Nacionales
Remodelación del Olímpico Atahualpa, la oferta correísta que no se concretó
La remodelación del estadio Olímpico Atahualpa fue una de las obras que nunca concretó la Revolución Ciudadana, a pesar de varios intentos.
Al ser considerada como la ‘Casa de la Selección’, muchas veces la vendieron como obra prioritaria, pero el financiamiento y las coyunturas políticas fueron el principal problema.
En febrero de 2014, diez días antes de las elecciones seccionales (alcaldes), José Francisco Cevallos, el entonces ministro del Deporte de Rafael Correa, acompañado por el vicealcalde Jorge Albán, anunció la remodelación del estadio Olímpico Atahualpa. Augusto Barrera era candidato para la reelección por la Revolución Ciudadana.
Mauricio Rodas ganó esas elecciones y el tema se enfrió hasta el 5 de julio de 2014, cuando Cevallos reiteró la intención de remodelar el escenario deportivo, durante el Enlace Ciudadano 380.
Allí indicó que la inversión sería de USD 75,9 millones y que la obra iniciaría en octubre de ese año. El objetivo era contar con un estadio para 50.000 personas (hoy es para 35.258), además de salas y luces modernas.
En ese enlace, el entonces vicepresidente, Jorge Glas, dijo que sería recomendable consultar a la población, ya que se trataba de una fuerte inversión. No se refería a una consulta popular, pero sí a un sondeo de opinión en la página del Ministerio del Deporte.
Meses después cambió el panorama, otra vez. El mismo Cevallos indicó que el Gobierno invertiría USD 55 millones y que la remodelación sería realizada por la Alcaldía de Quito.
El plan contemplaba, además, que la administración del escenario deportivo pase al Estado. «Yo he hablado con el señor presidente de Concentración Deportiva de Pichincha (Aníbal Fuentes) y él me ha manifestado que tiene toda la intención de entregar el predio al Ministerio del Deporte, que es del Estado y el Estado somos todos los ecuatorianos», dijo Cevallos en ese momento.
Se realizaron todos los estudios, los nuevos planos y hasta se presentó la maqueta del estadio Atahualpa.
Sin embargo, no se concretó. Mauricio Rodas ganó la alcaldía y si bien dijo que apoyaba la obra, empezaron los problemas.
En agosto, el presidente del Ecuador de ese entonces, Rafael Correa, presionó en redes sociales a Rodas. «Si no hay pronunciamientos claros no haremos la obra. No permitiremos que nos pase lo de Brasil”, posteó.
En Brasil, el Gobierno fue duramente criticado por las inversiones que realizó para remodelar los estadios que fueron utilizados en la Copa del Mundo, en lugar de usar el dinero para obra social. Se presentaron varios conflictos internos, acusaciones de corrupción y hasta sobreprecio.
Entre discursos y debates, el tema volvió a enfriarse. Además, no se consiguió el financiamiento para la obra completa y el proyecto quedó archivado.
Mientras, el estadio, inaugurado el 25 de noviembre de 1951, siguió deteriorándose. La selección nacional dejó de jugar sus partidos eliminatorios allí y pasó al Rodrigo Paz Delgado.
Demolerlo, la otra opción
En 2019 se conoció que existía un plan para demoler el estadio Olímpico Atahualpa. El presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha de ese entonces,
Jaime Ruiz, reconoció que mantuvo conversaciones con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, sobre este tema.
A partir de ahí se conformó una comisión Pro Estadio, que debía realizar un análisis detallado sobre la mejor decisión.
El primer plan era una remodelación integral, mientras que el segundo era demoler toda la estructura y levantar una nueva. El primero tendría un costo de USD 50 millones y el segundo de USD 150 millones.
Esa nueva obra, llamada Complejo Urbano Estadio Atahualpa, tendría espacios para museos, actividades comerciales, turísticas, administrativas y hoteleras, para que las delegaciones deportivas pasen las noches en el mismo sitio.
El problema volvió a ser el mismo: no se consiguió el financiamiento, a pesar de que abrieron las puertas a empresas privadas. Además, cada vez que se puso sobre la mesa la remodelación del estadio, también se condicionó a que la administración pase al Ministerio del Deporte o al Municipio de Quito.
Por ahora, la Concentración Deportiva de Pichincha recibe aproximadamente USD 800 mil al año por el alquiler del estadio, ya sea para partidos de fútbol o eventos artísticos. Esa es la única fuente de ingresos fija, ya que la publicidad interna está en un pleito legal con Deportivo Quito.
¿Quién tiene los derechos de la publicidad interna?
Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) y Deportivo Quito están en una batalla legal por los derechos de la publicidad interna del Olímpico Atahualpa.
En 1966, el Municipio emitió una ordenanza que daba los derechos de la publicidad al Deportivo Quito. Es decir, sin importar el evento, el cuadro chulla tenía derecho a esos ingresos.
En 2020, la CDP propuso al Deportivo Quito hacer un convenio por dos años para arreglar las torres de iluminación artificial. De los ingresos de publicidad se tomaría en 75% para la obra y el restante seguía con los chullas.
Sin embargo, CDP firmó un convenio de ocho años con Led Game, otorgándole la publicidad interna del estadio. Su argumento fue que la publicidad ya no pertenecía al equipo, ya que habían pasado más de 30 años del comodato.
Eso molestó al cuadro quiteño, que tras los dos años iniciales del convenio decidió no renovarlo. Entonces, CDP decidió cerrar las puertas del estadio y negociar por su cuenta la publicidad.
El asunto llegó a los tribunales. La sentencia dio la razón a Deportivo Quito, por lo que debería recibir el control de la publicidad nuevamente. CDP apeló esta decisión y se está esperando la última palabra.
Municipio de Quito quiere revertir el comodato
El pasado lunes, 9 de junio, el Municipio de Quito anunció que realizará el proceso de reversión de la donación del estadio Olímpico Atahualpa a la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP). El motivo -argumentó el alcalde Pabel Muñoz- fueron presuntas irregularidades en su administración y seguridad. Sin embargo, este martes la entidad deportiva rechazó la decisión del cabildo.
Miguel Ángel Pavón, presidente de CDP, dijo que «el señor alcalde está mal asesorado, ya que dice que nos quiere quitar el estadio. No lo puede hacer. El estadio no es el Municipio; nosotros dimos otros terrenos, el de El Arbolito”. Fuente: El Telégrafo
Un operativo ejecutado por la Policía Nacional permitió la captura del conductor de una volqueta en la que se encontró droga.
En su cuenta de X, la Policía informó que en el vehículo, que se movilizaba por la localidad de Ahuano, en la provincia de Napo, encontró media tonelada de droga. «Mediante técnicas de observación y perfilamiento, se detuvo la marcha de una volqueta, en la se identificó una estructura de doble fondo, dentro de la cual se encontraron 500 envolturas de bloques rectangulares, con 499.000 gramos de pasta base de cocaína», detalló la autoridad.
Además de esta sustancia, la Policía encontró un celular, que fue democisado. El sujeto detenido fue puesto a las órdenes de la justicia.
Fuente: Primicias
Nacionales
Ecuador reabre el catastro minero tras siete años: ¿qué significa este cambio para el país?
El catastro minero volverá a abrirse en Ecuador el lunes 16 de junio de 2025, después de permanecer cerrado por más de siete años. La última vez que el país permitió nuevas concesiones mineras fue en 2018, cuando el entonces presidente Lenín Moreno clausuró el sistema, alegando irregularidades y la necesidad de una evaluación ambiental.
Desde entonces, los siguientes gobiernos anunciaron su reapertura sin concretarla. Incluso, el expresidente Guillermo Lasso la prometió como parte de su agenda de atracción de inversiones, pero no logró implementarla.
Ahora, el gobierno de Daniel Noboa ha dado el paso definitivo: el lunes 2 de junio, la vocera Carolina Jaramillo, anunció –entre otras medidas- la reactivación del sistema en fases, empezando por la mediana y gran minería. Esto se suma a una estrategia más amplia de posicionar al país como un destino atractivo para la inversión minera. De hecho, el mandatario viajó en 2024 a Canadá para promocionar al país en The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la mayor feria minera del mundo.
El catastro minero es una herramienta técnica y jurídica: un registro oficial que delimita las áreas del país disponibles -o no- para actividades mineras. Es, en palabras de Rodrigo Darquea, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, “el mapa del país” que establece dónde puede operar una empresa, y bajo qué condiciones.
El cierre del catastro, según el experto, provocó un fuerte freno en la inversión extranjera. Mientras en 2024 países como Chile, Perú y Argentina captaron entre 493 y 637 millones de dólares solo en exploración, Ecuador no accedió a ese capital. Además, advierte que la minería ilegal se ha expandido de forma alarmante durante este período de inactividad.
Para el consultor minero Santiago Yépez, el catastro es más que un software de geolocalización:
Yépez destaca también que no todas las concesiones terminan en minas: apenas 3 de cada 1.333 proyectos exploratorios llegan a etapa de producción. De ahí que reabrir el sistema sea solo el primer paso de un proceso largo, complejo y costoso.
