Nacionales
La reformas penales que plantea Daniel Noboa, acercan a Ecuador al modelo de seguridad de Nayib Bukele
Aunque es una ley urgente en materia económico, el proyecto de Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno -presentado por el presidente Daniel Noboa el 17 de mayo de 2025- es, principalmente, un paquete de reformas en materia penal.
El objetivo de la iniciativa legal es crear un régimen jurídico especial que contemple medidas de carácter financiero y de seguridad, orientadas a la desarticulación integral de las economías criminales asociadas al conflicto armado interno.
Desde el 9 de enero de 2024, Ecuador atraviesa un conflicto armado interno, en el que una veintena de bandas criminales fueron declaradas terroristas y situadas como objetivos militares del Estado. Para su aplicación, el Presidente ha recurrido a sucesivos estados de excepción.
Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) ha observado reiteradamente estas declaratorias, ya que este es un régimen excepcional. Por esta razón, ahora Noboa propone todo un régimen especial que se usará durante el conflicto armado, sin necesidad de firmar decretos de emergencia.
Las reformas, incluso, plantean la creación de una justicia específica. Si la ley se aprueba, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía tendrán 90 días para crear las unidades y formar a los nuevos jueces y fiscales especializados en conflicto armado interno.
Las reformas penales
En el cuarto título del COIP, sobre las llamadas «infracciones en particular»,. el primer capítulo se refiere a graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Al respecto, el proyecto del Ejecutivo propone la creación de una quinta sección llamada: «De los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno».
Estos son los principales cambios en materia penal que propone destacan:
1 Delito de pertenencia a grupos armados organizados
El primer artículo en la nueva sección del COIP habla de las «personas que participen directa o indirectamente de un grupo armado organizado», es decir, los miembros de las bandas. En la propuesta, quienes sean identificados como tales podría recibir penas de 22 a 26 años de cárcel. Además, se plantea hasta 30 años de cárcel para los cabecillas.
Sin embargo, el proyecto de reforma no especifica el mecanismo que se usará para determinar la pertenencia de una persona a un grupo armado organizado.
Este modelo se usa en El Salvador, bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, desde 2022. Ese año el Congreso salvadoreño aprobó una reforma penal que impuso penas de hasta 45 años para personas que formen parte de una pandilla.
En ese país organismos de defensa de los derechos humanos han mostrado preocupación por los «métodos discrecionales» que se usan para determinar la pertenencia de una persona a estos grupos. Por ejemplo, la relación se determina a partir de tatuajes, informes de inteligencia, relaciones familiares con pandilleros y hasta la forma de vestir y actuar.
Por ejemplo, en enero de 2025 un Tribunal de San Salvador sentenció a tres jóvenes a cinco años de prisión luego de que en las redes sociales se difundió un video de estas personas haciendo señas alusivas a una pandilla, en una escuela.
2 Allanamientos y detenciones sin orden judicial previa
Otro de los artículos que Noboa plantea es sobre los allanamientos en el marco del conflicto armado interno. El proyecto indica que los domicilios o lugares donde los grupos armados desarrollen sus actividades podrán ser allanados sin necesidad de orden judicial.
También menciona que las detenciones con fines investigativos durarán hasta 24 horas y tampoco requieren la orden de un juez.
En este caso, el Bloque de Seguridad -conformado por policías y militares- deberá delinear los parámetros a seguir durante los allanamientos y cómo se ejecutarán las detenciones.
El control del cumplimiento de los parámetros de los allanamiento será controlado por un juez especializado en conflicto armado interno. Esta es otra figura que se busca crear con el paquete de reformas penales. Tras las detenciones, los uniformados deberán entregar a los detenidos a la Fiscalía.
Estas son otra de las ‘figuras espejo’ con el caso salvadoreño. Desde 2022, cuando en ese país se estableció el estado de excepción para combatir a las pandillas, en ese país se realizan allanamientos y detenciones con características similares.
3 La prisión preventiva ya no sería de ‘última ratio’
Según el derecho penal, la prisión preventiva se considera una medida de ‘última ratio’. Esta expresión en latín significa que esta medida es el último recurso para garantizar la presencia de un investigado durante el proceso. La doctrina apunta que se deben privilegiar otras medidas como la presentaciónante un juez, o e el uso de grillete electrónico.
