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La reformas penales que plantea Daniel Noboa, acercan a Ecuador al modelo de seguridad de Nayib Bukele

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Aunque es una ley urgente en materia económico, el proyecto de Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno -presentado por el presidente Daniel Noboa el 17 de mayo de 2025- es, principalmente, un paquete de reformas en materia penal.

El objetivo de la iniciativa legal es crear un régimen jurídico especial que contemple medidas de carácter financiero y de seguridad, orientadas a la desarticulación integral de las economías criminales asociadas al conflicto armado interno.

Desde el 9 de enero de 2024, Ecuador atraviesa un conflicto armado interno, en el que una veintena de bandas criminales fueron declaradas terroristas y situadas como objetivos militares del Estado. Para su aplicación, el Presidente ha recurrido a sucesivos estados de excepción.

Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) ha observado reiteradamente estas declaratorias, ya que este es un régimen excepcional. Por esta razón, ahora Noboa propone todo un régimen especial que se usará durante el conflicto armado, sin necesidad de firmar decretos de emergencia.

Las reformas, incluso, plantean la creación de una justicia específica. Si la ley se aprueba, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía tendrán 90 días para crear las unidades y formar a los nuevos jueces y fiscales especializados en conflicto armado interno.

Las reformas penales
En el cuarto título del COIP, sobre las llamadas «infracciones en particular»,. el primer capítulo se refiere a graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Al respecto, el proyecto del Ejecutivo propone la creación de una quinta sección llamada: «De los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno».

Estos son los principales cambios en materia penal que propone destacan:

1 Delito de pertenencia a grupos armados organizados
El primer artículo en la nueva sección del COIP habla de las «personas que participen directa o indirectamente de un grupo armado organizado», es decir, los miembros de las bandas. En la propuesta, quienes sean identificados como tales podría recibir penas de 22 a 26 años de cárcel. Además, se plantea hasta 30 años de cárcel para los cabecillas.

Un policía revisa los tatuajes de un sospechoso durante un operativo que incluyó 19 allanamientos en Durán, el martes 11 de junio del 2024.
Sin embargo, el proyecto de reforma no especifica el mecanismo que se usará para determinar la pertenencia de una persona a un grupo armado organizado.

Este modelo se usa en El Salvador, bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, desde 2022. Ese año el Congreso salvadoreño aprobó una reforma penal que impuso penas de hasta 45 años para personas que formen parte de una pandilla.

En ese país organismos de defensa de los derechos humanos han mostrado preocupación por los «métodos discrecionales» que se usan para determinar la pertenencia de una persona a estos grupos. Por ejemplo, la relación se determina a partir de tatuajes, informes de inteligencia, relaciones familiares con pandilleros y hasta la forma de vestir y actuar.

Por ejemplo, en enero de 2025 un Tribunal de San Salvador sentenció a tres jóvenes a cinco años de prisión luego de que en las redes sociales se difundió un video de estas personas haciendo señas alusivas a una pandilla, en una escuela.

2 Allanamientos y detenciones sin orden judicial previa
Otro de los artículos que Noboa plantea es sobre los allanamientos en el marco del conflicto armado interno. El proyecto indica que los domicilios o lugares donde los grupos armados desarrollen sus actividades podrán ser allanados sin necesidad de orden judicial.

También menciona que las detenciones con fines investigativos durarán hasta 24 horas y  tampoco requieren la orden de un juez.

En este caso, el Bloque de Seguridad -conformado por policías y militares- deberá delinear los parámetros a seguir durante los allanamientos y cómo se ejecutarán las detenciones.

El control del cumplimiento de los parámetros de los allanamiento será controlado por un juez especializado en conflicto armado interno. Esta es otra figura que se busca crear con el paquete de reformas penales. Tras las detenciones, los uniformados deberán entregar a los detenidos a la Fiscalía.

Estas son otra de las ‘figuras espejo’ con el caso salvadoreño. Desde 2022, cuando en ese país se estableció el estado de excepción para combatir a las pandillas, en ese país se realizan allanamientos y detenciones con características similares.

3 La prisión preventiva ya no sería de ‘última ratio’
Según el derecho penal, la prisión preventiva se considera una medida de ‘última ratio’. Esta expresión en latín significa que esta medida es el último recurso para garantizar la presencia de un investigado durante el proceso. La doctrina apunta que se deben privilegiar otras medidas como la presentaciónante un juez, o e el uso de grillete electrónico.

