Nacionales
Caso ‘Las Malvinas’: Corte revoca sentencia que declaraba la existencia de una desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado
La Sala de la Corte Provincial del Guayas aceptó el recurso de apelación presentado el pasado 11 de febrero por la entonces ministra del Interior, Monica Palencia, y el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, para revocar una sentencia de habeas corpus que reconocía la existencia de una desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano en el caso “Las Malvinas”.
La causa se centra en el asesinato de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11. Todos eran residentes del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Su rastro se perdió el pasado 8 de diciembre, tras ser detenidos por militares debido al presunto cometimiento de un robo. Luego de unas semanas de búsqueda, sus cadáveres fueron encontrados en la parroquia rural de Taura.
El abogado de los familiares de los menores, Fernando Bastias, adelantó este martes que se activarán “acciones legales respectivas” ante la Corte Constitucional y señaló que la resolución “no influye en lo absoluto en el proceso penal en contra de los militares procesados”, quienes se encuentran encarcelados provisionalmente.
“La búsqueda de la justicia es un camino que estamos dispuestos a seguir contra corriente. Ni el presidente ni su actual gabinete que busca impunidad en el caso, lo detendrá”, declaró el letrado a través de su cuenta en la red social X.
Audiencia preparatoria de juicio
El pasado 9 de mayo, al concluirse la etapa de construcción fiscal dentro del caso, un magistrado convocó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los 17 militares implicados en los hechos para el próximo 27 de mayo de 2025, a las 14h00, en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil.
En esta audiencia también se conocerán, por el principio de concentración, las solicitudes de sustitución, revisión, revocatoria, suspensión de medidas cautelares y de protección presentadas por los procesados.
Este proceso penal involucra a 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), entre ellos el teniente coronel Juan Francisco I. M., quien fue el último en ser vinculado a la causa.
Cinco de los procesados han accedido a cooperación eficaz y participaron en la reconstrucción de los hechos.
Allí, relataron diversas agresiones cometidas contra los menores en tres puntos específicos: la vía Durán-Tambo, un tramo cercano al peaje de esa carretera, y un camino de tercer orden en la parroquia Taura. En esta última zona indicaron el lugar donde los menores fueron abandonados, golpeados, desnudos, pero aún con vida. Fuente: Vistazo
El Gobierno de Daniel Noboa prevé que en 2025 el déficit o hueco fiscal en el Presupuesto General del Estado sea de USD 5.624 millones, según la proforma presentada por el Presidente Daniel Noboa el 22 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional.
¿Pero qué es el déficit fiscal y cómo afecta al Presupuesto del Estado?
El Presupuesto General del Estado detalla cómo un gobierno administra las finanzas de un país; es decir, en qué gasta el dinero que recauda de sus ciudadanos y los ingresos que percibe por la venta de petróleo o por endeudamiento público.
Cuánta plata necesita el Gobierno de Noboa para lo que resta de 2025 y para 2026 ; ya alista los nuevos presupuestos
Pero cuando los ingresos del Estado no son suficientes para pagar todos los gastos, se crea lo que conoce como déficit fiscal; pues el Estado está gastando más de los ingresos que percibe. Y para cubrir este hueco en el presupuesto, el Gobierno debe endeudarse y pagar intereses.
En la proforma presentada por Noboa, los ingresos previstos para 2025 suman USD 27.439 millones, pero los gastos suman USD 33.064 millones.
La vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, explicó el 25 de agosto de 2025 que el Gobierno de Daniel Noboa ha estado haciendo esfuerzos para reducir el déficit fiscal.
Gobierno prevé que los subsidios costarán USD 7.915 millones al Estado en 2025, ¿cuáles serán los más altos?
«Hay un déficit que no es desconocido, lo venimos arrastrando hace muchas décadas como país, pero cada vez nos esforzamos para que sea menor… Sí, el déficit es de casi USD 6.000 millones, pero no es extremadamente superior al déficit de la proforma anterior», dijo.
Además, Jaramillo enfatizó que lo ideal al hablar del déficit fiscal es referirse a cuánto equivale frente al Producto Interno Bruto del país (PIB). De ahí que dijo que el déficit de 2025 será de alrededor de 4,3% del PIB.
«Tenemos que reconocer que ahora mismo en la proforma se ha priorizado la salud, educación y seguridad, cumpliendo lo que manda la Constitución. Además, la proforma es un ejercicio referencial, no está escrita en piedra», agregó.
Y sí, cuando se compara el déficit fiscal con la proforma de 2024, es decir, con USD 4.800 millones, que es lo que inicialmente preveía el Estado, la diferencia con el hueco que tendrá el Presupuesto en 2025 no es tan amplia.