Para noviembre de 2024, se habían exportado 689 toneladas de minerales de Ecuador, equivalente a 2.814 millones de dólares. Esto representó una caída de 9% en comparación con el mismo periodo de 2023, debido principalmente a apagones y mayor control fiscal e investigativo a causas de irregularidades
Reacciones a la nueva tasa minera: ¿oportunidad o freno?
La reapertura del catastro llega acompañada de una nueva tasa minera, anunciada por el gobierno como parte del esfuerzo por financiar la lucha contra la minería ilegal. Se espera que esta recaudación supere los 200 millones de dólares solo en el primer año, con pagos exigidos en junio y diciembre.
El sector, sin embargo, ha reaccionado con cautela.
Yépez, por su parte, considera que cualquier esfuerzo conjunto para ordenar el sector es bienvenido, pero cuestiona la magnitud de la nueva carga fiscal.
Ambos expertos coinciden en que el sector está abierto al diálogo, pero insisten en la necesidad de seguridad jurídica y una política tributaria razonable para atraer inversión sostenible.
Crítica desde la sociedad civil
Si bien algunos expertos consideran que la reapertura del catastro minero es una oportunidad para atraer inversión formal y frenar el avance del crimen organizado, desde sectores sociales y ambientalistas la reacción ha sido radicalmente distinta.
David Fajardo, representante del colectivo Cabildo por el Agua, sostiene que la medida es “preocupante, irresponsable e incluso inconstitucional”. Según explica, el regreso del catastro implica “la reactivación de procesos de concesión de territorios ecuatorianos para los intereses mineros, sobre todo de empresas transnacionales”.
“No se puede abrir un catastro sin que previamente existan leyes orgánicas que regulen la consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas, afrodescendientes, montubios y campesinos”, afirma.
Fajardo subraya que estas leyes son condiciones indispensables para que cualquier concesión sea legal, y advierte que sin ellas no se puede garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios. En su lectura, sin esos instrumentos legales, la apertura del catastro vulnera derechos constitucionales y colectivos.
Además, critica el argumento del gobierno de que la nueva tasa minera servirá para financiar la lucha contra la minería ilegal. “Esa justificación no tiene sustento legal ni operativo. No hay certeza de que ese dinero se use para lo que se promete y, además, es parte de un entendimiento erróneo del problema”, señala.
Desde su visión, en Ecuador no existe minería plenamente legal, ya que la mayoría de los proyectos no cumple con todos los requisitos constitucionales, particularmente los relacionados con la consulta y los derechos de la naturaleza. Para Fajardo, lo que el Estado y el sector privado llaman “minería ilegal” incluye tanto actividades informales como operaciones criminales, pero también aquellas que no respetan los procesos de legalización en sentido estricto.
Finalmente, anticipa que la medida generará resistencia.
Nacionales
Presidente Noboa presentó su tercer proyecto económico urgente: Ley para la Recuperación de Áreas Protegidas y Desarrollo Local
El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, envió a la Asamblea Nacional su tercer proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, con el objetivo de establecer un nuevo modelo de gestión para las áreas naturales protegidas del país y fomentar el desarrollo económico local de manera sostenible.
El proyecto, denominado Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, propone ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que han sido afectados por economías ilegales, actividades criminales y abandono institucional, pese a estar legalmente reconocidos como zonas protegidas.
La propuesta incluye mecanismos contractuales que permitirían la participación del sector privado, nacional e internacional, en la administración, operación y protección de estas áreas bajo estrictos lineamientos ambientales. Además, promueve actividades sostenibles como el turismo ecológico, la investigación científica, la prestación de servicios ambientales y la generación de empleo digno, en especial para comunidades locales.
Entre las medidas destacadas también se incluye la remisión del 100% de deudas vencidas por uso de infraestructura pesquera artesanal, como parte de un paquete de acciones para apoyar a sectores históricamente excluidos y fomentar la economía popular y solidaria.
El Gobierno justifica la urgencia del proyecto debido al deterioro de las condiciones de seguridad y conservación en los ecosistemas estratégicos del país, agravado por la minería ilegal, la tala indiscriminada, el narcotráfico y el conflicto armado interno. Según el proyecto, estas amenazas han convertido a las áreas protegidas en blancos de grupos criminales, afectando también al sector turístico y a las comunidades que dependen de él.
Con este tercer proyecto de ley urgente, el presidente Noboa continúa impulsando una agenda legislativa enfocada en dinamizar la economía, garantizar la seguridad y atraer inversión responsable. La Asamblea Nacional deberá tramitar y pronunciarse sobre esta propuesta en un plazo máximo de 30 días. Fuente: El Telégrafo
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