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‘Fito’, el mecánico manabita que terminó en una Corte de Estados Unidos tras 25 años de carrera delictiva

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El 10 de septiembre de 2010, un joven manabita se presentó ante las cámaras de los medios de comunicación nacional, desde Manta. Tenía heridas de bala. Denunció que su familia era víctima de una persecución policial y que su hermano había sido ejecutado por agentes durante un operativo.

Era José Adolfo Macías Villamar. Las autoridades lo habían identificado con el alias de ‘Fito’ e integrante de la banda Los Choneros, organización delictiva que para esa época ya dominaba las rutas del narcotráfico desde los puertos de Manabí.

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En septiembre de 2010, ‘Fito’ dio una rueda de prensa denunciando el asesinato de su hermano.Captura de pantalla / YouTube / RTU
Casi 15 años después, ‘Fito’ se convirtió en el primer narcotraficante ecuatoriano extraditado hacia Estados Unidos, directamente desde territorio nacional. La Corte del Distrito Este de Nueva York (EDNY) lo está procesando por siete cargos relacionados con tráfico de drogas y armas. Y se expone, incluso, a una cadena perpetua.

Con base en documentos judiciales, información de inteligencia policial y militar y publicaciones de prensa de distintas épocas, PRIMICIAS presenta el perfil completo de la vida de José Adolfo Macías Villamar, quien en 25 años de carrera criminal llegó a ser el hombre más buscado en el país.

De Santa Ana a Manta
José Adolfo Macías Villamar nació el 30 de septiembre de 1979, en Santa Ana, cantón de Manabí. Sus padres son Ramón José Macías y Violeta Villamar, quienes ahora también son buscados por sus supuestas implicaciones en la red de lavado de activos de su hijo.

Ramón José Macías era taxista y, por su trabajo, la familia se mudó a Manta. En esa ciudad, los Macías Villamar se radicaron en el barrio San Agustín. En las calles de ese barrio crecieron los tres hermanos mayores de esa familia: José Adolfo, William Leodán y Ronald Javier.

De cariño, al primero le decían ‘Adolfito’ y de ahí nació el apodo que lo acompañaría luego en su carrera delictiva: ‘Fito’. De su padre, Macías Villamar heredó el gusto por los carros. El 30 de enero de 1998, a sus 18 años, se graduó de bachiller técnico industrial en mecánica automotriz.

Ya con el título en su mano, ‘Fito’ empezó a trabajar como mecánico en un taller local. Además, según lo contó el mismo en la rueda de prensa de 2010, en ocasiones también realizaba carreras como taxista. Sin embargo, el mundo de los carros también lo ligó a sus primeros pasos criminales.

Aunque no existen registros digitalizados de la época, diario Extra reportó que su primera detención ocurrió el 27 de marzo del 2000. Aprovechaba sus conocimientos mecánicos para robar carros, desarmarlos y venderlos por partes. Fue detenido por robo.

Además, ‘Fito’ era aficionado al ecuavoley. Entre partido y partido conoció a Jorge Luis Zambrano, también conocido como ‘Rasquiña’. Un día, por esos años, fueron juntos a jugar un partido al Barrio La Paz de Manta y conocieron a Jorge Bismark Véliz España, alias ‘Teniente España’.

‘Teniente España’ era el jefe de Los Choneros, una banda criminal que había nacido en la década de 1990 en Chone e, inicialmente, se dedicaba a delitos como el robo de carros y los asaltos en carreteras. Pero que, a partir de los años 2000, se inmiscuyó en el microtráfico de drogas.

Los Choneros, el primer escape y la primera recaptura 
En 2005, según un reporte de prensa de la época recogido en un documental de Plan V, España fue detenido junto a ‘Rasquiña’ por transportar sobres con cocaína para venderla al menudeo en las calles de Manabí.

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Reporte de prensa de una captura de ‘Teniente España’ y ‘Rasquiña’, en 2005. Captura de pantalla / Plan V / El Diario de Manabí
En la banda, para el año 2006, empezaron a sonar los nombres de los hermanos José Adolfo (‘Fito’), William Leodán (‘Lan’) y Ronald Javier (‘Javi’) Macías Villamar. Y en esa mismo época empezó la primera guerra de Los Choneros. Sus rivales eran Los Queseros, grupo delictivo originario de Santo Domingo.

La batalla la ganaron Los Choneros y sus rivales fueron exterminados con la modalidad del sicariato. Pero, la banda manabita también tuvo bajas y el mismo ‘Teniente España’ fue acribillado en un enfrentamiento con Los Queseros, en Santo Domingo, en 2007.

