Nacionales
Asesinato de Villavicencio: Testigo protegido habla de USD 1 millón pagado, autorizado y financiado por figuras del correísmo

La investigación para encontrar a los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio continúa de manera reservada. Sin embargo, los abogados de los mismos sospechosos han filtrado información que proviene, aparentemente, del expediente fiscal.
Tras la publicación de un documento en el que se señala a cinco presuntos sospechosos, entre los que están el exvicepresidente Jorge Glas y Daniel Salcedo, Sonia Vera -abogada del primero- publicó la supuesta versión de un testigo que sería la base con la que la Fiscalía está investigando a estas personas.
Otro montaje más en construcción: el nuevo falso positivo contra Jorge Glas y otros líderes políticos
La fiscal Diana Salazar montó un falso positivo para usar su venganza personal contra el correísmo a través del crimen de Fernando, y él merece mucho más que eso", denunció… pic.twitter.com/I82538jhes
— Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) May 15, 2025
Según Vera, la versión corresponde a Lenin Vimos, abogado sentenciado por el caso Plaga. En este proceso, que es uno de los desprendidos de la trama conocida como Metástasis, se juzga a los abogados que sirvieron a las mafias para conseguir libertades irregulares comprando jueces.
Vimos fue detenido en enero de 2024, luego de que había estallado el caso Metástasis. Y luego confesó su cercanía con Christian Romero, exabogado de Jorge Glas, Daniel Salcedo, la familia Bucaram y Leandro Norero. Durante su estadía en prisión, este sujeto habría conocido los detalles del crimen de Villavicencio.
Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, a la salida de un evento político de su campaña para la Presidencia de la República. En 2024, cinco sicarios fueron sentenciados. Sin embargo, aún no se ha logrado establecer quién dio la orden y financió el homicidio.
La versión de Vimos
Sonia Vera publicó en su cuenta X la versión completa de Vimos en el caso Villavicencio. Su objetivo, escribió la abogada, es que «la ciudadanía, la prensa y los organismos internacionales constaten por sí mismos el nivel de manipulación al que se ha llegado».
Según ese documento, Vimos dio esa versión el 4 de abril de 2024, en Quito. Relató que, a finales de julio de 2023, cuando todavía estaba en libertad y Villavicencio seguía vivo, Jorge Robinson Chonillo Mendoza, alias ‘Negro Yorkis’, se comunicó con él desde la Cárcel de Riobamba.
‘Negro Yorkis’ es cercano a Fabricio Colón Pico, quien fue sentenciado por preparar un atentado contra la fiscal Diana Salazar. Para esa época, Chonillo estaba buscando su libertad y contó a Vimos que tras salir de prisión se iría a Cali (Colombia) «en busca de un camello grande».
Justamente, semanas después Chonillo salió de la cárcel. Y en los chats encontrados en los teléfonos de Norero, que son la base del caso Metástasis, Christian Romero alardeaba de que «uno de mis socios sacó libre a Chonillo, socio de Colón Pico».
El relato de Vimos continúa el 4 de enero de 2024, días antes de su detención y después de haberse consumado el asesinato de Villavicencio, cuando nuevamente ‘Negro Yorkis’ lo llamó. Le dijo que tenía miedo de que lo vinculen al caso Villavicencio, ya que la fiscal Salazar ya había dicho públicamente que quien quería atentar en su contra era Colón Pico, quien era su socio.
«¿Tienes algún vínculo político con alguien cercano a ellos?», le habría preguntado Vimos a Chonillo. A lo que este sujeto le respondió que en julio de 2023 se había reunido, en Cali, con gente de Los Lobos y había establecido un vínculo con ‘Pipo’ y ‘Menor’, cabecillas de esa agrupación criminal.
En esa reunión, según le contó Chonillo a Vimos, «hubo una videollamada de parte de un señor Ronny Aliaga (sic), a través de la aplicación Silent, el cual mencionó que el pago del dinero, es decir, USD 1 millón sería en Ecuador y que de eso se encargaría una gente del extranjero».
Además, Vimos contó que en esa reunión se habló de USD 1 millón «era el valor por dos personas». Y agregó que «Jorge Chonillo Mendoza al establecer que alias Ronny era el encargado de coordinar el asesinato me cuenta lo siguiente: que Jorge Glas conocía del acto de atentar contra la vida del candidato (Villavicencio), que él fue quien dio la orden superior a José Serrano Salgado (…)».
También, Vimos relató que cuando fue detenido, en la Cárcel 4 de Quito conoció a alias ‘Invisible’, uno de los sicarios sentenciados por el caso Villavicencio, así como a Daniel Salcedo, sentenciado por casos de corrupción hospitalaria y judicial.
