Zamora, 16 de mayo de 2025 / Redacción Diario El Amazónico
Con creciente preocupación, usuarios frecuentes de la vía estatal E-45 que conecta Zamora con Loja expresan su inquietud por el inusual y constante tránsito de volquetas tipo “mulas” que, durante el día y la noche, transportan grandes volúmenes de material pétreo desde la provincia de Zamora Chinchipe hacia Loja.
Según reportes ciudadanos, el 15 de mayo por la noche se habrían observado al menos 20 volquetas de gran tonelaje, muchas de ellas sin la respectiva placa posterior visible, lo que ha levantado sospechas respecto a la legalidad de su operación. Las imágenes y comentarios enviados a este medio, dan cuenta de un posible deterioro visible que estarían causando en la infraestructura vial, ya de por sí frágil en varios tramos de esta importante arteria interprovincial.
La ciudadanía se pregunta:
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¿De dónde se está extrayendo este material pétreo?
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¿Cuál es su destino final?
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¿Qué tipo de permisos amparan esta operación extractiva y de transporte?
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¿Quiénes son los responsables del otorgamiento de dichas autorizaciones?
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¿Qué medidas se están tomando para preservar la integridad de la vía y garantizar el cumplimiento de la normativa de tránsito y transporte?
Además, preocupa que algunos vehículos involucrados no cuenten con la identificación obligatoria, lo cual no solo vulnera la ley sino que impide su rastreo en caso de accidentes o infracciones.
Frente a estos cuestionamientos legítimos, se espera un pronunciamiento claro y urgente por parte de las autoridades competentes: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Agencia Nacional de Tránsito (ANT), municipios de la zona, así como los entes ambientales encargados de autorizar y fiscalizar la explotación de recursos naturales no renovables.
Es imperativo que se garantice la transparencia en la gestión de los recursos naturales, así como el respeto a las normas de circulación y el derecho de la población a transitar por vías en condiciones seguras. El uso intensivo de la carretera sin una adecuada planificación ni control puede generar consecuencias graves tanto a nivel estructural como ambiental y social.
La ciudadanía exige respuestas. Las autoridades deben actuar con celeridad y responsabilidad.