Tras la muerte de España, Los Choneros fueron liderados por Jairo Proaño, alias ‘El Chonero Mayor’; y Leodán Macías Villamar, alias ‘Lan’. Pero los dos fueron asesinados. El segundo, hermano de ‘Fito’, fue acribillado durante un operativo policial, en el que también estuvo ‘Fito’, quien también resultó herido y por ese motivo dio la rueda de prensa de septiembre de 2010.

Finalmente, el poder llegó a ‘Rasquiña’ y, junto a él -como segundo al mando-, siempre estuvo ‘Fito’. Pese a estar en una condición de liderazgo, ambos seguían participando en operaciones delictivas como asesinatos.

Así, el 14 de mayo de 2011, nueve miembros de Los Choneros, con ‘Rasquiña’, ‘Fito’ y ‘Javi’, a la cabeza, ingresaron a la casa de Jairón Carreño, en Manta, y lo asesinaron con 22 disparos a quemarropa. El testimonio del sobrino de la víctima los delató. Todos fueron sentenciados a 25 años y capturados en el transcurso de ese año.

Todos los cabecillas de Los Choneros fueron trasladados a la Cárcel de Máxima Seguridad de La Roca, en Guayaquil. Pero, dos años después, 18 se fugaron en un escape de película. Esposaron y encerraron a 14 guías y, luego, se fueron en un bote por el río Daule.

En menos de un año, las autoridades los recapturaron a casi todos. ‘Fito’ fue el duodécimo fugitivo en ser encontrado. En mayo de 2013, en un búnker subterráneo en una casa de El Palmar, en Manta, fue arrestado junto a su hermano Ronald Javier.

El señor del búnker: alias ‘Fito’ cayó dos veces en escondites subterráneos, siguiendo el guion de un capo de telenovela

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Los amos del narcotráfico
La fuga de La Roca en 2013 fue un parteaguas para el crimen organizado ecuatoriano. Para esa época, Ecuador era, en menor medida, un país de paso rápido de la cocaína que se producía en Colombia.

En esos años, empezaban a sonar nombres como los de César Vernaza, alias ‘El Empresario’, nexo del Cartel de Sinaloa en Ecuador; Washington Prado, alias ‘Gerald’, quien se encargaba de abastecer de combustible a los barcos que transportaban la cocaína hacia Centro y Norteamérica. Y el de Oscar Caranqui, quien acumuló rápidamente una fortuna por transportar cocaína desde Colombia.

Todos estos hombres y sus bandas, además de Los Choneros, habrían colaborado con logística y dinero para la fuga de los 18 presos, en febrero de 2013. La mayoría de los fugitivos viajaron a Colombia, donde habrían acordado una alianza que permitió que el narcotráfico ecuatoriano creciera rápidamente.

Así, por ejemplo, ‘Gerald’, que era conocido como ‘El Pablo Escobar Ecuatoriano’, empezó a contratar los servicios de Los Choneros para mover droga, custodiar bodegas y cometer sicariatos y otros delitos.

Tras su recaptura, ‘Fito’ trabajó directamente para ‘Gerald’. Según reportó una investigación de InsightCrime, «‘Fito’ organizaba la logística del tráfico para ‘Gerald’, como los puntos de reabastecimiento en alta mar para los barcos de la droga».

La conexión entre ‘Gerald’ y ‘Fito’ se dio a través de Olga Machuca, quien era la abogada de Los Choneros. Pero, a Prado no le interesó trabajar con la abogada. Sino que se acercó su esposo: Freddy Zambrano, excapitán de la Policía, quien también empezó a trabajar para ‘Gerald’.

Sin embargo, ‘Fito’ y Los Choneros abusaron de la confianza de Prado. Según documentos judiciales, en 2016, Macías Villamar estuvo detrás del robo de una caleta que contenía USD 3 millones, que pertenecían a ‘Gerald’. Este sujeto empezó una búsqueda del responsable de ese robo y asesinó a los trabajadores que construyeron ese escondite.

Esos crímenes, pusieron a ‘Gerald’ en el radar de autoridades ecuatorianas y colombianas, que lograron infiltrar a una agente en su estructura. Así lograron que el ecuatoriano viajara a Colombia, donde fue arrestado en 2017. Y un año después fue extraditado a Estados Unidos, donde paga una pena de más de 19 años de cárcel.

Así, ‘Fito’ y Los Choneros se quitaron de encima a un intermediario y se acercaron a organizaciones internacionales del narcotráfico como el Cartel de Sinaloa. Además, en 2019, ‘Rasquiña’ habría ordenado matar a Telmo Castro, exmilitar que era el enlace ecuatoriano con esa organización criminal.

