Nacionales
Correísmo se opone a ley urgente de Daniel Noboa y lo califica como ‘una amenaza’ a los derechos humanos
El presidente Daniel Noboa envió el sábado a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista (ADN), un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica para «desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno». No obstante, la propuesta que incluye medidas financieras, tributarias y de seguridad, ya enfrenta un anticipado rechazo por parte del bloque correísta.
Entre las medidas, la normativa busca que se califique a los delincuentes como combatientes, y que el presidente pueda anunciar la anticipación de indulto a miembros de la Policía o Fuerzas Armadas.
El proyecto de ley también establece un régimen penal específico y un procedimiento de juzgamiento diferenciado mediante reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incluye: la autorización de detenciones y allanamientos por parte del Bloque de Seguridad, con revisión judicial posterior.
Además, autoriza el uso de la fuerza de las fuerzas gubernamentales, como régimen propio distinto a la ley del uso progresivo de la fuerza, para precautelar el respaldo al accionar inmediato y oportuno de las fuerzas del orden. Este régimen legal permitirá dejar de utilizar la figura de estado de excepción.
Correísmo rechaza proyecto de ley de Noboa
Varios legisladores del movimiento Revolución Ciudadana rechazaron públicamente el proyecto de ley urgente en materia económica enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. Ha sido calificada por la oposición como una amenaza a los derechos humanos.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el legislador Christian Hernández, quien cuestionó duramente los alcances del proyecto: “Lindo el nombre del proyecto de ley, señor Noboa, pero no. Con esto se puede perseguir a quien se quiera. No se necesita ser abogado para entender lo peligroso de esto. Además, ya mintió cuando dijo que el 3 % del IVA serviría para seguridad; cada día es peor”, escribió en redes sociales.
Por su parte, Fernando Cedeño afirmó que la iniciativa legislativa “lejos de trabajar por la paz, la seguridad y la reactivación económica del Ecuador, pretende provocar aún más horror del que ya enfrenta el pueblo ecuatoriano”. Afirmó que durante el actual gobierno se han reportado más de diez menores desaparecidos en manos de militares, incluyendo el caso de los niños de Las Malvinas, y advirtió que la aprobación del proyecto “legalizaría la vulneración de derechos humanos y garantías constitucionales”.
Liliana Durán, también legisladora de la RC, calificó la propuesta como un “grave retroceso democrático”. Según dijo, “la ley ‘económica urgente’ enviada por Daniel Noboa es todo, menos urgente, y mucho menos económica. Normaliza la impunidad en violaciones de derechos humanos, confunde seguridad con derecho penal y tributario, legaliza el clientelismo como política pública, criminaliza la defensa de derechos, otorga discrecionalidad tributaria sin límites y viola principios constitucionales. No es una ley, es una amenaza”.
Finalmente, el legislador Santiago Díaz señaló que el proyecto representa una “declaración perversa del autoritarismo del régimen de Noboa”, y denunció que, de aprobarse, permitiría a las Fuerzas Armadas y la Policía actuar contra supuestos terroristas sin una investigación judicial previa. “Lo único que pretende esta ley es agravar el terror del pueblo ecuatoriano al legalizar la violación de derechos humanos y producir, a gran escala, masacres como la de los niños de Las Malvinas”, advirtió.
Bancada oficialista se pronuncia
La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) expresó su respaldo al Ejecutivo y reiteró la necesidad de aprobar esta normativa para combatir al crimen organizado en el país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, destacó la importancia del proyecto en el contexto actual de conflicto armado interno. “Vamos a tratar este proyecto con toda la responsabilidad y urgencia que el momento exige”, afirmó.
De su lado, la asambleísta Valentina Centeno, quien es jefa de la bancada ADN, fue enfática: “¡No hay tiempo que perder! Urge tener un marco normativo fuerte para combatir las economías criminales. Actuamos con celeridad para proteger a los ecuatorianos y lograr la reactivación económica en zonas afectadas por el crimen”.
Además, advirtió que no se puede hablar de paz sin atacar “el músculo financiero del crimen organizado”.
El legislador Diego Franco, también integrante de ADN, criticó las posturas contrarias al proyecto. “¡Increíble! Ya hay asambleístas que están en contra del proyecto de ley para desarticular la economía criminal. Nuestra bancada no va a descansar hasta que la paz y la justicia se apoderen de todo el Ecuador”, escribió en sus redes sociales.
Si la Asamblea no lo aprueba o archiva en un plazo de 30 días, el proyecto entrará en vigor automáticamente por tener el carácter de ‘urgente en materia económica’, conforme lo establece la ley. Fuente: Vistazo
Nacionales
Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.
Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.
La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.
De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.
Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.
Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.
Nacionales
Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum
Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.
¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?
La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.
Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)
Nacionales
Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.
La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.
Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».
«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,
Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.
«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.
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