Sin embargo, en la reforma del presidente Daniel Noboa se propone que -durante el conflicto armado interno- «la prisión preventiva será la medida cautelar y eficaz»- y no cabrá la suspensión o sustitución

En El Salvador, también desde 2022, el Legislativo prohibió otorgar medidas sustitutivas a la prisión preventiva en casos relacionados con miembros de pandillas. Además, que se quitaron los límites temporales al arresto preventivo

Los tres presuntos secuestradores y miembro de Los Choneros, tras su detención en Quevedo, Los Ríos, 10 de julio de 2024.
4 Justicia excepcional
Además, con el proyecto en mención el Ejecutivo propone la creación de un procedimiento unificado y especial para el juzgamiento de delitos relacionados con el conflicto armado interno.

Estas serían las particularidades de ese proceso:

– Todas las etapas procesales se realizarán en una sola audiencia.
– Los casos serán resueltos por los jueces especializados en conflicto armado interno.
– La audiencia de juicio será convocada en un plazo de 15 días de la detención y no puede diferirse.
– Si un fiscal decide no acusar a los procesados, en un plazo de tres días, deberá argumentar su decisión en una audiencia y poner el caso en conocimiento de su fiscal superior.

Este es otro caso inspirado en El Salvador de Bukele. Desde 2022, en ese país se ha aplicado una justicia excepcional para los miembros de las pandillas. Aunque en El Salvador hubo otros cambios como las audiencias masivas de hasta 500 personas. Fuente: Primicias

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Infraestructura y desarrollo: planificación y formación profesional, claves para construir territorios sostenibles

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La infraestructura pública constituye un componente estratégico para el desarrollo económico y social de los territorios, especialmente en provincias amazónicas como Zamora Chinchipe, donde las condiciones geográficas, topográficas y climáticas demandan soluciones técnicas adaptadas a las necesidades de cada población.

Así lo señaló Sonia Lorenza Gonzaga, docente del Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectura y Geociencias de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), durante la entrevista en el Diario El Amazónico, en la que abordó el tema “Infraestructura y desarrollo: retos para construir territorios más sostenibles”.

La académica explicó que una infraestructura adecuadamente planificada permite fortalecer la movilidad, el transporte, la comunicación y el acceso a servicios básicos. Entre los principales ámbitos mencionó la infraestructura vial, el saneamiento y las estructuras, cuya planificación debe responder a las características y necesidades reales de cada territorio.

En el caso de la Amazonía, Gonzaga destacó que la diversidad geográfica y las condiciones climatológicas requieren diseños y soluciones diferenciadas. Por ello, consideró fundamental contar con profesionales capacitados que puedan desarrollar proyectos técnicamente adecuados y orientados a las demandas locales.

Universidad y formación para el desarrollo territorial
La docente resaltó el papel de las universidades en la preparación de profesionales que posteriormente se incorporan a instituciones responsables de la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura. En este proceso, la formación académica se complementa con prácticas profesionales vinculadas a proyectos reales de construcción y diseño, permitiendo a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas.

En este contexto, señaló que la UTPL cuenta con una importante presencia de estudiantes provenientes de Zamora Chinchipe, estimando que entre el 30 % y 40 % de los estudiantes de esta provincia se matriculan en diferentes carreras de la institución.

La Facultad de Ingenierías y Arquitectura mantiene una oferta académica que incluye carreras como Ingeniería Civil, Geociencias, Arquitectura e Ingeniería Informática en Computación, además de programas de posgrado orientados a fortalecer la especialización profesional.

Entre la oferta de posgrado mencionada durante la entrevista constan siete programas de especialización vinculados con Ingeniería Civil y maestrías relacionadas con recursos hídricos, geotecnia, arquitectura y desarrollo de territorios.

Modalidades de estudio
Gonzaga también destacó las alternativas de formación que ofrece la universidad, entre ellas las modalidades presencial, en línea e híbrida, esta última combinando actividades presenciales con formación virtual.

Según explicó, estas modalidades permiten que profesionales que trabajan puedan continuar con su preparación académica y acceder a programas de posgrado sin abandonar sus actividades laborales.

La docente recordó además que la UTPL cuenta con una trayectoria de más de 50 años en educación a distancia, experiencia que posteriormente se consolidó en la modalidad en línea.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a consultar la oferta académica disponible en los canales oficiales de la universidad y continuar con su formación profesional, destacando que la educación constituye un elemento fundamental para el desarrollo de las comunidades.