‘Invisible’ le habría confirmado a Vimos el «vínculo existente en el asesinato de Fernando Villavicencio por parte del señor Daniel Salcedo (quien es coordinador y el enlace entre los políticos y el GDO Los Lobos y también tiene vínculos con otros GDO) y Jordán (quien es el financista económico)».
«Jorge Glas Espinel da la orden directa a Ronnie Aleaga, financiado por José Serrano Salgado. Jorge Chonillo presta las armas a través de Colon Pico y este último tenía varias visitas de las chicas Laura Castillo y Alexandra Chimbo, vinculadas al asesinato» Versión de Lenin Vimos
Así, Vimos resumió la planificación del asesinato de Villavicencio:
«La estructura de asesinato al candidato a la Presidencia de la Republica, Fernando Villavicencio, está conformada desde la parte de arriba de la siguiente manera: Intelectual.- Jorge Glas Espinel y José Serrano Salgado. Financista.- Xavier Jordan. Coordinador.- Ronnie Alega Santos. Respecto a Daniel Salcedo Bonilla (fue el) vínculo con Los Lobos. Quien prestó las armas fue Jorge Robinson Chonillo Mendoza, quien tiene el nexo con Fabricio Colon Pico».
Además, reveló que Víctor Flores, otro de los sicarios sentenciados por el caso Villavicencio, le contó en la Cárcel 4 que el precio de USD 1 millón fue pagado para el asesinato de Villavicencio y de la fiscal Diana Salazar.
Glas y Salcedo rendirán su versión en la Fiscalía el próximo 29 de mayo. Fuente: Primicias
Nacionales
El hueco fiscal del presupuesto del Estado aumenta en 2025 a USD 5.624 millones

El Gobierno de Daniel Noboa prevé que en 2025 el déficit o hueco fiscal en el Presupuesto General del Estado sea de USD 5.624 millones, según la proforma presentada por el Presidente Daniel Noboa el 22 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional.
¿Pero qué es el déficit fiscal y cómo afecta al Presupuesto del Estado?
El Presupuesto General del Estado detalla cómo un gobierno administra las finanzas de un país; es decir, en qué gasta el dinero que recauda de sus ciudadanos y los ingresos que percibe por la venta de petróleo o por endeudamiento público.
Cuánta plata necesita el Gobierno de Noboa para lo que resta de 2025 y para 2026 ; ya alista los nuevos presupuestos
Pero cuando los ingresos del Estado no son suficientes para pagar todos los gastos, se crea lo que conoce como déficit fiscal; pues el Estado está gastando más de los ingresos que percibe. Y para cubrir este hueco en el presupuesto, el Gobierno debe endeudarse y pagar intereses.
En la proforma presentada por Noboa, los ingresos previstos para 2025 suman USD 27.439 millones, pero los gastos suman USD 33.064 millones.
La vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, explicó el 25 de agosto de 2025 que el Gobierno de Daniel Noboa ha estado haciendo esfuerzos para reducir el déficit fiscal.
Gobierno prevé que los subsidios costarán USD 7.915 millones al Estado en 2025, ¿cuáles serán los más altos?
«Hay un déficit que no es desconocido, lo venimos arrastrando hace muchas décadas como país, pero cada vez nos esforzamos para que sea menor… Sí, el déficit es de casi USD 6.000 millones, pero no es extremadamente superior al déficit de la proforma anterior», dijo.
Además, Jaramillo enfatizó que lo ideal al hablar del déficit fiscal es referirse a cuánto equivale frente al Producto Interno Bruto del país (PIB). De ahí que dijo que el déficit de 2025 será de alrededor de 4,3% del PIB.
«Tenemos que reconocer que ahora mismo en la proforma se ha priorizado la salud, educación y seguridad, cumpliendo lo que manda la Constitución. Además, la proforma es un ejercicio referencial, no está escrita en piedra», agregó.
Y sí, cuando se compara el déficit fiscal con la proforma de 2024, es decir, con USD 4.800 millones, que es lo que inicialmente preveía el Estado, la diferencia con el hueco que tendrá el Presupuesto en 2025 no es tan amplia.
Sin embargo, a lo largo de 2024 o durante la ejecución del gasto, ese hueco fiscal se fue acortando y cerró diciembre de 2024 con una cifra de USD 2.483 millones, mucho más baja que la inicialmente prevista para 2024 y también más «chica» que la proyectada para 2025. Fuente: Vistazo
Nacionales
El ministro John Reimberg denuncia a jueza de Zamora por no dar prisión preventiva a hombre investigado por sicariato

El ministro del Interior, John Reimberg, continúa con las denuncias a funcionarios judiciales que dejan en libertad a peligrosos delincuentes. Este 25 de agosto de 2025, cuestionó que la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Yantzaza (Zamora Chinchipe), rechazó el pedido de prisión preventiva en contra de Rolando M., presunto sicario acusado de tentativa de homicidio y detenido por la Policía Nacional, el jueves 21 de agosto.
