Nacionales
Clínicas privadas advierten sobre falta de liquidez y Gobierno reitera que la deuda a unidades de diálisis está siendo pagada
El Gobierno de Daniel Noboa afirmó este martes que en mayo de 2025 se destinaron USD 22,7 millones en pagos a las unidades de diálisis de Ecuador, “sumando un total acumulado de USD 56,8 millones entre enero y mayo de este año”.
Desde el 2008, cuando la insuficiencia renal fue declarada en Ecuador como una enfermedad catastrófica, los tratamientos de diálisis están cubiertos por el Estado. No obstante, cerca del 90% de los pacientes son derivados a clínicas privadas debido a la falta de capacidad en el sistema de salud pública.
Por ello, la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con estas instituciones privadas llegó a acercarse a los 200 millones de dólares hasta abril de este año, según la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador.
Las aclaraciones fueron emitidas luego de que la directora ejecutiva de la Asociación de Clínica y Hospitales Privados del Ecuador, Ana Delgado, dijera que la deuda que el Estado mantiene con esas instituciones ha ocasionado “un grave problema de liquidez”.
«Creemos que este problema tiene que resolverse en la coyuntura. El Estado tiene que pagar y atender a la gente que está enferma, pero también es necesario que comience a priorizar toda el área de prevención de la enfermedad y promoción de la salud para que haya menos enfermos«, recalcó.
Hace aproximadamente un año, la deuda del Gobierno con clínicas y hospitales privados alcanzó los 550 millones de dólares por servicios especializados y de alta complejidad prestados al sistema de salud pública.
Con el objetivo de evitar que el monto a pagar vuelva a incrementarse de forma significativa, el sector ha propuesto al presidente Daniel Noboa establecer un espacio fiscal para salud, que permita asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario público.
Una nueva forma de fijar el presupuesto público
Delgado declaró que «el presupuesto público para salud tiene que ser sostenible, suficiente y fiscalmente responsable«, y consideró que la administración de Noboa está «en condiciones de identificar fuentes de financiamiento, que es lo que no se hizo en año anteriores».
Entre las distintas formas de lograr financiación mencionó la reasignación de presupuestos, «siempre y cuando no afecte a otro sector prioritario», la eficiencia en el gasto público y la recaudación tributaria».
La titular mencionó varias estrategias para obtener recursos, entre ellas la reasignación de presupuestos —siempre que no se perjudique a sectores prioritarios—, una mayor eficiencia en el gasto público y el fortalecimiento de la recaudación tributaria.
Por otro lado, el Gobierno reiteró este martes que los ministerios de Salud Pública (MSP) y Economía continúan trabajando de manera coordinada para asegurar la atención integral de los pacientes con insuficiencia renal crónica, sin referirse directamente a los pagos pendientes que aún mantiene con las clínicas privadas. Fuente: Vistazo
Nacionales
Tribunal decide el futuro de Aquiles Alvarez: Fiscalía pide condena y defensa cuestiona toda la acusación del caso ‘Triple A’
El futuro judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quedó en manos del Tribunal que conoce el caso Triple A, luego de que concluyeran los alegatos de clausura de todas las partes procesales.
Durante su intervención final, la Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvo que logró demostrar la existencia de una presunta estructura dedicada al desvío y comercialización ilegal de hidrocarburos entre 2020 y 2024, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado estimado en USD 61,5 millones.
Fiscalía pidió la pena máxima y la disolución de seis empresas
En su alegato de clausura, la Fiscalía afirmó haber sustentado su acusación con 21 testimonios, cuatro pericias y 110 pruebas documentales.
Según la teoría del caso, 15 personas naturales y seis personas jurídicas habrían participado en la presunta red de comercialización ilegal de combustibles.
Declarar la culpabilidad de todos los procesados.
Imponer la pena máxima contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Aplicar las circunstancias agravantes correspondientes.
Reconocer una atenuante únicamente para el procesado señalado como cómplice, por su colaboración.
Respecto al grado de participación, la Fiscalía señaló que existen siete autores directos, siete coautores y un cómplice, mientras que las seis empresas procesadas habrían actuado como autoras directas.
Además, pidió la disolución y clausura definitiva de las compañías Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi, así como el pago de la reparación integral al Estado, la imposición de multas y la ratificación de las medidas cautelares sobre los bienes involucrados en el proceso.
La defensa de Aquiles Alvarez cuestiona la base jurídica de la acusación
Tras la intervención de la Fiscalía, la defensa del alcalde de Guayaquil aseguró que existe un problema jurídico de fondo en la acusación.
El abogado Julio Cueva sostuvo que la FGE habría construido su caso sobre un texto del artículo 265 del COIP que, según afirmó, no estaba vigente durante el período en que ocurrieron los hechos investigados.
El abogado acotó que aquello sería «desconocer el principio más básico del Derecho Penal. No hay pena sin ley previa».
Una vez concluidos los alegatos de clausura, el Tribunal suspendió la audiencia e ingresó en la fase de deliberación.
