. El tener una mayoría no puede ni debe ser la razón para dejar en impunidad política cosas y casos que saltan a la vista y están permanentemente en la opinión pública. «Lo que estamos viendo ahora es más de lo mismo, más de aquello que ya vivimos en una época específica – período 2013 – 2017».
«Hablábamos entonces de una Comisión de Archivo y de impunidad. No es necesario hablar en los mismos términos ahora? La fiscalización jamás debe ser simplemente un arma para proteger a los tuyos y perseguir a los otros, llegando incluso al absurdo de querer fiscalizar a gobiernos locales opositores, sin tener siquiera competencia para ello».
Luque trazó el Plan de Acción
En mayo pasado, Roberto Luque, explicó en un comunicado que no tuvo ninguna participación en la parte precontractual o contractual de la empresa Progen, mientras estuvo encargado del Ministerio de Energía, entre el 16 de abril y el 2 de julio de 2024, para enfrentar la primera etapa de la crisis por los apagones. Ayer, 3 de junio, en una entrevista en el programa ‘A Primera Hora’, de radio Sonorama, reiteró que Progen es una empresa corrupta, cuyos directivos están enjuiciados en Ecuador y Estados Unidos por pedido del gobierno.
Destacó que su papel se limitó a elaborar un Plan de Acción urgente en medio de los apagones por la crisis del sistema energético a causa de la severa sequía que sufrió el país en 2024. Dijo que lo primero que hizo al llegar a ese puesto fue firmar un acuerdo ministerial para declarar la emergencia eléctrica para agilitar las contrataciones que estarían a cargo de Celec, que es una entidad autónoma.
Recalcó que el Ministerio es como un “director técnico” que emite el plan de acción o la estrategia, pero las empresas públicas y sus autoridades ejecutan las acciones, que en este caso fueron las contrataciones de las empresas.
En mayo, Luque viajó a Estados Unidos y Costa Rica, «para levantar información sobre posibles proveedores». Después de ese recorrido el gobierno recibió unas 30 propuestas de empresas interesadas en la provisión de equipos, que luego fueron conocidas y estudiadas por las autoridades y técnicos de Celec. Ellos eran los responsables -según Luque- de evaluar las propuestas, supervisar los equipos que se ofertaban, elaborar los términos de referencia, y dar paso a las etapas precontractuales, con las verificaciones correspondientes de su funcionamiento, antes de formalizar las contrataciones y los pagos de anticipos, que llegaron al 70%. En este contexto, la visita que hizo como Ministro a las instalaciones de Progen en Florida no implicó ningún compromiso ni acuerdo, recalcó al tiempo de admitir que fue un desplazamiento atípico que se explica en el contexto de una situación crítica.
Recordó que el gobierno puso denuncias en Ecuador y Estados Unidos bajo la Ley RICO. De hecho, reveló que los abogados contratados ya han conseguido que la ruta del dinero recibido por Progen sea pública.
En EE.UU. hay cinco compañías más implicadas en el caso, entre las cuales hubo una a la que Progen compró los motores viejos, otra donde mandaron a pintarlos y una tercera que se encargó del ensamblaje.
El 23 de abril Celec presentó la demanda ampliada ante un tribunal estadounidense contra 11 empresas y tres personas: John y Wade Manning, y Andrew Williamson, dueños de Progen. Según la denuncia, acusan a empresa de “invitar y recibir a funcionarios del gobierno ecuatoriano en la supuesta ‘fábrica’ de Progen, en Tampa, en mayo de 2024 (viaje al que fue Luque), donde Progen declaró falsamente que había fabricado nuevos generadores eléctricos”, entre otras acusaciones, como la entrega de informes dolosos.
El Gobierno declara la emergencia y el origen de la pesadilla
La historia de este fiasco empezó en abril de 2024, cuando Noboa declaró la emergencia eléctrica por un verano que afectaría las hidroeléctricas en los siguientes meses y la falta de mantenimiento de las termoeléctricas. En ese escenario aterrizó la empresa norteamericana Progen, que firmó dos contratos para las termoeléctricas de Salitral, por 99,4 millones de dólares, y Quevedo, por cerca de 49,7 millones. Tras pericias en Estados Unidos, por parte de una demanda de Ecuador ante la justicia norteamericana, hoy se sabe que 21 de 29 generadores que debían ser entregados en Salitral, Progen los compró a otra empresa a 425 mil dólares cada uno, los pintó y los vendió a Ecuador a un valor casi 10 veces mayor.