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Fuerzas Armadas destruyen campamento del Frente Óliver Sinisterra en zona minera de Ecuador

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Las Fuerzas Armadas destruyeron un campamento en la Zona Minera Norte de Urcuquí que, de acuerdo con la información obtenida, estaría vinculado al grupo armado organizado Frente Óliver Sinisterra.

«La intervención permitió localizar un campamento de aproximadamente 45 metros por 50 metros, en cuyo interior se encontraron armas, municiones, artefactos explosivos improvisados y diversos elementos de logística y alojamiento», informó la institución.

Entre los indicios localizados constan un fusil M16, una carabina Mossberg calibre 12, 888 municiones calibre 5,56 mm, 19 municiones calibre 9 mm, 13 municiones calibre 16 y 21 artefactos explosivos improvisados que fueron destruidos.

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Prendas de vestir encontradas por las Fuerzas Armadas del Ecuador durante un operativo en Urcuquí, el 17 de septiembre de 2026.Fuerzas Armadas de Ecuador

Ecuador detiene a siete personas presuntamente vinculadas al Frente Óliver Sinisterra, disidencia de las FARC
Además, fueron encontrados siete chalecos de combate, una radio con cuatro cargadores, 13 mochilas, tres carpas, 20 colchones, prendas de vestir de uso civil y militar, entre otros elementos.

«Entre las evidencias también consta una cédula de ciudadanía de la República de Colombia, cuya información será objeto de los procedimientos de inteligencia correspondientes», informaron las Fuerzas Armadas. Fuente: Primicias

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En exclusiva: Xavier Jordán es un «extranjero ilegal criminal» y estará preso hasta ser deportado, dice Estados Unidos

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Luego de ser detenido la tarde del 16 de septiembre de 2026, Xavier Jordán fue trasladado a más de 1.600 kilómetros de distancia.

La detención se produjo específicamente en la intersección de la Avenida 84 y la Calle 58, en la ciudad de Doral, en el sur de Florida. Y, según el sistema del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue enviado al Winn Correctional Center en Winnfield, Luisiana.

Ese centro, operado por un contratista privado y ubicado en una zona rural, está ubicado a 1.600 kilómetros de distancia de la residencia de Jordán, un viaje de 14 a 15 horas por carretera o un vuelo que puede tomar unas dos horas.

Los sistemas oficiales de Estados Unidos, tanto del ICE como de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), todavía no muestran más detalles sobre la situación de Jordán en Estados Unidos.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió, a través de su vocero, con un correo electrónico a PRIMICIAS, que el arresto fue ejecutado por agentes del ICE.

El DHS calificó a Jordán como un «extranjero ilegal criminal con arrestos previos por hurto mayor y fraude organizado, así como una orden de arresto por crimen organizado desde su país de origen, Ecuador».

Además, el Gobierno de Estados Unidos explicó que, según sus registros, Jordán ingresó a ese país el 3 de febrero de 2020 y tenía permiso para quedarse únicamente hasta el 2 de agosto de ese año. Por lo que permaneció de manera irregular en ese país durante más de seis años, agregó.

El vocero añadió que Jordán, en contra de las leyes de Estados Unidos, se quedó más tiempo de lo permitido. Por lo que «permanecerá bajo la custodia de ICE en espera del resultado de sus procedimientos de deportación».

«Bajo el presidente Trump y el secretario Mullin, nuestro mensaje es claro: si vienes a nuestro país y rompes nuestras leyes, te encontraremos, te arrestaremos y te deportaremos». Vocero del DHS sobre Xavier Jordán

En Ecuador, Xavier Jordán tiene tres órdenes de prisión vigentes por tres casos. El primero se inició en 2020, justo cuando este sujeto se fue a Estados Unidos, y se relaciona con la corrupción en la provisión de insumos médicos para hospitales de Guayaquil durante la pandemia de Covid-19. Por este proceso tiene pendiente un juicio por delincuencia organizada.

El segundo caso es el denominado Metástasis, en el que Jordán también tiene un juicio pendiente por delincuencia organizada por supuestamente haber formado parte de la red de corrupción judicial que comandó el narcotraficante Leandro Norero. Por este proceso, además, tiene una orden de búsqueda de Interpol y un pedido de extradición.

Finalmente, según los registros judiciales, Jordán es parte de los procesados como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, exasambleísta y excandidato presidencial. En ese caso, está pendiente la resolución de llamado a juicio. Fuente: Primicias

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