En el marco de la marcha pacífica desarrollada el martes 22 de julio en el cantón Paquisha, el presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, Paul Pineda, se dirigió de manera enfática a las autoridades locales, representantes de la ciudadanía y medios de comunicación, con el objetivo de reivindicar los derechos de los mineros artesanales y pequeños productores del distrito minero de Chinapintza.

Durante su intervención, Pineda saludó con respeto a las autoridades municipales presentes, al tiempo que expresó su preocupación por la presencia de la fuerza pública en actos ciudadanos. “Esa gente no es delincuente”, enfatizó, señalando que los trabajadores mineros han sido históricamente constructores del territorio y defensores de la soberanía nacional, recordando su participación durante el conflicto del Alto Cenepa en 1995.

El dirigente denunció múltiples actos de vulneración de derechos por parte de la empresa CondorMining, acusando a su personal de cometer abusos y a sus operadores digitales de difundir mensajes estigmatizantes contra la población minera. “Nos han llamado delincuentes, invasores, cuando somos legítimos propietarios y ciudadanos con derechos”, recalcó.

Asimismo, Pineda pidió el archivo del proceso de consulta ambiental impulsado por la municipalidad, señalando que se han cometido irregularidades y se ha invisibilizado el pronunciamiento real de las comunidades. “La sentencia de la Corte Constitucional es clara: ni tecnicismos ni procesos oscuros. Exigimos claridad, legalidad y participación”.

En su intervención, el presidente de la Cámara reiteró que no se oponen al diálogo ni al desarrollo, pero exigen condiciones justas para todos los actores del territorio. “Vivimos en la capital minera del Ecuador, pero eso no significa que se puede imponer el extractivismo sin respeto al pueblo ni a la ley”, añadió.

Pineda también hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio del Ambiente y a las empresas involucradas, para garantizar procesos mineros transparentes y equitativos, sin criminalizar a quienes durante décadas han desarrollado actividades extractivas como forma legítima de sustento.

Finalmente, reconoció el respaldo de algunos concejales y líderes sociales que se han solidarizado con el sector minero, reiterando que su lucha no busca intereses personales ni candidaturas: “Solo me arrodillo ante Dios. Y aquí estaré siempre, con transparencia, junto al pueblo”.

En un pronunciamiento realizado este miércoles 23 de julio, en el cantón Yantzaza, Patricio Dávila, secretario de la Federación Deportiva de Zamora Chinchipe, confirmó que el Estadio Municipal de Yantzaza se encuentra en óptimas condiciones para ser sede oficial de un partido de la Copa Ecuador, específicamente el encuentro entre Ecuagenera y Sociedad Deportiva Aucas.

Durante su intervención, Dávila destacó que la infraestructura del estadio cumple con los requisitos técnicos, estructurales y logísticos que exige la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). “Nosotros como Asociación valoramos que este escenario deportivo es apto para recibir partidos oficiales. Hoy se ha realizado la inspección definitiva con la presencia de una delegada técnica de la FEF”, manifestó.

La arquitecta Yovana Ibáñez, funcionaria encargada de la inspección de escenarios deportivos por parte de la FEF, visitó el estadio y evaluó aspectos clave como el estado del gramado, señalización reglamentaria, drenaje, camerinos y zonas de acceso para jugadores y árbitros.

Dávila explicó que, si bien se identificaron algunos detalles menores, como el corte del césped o la marcación de las 18 yardas, estos no constituyen impedimentos para la programación del encuentro y están siendo atendidos de manera inmediata.

Asimismo, el dirigente resaltó el apoyo logístico y técnico de la alcaldía de Yantzaza, liderada por la ingeniera María Lalangui, en el proceso de adecuación del estadio. “Gracias a la gestión de la alcaldesa, se han realizado mejoras significativas en el drenaje, mantenimiento del campo de juego y condiciones generales del estadio, que hoy permiten afirmar que Yantzaza está lista para la Copa Ecuador”, puntualizó.