Sin embargo, en la reforma del presidente Daniel Noboa se propone que -durante el conflicto armado interno- «la prisión preventiva será la medida cautelar y eficaz»- y no cabrá la suspensión o sustitución
En El Salvador, también desde 2022, el Legislativo prohibió otorgar medidas sustitutivas a la prisión preventiva en casos relacionados con miembros de pandillas. Además, que se quitaron los límites temporales al arresto preventivo
4 Justicia excepcional
Además, con el proyecto en mención el Ejecutivo propone la creación de un procedimiento unificado y especial para el juzgamiento de delitos relacionados con el conflicto armado interno.
Estas serían las particularidades de ese proceso:
– Todas las etapas procesales se realizarán en una sola audiencia.
– Los casos serán resueltos por los jueces especializados en conflicto armado interno.
– La audiencia de juicio será convocada en un plazo de 15 días de la detención y no puede diferirse.
– Si un fiscal decide no acusar a los procesados, en un plazo de tres días, deberá argumentar su decisión en una audiencia y poner el caso en conocimiento de su fiscal superior.
Este es otro caso inspirado en El Salvador de Bukele. Desde 2022, en ese país se ha aplicado una justicia excepcional para los miembros de las pandillas. Aunque en El Salvador hubo otros cambios como las audiencias masivas de hasta 500 personas. Fuente: Primicias
Nacionales
CIDH pide investigar a Ecuador si la muerte de Monika Silva está vinculada a sus denuncias de corrupción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la muerte de Monika Silva Koniuszek, la activista anticorrupción hallada sin vida el pasado 8 de junio en Montañita, provincia de Santa Elena, y pidió al Estado ecuatoriano una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer lo ocurrido.
A través de un comunicado difundido este viernes 12 de junio en sus redes sociales, la CIDH lamentó el fallecimiento de Silva y expresó su solidaridad con sus familiares y personas allegadas.
«La CIDH lamenta la muerte de Monika Silva Koniuszek, activista anticorrupción en Santa Elena, quien fue encontrada sin vida en su domicilio el 8 de junio, y expresa su solidaridad con sus familiares y personas allegadas», señaló el organismo.
La Comisión instó a las autoridades ecuatorianas a profundizar las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de la activista y considerar todas las hipótesis posibles.
En particular, la CIDH pidió que dentro de las líneas de investigación se incluya una posible relación entre su fallecimiento y la labor que desarrollaba como defensora de derechos humanos y denunciante de presuntos actos de corrupción.
El pronunciamiento se suma a los pedidos realizados por el Gobierno de Polonia, país de origen de Silva, que solicitó una investigación independiente y transparente.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado informó que ha requerido cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros especializados a las diligencias que se desarrollan dentro de la investigación previa.
La muerte de Monika Silva ha generado atención nacional e internacional debido a su trabajo como activista anticorrupción en Santa Elena y a las circunstancias que rodean su fallecimiento, ocurrido en el inmueble donde residía junto a sus hijas menores de edad. Fuente: Vistazo
Como parte de la investigación sobre los contratos suscritos con Progen durante la emergencia eléctrica, Celso Sánchez, uno de los técnicos que integró la comisión de Celec que viajó a Estados Unidos para inspeccionar los generadores chatarra comprados durante la emergencia eléctrica, amplió su versión ante la Fiscalía General del Estado.
Sánchez, quien también figura entre los procesados en el denominado caso Apagón, relató presuntas presiones para emitir informes favorables a la compañía estadounidense, pese a las observaciones técnicas realizadas a los equipos. Además, mencionó la existencia de un documento que haría referencia al entonces ministro de Energía, Roberto Luque.
«Vimos unas cosas totalmente viejas y la verdad que esto nos estaba causando un poco de temor», señaló Sánchez en una grabación realizada tras la visita técnica, al referirse a los generadores que, según indicó, eran equipos usados.
Una grabación de casi dos horas
Sánchez informó a la Fiscalía que entregó una grabación de una hora y 45 minutos correspondiente a una reunión mantenida con varios funcionarios de Celec tras el viaje a Estados Unidos.
