La paciencia se agota y la indignación crece. Diecinueve guardias de seguridad, hombres y mujeres trabajadores de la provincia de Zamora Chinchipe, levantan su voz frente a una situación que consideran un atropello a su dignidad laboral. Denuncian que la empresa ARMILET, anteriormente contratada para brindar seguridad a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), les adeuda entre tres y cinco meses de sueldo, poniendo en jaque la economía de familias enteras.
Según los testimonios recogidos de manera anónima —por temor a represalias—, cinco de los trabajadores se vieron obligados a renunciar tras meses de incumplimientos. Otros catorce aún siguen laborando bajo la sombra de la incertidumbre y el silencio cómplice de la empresa, esperando que se les reconozca lo que por ley y justicia les corresponde.
“No me importa que no me paguen la liquidación, pero que me paguen mi sueldo. Esa es la realidad”, expresó con pesar uno de los trabajadores afectados, quien asegura que ARMILET le adeuda alrededor de 2.000 dólares.
Además del retraso salarial, los denunciantes relatan haber enfrentado maltrato laboral, explotación mediante turnos extras no reconocidos, y una total ausencia de canales de diálogo con los supervisores regionales. Intentaron dialogar con el coordinador regional en Loja, pero afirman que sus reclamos fueron ignorados.
El hecho cobra una gravedad aún mayor al conocerse que ARMILET podría volver a ofrecer servicios de seguridad a entidades públicas como CNT, sin haber cumplido con sus obligaciones anteriores. “Nos preocupa que se premie a empresas que incumplen y maltratan a sus trabajadores. No es justo, ni legal, ni moral”, enfatizó uno de los afectados.
Frente a este escándalo, los trabajadores demandan de forma categórica:
El pago inmediato de los salarios pendientes.
La intervención firme y urgente del Ministerio de Trabajo y otras autoridades de control.
La prohibición de contratos públicos con empresas que han vulnerado los derechos laborales.
Este caso no solo revela una crisis de carácter local, sino que también expone las grietas del sistema nacional de control y regulación de contratistas privados, especialmente aquellos que operan en instituciones públicas. En un país que proclama justicia y derechos, no puede permitirse que los guardianes del orden y la seguridad vivan en condiciones de abuso y precariedad.
La deuda no es solo económica: es moral, es institucional y es profundamente humana.
Este medio de comunicación buscó dialogar con delegados del CNT en esta provincia, pero un guardia de seguridad dijo que luego de las 16:30 no atienden a los clientes. Nos trasladamos al edificio donde funciona la planta administrativa tampoco se pudo obtener la entrevista, pese a haber intentado comunicarse la guardia de seguridad internamente por el call center de la institución.