Con estos crímenes, Los Choneros ganaron espacio en el negocio regional de la droga. Ya no solo custodiaban y transportaban la cocaína. Tenían sus propios enlaces con el Cártel de Sinaloa y enviaban sus cargamentos.

Todo esto lo hicieron desde prisión. ‘Rasquiña’, ‘Fito’ y Junior Roldán, alias ‘JR’, los principales cabecillas de la organización estaban presos y desde sus celdas -acomodadas con lujos ilegales e incluso saliendo de la cárcel cuando querían- manejaban el mundo criminal.

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Un entramado de bandas y un mundo de traiciones
La paz firmada tras la fuga de La Roca en 2013 y los movimientos de Los Choneros, como el robo y captura de ‘Gerald’, hicieron que durante siete años reinaran el mundo criminal y que en el país haya una relativa paz, llegando a ser uno de los territorios con menor tasa de muertes violentas.

En esos años, según una fuente de inteligencia policial, en Ecuador había tres principales grupos que se disputan el control tanto dentro como fuera de las cárceles: Los Choneros, Los Lagartos y Los Mexicanos.

Los Lagartos era una banda aliada de Los Cubanos, que perdió influencia luego del asesinato de su líder en 2019. Los Mexicanos fueron identificados como el brazo del Cartel de Sinaloa en Ecuador. El 15 de diciembre de 2020, Jaime Mallorca, su líder y nexo con el Cartel de Sinaloa, fue asesinado en un motín carcelario.

Otra fuente de policial, que trabaja en el Comando de la Zona 8, dice que el «éxito» de Los Choneros para mantener el control se debe, en gran parte, a que armaron una estructura de grupos más pequeños que eran sus brazos armados.

Se trata de Los Lobos, Los Tiguerones, Los Chone Killers, Los Loqui Choner, Los AK47, Los Pangora y otras agrupaciones delictivas más pequeñas que se fueron ramificando. Por ejemplo, ‘Fito’ manejaba su propio brazo armado: Los Fatales.

Pero, en junio de 2020, ‘Rasquiña’, quien era el líder que mantenía funcionando este entramado de bandas, salió de la Cárcel de Cotopaxi, gracias a una decisión judicial irregular. Seis meses después, Zambrano fue asesinado a tiros en un centro comercial de Manta.

Tras la muerte de ‘Rasquiña’, los agentes de Inteligencia que seguían a estas bandas intuían que el mando lo tomaría ‘Fito’, apoyado muy de cerca por ‘JR’. Pero había otros interesados en esa posición. Lo que ocasionó una guerra sin precedentes, que mantiene al Ecuador sumido en la violencia cinco años después.

Los cabecillas de los brazos armados de Los Choneros como Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’ (Los Lobos);  Willian Alcívar, alias ‘Comandante Willy’ (Los Tiguerones); y los hermanos Benjamín e Israel Camacho -‘Ben 10’ y ‘Trompudo’- (Chone Killers), se aliaron para acabar con Los Choneros liderados por ‘Fito’ y ‘JR’.

Estas organizaciones crearon lo que se conoció como el Cartel Nueva Generación, por su alianza con el Cartel Jalisco Nueva Generación de México. Y enfrentaron a Los Choneros en cruentas masacres carcelarias que dejaron más de 400 muertos.

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Estas bandas eran financiadas por Leandro Norero, alias ‘El Patrón’; quien había sido cercano a ‘Rasquiña’, pero que tras su muerte intentó alzarse como el nuevo líder máximo del crimen organizado. Pero no lo logró y en mayo de 2022 fue capturado.

Estando en prisión, según lo que se conoce tras la revelación de sus chats, Norero volvió a acercarse a ‘Fito’ y ‘JR’ para buscar la paz nuevamente. Pero este acercamiento no gustó a Los Lobos, quienes ordenaron el asesinato de ‘El Patrón’ en la Cárcel de Cotopaxi.

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La segunda fuga, la segunda recaptura y la extradición
En medio de la guerra con sus exaliados, ‘Fito’ y ‘JR’ empezaron a tramitar su salida de la cárcel, donde estuvieron durante más de 10 años, pero donde ya no se sentían seguros. El primero en conseguirlo fue Roldán, quien dejó la Cárcel Regional del Guayas en febrero de 2023.

Pero, afuera tampoco pudo mantenerse a salvo. Un mes después de su liberación, ‘JR’ sufrió un atentado en El Triunfo, que era su fortín. Entonces, se sacó el grillete con el que lo monitoreaban las autoridades y huyó a Colombia, donde fue asesinado en mayo de ese año.

Entonces, ‘Fito’ se quedó solo a la cabeza de Los Choneros, pero las autoridades y sus enemigos lo empezaron a cercar. Su hijo sufrió un atentado, su hija fue secuestrada y, en septiembre de ese año, el Gobierno de Guillermo Lasso lo trasladó a La Roca, sacándolo de la Regional, su principal centro de operaciones.

