Nacionales
Clínicas privadas advierten sobre falta de liquidez y Gobierno reitera que la deuda a unidades de diálisis está siendo pagada
El Gobierno de Daniel Noboa afirmó este martes que en mayo de 2025 se destinaron USD 22,7 millones en pagos a las unidades de diálisis de Ecuador, “sumando un total acumulado de USD 56,8 millones entre enero y mayo de este año”.
Desde el 2008, cuando la insuficiencia renal fue declarada en Ecuador como una enfermedad catastrófica, los tratamientos de diálisis están cubiertos por el Estado. No obstante, cerca del 90% de los pacientes son derivados a clínicas privadas debido a la falta de capacidad en el sistema de salud pública.
Por ello, la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con estas instituciones privadas llegó a acercarse a los 200 millones de dólares hasta abril de este año, según la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador.
Las aclaraciones fueron emitidas luego de que la directora ejecutiva de la Asociación de Clínica y Hospitales Privados del Ecuador, Ana Delgado, dijera que la deuda que el Estado mantiene con esas instituciones ha ocasionado “un grave problema de liquidez”.
«Creemos que este problema tiene que resolverse en la coyuntura. El Estado tiene que pagar y atender a la gente que está enferma, pero también es necesario que comience a priorizar toda el área de prevención de la enfermedad y promoción de la salud para que haya menos enfermos«, recalcó.
Hace aproximadamente un año, la deuda del Gobierno con clínicas y hospitales privados alcanzó los 550 millones de dólares por servicios especializados y de alta complejidad prestados al sistema de salud pública.
Con el objetivo de evitar que el monto a pagar vuelva a incrementarse de forma significativa, el sector ha propuesto al presidente Daniel Noboa establecer un espacio fiscal para salud, que permita asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario público.
Una nueva forma de fijar el presupuesto público
Delgado declaró que «el presupuesto público para salud tiene que ser sostenible, suficiente y fiscalmente responsable«, y consideró que la administración de Noboa está «en condiciones de identificar fuentes de financiamiento, que es lo que no se hizo en año anteriores».
Entre las distintas formas de lograr financiación mencionó la reasignación de presupuestos, «siempre y cuando no afecte a otro sector prioritario», la eficiencia en el gasto público y la recaudación tributaria».
La titular mencionó varias estrategias para obtener recursos, entre ellas la reasignación de presupuestos —siempre que no se perjudique a sectores prioritarios—, una mayor eficiencia en el gasto público y el fortalecimiento de la recaudación tributaria.
Por otro lado, el Gobierno reiteró este martes que los ministerios de Salud Pública (MSP) y Economía continúan trabajando de manera coordinada para asegurar la atención integral de los pacientes con insuficiencia renal crónica, sin referirse directamente a los pagos pendientes que aún mantiene con las clínicas privadas. Fuente: Vistazo
Nacionales
Atamaint hace aclaración ante alerta de Correa sobre supuesto intento de eliminación de la RC
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, aclaró este lunes que aún no se ha presentado una denuncia en contra de la Revolución Ciudadana (RC) ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por inconsistencias en sus cuentas de campaña.
La declaración ocurre luego de que el expresidente Rafael Correa, líder de la RC, escribió en la red social X que el CNE presentó una acusación ante el TCE contra su organización política con el objetivo de sancionarlos y eliminar al partido.
Sin embargo, Diana Atamaint subrayó que esa información es “totalmente falsa”, puesto que el informe de las cuentas de la campaña de la RC aún sigue analizándose.
EL PROCESO PREVIO A LA DENUNCIA
La presidenta del CNE explicó que todas las organizaciones sociales y políticas, que se inscriben para hacer campaña, deben presentar informes de sus cuentas.
Por ello, son capacitados para que puedan presentar sus documentos, en los que básicamente explican el origen y manejo de los fondos.
Luego, el CNE hace una análisis y si es que hay inconsistencias tienen un plazo de 15 días para que puedan subsanar cualquier duda.
Después, se vuelve a revisar la nueva información. En caso de que aún haya errores, la institución electoral emite un informe jurídico a la organización política.
Agregó que el correísmo ha interpuesto un recurso administrativo ante el CNE, en virtud de que ellos consideran que hay que corregir o aclarar la resolución.
Cuando el informe se ratifique, el CNE recién enviará la decisión al TCE pidiendo la sanción respectiva.