Otro contrato por 20 millones se lo llevó Progen para la central de Catamayo, Loja. Y otros 90 millones se lo adjudicó la compañía uruguaya Austral para la termoeléctrica Esmeraldas. Todos fueron un fracaso. A pesar de que la prensa empezó a cuestionar los contratos a finales de 2024 cuando ya se había incumplido ciertos plazos para la puesta en marcha de los equipos en Ecuador, el gobierno los defendía y garantizaba que pondrían a funcionar los generadores.
En julio de 2025, la Fiscalía hizo varios allanamientos y lo bautizó como “Caso Apagón”, pero solo investiga los contratos de Salitral y Quevedo. Fueron 104 millones de dólares entregados a Progen sin que se generara un solo megavatio. Ese dinero fue el anticipo del 70 por ciento de los contratos.
Fiscalía puso en la mira al exministro de Energía, Antonio Goncalves, y a Fabián Calero, ex gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), dos exfuncionarios a los que el oficialismo abandonó a su suerte porque estuvieron al frente de la crisis durante las etapas precontractuales y contractuales.
No obstante, la justicia no vinculó, por falta de evidencias, a los ministros Roberto Luque, quien estuvo encargado cuatro meses del Ministerio cuando se declaró la emergencia del sector eléctrico por los prolongados apagones del 2024, ni a la exministra Inés Manzano, que estuvo en Energía cuando debían entregarse los generadores. La defensa de ambos es que en sus administraciones no se firmaron los contratos con las empresas para proveer los equipos generadores de energía.
Las alertas que se las llevó el viento
Uno de los involucrados en el Caso Apagón es Byron Orozco, gerente de Termopichincha, quien firmó el contrato con Progen. Su defensa dice que hay mandos superiores que tienen responsabilidad y no están vinculados. Según su argumento, el 27 de junio de 2024 Orozco pidió a la Secretaría de Integridad Pública que se organice una veeduría para la licitación de los contratos de Salitral y Quevedo, teniendo en cuenta que ya había alertas del contrato de Progen en Catamayo. La Secretaría, a cargo de José Julio Neira, respondió que no tenía las competencias.
Pero una de las alertas que más llaman la atención es la advertencia de Abraham Zambrano, gerente de la Empresa Resource Power Group. Un asambleísta le requirió información el 22 de junio de 2024 y Zambrano, desde México, respondió que su empresa era la única representante de generadores EMD para Ecuador, y no Progen. Incluso señaló que los últimos motores EMD fueron construidos en 2015, cuando Progen ofertaba modelos 2023. Para ese entonces, Progen ya había firmado el contrato para la termoeléctrica Catamayo, y a nadie le importó o nadie quiso ver las alertas.
Tanto en el contrato de Catamayo, como Salitral y Quevedo, la Contraloría halló numerosas inconsistencias, entre ellas, que los generadores no eran nuevos, que no tenían las condiciones técnicas para acoplarse a la red eléctrica de Ecuador, a más de otras irregularidades en los procesos de contratación. Pero, ¿nadie constató el estado de los generadores?
Técnicos alertaron fallas y denunciaron amenazas
La Fiscalía acusa a los técnicos de Celec por la estafa de Progen, pero a finales de mayo de 2026 se filtró un video en el que un grupo de técnicos de la entidad estatal alertó sobre irregularidades en los equipos que se planeaba adquirir.
“No es lo que nosotros alguna vez recomendamos”, mencionaron tres hombres identificados como Nelson Castro, Celso Sánchez y Paúl Flores, quienes viajaron a las instalaciones de la empresa estadounidense el 19 de septiembre de 2024 para verificar los artículos. Además, los técnicos recalcaron que los equipos “no sirven” y que recibieron amenazas de muerte. “Nos da miedo por nuestras vidas e integridad”, manifestaron.