Sus aliados hicieron motines y protestas para que Macías Villamar vuelva a la Regional. Lo que se concretó a través de otra decisión judicial irregular del exjuez Diego Poma, ahora destituido por corrupción.

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Pero, ‘Fito’ ya no se sentía seguro tampoco en la Cárcel Regional. En noviembre de 2023, asumió el presidente Daniel Noboa y, nuevamente, se empezó a evaluar el traslado a La Roca. Pero, no se llegó a completar.

En enero de 2024, en una revisión de rutina, las autoridades se dieron cuenta de que Macías Villamar ya no estaba en la cárcel. No se sabe a ciencia a cierta cuando se fugó, ya que no hubo motín ni violencia, se fue sin hacer ruido.

Una semana después, la esposa de ‘Fito’, Inda Peñarieta, sus tres hijos y un sobrino fueron detenidos en Argentina, donde habían rentado una casa de lujo. De inmediato, fueron deportados a Ecuador, pero no procesados ni encarcelados.

Peñarrieta, una enfermera manabita que está con ‘Fito’ desde su juventud, creó un entramado de empresas que habría lavado millones de dólares del narcotráfico.

Además, en mayo de 2024, en Manta fue capturada Verónica Briones, otra pareja de ‘Fito’, quien se encargaba de otra parte de su operación de lavado de activos, a través de más empresas fantasmas.

El objetivo de las autoridades fue cercar a ‘Fito’, presionándolo con sus familiares. A inicios de junio de 2025, la Fiscalía presentó el caso denominado ‘Blanqueo Fito’, atacando a su esposa, su novia, los familiares de ambas y arrestando a su hermano menor.

Macías Villamar fue recapturado el 25 de junio de 2025. 13 días después, el 8 de julio, Estados Unidos solicitó formalmente su extradición. La audiencia en Ecuador se realizó el viernes 11 de julio, en la que ‘Fito’ consintió ser entregado al país norteamericano. Todavía se especula que hubo una negociación de entrega, pero el Gobierno lo ha descartado.

El 15 de julio, Estados Unidos entregó la garantía de que el narcotraficante ecuatoriano no sería sometido a tratos crueles y degradantes. Dos días más tarde, José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), emitió la sentencia concediendo la extradición.

Finalmente, el 20 de julio, ‘Fito’ fue enviado a Estados Unidos. Y al día siguiente se presentó ante la Corte del Este de Nueva York, donde se declaró no culpable de los siete cargos en su contra. Ahora está preso en el MDC Brooklyn y espera un eventual juicio, mientras se revelan las pruebas en su contra.

Mientras tanto, en Ecuador se sigue buscando a su esposa y sus hijos. Su novia, su hermano y sus suegros están presos. Y el caso por lavado de activos avanza. Además, luego de cumplir su pena en Estados Unidos, tendrá que volver para pagar los más de 30 años en condenas que tiene pendientes en el país. Fuente: Primicias

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Fiscalía apunta a 11 militares como autores directos de la desaparición de cuatro menores de edad

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La jornada número 14 del juicio por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad en el caso Malvinas inició la mañana de este martes 9 de diciembre de 2025 con la Fiscalía retomando la individualización de las responsabilidades penales de los 17 procesados.

Se prevé que el fiscal del caso, Christian Fárez, señale a seis militares más como presuntos autores directos, con lo que sumarán 11 uniformados en esa categoría desde este lunes 8 de diciembre, cuando el juicio entró en la etapa de conclusiones y alegatos finales.

Durante la sesión previa, Fiscalía pidió 34 años y ocho meses de prisión para cinco de los procesados como presuntos autores directos, así como el pago de multas a favor del Consejo de la Judicatura y una indemnización para las familias de las víctimas.

También está pendiente aún individualizar la acusación contra cinco militares que accedieron a un mecanismo de cooperación eficaz con la Fiscalía, a cambio de beneficios en la pena, y un teniente coronel procesado como presunto cómplice.

La audiencia se reanudó a las 10:20 en Guayaquil, luego de que el Tribunal de Garantías Penales suspendiera la diligencia la tarde del lunes, tras casi nueve horas de alegatos en las que Fiscalía presentó conclusiones y fundamentó la participación de cinco de los militares en la «privación ilegal de libertad», abandono y presunto ocultamiento de información sobre las víctimas.

Los presuntos autores directos
Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, desaparecieron tras ser aprehendidos en el sur de Guayaquil por una patrulla de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

La mayoría de los militares sostienen que liberaron a los cuatro niños en un camino de segundo orden a las afueras de Taura (Naranjal, Guayas) tras hacerles mover un árbol caído, dejándolos «sanos y salvos».

