En redes sociales ha empezado un intenso debate alrededor de la Corte Constitucional, luego de que surgiera el rumor de que la institución va a suspender tres leyes económicas urgentes del presidente Daniel Noboa. Por un lado, hay quienes la acusan de estar en contra del país e incluso plantean su eliminación. Mientras que diversos abogados recalcan que el rol de la entidad es frenar los excesos de poder.

El Gobierno ha enviado a la Asamblea Nacional cuatro leyes calificadas como económicas urgentes desde que inició su nuevo mandato 2025-2029, lo que obligaba a los legisladores a tratar las propuestas en menos de 30 días.

Es así que en lo que va del año, la Legislatura le ha dado el visto bueno a tres de esos proyectos: las leyes de Solidaridad, Integridad y Áreas Protegidas. Además, ya se está procesando el cuarto proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, más conocido como Ley de Fundaciones.

Con estos reclamos la Corte Constitucional podría echar abajo la validez de las leyes, en caso de que las declare inconstitucionales por razones de fondo o forma.

Por el momento, aún no hay un pronunciamiento de la institución. De hecho, suelen manejar tiempos bastante largos por la cantidad de demandas.

En todo caso, hay quienes ya se han adelantado a la resolución. Desde el pasado miércoles en la red social X, han empezado a surgir mensajes de ciertos políticos e influencers que aseguran que la entidad va a suspender tres leyes promovidas por el Gobierno de Daniel Noboa.

“¿De verdad la Corte Constitucional va a declarar inconstitucionales las tres leyes urgentes que le dieron al país un poco de respiro?”, preguntó Jimmy Jairala, quien además recalcó que las normas “no fueron caprichos, sino decisiones duras y necesarias”.

Incluso, hay comunicadores que sugieren al presidente Daniel Noboa incluir una pregunta en la próxima Consulta Popular, anunciada para finales de año, sobre la eliminación de la Corte Constitucional.

Mientras tanto, abogados como Dolores Miño alertan sobre una campaña de desprestigio: “Hay una intención clara de ponerle trampas a la Corte Constitucional, forzar un rechazo ciudadano, y hacer que los propios ecuatorianos se disparen en el pie, votando a favor de su desaparición”, escribió en la red social X.

El politólogo e internacionalista, Bernardo Gortaire, manifestó en la misma plataforma que “la Corte Constitucional no está para aplaudir leyes mal hechas ni para quedarse callada cuando el Ejecutivo legisla por control remoto usando a una Asamblea que ni lee ni debate. Su trabajo no es decir ‘pegue patrón’, sino frenar los excesos cuando el poder se olvida de que la Constitución va primero”.

Los demandantes son organizaciones sociales, sindicatos, académicos, defensores de derechos humanos, entre otros.

Por ejemplo, en algunos reclamos constan la Unión Nacional de Educadores (UNE), Unión Popular, Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Colegio de Abogados de Pichincha, etc.

Los reclamos están dirigidos al fondo y forma de ciertos artículos, pero también hay cuestionamientos a todo el contenido de una ley.

Sobre la Ley de Solidaridad el gobierno la planteó como una de las herramientas para combatir a la delincuencia, ya que, entre otras cosas, establece los allanamientos sin orden judicial entre otras reglas que ya no requieren establecer un estado de excepción.

Pero Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, aseguró que se busca implementar un régimen autoritario. “Pretenden concentrar el poder en el presidente de la República para establecer un régimen que viola los derechos y libertades de la población”, aseguró el día en que su organización interpuso la demanda.

En cambio, la Ley de Integridad, según el Gobierno, estructura cuatro ejes: la contratación pública, el fortalecimiento institucional del sector público, la gestión pública en su conjunto y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.

Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, ha dicho que la norma afecta a la estabilidad laboral, abre paso a la violencia en espacios de trabajo y pone como excusa la evaluación para despedir funcionarios.

Mientras que la Ley de Áreas Protegidas, según el Ejecutivo, busca ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que, pese a su condición de áreas protegidas, han sido tomados por economías ilegales, grupos armados y actividades criminales.

Organizaciones ambientales e indígenas como Pachakutik, en cambio, advierten que la norma impulsa “la privatización de las zonas protegidas” y que afectaría a las comunidades nativas.

Finalmente, la Ley de Inteligencia fue aprobada por la Asamblea con el objetivo de potenciar y uniformar los sistemas de inteligencia de la Policía, Fuerzas Armadas, entre otras entidades.

Sin embargo, también obliga a las operadoras telefónicas a entregar datos históricos y en tiempo real sobre una persona, lo cual ha encendido las alarmas sobre los riesgos de una vigilancia política.