Sin embargo, ese video no forma parte de la investigación de la Fiscalía e incluso esos tres técnicos recibieron prisión preventiva por el presunto delito de peculado tras la audiencia de formulación de cargos contra 21 personas.
Por su parte, el Ministerio Público indicó que posee 150 elementos de convicción que sustentan la acusación y confirmó que el material audiovisual no está dentro del expediente ni constituye un elemento de convicción. ¿Por qué? Nadie ha podido explicarlo. Las defensas de los técnicos dicen que se quiere proteger a los altos mandos y cargarles la responsabilidad del fraude a ellos. Fuente: Vistazo
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Chats revelan contactos entre el círculo de José Serrano y Xavier Jordán, y la supuesta compra de un testigo del caso Villavicencio
El informe de investigación policial del caso Magnicidio FV expone las pruebas recabadas por la Fiscalía contra los presuntos autores intelectuales del crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Los teléfonos de Marcelo Lasso y María Paula Christiansen, que fueron entregados voluntariamente por las defensas de José Serrano y Xavier Jordán, revelan chats en los que supuestamente los procesados coordinaban, cruzaban información reservada e intentaban manipular testimonios del expediente.
Según el análisis pericial, el teléfono de María Paula Christiansen habría funcionado como un canal que enlazaba al círculo de José Serrano con Xavier Jordán, evidenciando un intercambio de datos, incluso, desde antes del atentado contra Villavicencio, el 9 de agosto de 2023.
Cómo el expolicía que filtró información del caso León de Troya asesoró al correísmo para frenar el caso Villavicencio
Por otro lado, la información recuperada del equipo celular de Marcelo Lasso registra conversaciones en las que el testigo alude a la recepción de supuestos beneficios y alianzas, lo que coincide temporalmente con su retractación frente a las autoridades.
Estos indicios documentales se expondrán este viernes 5 de junio de 2026. La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, etapa en la que un magistrado analizará estas evidencias para definir el posible llamado a la etapa de juicio de los implicados, está programada para este día.
La presunta conexión a través de Christiansen
El análisis policial de las evidencias encontradas en el teléfono de Christiansen sugiere una comunicación entre los procesados desde antes del crimen del candidato presidencial.
Las pericias corresponden a un teléfono celular marca Apple, modelo iPhone XR de color rojo y de 64 gigabytes de capacidad, perteneciente a María Paula Christiansen, pareja del exministro del Interior José Serrano, procesado en el caso.
Según el expediente, este dispositivo fue entregado de manera voluntaria por la abogada defensora de Serrano, María del Mar Gallegos, el 24 de noviembre de 2025. Christiansen habría mantenido conversaciones con el expresidente Rafael Correa, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, entre otros.
A través de la aplicación de mensajería WhatsApp, los investigadores descubrieron supuestas interacciones directas entre Christiansen y quien sería Xavier Jordán, otro de los procesados por el crimen de Villavicencio y prófugo por el caso Metástasis: la trama de corrupción judicial para beneficiar al narcotraficante Leandro Norero.
Según la información policial, Jordán habría estado registrado en el teléfono de Christiansen como «Xavier Nuevo».
En estas conversaciones periciadas consta que Jordán habría remitido documentos como los antecedentes penales del también procesado Daniel Salcedo.
El 9 de noviembre de 2025, según las investigaciones, Jordán presuntamente propuso buscar a una perito privada estadounidense para que rindiera una versión voluntaria y hablara de supuestos chats entre Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana y también procesado, y la exfiscal Diana Salazar.
Pero la supuesta relación entre los Serrano-Christiansen y Jordán habría sido anterior al crimen y a la investigación. El 4 de julio de 2023, un mes y cinco días antes del magnicidio de Villavicencio, se registró un intercambio de mensajes entre Christiansen y Xavier Nuevo.
Conversan sobre publicaciones en redes sociales y sobre la antigua gestión gubernamental de Serrano. Xavier Bueno inicia el diálogo escribiéndole de manera literal: «En tuiter ya todos saben que eres la mujer de Serrano», a lo que Christiansen le responde en un tono de total complicidad: «Jajaja nooo», «Yo no he dicho eso Jajaj», y «Que prueben jajaja (sic)».