Los jueces deberán analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos expuestos por las defensas antes de emitir su fallo. La legislación no establece un plazo fijo para que el Tribunal anuncie su decisión, por lo que la sentencia podría conocerse en los próximos días. Fuente: Vistazo
Nacionales
Ministro de Producción dice que solicitará a Estados Unidos la revisión de la tasa del 10% para camarón, atún y brócoli
En entrevista con PRIMICIAS, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, informó sobre los avances de los acuerdos comerciales que negocia Ecuador o están en proceso de ratificación con otros países.
Sobre la reciente sobretasa que aplicó Estados Unidos a Ecuador y otros países, Jaramillo señaló que el país solicitará a la Administración de Donald Trump que se incorporen otros productos a la exoneración de la sobretasa. Sin embargo, no es optimista sobre este tema.
En cuanto al acuerdo comercial firmado recientemente con Canadá, el titular de Producción reiteró que el principal interés de Canadá son las inversiones en minería.
¿Cuándo entrará en vigencia el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos?
El acuerdo se presentó a la Corte Constitucional meses atrás, pero no ha habido avances al respecto. Tampoco hemos insistido porque estábamos a la espera del cambio que los Estados Unidos implementó la semana pasada, con el que se ratificó la sobretasa de 10% que ya estaba vigente.
Sobre esta nueva investigación relacionada con trabajo forzoso, en el caso de Ecuador, la Administración de Donald Trump ya había indicado que el país cumplía parcialmente con los controles a las importaciones de productos elaborados con trabajo forzoso, y por eso aplicaba una tasa de 10% y para el resto de países, 12,5%.
Considero que más allá de esta investigación, se trata de una medida que llegó para quedarse, esto va a sustituir al 10% que teníamos antes. Es una ventaja para Ecuador tener 2,5 puntos porcentuales menos que el resto de países, pero más allá de eso, creo que Estados Unidos va a mantener la medida.
Entonces, ¿usted no cree que aún haya la posibilidad de renegociar esta sobretasa en el marco del acuerdo firmado?
Nosotros hemos hecho la defensa. Hubo una reunión en Washington hace tres semanas, en la que expusimos lo que nosotros estamos haciendo al respecto. De hecho, en el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) consta que Ecuador va a implementar controles al respecto y que los Estados Unidos inclusive ayudará con inteligencia al respecto.
Entonces, nos sorprendió que, a pesar de que el acuerdo indica esto, hayan señalado que se cumple parcialmente. Pero, como decía, más allá de cumplir o no, creo que se trata de una medida que llegó para quedarse y no la van a mover. Además, pienso que van a venir más investigaciones de Estados Unidos en la que podríamos estar incluidos.
Más allá de cumplir o no, creo que la sobretasa a Ecuador y el resto de países es una medida que llegó para quedarse y no la van a mover.
El presidente Daniel Noboa había dicho que el acuerdo con Estados Unidos se renegociaría en agosto. ¿Esto ya comenzó?
Al respecto, tenemos que llevar a cabo una sesión del Consejo de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador (TIC, por su siglas en inglés). Estaba programado para junio, en Ecuador, pero ha habido postergaciones por parte del USTR (Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos); esperemos que la reunión se concrete para agosto o septiembre.
El TIC es el vehículo por el que Ecuador puede exponer su posición y solicitar que se incorporen más productos sin sobretasa, como el caso del camarón, el atún en «pouch» y en lata o el brócoli.
Sobre el TLC con Canadá, usted ha resaltado el interés de ese país en las inversiones mineras. ¿Qué empresas mineras canadienses estarían interesadas en invertir en Ecuador o incrementar sus inversiones?
El acuerdo fue un ganar-ganar. Nosotros ganamos en la posibilidad de incrementar nuestro volumen de exportación a Canadá y también porque van a venir inversiones canadienses, no solo en minería, si no en diferentes sectores. El interés principal de Canadá son las inversiones y que esas inversiones se queden en propiedad canadienses.
También, recordemos que Canadá es una potencia minera y aquí en Ecuador hay proyectos de oro, en el caso canadiense, pero también tienen interés en cobre y en otros minerales. Algunos proyectos están en curso y otros están en análisis. Entonces, sí, el principal interés en Canadá está en invertir en minería.
¿Qué faltaría para la entrada en vigencia del acuerdo comercial con Corea del Sur?
Falta aún la aprobación del Parlamento coreano, esperemos que sea muy pronto, dentro de los próximos 30 o 60 días.
Una vez que el acuerdo entre en vigencia, el siguiente paso sería renegociar los plazos de desgravación arancelaria de algunos productos. Eso ya lo acordamos con el Ministerio de Comercio de Corea del Sur.
Vamos a renegociar con Canadá los plazos de desgravación arancelaria de algunos productos, como banano y atún.