Pero pruebas y declaraciones expuestas en el juicio apuntan a que los menores fueron abandonados de noche, heridos y sin ropa, en un lugar de alta peligrosidad. Los menores nunca regresaron a casa y, semanas después, se hallaron en un lugar agreste de Taura los restos calcinados de las víctimas.

En la jornada previa el fiscal señaló como presuntos autores directos al suboficial Wilson Alfredo W. A., al sargento Wilmer Danny L.C. y al cabo primero Rodrigo Paúl N. P..

También se señala como supuestos autores directos al cabo primero Jonathan Raúl G. P. -quién boxeó con el mayor de las víctimas y le habría aplicado una llave de lucha tumbándolo al suelo, según los testigos cooperadores-; y al cabo primero Ronald Stalin P. T. -el menor de las víctimas se habría golpeado con la trompetilla de su fusil cuando lo tiraron al balde de una de las camionetas-.

09/12/2025 – 12:26

Fiscalía individualiza acusación por cada uno de los implicados
La Fiscalía continúa con la individualización de responsabilidades y presentó los elementos de materialidad con los que acusa como presuntos autores directos de la desaparición forzada a los siguiente militares:

1.-  El cabo segundo Sergio Francisco V. B., es señalado como parte de patrulla. La Fiscalía señalan que las víctimas eran sujetos de especial protección y que la patrulla incumplió la obligación estatal de salvaguardar la integridad de personas bajo custodia.

2.- El cabo Jhon Eduardo T. M., como parte activa de la patrulla de 16 militares.

El fiscal Christian Fárez expuso ante el Tribunal que la participación de los militares está acreditada a partir de testimonios, pericias, videos, registros de Inteligencia y evidencia levantada por la propia FAE.

La Fiscalía menciona entre las pruebas pericias de extracción de audio, video y mensajes realizada en ocho teléfonos celulares incautados a los 16 procesados, el 22 de diciembre en la base aérea de Taura. En los dispositivos aparecieron conversaciones en las que un integrante de la patrulla afirmaba: “Le dimos durísimo”, en referencia a las víctimas.

Para la Fiscalía, este lenguaje coincide con el testimonio de los cinco militares que actúan como cooperadores eficaces en el caso, quienes describieron golpes, insultos, amenazas, un disparo cercano al menor de los hermanos Arroyo, además de la desnudez forzada.

La Fiscalía solicitó al Tribunal una pena agravada de 34 años y ocho meses de prisión, al considerar aplicables los agravantes del artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal COIP: actuar en grupo, con ensañamiento y contra menores de edad.

Como parte de la reparación integral, Fárez pidió que los procesados paguen 800 salarios básicos unificados como multa a favor del Consejo de la Judicatura, y que se otorgue a la familia de las víctimas una compensación de USD 10.000 .

También planteó que se disponga capacitación obligatoria en derechos humanos para los miembros de las Fuerzas Armadas, y propuso que el puente ubicado en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, el sitio de la aprehensión de las víctimas, sea nombrado como Puente de los Niños de Las Malvinas, como una medida de reparación simbólica.

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¿Qué dicen los abogados de los militares?

Henry Moreta, abogado del cabo segundo Sergio Francisco V. B., señaló que su defendido no tenía mando ni decisión en la patrulla. «No agredió, no golpeó, no insultó a nadie», dijo el abogado, señalando que los cooperadores eficaces no mencionaron el papel del cabo.

Según Moreta, la Fiscalía no ha logrado demostrar el cometimiento del delito en casos como el de su cliente, que tampoco se encontraba en el chat grupal de los militares, dijo.

En ese mismo sentido, Anahí Quimbita, abogada del cabo Jhon Eduardo T. M., también a una presunta falta se sostenimiento de la prueba, pues su defendido solo brindaba seguridad a la patrulla. «La obedecía debida en el régimen militar solo es inadmisible cuando las ordenes trasgreden la ley, pero ni siquiera hubo una orden expresa», adujo.

Fiscalía señala que los militares fueron parte activa en la desaparición y no presentaron en ningún momento oposición a un procedimiento irregular que expuso a las víctimas a desnudez forzada y al presunto abandono en un sector de alta peligrosidad.

