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«La tragedia en Panguintza no fue por lluvias, fue por minería irresponsable»: Mónica Álvarez.

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La presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Panguintza, Mónica Álvarez, expuso con firmeza la crítica situación que atraviesa su jurisdicción como resultado de las intensas lluvias y, de manera más alarmante, por las actividades mineras desarrolladas sin control técnico ni legal en el territorio.

Durante su exposición, Álvarez expresó su profunda preocupación ante los múltiples impactos ambientales y sociales que se han agudizado en las últimas semanas, subrayando que, si bien las precipitaciones han sido intensas, los daños ocasionados se deben, en mayor medida, a la actividad minera irresponsable que se desarrolla en zonas no permitidas. “Lo que pasó en nuestra parroquia no fue un desastre natural producto exclusivo del invierno. Si fuera solo por lluvias, sectores como Playa Rica en Yantzaza, ya se hubieran inundado. Pero eso no ocurrió. En Panguintza el problema tiene nombre: minería sin control”, afirmó.

Minería en zonas urbanas: una violación a la normativa vigente

La presidenta denunció públicamente que en su parroquia se ha permitido la ejecución de actividades mineras en zonas urbanas, lo cual constituye una infracción directa a la legislación ecuatoriana. “La normativa es clara: no se puede hacer minería en zonas urbanas. Sin embargo, las autoridades competentes han hecho caso omiso”, enfatizó. Añadió que no existen los permisos adecuados para estas actividades y que tampoco se ha sancionado a los propietarios de los terrenos involucrados. “Con una sola multa ejemplar, esta situación se hubiera detenido a tiempo”, lamentó.

Emergencia atendida sin competencias directas

A pesar de no contar con las competencias para gestionar riesgos ni emergencias, el GAD Parroquial ha estado presente desde el primer momento en las zonas afectadas. “Estuvimos desde temprano asistiendo a las familias en el CRAI Belén, donde el río ingresó a las viviendas. Más tarde llegó el alcalde, pero solo para tomarse la foto”, señaló con indignación.

También criticó la pasividad de ciertos actores vinculados con la actividad minera. “Mientras nosotros evacuábamos a personas y rescatábamos animales, los mineros se dedicaban a proteger sus zonas de explotación, sin mostrar la más mínima empatía por la comunidad”.

Pérdidas humanas y materiales: un daño irreparable

Álvarez relató con pesar cómo muchas familias han perdido sus bienes y ahora se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Mencionó específicamente el caso de Rubén Ordóñez, un emprendedor local que perdió toda su maquinaria, adquirida mediante un crédito. “Todo se perdió, y eso no se recupera con promesas”, expresó con contundencia.

La presidenta también cuestionó la ineficacia de las entidades estatales encargadas de regular y controlar estas actividades. Indicó que, a pesar de haber acudido en varias ocasiones a San Miguel de la Hueca junto con ARCOM, el Ministerio del Ambiente y la Gobernación, las promesas de remediación nunca se concretaron. “Dijeron que retirarían un codo que desvie el cauce del río, pero no hicieron nada. Todo se queda en palabras”, sostuvo.

Reacciones institucionales desiguales y ausencia del COE Cantonal

Álvarez manifestó su indignación ante el trato desigual recibido por parte del Gobierno cantonal. A diferencia de lo ocurrido en Yantzaza, donde la alcaldesa encabezó acciones inmediatas, en Panguintza no hubo ni siquiera una invitación a la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal. “Nosotros, los directamente afectados, quedamos fuera. Eso es terrible. El alcalde actúa como si Panguintza no existiera”, denunció.

Además, rechazó la versión oficial que atribuye la caída de la planta de tratamiento de aguas residuales únicamente a las lluvias, cuando existen evidencias claras de intervención minera en la zona. “Llevo 51 años viviendo aquí y sé cuándo es un fenómeno natural y cuándo no”, afirmó.