En relación con la transmisión del partido, Dávila señaló que se están realizando gestiones para coordinar con la empresa DirecTV, responsable de la difusión oficial del torneo. Manifestó que, aunque la ubicación geográfica de Zamora Chinchipe representa ciertos desafíos técnicos, no existe impedimento reglamentario que limite la cobertura del evento. “Nuestro objetivo es dialogar con los responsables de la transmisión para garantizar que el evento llegue a todo el país y se visibilice el potencial deportivo de nuestra provincia”, añadió.

Finalmente, el secretario de la Federación Deportiva enfatizó la importancia de descentralizar el fútbol ecuatoriano y brindar a los cantones amazónicos la oportunidad de ser parte de eventos nacionales. “Se han jugado partidos de la Copa Ecuador en escenarios con condiciones inferiores. Hoy podemos asegurar que el estadio de Yantzaza no solo cumple, sino que supera muchas de esas condiciones”, concluyó.

Si la FEF otorga la aprobación final, el Estadio Municipal de Yantzaza se convertirá en el escenario de uno de los encuentros más esperados de esta fase del torneo, lo cual no solo fortalecerá el desarrollo del fútbol en la provincia, sino que también dinamizará la economía local mediante el turismo, el comercio y la participación ciudadana.

En una nueva edición del programa “Tertulia Jurídica”, se abordó con rigor académico el tema “La extradición”, contando con la destacada participación del abogado Juan Carlos Salguero Manchado, especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, quien intervino desde la ciudad de Quito. El evento también contó con el saludo del Dr. Franco Tamay.

Durante su intervención, el Dr. Salguero realizó un recorrido jurídico y técnico sobre el proceso de extradición, a partir de la reciente coyuntura nacional vinculada al caso de Adolfo Macías Villamar (alias Fito). Señaló que la extradición es un mecanismo diplomático y judicial mediante el cual un Estado solicita la entrega de una persona para ser juzgada o para cumplir una pena previamente impuesta.

En ese marco, explicó que existen dos tipos principales de extradición:
• Extradición activa: cuando el Estado ecuatoriano solicita la entrega de un ciudadano ubicado en otro país.
• Extradición pasiva: cuando Ecuador recibe una solicitud de otro país para entregar a una persona que se encuentra en territorio nacional.

El especialista precisó que la extradición se estructura en tres fases fundamentales: la diplomática, la judicial y la administrativa. En la primera intervienen los canales consulares y el Ministerio de Relaciones Exteriores; en la segunda, la Corte Nacional de Justicia, que verifica el cumplimiento de los requisitos legales; y en la tercera, corresponde al Ejecutivo tomar la decisión final sobre la entrega del requerido.

Uno de los puntos más destacados fue el análisis de los principios jurídicos que rigen la extradición, entre ellos:
• El principio de doble tipicidad, que exige que el delito por el que se solicita la extradición esté tipificado tanto en el país requirente como en el requerido.
• El principio de prescripción, que puede ser causal para rechazar la solicitud si la acción penal o la pena están prescritas conforme a la normativa ecuatoriana.

Asimismo, se discutieron los efectos jurídicos de la aceptación voluntaria por parte del requerido, los límites en casos en que exista pena de muerte o cadena perpetua en el país solicitante, y el rol que juega la Fiscalía General del Estado como representante de los intereses del país requirente durante el proceso.

El Dr. Salguero subrayó también las deficiencias estructurales del sistema legal ecuatoriano, como la vigencia de una Ley de Extradición obsoleta, emitida en 1930, que aún contiene referencias institucionales superadas como la «Corte Suprema de Justicia». Añadió que la reciente reforma constitucional de 2024, aprobada mediante consulta popular, habilita de manera expresa la extradición en el país, constituyendo un cambio paradigmático en la política penal ecuatoriana.

Finalmente, el jurista hizo un llamado a concebir la extradición como un procedimiento netamente procesal y jurídico, libre de influencias o usos políticos que puedan vulnerar los derechos fundamentales o el principio de legalidad.