Tampoco informaron por «cuenta propia» de lo sucedido, sino que lo hicieron dos días después, cuando fue requerida su versión por escrito por parte de sus superiores. El desenlace fatal se hubiera podido evitar si avisaban a tiempo, señala el fiscal. Fuente: Primicias

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Un año del caso Malvinas: Familias esperan justicia tras contradicciones de los implicados

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Ha pasado un año y nadie sabe o se atreve a decir la verdad completa. Hay versiones a medias y versiones contradictorias. Ninguno de los cuatro chicos de Las Malvinas está aquí para contar cómo, después de un partido de fútbol entre amigos, la noche del 8 de diciembre de 2024, fueron detenidos por una patrulla militar en Guayaquil. Los militares los golpearon, los torturaron y los abandonaron a su suerte en un lugar rural de Taura, heridos y desnudos. Josué, Ismael, Nehemías y Steven no vivieron para contarlo, pero esto se demostró en las audiencias del caso “Malvinas”. Hay videos grabados por los propios militares que lo corroboran.

Tres semanas después de la desaparición, sus cuerpos fueron hallados: calcinados, cercenados, sin órganos. ¿Quién se hace responsable? Las familias piden justicia y ruegan para que ningún padre o madre tenga que vivir la angustia de la que han sido víctimas, mucho menos la indolencia del Estado que no les dio respuestas a tiempo.

Durante la primera semana de la desaparición, aunque los padres ya estaban en contacto con agentes de la Unase, para investigar el hecho, nadie les confirmó que los militares se habían llevado a sus hijos. Entre el 14 y el 17 de diciembre el caso saltó a la prensa: se hablaba de que sujetos vestidos de militares secuestraron a los chicos, lo que se confirmó por esos mismos días, cuando se filtraron los videos de las cámaras de seguridad, en las que se veía como los militares subían a Josué, Ismael, Nehemías y Steven a dos camionetas.

Mientras tanto, los militares implicados ya habían organizado un chat grupal al día siguiente para acordar una sola versión. En las audiencias, el sargento Nelson S. Z. indicó que el 10 de diciembre del 2024, dos días después de la desaparición, el subteniente John Henry Z. E., a cargo de las patrullas, contó que un general y tres coroneles le ordenaron borrar un video con agresiones “porque el caso sería todavía más polémico de lo que ya era”.

Para el 19 de diciembre, con toda la presión encima, FF.AA. emitió un comunicado en el que decía que colaboraría con todas las investigaciones. No reconocía que los militares se llevaron a los chicos. Para el 21 de diciembre, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, emitió un mensaje: responsabilizaba a grupos criminales de la desaparición y decía que querer responsabilizar a las FF.AA. por una supuesta desaparición forzada era hacerle el juego al crimen organizado.

$!Momento en que militares detienen a los niños de Las Malvinas.

DESAPARICIÓN FORZADA

Pero no era supuesta: fue una desaparición forzada y así lo determinó Fiscalía en su acusación. De hecho, el lunes 8 de diciembre, el Ministerio Público pidió 34 años de prisión para algunos de los 17 militares implicados.

Previamente, el soldado Álex Xavier Q. A., quien se sometió al procedimiento de cooperación eficaz, pidió disculpas a las familias de los chicos y aceptó haber encubierto información por temor a represalias de sus superiores.

No obstante, otros procesados mantienen la versión de que arrestaron a los chicos porque les proporcionaron información de que habían sido partícipes de un robo, y que no los agredieron y los liberaron sanos y salvos.

Con estas versiones a medias y contradictorias, dependerá del tribunal a cargo del caso, esclarecer la verdad en función de las pruebas presentadas. La Fiscalía no ha encontrado ningún indicio de que los menores hayan cometido un acto ilícito, según comentó Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas. Es más, Moisés L., uno de los cuatro soldados que cooperaron con la justicia, aseguró que un vendedor de agua les dijo que eran otras personas las que estaban asaltando.

En lo que coinciden todos los militares es que dejaron a los chicos, sanos o golpeados. Nadie sabe qué pasó después: hay una investigación a parte por ese caso y se presume que una banda los asesinó.

Ellos (los militares) sabían que era un sector de alta conflictividad inclusive en el juicio se mencionó a un reconocido Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), que opera en ese sector, por lo que el ‘sanos y salvos’ no se cumplió”, subrayó Aguirre al cuestionar que las patrullas dejaran abandonados a los chicos a su suerte en Taura.

$!Los cuatro niños de Las Malvinas.

LO QUE SALIÓ A LA LUZ EN EL JUICIO

Tras la conmoción que generó el caso, la primera defensa de los militares aseguraba en varias entrevistas que los implicados colaboraron desde el principio de las investigaciones. Sin embargo, el proceso judicial ha evidenciado lo contrario.

Por ejemplo, un oficial ordenó a los soldados que eliminaran videos comprometedores, pero uno de ellos ya había enviado un clip a su hermana porque “las cosas se estaban saliendo de control”. Ese material luego se convirtió en una de las piezas clave, ya que en el video se escuchan frases como “ya llegamos al lugar donde van a morir” o “agradece que no te disparo”.