Se trata de una «resolución inexplicable», expresó el funcionario en su cuenta de X. Le otorgó «ridículas medidas cautelares» como presentación ante el fiscal de la causa y prohibición de salida del país.
El funcionario preguntó ¿hasta cuándo la Función Judicial del país tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?
«Tenemos acusado recibo de la denuncia por parte del Consejo de la Judicatura. Esperamos el procedimiento del caso», concluyó.
Funcionarios judiciales sancionados
Hasta el pasado 10 de junio, 90 servidores judiciales han sido destituidos en los últimos 11 meses por la Judicatura. Se trata de 46 jueces de 13 provincias, fiscales, asistentes administrativos, ayudantes judiciales, citadores, coordinadores provinciales, gestores de archivo, secretarios, técnicos de ventanilla, entre otros.
Este es el número de jueces sancionados:
- Cotopaxi: 1.
- El Oro: 7.
- Tungurahua: 1.
- Los Ríos: 8.
- Bolívar: 2.
- Manabí: 3.
- Guayas: 8.
- Esmeraldas: 3.
- Chimborazo: 4.
- Pastaza: 1.
- Santa Elena: 1.
- Loja: 1.
- Santo Domingo: 6
- Total: 46.
Los 90 servidores judiciales destituidos corresponden a:
- Jueces: 46.
- Fiscales: 11.
- Analistas: 2.
- Asistentes administrativos: 3.
- Ayudantes judiciales: 5.
- Citadores: 1.
- Coordinadores provinciales: 1.
- Directores provinciales: 5.
- Gestores de archivo: 2.
- Secretarios: 10.
- Técnicos de ventanilla: 3.
- Peritos de Fiscalía: 1.
- Total: 90. Fuente: Ecuavisa
Nacionales
‘Vidrio Libre’: vinculan a funcionario por liberación ilegítima de Jorge Glas y revelan cómo se habría tramado

En el marco del caso ‘Vidrio Libre‘, la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó este lunes 25 de agosto al funcionario judicial Edison Andrés V. por el presunto delito de asociación ilícita.
En esta causa se investiga a funcionarios públicos y abogados en libre ejercicio, quienes se habrían asociado para lograr la liberación ilegítima del exvicepresidente, Jorge Glas, evadiendo la acción de la justicia.
Liberación ilegítima de Glas
Con base en los elementos de convicción, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga detalló en la audiencia cómo se habría tramado la liberación ilegítima del exvicepresidente Glas, con la participación del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
Según la investigación, Terán habría mantenido reuniones con el entonces juez Emerson Curipallo en el domicilio de la exjueza Anabel Torres, donde le solicitó que emita una medida que permita la excarcelación de Glas, a cambio de archivar sus expedientes disciplinarios y de un supuesto “blindaje” desde el Gobierno.
Este accionar habría contado con el respaldo del entonces fiscal de Santo Domingo, Víctor Hugo Alcívar, quien habría pedido al juez proceder con la medida, garantizando que el abogado Edison L. evitaría una reacción institucional por parte del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores).
Posteriormente, Wilman Terán habría redactado la acción constitucional de medida cautelar, mientras que Anabel Torres habría coordinado el sorteo en la Unidad Judicial de Santo Domingo a través de Edison Andrés V. (recién vinculado al caso ‘Vidrio Libre’), quien habría manipulado el sistema para que Emerson Curipallo sea el juez asignado y habilitado para recibir la causa. El patrocinio, presentación y tramitación recayó en el abogado Cristhian P.
El 26 de noviembre de 2022, en Santo Domingo, Cristhian P. presentó la demanda constitucional en beneficio del exvicepresidente. Fue sorteada al despacho del juez Emerson Curipallo, quien dos días después, el 28 de noviembre, resolvió a favor del solicitante.
Mediante esa resolución, se ordenó que Jorge Glas se presentara una vez por semana en la Penitenciaría del Litoral, se le prohibió salir del país y se emitió la boleta de excarcelamiento.
Al término de la audiencia, el Juez que conoce el caso dictó medidas cautelares contra Edison Andrés V.: prohibición de ausentarse del país y presentación periódica cada quince días en la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En esta causa también están procesados el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; el exfiscal Víctor Hugo Alcívar; la exjueza Anabel Torres; y los abogados Cristhian P. y Edison L., como presuntos autores directos del delito. Fuente: Vistazo
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