Con profunda preocupación y sentido de urgencia, representantes de las organizaciones mineras de la provincia de Zamora Chinchipe, incluidos los perjudicados del Caso Cumbaratza, han decidido autoconvocarse a una gran asamblea provincial este lunes 10 de junio a las 10h00, en las instalaciones de la Cámara de Minería de Zamora.
El motivo de esta convocatoria es claro y contundente: defender la permanencia y legalidad de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), frente a la inminente reapertura del catastro minero y el anuncio del Gobierno Nacional sobre el cobro de nuevas tasas de fiscalización que podrían significar un golpe letal para cientos de familias que viven de esta actividad histórica y productiva.
Entre los principales temas que se abordarán en esta asamblea se encuentran:
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La búsqueda de consenso entre los actores del sector afectados por el fallo judicial que involucra a la empresa Cumbaratza, para retomar el proceso de mediación y evitar la pérdida de títulos y territorios mineros ya asignados.
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El análisis técnico y jurídico de los impactos que la reapertura del catastro podría ocasionar sobre la MAPE, incluyendo el riesgo de exclusión y desplazamiento por parte de grandes concesiones.
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La discusión sobre las altas tasas de fiscalización anunciadas por el Gobierno, consideradas inalcanzables para los pequeños mineros que trabajan en condiciones de subsistencia.
“El Estado no puede seguir excluyendo a los mineros artesanales, que han sostenido la economía de nuestras comunidades. No vamos a permitir que se nos imponga una normativa que favorezca a los grandes grupos económicos”, sostuvo con firmeza James Salcedo, dirigente del sector.
Por su parte, Paul Pineda, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, manifestó su preocupación por el futuro del sector:
“Si se imponen tasas que no podemos pagar, nos veríamos obligados a desistir de nuestra actividad. Es una decisión injusta que contradice los principios de equidad territorial y desarrollo sustentable”.
Desde distintos frentes mineros y sociales se ha denunciado que la política minera nacional carece de mecanismos de inclusión real para los trabajadores de la MAPE, quienes han sido históricamente marginados del diseño de la normativa. En ese sentido, esta asamblea busca establecer una posición unificada y propositiva para exigir al Estado ecuatoriano políticas diferenciadas, justas y sostenibles.
Los organizadores hacen un llamado urgente a todos los mineros artesanales, pequeños productores, asociaciones y colectivos ciudadanos involucrados en la actividad minera responsable, para que asistan de forma masiva a esta asamblea y contribuyan con su voz y experiencia en la construcción de una agenda común.