Así mismo, los 16 implicados tenían un chat para coordinar su defensa e incluso hubo discordia entre los integrantes del grupo por la información que iban a dar en primera instancia. Durante el juicio el soldado Christian A., el último cooperador eficaz que rindió versión, también contó que todos “acordaron lo que iban a decir” a tal punto que su primera versión escrita fue “copia y pega” del texto de otro compañero, cambiando solo un “par de palabras”. Esto bajo el argumento del “espíritu de cuerpo”.

No obstante, otro grupo de procesados han rechazado este tipo de acusaciones. El subteniente John Henry Z. E., principal señalado como presunto autor de desaparición forzada, aseguró que los colabores de Fiscalía fabricaron historias para obtener beneficios penitenciarios. Además, rechazó que haya ejecutado agresiones y disparos, indicando que todas las municiones se entregaron sin faltantes.

En su testimonio también señaló a los miembros de bandas criminales como los responsables de la desaparición y asesinato de lo cuatro menores. “Señor fiscal, por qué no se investiga. Los verdaderos responsables siguen afuera, quizás riéndose de lo sucedido”, acotó.

Él y al menos otros cuatro uniformados también coinciden en que el objetivo inicial era llevar a las víctimas a una UPC de Virgen de Fátima, pero en el camino se desviaron tras una alerta de desmanes en un night club. Por otro lado, los cooperadores han manifestado que no sabían el destino exacto o incluso que el subteniente quería llevarlos a una fosa, algo que él ha negado.

$!Reconstrucción de los hechos.

ERROR DE PROCEDIMIENTO

Independientemente de las versiones irreconciliables de cada grupo de militares implicados, el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, explica que hay un evidente error de procedimiento por parte de la patrulla.

“Tenían que haber esperado en el lugar hasta que lleguen agentes policiales porque ellos son los que deben detener a las personas en un acto delictivo, esa no es función de los militares, es un trabajo complementario con la Policía”, indicó el exfuncionario.

Agrega que el concepto de espíritu de cuerpo, que algunos implicados nombraron en sus testimonios, se ha “distorsionado” porque originalmente se refiere a ayudarse entre soldados en situaciones de peligro, pero eso no quiere decir que ante una irregularidad se trate de construir una historia o decir mentiras.

Sobre el argumento de los acusados de que no podían desacatar órdenes de su superior, en este caso del subteniente, líder de la patrulla, Wagner Bravo aclara que las jerarquías funcionan en el marco de una orden militar para un trabajo profesional.

“Pero en el caso de una inconducta, ahora con aspecto legal, ellos sí podrían haber dicho: ‘Mi subteniente, no creo que esté bien porque estamos cometiendo una inconducta’. Inclusive eso también es espíritu de cuerpo, decir: ‘Oigan, no está bien’ y, si no me hacen caso porque soy de menor rango, por lo menos queda la constancia de que expresé mi postura”.

Bravo reconoce que el caso Malvinas sí ha golpeado la imagen de las Fuerzas Armadas y la institución debe tomarlo como una lección para fortalecer la preparación de soldados tanto a nivel táctico como en la parte legal de las normas que los rigen.

$!Reconstrucción de los hechos.

LAS CONTRADICCIONES DEL GOBIERNO

En diciembre del 2024, cuando se conoció la desaparición de los cuatro menores de Guayaquil, las principales autoridades emitieron declaraciones confusas. Por un lado, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, manifestó que las víctimas fueron detenidas porque “estaban presuntamente robándole a una mujer”. Mientras que el presidente Daniel Noboa dijo que “no se va a encubrir a nadie” e incluso sugirió “que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales”.

En enero del 2025, Loffredo fue obligado por una jueza a pedir disculpas públicas en cadena nacional, pero en su mensaje también advirtió que llegará “hasta las últimas consecuencias” para que la magistrada sea sancionada. Además, dijo que se estaba usando “una narrativa de derechos humanos como instrumento de persecución política”.

Tras estas y otras breves declaraciones de Loffredo bajo la misma narrativa, el Gobierno no volvió a pronunciarse sobre el caso. Incluso ahora que cuatro militares han pedido disculpas y reconocido irregularidades en la captura de los menores, las autoridades han mantenido un absoluto silencio. Vistazo pidió una reacción al Ministerio de Defensa, pero hasta el cierre de esta nota no ha existido una respuesta.

Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa, considera que desde el Gobierno se trató de “defender lo indefendible y un año después nos damos cuenta que hubo un mal protocolo, que terminó con la muerte de los niños”, aunque aún no se ha determinado quién ordenó el asesinato, ya que todos los militares han insistido en no conocer detalles de lo que sucedió después del abandonarlos.