«Se escucha claramente cómo se pretendía obtener, a toda costa, un informe favorable para viabilizar el pago a favor de Progen, pese a la oposición expresa de mi persona», manifestó en su ampliación de versión.
El técnico aseguró que durante esa reunión se planteó incluso la posibilidad de realizar modificaciones a los equipos observados.
«En el referido audio se escucha al ingeniero Byron Orozco manifestar que podía coordinar con Progen, en los Estados Unidos, el cambio de las placas de los generadores», sostuvo.
Sánchez también afirmó que recibió instrucciones para no seguir enviando correos electrónicos relacionados con las observaciones técnicas realizadas a los equipos.
«Se escucha que, de no emitirse ese mismo día el informe de verificación favorable a Progen, yo quedaría fuera del cargo», declaró.
Según su relato, Byron Orozco, entonces gerente de Termopichincha y firmante de los contratos con Progen, insistía en que el proceso debía avanzar con rapidez debido a la emergencia energética que atravesaba el país.
«Orozco me dijo: ‘Esto es un proceso de emergencia de adquisición de generadores y tiene que caminar de manera rápida'», señaló Sánchez.
Documento menciona a Roberto Luque
Durante su comparecencia, Sánchez reveló además la existencia de un documento que, según dijo, hacía referencia al entonces ministro de Energía, Roberto Luque.
Sánchez relató que en julio de 2025 entregó su teléfono celular y su computadora a la Fiscalía como parte de las investigaciones.
Añadió que la fiscal Luzmila Lluglla le hizo firmar un acta para incorporarlo al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal.
«Al revisar dicho documento pude constatar que en su contenido se hacía referencia e involucraba al entonces ministro de Energía, Roberto Luque, circunstancia que puede ser plenamente corroborada con el propio documento», afirmó.
Según Sánchez, la Fiscalía tenía interés en vincular a Luque dentro de la investigación.
Hasta el momento no está claro si Roberto Luque continúa siendo investigado dentro del denominado caso Progen. Fuente: Vistazo
Nacionales
¿Qué hace Daniel Noboa en Estados Unidos? Gobierno explica su agenda oficial tras el viaje
El presidente de la República, Daniel Noboa, se encuentra en Estados Unidos desde el jueves 11 de junio, en el marco de su tercer viaje oficial a ese país en lo que va de 2026. No obstante, fue recién este viernes cuando la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia difundió los detalles de la agenda de trabajo que cumplirá el mandatario durante su visita al país norteamericano.
Según informó el Gobierno, Noboa fue acompañado de una comitiva oficial para cumplir una «agenda de alto nivel», con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, la lucha contrael crimen organizado transnacional y el posicionamiento internacional del Ecuador.
Agenda de Daniel Noboa en EE.UU.
En la Casa Blanca, el presidente Noboa será recibido por Stephen Miller, Jefe Adjunto de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional.
Durante este encuentro, ambas autoridades revisarán los resultados de las acciones conjuntas que Ecuador y Estados Unidos ejecutan para combatir al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las estructuras criminales transnacionales que afectan a la región.
Asimismo, dialogarán sobre futuros mecanismos y estrategias orientadas a fortalecer la seguridad.
La Presidencia destacó que Estados Unidos es uno de los principales socios estratégicos del Ecuador en ámbitos como seguridad, comercio, inversión y relaciones diplomáticas, por lo que «este encuentro busca profundizar una agenda común basada en la cooperación, la confianza mutua y la defensa de los valores democráticos».
Dentro de las actividades programadas también consta una entrevista con TV Azteca, donde Noboa expondrá las acciones impulsadas por su Gobierno para combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y la violencia criminal. Además, presentará los resultados obtenidos en materia de seguridad y la importancia de fortalecer alianzas internacionales para enfrentar amenazas que trascienden las fronteras nacionales.
El viaje presidencial coincide con la inauguración de la Copa Mundial en Estados Unidos y con el partido que disputará la selección ecuatoriana frente a Costa de Marfil este domingo en Filadelfia. No obstante, hasta el momento el Gobierno no ha informado si Noboa asistirá a alguno de estos eventos.
Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, el mandatario también ha sido cuestionado debido al número de viajes internacionales realizados durante su administración. Fuente: Vistazo
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