Intromisión política y amenazas a la cooperación

Álvarez también reveló presiones políticas sobre organizaciones no gubernamentales que han trabajado en la zona. Mencionó que, tras agradecer públicamente a la Fundación Humana Pueblo a Pueblo y a Vida y Salud por su colaboración, una funcionaria de una ONG fue obligada a pedirnos que se retiremos una publicación que se realizó desde el GADP de Panguintza, aduciendo que si no lo hace, llamaría a la ONG y pediría el despido y que no le den trabajo, ante ello, y “por solidaridad con ella, accedimos a retirarla. Pero esto demuestra cómo se obstaculiza la cooperación cuando no se alinea con ciertos intereses políticos”, explicó.

Comunidades organizadas y medidas inminentes

Ante la falta de respuestas, la comunidad ha empezado a organizarse para exigir soluciones reales. La noche anterior a la entrevista, (ayer martes 13 de mayo) se firmó una carta compromiso con el intendente de Policía de Zamora y el comandante del distrito Centinela del Cóndor, en la que se acordó realizar una reunión técnica de alto nivel en la cancha cubierta de la parroquia con la participación de la Gobernación, el MIES, ARCOM y el Ministerio del Ambiente. La dirigencia parroquial advirtió que, de no cumplirse este acuerdo, se tomarán otras medidas de presión ciudadana.

Un llamado a la conciencia colectiva y a la responsabilidad institucional

La presidenta Mónica Álvarez finalizó su intervención con un mensaje enfático y reflexivo: “La minería genera trabajo, sí, pero ¿a cambio de qué? Hoy hay comida, pero mañana puede que haya hambre. ¿Y si el puente que costó millones se cae, quién ayuda a recuperar? ¿Quién devuelve las casas, los animales, los emprendimientos arruinados?”. Enfatizó que el GAD Parroquial de Panguintza está comprometido con el bienestar de su gente, aun cuando esto implique recibir críticas de quienes se benefician de la minería ilegal.

“Nos debemos a la comunidad, no a intereses particulares. Hay que velar por el interés de la mayoría, por la vida, por el futuro de nuestras familias”, concluyó.

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 Ejército Ecuatoriano ejecuta operación contra la minería ilegal en El Pangui

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En el marco de su misión constitucional de garantizar la soberanía y la seguridad interna del Estado, el Ejército Ecuatoriano, en coordinación con otras instituciones del Estado, llevó a cabo una operación militar en el sector El Belén, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, con el objetivo de controlar y erradicar actividades ilegales relacionadas con la extracción de minerales.

Durante esta intervención, las Fuerzas Armadas lograron la inhabilitación de dos campamentos dedicados a la minería ilegal, así como la neutralización de diversa maquinaria y materiales utilizados en esta actividad ilícita. Como resultado de la operación, se decomisaron y posteriormente destruyeron los siguientes elementos:

  • 3 excavadoras
  • 1 motor de succión
  • 2 bombas de agua
  • 1 clasificadora tipo Z
  • Varios utensilios de minería
  • 250 galones de combustible (diésel)

La evidencia fue destruida in situ, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la autoridad competente, con base en la normativa legal vigente. Esta acción forma parte de un esfuerzo interinstitucional para combatir la minería ilegal, que representa una seria amenaza para los recursos naturales, la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales.

El Ejército Ecuatoriano reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la defensa de los intereses estratégicos del país. A través de estas operaciones, se busca desarticular redes delictivas que operan al margen de la ley, contribuyendo a la seguridad integral del territorio nacional y a la preservación de los recursos naturales de la provincia amazónica.

Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía a colaborar con las instituciones del Estado, denunciando actividades ilícitas que atenten contra el ambiente y la legalidad, en el marco del respeto al Estado de Derecho.

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Más de 50 obras transforman El Pangui en el segundo año de gestión del alcalde Jairo Herrera

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Con la entrega de más de 50 obras y 26 proyectos de preinversión en temas de: asfaltados, regeneración urbana, saneamiento ambiental, agua potable y alcantarillado, electrificación, maquinaria, entre otros; la administración municipal en el cantón El Pangui liderada por el alcalde Jairo Herrera, cumple hoy su segundo año de gestión.

Han sido dos años de trabajo y gestión con resultados, destaca la autoridad cantonal al hacer referencia a lo ejecutado en este tiempo, “hemos administrado los recursos con la máxima responsabilidad y transparencia, así también golpeado puertas de los diferentes niveles de gobierno y eso nos ha permitido alcanzar algunos sueños de nuestra población” comentó, haciendo referencia principalmente al puente sobre la quebrada Cayamatza (obra que ya está en ejecución) y el Mercado Centro Comercial “Las Orquídeas” que está a días de iniciar el proceso constructivo.