Por ejemplo, el atún ecuatoriano tiene un plazo de desgravación de 15 años y la idea es reducirlo a máximo cinco años. El banano, que tiene un arancel de 30%, tiene un plazo de cinco años y queremos bajarlo a dos, porque tiene una desventaja competitiva frente a Filipinas.
Además, vamos a iniciar las negociaciones de un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Corea del Sur, pero una vez que quede ratificado el acuerdo comercial en ambos países.
También, hay otros temas que tratar con Corea, ellos realizan pruebas para controlar la mancha blanca en el camarón, que es un tema endémico y que no afecta al ser humano. Entonces, quedamos en que se llevaría a cabo una investigación científica para demostrar que la mancha blanca no afecta al ser humano.
¿Cuántas rondas tendrá el acuerdo con República Dominicana y para cuándo se prevé firmar?
Hubo una primera ronda de negociaciones y la segunda se llevará a cabo desde el lunes 3 de agosto, en República Dominicana. No deberían pasar de cuatro rondas. Este será un acuerdo parcial acotado, se ha hablado de negociar una lista de 10 productos, pero podrían ser hasta 20. Podría firmarse en unos 60 días.
¿Qué avances se han logrado para comenzar las negociaciones de un acuerdo comercial con Marruecos?
La primera ronda de las negociaciones se llevará a cabo en agosto. Este acuerdo se negociará en poco tiempo, son solo cuatro productos de lado y lado. Nosotros tenemos interés en productos como camarón, flores, banano, tableros de madera, enlatados de atún. Marruecos es un importante exportador de fertilizantes de potasio. Fuente: Primicias
Nacionales
Cuando una sociedad pierde el rumbo moral El mayor peligro para una democracia no siempre proviene de la delincuencia organizada ni de la corrupción institucional. En ocasiones, el riesgo más profundo aparece cuando una parte de la sociedad comienza a justificar lo injustificable, a relativizar la ética y a convertir en sospechoso a quien exige transparencia y rendición de cuentas. La inversión de valores es una de las expresiones más graves de la decadencia política. Se desacredita la denuncia, se ridiculiza el esfuerzo por fortalecer las instituciones y se pretende que la exigencia de justicia sea interpretada como intolerancia. Así, el debate público deja de sustentarse en principios y se transforma en una disputa donde la verdad pierde importancia frente a la conveniencia. Ninguna nación progresa cuando la honestidad resulta incómoda y la corrupción encuentra excusas para sobrevivir. La impunidad no nace únicamente de la ausencia de leyes; nace, sobre todo, cuando la ciudadanía deja de sancionar moralmente las conductas que deterioran el bien común y comienza a normalizarlas como parte de la vida política. El Ecuador enfrenta un desafío que trasciende gobiernos, partidos e ideologías. Se trata de recuperar la cultura de la responsabilidad, del mérito, de la legalidad y del respeto a las instituciones democráticas. Un país no se construye sobre la indiferencia ni sobre la complicidad silenciosa, sino sobre ciudadanos capaces de defender principios, incluso cuando hacerlo implique incomodar a quienes se benefician del desorden. La historia es implacable con las sociedades que confunden a sus referentes. Cuando los corruptos son presentados como víctimas y quienes exigen transparencia son tratados como enemigos, el deterioro institucional deja de ser una posibilidad para convertirse en una realidad. Ha llegado el momento de recuperar la memoria cívica. No para alimentar confrontaciones estériles, sino para comprender que la democracia solo sobrevive cuando la verdad tiene más valor que la propaganda, cuando la justicia prevalece sobre los privilegios y cuando el interés nacional está por encima de cualquier cálculo político. Porque un pueblo que renuncia a defender la ética termina entregando su futuro a la impunidad. Y ninguna nación puede aspirar al desarrollo si deja de distinguir entre quienes sirven al país y quienes se sirven de él.
El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) inscribió este 2 de agosto sus candidaturas para las elecciones seccionales de 2027 y confirmó cambios de última hora en sus principales postulaciones en Pichincha. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que el trámite se realiza exclusivamente de forma virtual, simpatizantes acompañaron a los aspirantes en una caminata hasta la sede del organismo en Quito.
Durante el ingreso de los candidatos a la delegación provincial del CNE también se registraron momentos de tensión. Personal de seguridad restringió el acceso al auditorio únicamente a los postulantes acreditados, lo que provocó forcejeos y reclamos de varios simpatizantes que buscaban ingresar junto a la comitiva oficialista.
La directora provincial de ADN y ministra de Gobierno, Nataly Morillo, explicó que el movimiento modificó sus postulaciones tras evaluar las expectativas de los electores de la provincia. Según indicó, la decisión respondió a las opiniones recogidas durante el proceso político previo a la inscripción de candidaturas.
«Lo que evaluamos siempre es lo que dice la gente«, afirmó Morillo al ser consultada sobre el cambio de última hora. Agregó que la trayectoria de Giovanna Ubidia al frente del Seguro Social Campesino influyó para que el movimiento decidiera postularla a la Prefectura de Pichincha.
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