Adicionalmente, la explotación forense de este mismo dispositivo refiere que Jordán habría tenido comunicación directa con Serrano antes del asesinato. El 17 de mayo de 2023, en medio de la crisis política por la disolución de la Asamblea Nacional, Jordán participa en un chat grupal en el que también estaba Christiansen y escribe el mensaje textual: «Lo llame a Pp pero no contesto (sic)».
El polémico testimonio de Marcelo Lasso
Las pericias existentes en el informe policial también entregan información alrededor de Marcelo Lasso. En la instrucción fiscal del caso Magnicidio FV, Lasso fungió como el testigo estrella de la Fiscalía tras testificar bajo juramento que el crimen se planificó desde 2022.
En esa versión original, aseguró que Xavier Jordán, José Serrano, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga reunieron un millón de dólares para pagar a sicarios de la banda Los Lobos y del Frente Oliver Sinisterra con el fin de asesinar a Fernando Villavicencio.
Pero su relato tuvo un quiebre a finales de noviembre de 2025. Operando desde Bolivia, Lasso fue convocado por la defensa de Xavier Jordán para rendir una deposición mediante videoconferencia ante una Corte de Miami, esto en el marco de una demanda civil por difamación que el prófugo impulsó contra la exfiscal Salazar en Estados Unidos.
Durante esa comparecencia, de forma sorpresiva, Lasso se retractó de absolutamente todas sus acusaciones, afirmando que su primera versión fue presuntamente realizada bajo la presión directa de las autoridades ecuatorianas.
Pero, al igual que en el caso de Christiansen, las pruebas sobre una supuesta manipulación de testimonios llegaron del teléfono del propio Lasso, que fue entregado a las autoridades por Juan Carlos Salazar, abogado de Jordán.
Se trata de un teléfono celular marca Samsung color celeste. La explotación de los chats alojados en este dispositivo muestra comunicaciones directas entre Xavier Jordán y Marcelo Lasso, quien se ha presentado como la mano derecha de Norero.
Según el análisis pericial, Jordán habría montado una operación para mover a Lasso desde Bolivia hacia Estados Unidos.
Así le contaba Lasso a su pareja en notas de voz: «Ya, mi amorcito, por si acaso, ya le dije a Jordán que estoy viajando». «(…) Hay cosas muy chéveres allá, oportunidades de trabajo, plata, mucha plata. Y que la bebé va a ser americana (…), «Todo eso voy a hablar con Jordán (…), le voy a ayudar con las visas y si toca pagar pasajes, pues pagamos (…)».
Y capturas de pantalla encontradas en ese equipo, además, evidenciarían conversaciones directas de Lasso no solo con Jordán sino también con Ronny Aleaga.
Además, el 19 de noviembre de 2025, un día antes de realizar su deposición ante la justicia norteamericana, Lasso mantuvo un intercambio de mensajes con el usuario registrado como Owner, perteneciente al expolicía y también testigo protegido Ronald Herrera.
Lasso le asegura a Herrera que Xavier Jordán movió fichas para suspender diligencias, añadiendo literalmente que la cosa es seria, que en minutos tendría un tema del cual se iba a enterar, pero que los procesados son cumplidos y te dan lo que te ofrecen.
Durante su testimonio anticipado, el expolicía Ronald Herrera declaró que fue reclutado por Daniel Salcedo para ejecutar seguimientos a Fernando Villavicencio a cambio de dinero, y aseguró haber presenciado videollamadas en las que el exministro Serrano exigía esta información.
Además, Herrera denunció que la estructura criminal también intentó comprar su silencio para obligarlo a cambiar su versión. Específicamente, el testigo reveló que Xavier Jordán supuestamente se comunicó con él, mediante intermediarios y cuentas falsas de redes sociales, para ofrecerle USD 300.000 a cambio de que declarara falsamente que la fiscal Diana Salazar había fabricado el expediente del caso. Fuente: Primicias
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