El trabajo colaborativo con Lundin Gold y ECSA permitieron que hoy El Pangui cuente con más de 7 nuevos kilómetros de redes eléctricas y alumbrado público en sectores como: San Ignacio de Loyola, La Alborada, Jesús del Gran Poder, La Florida, 24 de Mayo, Jorge Mosquera; además, de las calle San Diego entre 13 de Mayo y Cornelio Troya. Todo eso con una inversión que supera los USD. 325.000.

La autoridad también detalló que la regeneración urbana ha sido un pilar fundamental en la Orquídea de la Amazonía, donde se lleva adelante dos grandes proyectos iconos del desarrollo como son: la construcción de bordillos y asfaltado de calles en las etapas 1 y 2, con una inversión que supera los 4 millones de dólares, “esto mejorará ostensiblemente las condiciones de vida de nuestra gente y mejorará el ornato de la ciudad” comentó.

Dijo además que, conscientes de la importancia de contar con elementos de movilidad para las labores que demanda la población esta administración adquirió una flota de automotores: 2 volquetes de 12 m3 de capacidad, 3 camionetas 4 x 4, 1 camión recolector para desechos sólidos, todo esto con una inversión que supera los USD. 285.000.

En saneamiento han sido más de 18 Km de nuevos alcantarillados, pensando en la salud de nuestra ciudadanía enfatiza el alcalde, al tiempo que mencionó que los sectores atendidos son: Plan Maestro de Alcantarillado (fase 3), Charip, Nueva Esperanza, 24 de Mayo, Santa Rosa, El Miassi, la Alfonsina y Uwents

A todo esto, se suman el mejoramiento del Parque Central, Malecón La Alborada y La Boa; Centros de Desarrollo Comunitario en: El Guismi, El Remolino y San Andrés; Cubiertas de estructura metálica en el Centro Recreativo de San Roque y la Unidad Educativa

Especializada “Judith Tapia”, el Cerramiento de la Unidad Educativa “Cueva de los Tayos” y muchas más obras.

Los grupos de atención prioritaria también han sido un punto de sumo interés en estos dos años de administración, pues como parte de los proyectos que impulsa la municipalidad ya suman más de 880 de beneficiados entre: niños, adultos mayores y personas con discapacidad; proyectos que se ejecutan bajo convenios con el MIES y la Prefectura de Zamora Chinchipe.

El alcalde Jairo Herrera, finalizó agradeciendo a la colectividad, asimismo comentó que en lo referente a estudios son más de 26 proyectos de estudios los que se han realizado hasta el momento. Finalmente agradeció por su respaldo y apoyo a la ciudadanía y dejó sentado su compromiso de seguir velando por los intereses de la ciudadanía del cantón

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Operativos de control migratorio y seguridad en el cantón Yantzaza

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Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y el control del estatus migratorio en el cantón Yantzaza, se llevaron a cabo operativos conjuntos entre el Gobierno Autónomo Descentralizado, la Intendencia General de Policía, el personal de Migración y la Policía Nacional del Ecuador. Estas acciones se desarrollaron en centros de tolerancia, bares y discotecas del cantón, como parte de un plan integral para prevenir actos delictivos y garantizar espacios seguros para la ciudadanía.

Durante los operativos se procedió con la notificación migratoria a dos ciudadanas de nacionalidad venezolana, conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica de Movilidad Humana:
• Una de ellas recibió una multa, al haber incurrido en una falta migratoria tipificada en el artículo 170, numeral 2, literal a) de dicha normativa.
• A la segunda ciudadana se le emitió una notificación de salida voluntaria del país, debido a su permanencia en condición migratoria irregular.

Estas acciones se enmarcan en el respeto a los derechos humanos y al cumplimiento de la normativa legal vigente. Los operativos de control serán continuos y permanentes, reafirmando así el compromiso interinstitucional con la protección de la ciudadanía y la promoción de una convivencia segura y ordenada.

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