Califica la actitud del ministro Loffredo como “desafiante”, cuando más bien cabía unas disculpas y acciones concretas para evitar la repetición de este tipo de hechos.

“Hasta ahora no hay claridad sobre los correctivos que se han tomado, si es que se está trabajando en manuales o reforzando el entrenamiento. Un año después esa es la gran deuda”.

Asimismo, Pinto cree que el caso deja en evidencia que “no es una buena idea” que los militares intervengan en temas de seguridad pública “porque las consecuencias pueden ser graves tanto para los ciudadanos como para la propia institución”. Por ello, indica que las intervenciones militares deben ser en temas específicos, que respondan al entrenamiento que han recibido.

$!Disculpas públicas del ministro de Defensa.

GARANTÍA DE NO REPETICIÓN

Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas e integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), señaló que desde el Gobierno recibieron comentarios “lacerantes, estigmatizantes y peyorativos”.

Además, recordó que la exministra del Interior, Mónica Palencia y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredoapelaron el habeas corpus con el que una jueza dispuso que el caso sea tratado como desaparición forzada, logrando que se revoque la sentencia.

Ante estas actitudes, la defensa ha interpuesto una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional en contra del tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que revocó el habeas corpus.

Aguirre comentó que el objetivo no solo es poner en evidencia la actitud de la Corte, sino también que los Ministerios del Interior y Defensa asuman su responsabilidad. “Queremos una garantía de no repetición”.

Mientras tanto, en Quito se lleva a cabo una segunda investigación por el presunto delito de secuestro con resultado de muerte, la cual determinará a los autores materiales e intelectuales del asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas.

Las indagaciones aún siguen en reserva y se desconoce detalles tras casi un año de la desaparición. No obstante, Aguirre avanzó que los militares también podrían ser procesados en esta causa “al ser servidores públicos que debían precautelar por la seguridad de las víctimas, teniendo en cuenta que eran de un grupo prioritario”.

Durante el proceso judicial un hombre, identificado como Luigi V., aseguró en una primera versión que alias ‘Momo’, un líder local de la banda criminal ‘Los Lobos’, que opera en Taura, dio la orden para asesinar a los menores e incluso especificó los apodos de emisarios del cabecilla delictivo.

Sin embargo, el presunto testigo desapareció y no rindió testimonio anticipado, aunque la investigación policial iría encaminada en una teoría similar. En la doceava sesión del juicio, el mayor de Policía, Edwin Sánchez, expuso el contenido de su informe preliminar, de diciembre del 2024, en el que señaló a ‘Momo’ y otros dos integrantes de ‘Las Águilas’ como presuntos autores materiales del crimen.

De hecho, en el celular de ‘Momo’, explotado en el marco de un proceso por el delito de tenencia y tráfico de armas por el cual fue recapturado en marzo del 2025, se encontró una foto de un hombre con un supuesto uniforme junto a una persona sin camiseta y en pantaloneta. También, se conoció que el criminal estaba pendiente del caso Malvinas, ya que tenía publicaciones de medios de comunicación sobre el tema. Fuente: Vistazo

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Lundin Gold lidera el sector minero e ingresa por primera vez al top 100 de reputación corporativa de MERCO en el Ecuador

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Lundin Gold, empresa canadiense operadora de Fruta del Norte, ingresó por primera vez al top 100 del ranking Merco de empresas con mejor reputación del Ecuador en su primera década de presencia en el país. Además, alcanzó el primer lugar en el sector minero, un doble hito que consolida su liderazgo en la industria y evidencia la madurez de un modelo de gestión alineado con estándares de transparencia, responsabilidad y excelencia. Merco evalúa, a través de una rigurosa metodología, la percepción de líderes empresariales, analistas, periodistas especializados, academia, ONG, consumidores y otros grupos de interés, lo que refuerza la legitimidad y alcance de este resultado.

“Figurar en el top 100 de este ranking con solo seis años de operaciones en el país es un logro especialmente significativo considerando el modelo Business to Business de nuestro giro de negocio. Este resultado en Ecuador es reflejo de nuestra sólida Estrategia de Sostenibilidad y de los impactos positivos que ha generado de manera consistente a lo largo de los años. Esta Estrategia está construida sobre una serie de alianzas que permite que nuestros grupos de interés conozcan a fondo la forma en la que trabajamos.”, señaló Juan José Herrera, director de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold.

La presencia de Lundin Gold en este reconocido monitor internacional demuestra la coherencia entre su desempeño operacional, su filosofía corporativa y su Estrategia de Sostenibilidad.

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