Sin embargo, a lo largo de 2024 o durante la ejecución del gasto, ese hueco fiscal se fue acortando y cerró diciembre de 2024 con una cifra de USD 2.483 millones, mucho más baja que la inicialmente prevista para 2024 y también más «chica» que la proyectada para 2025. Fuente: Vistazo
Nacionales
El ministro John Reimberg denuncia a jueza de Zamora por no dar prisión preventiva a hombre investigado por sicariato
El ministro del Interior, John Reimberg, continúa con las denuncias a funcionarios judiciales que dejan en libertad a peligrosos delincuentes. Este 25 de agosto de 2025, cuestionó que la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Yantzaza (Zamora Chinchipe), rechazó el pedido de prisión preventiva en contra de Rolando M., presunto sicario acusado de tentativa de homicidio y detenido por la Policía Nacional, el jueves 21 de agosto.
Se trata de una «resolución inexplicable», expresó el funcionario en su cuenta de X. Le otorgó «ridículas medidas cautelares» como presentación ante el fiscal de la causa y prohibición de salida del país.
El funcionario preguntó ¿hasta cuándo la Función Judicial del país tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?
«Tenemos acusado recibo de la denuncia por parte del Consejo de la Judicatura. Esperamos el procedimiento del caso», concluyó.
Funcionarios judiciales sancionados
Hasta el pasado 10 de junio, 90 servidores judiciales han sido destituidos en los últimos 11 meses por la Judicatura. Se trata de 46 jueces de 13 provincias, fiscales, asistentes administrativos, ayudantes judiciales, citadores, coordinadores provinciales, gestores de archivo, secretarios, técnicos de ventanilla, entre otros.
Este es el número de jueces sancionados:
- Cotopaxi: 1.
- El Oro: 7.
- Tungurahua: 1.
- Los Ríos: 8.
- Bolívar: 2.
- Manabí: 3.
- Guayas: 8.
- Esmeraldas: 3.
- Chimborazo: 4.
- Pastaza: 1.
- Santa Elena: 1.
- Loja: 1.
- Santo Domingo: 6
- Total: 46.
Los 90 servidores judiciales destituidos corresponden a:
- Jueces: 46.
- Fiscales: 11.
- Analistas: 2.
- Asistentes administrativos: 3.
- Ayudantes judiciales: 5.
- Citadores: 1.
- Coordinadores provinciales: 1.
- Directores provinciales: 5.
- Gestores de archivo: 2.
- Secretarios: 10.
- Técnicos de ventanilla: 3.
- Peritos de Fiscalía: 1.
- Total: 90. Fuente: Ecuavisa
Nacionales
‘Vidrio Libre’: vinculan a funcionario por liberación ilegítima de Jorge Glas y revelan cómo se habría tramado
En el marco del caso ‘Vidrio Libre‘, la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó este lunes 25 de agosto al funcionario judicial Edison Andrés V. por el presunto delito de asociación ilícita.
En esta causa se investiga a funcionarios públicos y abogados en libre ejercicio, quienes se habrían asociado para lograr la liberación ilegítima del exvicepresidente, Jorge Glas, evadiendo la acción de la justicia.
Liberación ilegítima de Glas
Con base en los elementos de convicción, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga detalló en la audiencia cómo se habría tramado la liberación ilegítima del exvicepresidente Glas, con la participación del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
Según la investigación, Terán habría mantenido reuniones con el entonces juez Emerson Curipallo en el domicilio de la exjueza Anabel Torres, donde le solicitó que emita una medida que permita la excarcelación de Glas, a cambio de archivar sus expedientes disciplinarios y de un supuesto “blindaje” desde el Gobierno.
Este accionar habría contado con el respaldo del entonces fiscal de Santo Domingo, Víctor Hugo Alcívar, quien habría pedido al juez proceder con la medida, garantizando que el abogado Edison L. evitaría una reacción institucional por parte del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores).
Posteriormente, Wilman Terán habría redactado la acción constitucional de medida cautelar, mientras que Anabel Torres habría coordinado el sorteo en la Unidad Judicial de Santo Domingo a través de Edison Andrés V. (recién vinculado al caso ‘Vidrio Libre’), quien habría manipulado el sistema para que Emerson Curipallo sea el juez asignado y habilitado para recibir la causa. El patrocinio, presentación y tramitación recayó en el abogado Cristhian P.
El 26 de noviembre de 2022, en Santo Domingo, Cristhian P. presentó la demanda constitucional en beneficio del exvicepresidente. Fue sorteada al despacho del juez Emerson Curipallo, quien dos días después, el 28 de noviembre, resolvió a favor del solicitante.
Mediante esa resolución, se ordenó que Jorge Glas se presentara una vez por semana en la Penitenciaría del Litoral, se le prohibió salir del país y se emitió la boleta de excarcelamiento.
Al término de la audiencia, el Juez que conoce el caso dictó medidas cautelares contra Edison Andrés V.: prohibición de ausentarse del país y presentación periódica cada quince días en la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En esta causa también están procesados el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; el exfiscal Víctor Hugo Alcívar; la exjueza Anabel Torres; y los abogados Cristhian P. y Edison L., como presuntos autores directos del delito. Fuente: Vistazo
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