Además, Atamaint recordó que la sanción puede ser económica o el retiro de derechos políticos a la persona que lleva las cuentas de la organización política, al representante legal, al jefe de campaña y al candidato. Fuente: Vistazo
El presidente Daniel Noboa ha adelantado poco sobre las reformas a la Carta Magna, que planea poner en marcha, en caso de que el sí gane en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre del 2025, en 20 días. Sin embargo, ya ha adelantado su intención de que el Seguro Social (IESS) no sea un prestador de salud, sino solamente el Ministerio del ramo. ¿Cómo se ha tomado esa idea?
El economista Alberto Acosta Burneo ha manifestado su apoyo a la idea del presidente de la República. Ha dicho que en países como Reino Unido, España, Brasil, Portugal e Italia, el Estado, a través del Ministerio de Salud, presta directamente los servicios, financiados con impuestos. «La Seguridad Social se enfoca en pensiones, no en hospitales. La propuesta de Noboa apunta a un modelo de salud universal como en esos países».
El reto del IESS en salud: millones de pacientes y falta de hospitales propios
Por otro lado, algunas voces, inclusive de abogadas que no suelen tratar temas de la Seguridad Social, como María Dolores Miño comentaron: «Muchas personas, especialmente de tercera edad, dependen del servicio de salud del IESS para una vida digna. No solo gente de escasos recursos, sino de todos los estratos sociales se atienden ahí. Piensen si quieren que su abuelita, que sus papás se queden sin atención en salud tras pagar toda la vida por eso. Es terrorífico lo que se propone».
Fernando Salinas, ingeniero eléctrico y presidente del Foro Energético Ecuador, recordó: «El IESS presta varios seguros, como pensiones, salud, riesgo del trabajo, invalidez y cesantía. Sería una verdadera hecatombe y una estafa social si se elimina la prestación de salud a través de una reforma. 700 mil jubilados dependen del IESS para tener una vida digna».
¿Cómo va a pagar el Ministerio de Salud al IESS por los hospitales y más infraesctura?
Hace un mes, entrevistada en Radio Democracia, María de los Ángeles Rodríguez, vocal de los empleadores, ante el Consejo Directivo del IESS, dijo que una conversación que se debe tener es si la prestación de salud y todos los hospitales del Seguro Social debería manejarlos el Ministerio de Salud Pública.
«No es tan fácil como decir eso, nosotros como IESS tenemos una inversión en infraestructura, en equipamiento de 102 hospitales, más 659 dispensarios del Seguro Social Campesino, todos esos activos no le podemos regalar al Ministerio de Salud. ¿Cómo el IESS le va a cobrar?».
Algunas cifras del IESS
- 3.203.927 personas están afiliadas al IESS.
- 589.649 personas son pensionistas, jubilados.
- 938.879 son beneficiarios del Seguro Social Campesino.
- 138.807 personas son pensionistas del Seguro Social Campesino.
¿Y el ISSFA y el ISSPOL también van a desaparecer?
La abogada Patricia Borja, especialista en temas de Seguridad Social, pregunta qué pasará con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y con el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL). ¿También desaparecerán? Y toda la población en Ecuador recibirá atención del sistema de salud público, coordinado por el MSP.
Otros abogados, como Marcos Ortiz, han recordado que existen instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la prestación de salud, de quienes tienen Seguridad Social. Fuente: El Expreso
Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, denunció que recibió una amenaza de muerte a través de la red social X con una fotografía de su vivienda. “El temor no me detiene”, sostuvo la funcionaria.
La mañana de este lunes 27 de octubre, Jaramillo publicó una captura del mensaje amenazante en el que un usuario le pide que “no vuelva a hablar del diario”, de lo contrario atentaría contra la vida de ella y su hija.
El texto viene acompañado de una imagen de la casa de la funcionaria. “Esto es una clara amenaza a mi vida y la de mi hija”, manifestó la comunicadora.
Además, la funcionaria dio una entrevista al medio digital ‘La Posta’, en donde confirmó que se refiere a la investigación en torno a Diario Expreso.
La vocera detalló que recibió “una amenaza explícita” el pasado domingo, a las 23h00.
“Sé por los años de experiencia que tengo que asumir una función pública como la que tengo siempre me va a exponer a la conversación pública, que no siempre es positiva. Pero que me hayan enviado un mensaje directo señalando una situación personal como es la vida de mis hijos, con una foto del sitio donde vivo, pero además señalando que no siga hablando de este caso, es gravísimo”, dijo la vocera.
La semana pasada, Jaramillo dio una entrevista en radio ‘Canela’ en donde habló sobre su relación con los periodistas durante sus ruedas de prensa de todos los lunes, pero también se refirió a la investigación en contra de Diario Expreso.
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