De las cuatro normas cuestionadas, tres ya tienen su propio reglamento, solo falta el estatuto para la Ley de Áreas Protegidas. Por lo que ya están en completa vigencia, así que habrá que ver las consecuencias que puede provocar la decisión de la Corte Constitucional. Fuente: Vistazo

El legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, arremetió este jueves 31 de julio en contra del exministro de Gobierno, José de la Gasca, luego de que este último asegurara que el socialcristiano habría solicitado “puestos” y otras “necesidades” a cambio del respaldo de su bancada al oficialismo en la Asamblea Nacional.

Un día antes, De la Gasca aseguró que Serrano le pidió favores políticos a cambio de apoyar a la bancada oficialista ADN, pero que lo “mandó por la sombrita” y que «nunca pactaron con ellos (PSC)».

Serrano rechazó esas declaraciones en una entrevista, donde afirmó que fue el oficialismo el que intentó captar su apoyo con ofertas concretas.

“Quiero recordarle a él (De la Gasca) que, cuando no tenían los votos, me ofrecieron —a través de la subsecretaria del Gobierno en la Asamblea— que sea vocal del CAL (Consejo de Administración Legislativa)”, relató el legislador.

Añadió que si lo habían “mandado por la sombrita”, «¿cómo es que luego en el transcurso de la sesión me mandan a ofrecer el CAL?».

Según Serrano, él no aceptó «por principios, coherencia y lealtad», porque en su bancada ya se había designado a otro legislador para ese puesto.

Sin embargo, señaló que luego el oficialismo logró completar los 77 votos necesarios para elegir al resto de dignidades, gracias al apoyo de un legislador que había salido del PSC.

El asambleísta también aseguró que luego buscaron convencerlo para apoyar la designación de la presidencia de la Comisión de Educación, ofreciéndole a cambio la vicepresidencia y un puesto de asesor. Su respuesta, según dijo, fue contundente: “Váyanse al diablo, yo no estoy en venta”.

“Torpe no soy para estar pidiendo favores”, agregó, al señalar que aceptar esas propuestas habría significado comprometer su autonomía como legislador.

Por último, Serrano resaltó que ha lidiado con nueve presidentes, incluido el actual, Daniel Noboa. «A lo largo de mi vida política he visto pasar muchos charlatanes como este, que quieren protagonismo a costa de la mentira y el engaño”, afirmó.

Finalmente, lanzó una advertencia: “Lo que sí me preocupa y me parece terrible es que un charlatán y mentiroso pretenda ser Fiscal de la Nación”, concluyó.

Tras su renuncia al Ministerio de Gobierno, José de la Gasca dejó abierta la posibilidad de postularse en el próximo concurso para Fiscal General del Estado.

El exministro aseguró que «hay otras instituciones o instancias donde creo que puedo servir, ciertamente, la Fiscalía es una de esas». Fuente: Vistazo

En Rumiñahui, provincia de Pichincha, un hombre identificado como Jean Pierre P. P. fue sentenciado a la pena máxima agravada de 40 años de prisión, tras ser declarado autor del asesinato de su propia madre.

La Fiscalía demostró que el joven, de 30 años, estranguló, asfixió y asesinó a su progenitora en la noche del 2 y la madrugada del 3 de septiembre de 2024, en la casa que compartían, en la parroquia rural Alangasí

Después del crimen, también “ejecutó varios actos voluntarios y conscientes” para mantener el delito en la impunidad: compró una maleta para esconder el cuerpo, los arrojó en una zanja y declaró ante las autoridades que su madre se encontraba desaparecida.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó videos de cámaras de seguridad del sector, en los que señaló al joven como el autor del crimen.

Además, Fiscalía obtuvo información de que el ahora sentenciado planeaba salir del país. Por ello, se solicitó una orden de allanamiento y detención, que fue ejecutada en 13 de septiembre de 2024.

En su defensa, el hombre indicó que no quiso hacerle daño a su madre, pero que, cuando se dio cuenta, ella ya estaba fallecida.

Dijo que todo empezó con una fuerte discusión porque él no había tendido la cama y, sobre ella, había unos libros de la universidad.

La perita que practicó la evaluación de los rasgos de personalidad del procesado indicó, ante el Tribunal, que el ahora sentenciado presenta “impulsividad cognitiva, motora y no planificada; dificultad para el control de impulsos; tendencia a tomar decisiones rápidas, sin medir y planificar; y dificultad en la planeación a futuro”.

La pericia psiquiátrica concluyó que el ahora sentenciado no padece ninguna enfermedad mental.

Asimismo, las pruebas de ADN revelaron material genético de la víctima y del victimario tanto en la escena del crimen como en la maleta negra.

Además de la pena, los jueces resolvieron que el sentenciado pague, como reparación integral, 20.000 dólares a los herederos de su madre.

A decir del Tribunal, en su sentencia escrita, si bien el joven de 30 años colaboró con la justicia, no era factible aplicar atenuantes debido a la agravante latente. Fuente: Vistazo