La Cámara Nacional de Minería de la provincia, en atención a los recientes acontecimientos registrados en el Distrito Minero de Chinapintza, cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe, expresa su profunda preocupación frente a las denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos, ambientales y de participación ciudadana ocurridas durante un operativo que involucró a efectivos de la fuerza pública y personal vinculado a la empresa privada CONDORMINING S.A.
Como entidad que representa al sector minero formal y comprometido con el desarrollo sostenible del país, rechazamos categóricamente cualquier acción que atente contra la dignidad de las personas, el debido proceso legal, o que derive en prácticas que contravengan los principios consagrados en la Constitución del Ecuador, en el Código Orgánico del Ambiente, así como en los convenios internacionales sobre derechos humanos y consulta previa.
Compromiso con la minería responsable
La Cámara de Minería reitera su visión estratégica de que la minería moderna debe sustentarse sobre tres pilares fundamentales:
-
Legalidad y respeto a los procedimientos del Estado de Derecho.
-
Diálogo permanente con las comunidades y actores locales.
-
Sostenibilidad ambiental y responsabilidad social empresarial.
Por ello, hacen un llamado firme y urgente a que se investiguen con transparencia los hechos suscitados el 18 de junio, en los que se habría procedido sin orden judicial previa ni protocolos de intervención social adecuados, afectando directamente la propiedad, la vida familiar y el trabajo de mineros artesanales que históricamente han contribuido a la economía local.
Sobre el discurso ambiental y el respeto a la consulta
Nos preocupa sobremanera la posibilidad de que principios como el cuidado ambiental o la remediación de pasivos mineros estén siendo utilizados como argumento para justificar intervenciones sin planificación ni participación, deslegitimando así el verdadero espíritu del desarrollo sostenible.
Reafirmamos que el respeto al medio ambiente no puede desvincularse del respeto a las personas que habitan, cuidan y trabajan los territorios. Sin justicia social no hay justicia ambiental. Por ello, la consulta previa, libre e informada debe ser un requisito ineludible en todo proceso que afecte a comunidades directamente.
Exhortación a la institucionalidad pública
Desde la Cámara de Minería, exhortamos al Estado ecuatoriano, y en particular a las entidades rectoras de la política minera y ambiental, a:
-
Aclarar de forma pública los fundamentos legales del operativo ocurrido en Chinapintza.
-
Establecer una mesa de diálogo permanente con participación de comunidades, gobiernos locales, actores mineros y sociedad civil.
-
Revisar los protocolos de intervención estatal en zonas de conflicto social y productivo.
-
Fortalecer la articulación entre la minería industrial, la pequeña minería y la minería artesanal, reconociendo sus aportes y diferencias.
La Cámara de Minería no es indiferente al dolor de las familias que hoy claman justicia. Entendemos que el futuro minero del Ecuador debe construirse sobre bases éticas, técnicas y humanas. Lo sucedido en Chinapintza no puede repetirse, y por ello manifestamos nuestra disposición a contribuir activamente en la búsqueda de soluciones estructurales y pacíficas que garanticen la convivencia armónica entre inversión minera, ambiente y comunidad.
Porque la minería del siglo XXI no debe ser impuesta, sino consensuada; no debe ser extractivista, sino transformadora.
