La presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Panguintza, Mónica Álvarez, expuso con firmeza la crítica situación que atraviesa su jurisdicción como resultado de las intensas lluvias y, de manera más alarmante, por las actividades mineras desarrolladas sin control técnico ni legal en el territorio.
Durante su exposición, Álvarez expresó su profunda preocupación ante los múltiples impactos ambientales y sociales que se han agudizado en las últimas semanas, subrayando que, si bien las precipitaciones han sido intensas, los daños ocasionados se deben, en mayor medida, a la actividad minera irresponsable que se desarrolla en zonas no permitidas. “Lo que pasó en nuestra parroquia no fue un desastre natural producto exclusivo del invierno. Si fuera solo por lluvias, sectores como Playa Rica en Yantzaza, ya se hubieran inundado. Pero eso no ocurrió. En Panguintza el problema tiene nombre: minería sin control”, afirmó.
Minería en zonas urbanas: una violación a la normativa vigente
La presidenta denunció públicamente que en su parroquia se ha permitido la ejecución de actividades mineras en zonas urbanas, lo cual constituye una infracción directa a la legislación ecuatoriana. “La normativa es clara: no se puede hacer minería en zonas urbanas. Sin embargo, las autoridades competentes han hecho caso omiso”, enfatizó. Añadió que no existen los permisos adecuados para estas actividades y que tampoco se ha sancionado a los propietarios de los terrenos involucrados. “Con una sola multa ejemplar, esta situación se hubiera detenido a tiempo”, lamentó.
Emergencia atendida sin competencias directas
A pesar de no contar con las competencias para gestionar riesgos ni emergencias, el GAD Parroquial ha estado presente desde el primer momento en las zonas afectadas. “Estuvimos desde temprano asistiendo a las familias en el CRAI Belén, donde el río ingresó a las viviendas. Más tarde llegó el alcalde, pero solo para tomarse la foto”, señaló con indignación.
También criticó la pasividad de ciertos actores vinculados con la actividad minera. “Mientras nosotros evacuábamos a personas y rescatábamos animales, los mineros se dedicaban a proteger sus zonas de explotación, sin mostrar la más mínima empatía por la comunidad”.
Pérdidas humanas y materiales: un daño irreparable
Álvarez relató con pesar cómo muchas familias han perdido sus bienes y ahora se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Mencionó específicamente el caso de Rubén Ordóñez, un emprendedor local que perdió toda su maquinaria, adquirida mediante un crédito. “Todo se perdió, y eso no se recupera con promesas”, expresó con contundencia.
La presidenta también cuestionó la ineficacia de las entidades estatales encargadas de regular y controlar estas actividades. Indicó que, a pesar de haber acudido en varias ocasiones a San Miguel de la Hueca junto con ARCOM, el Ministerio del Ambiente y la Gobernación, las promesas de remediación nunca se concretaron. “Dijeron que retirarían un codo que desvie el cauce del río, pero no hicieron nada. Todo se queda en palabras”, sostuvo.
Reacciones institucionales desiguales y ausencia del COE Cantonal
Álvarez manifestó su indignación ante el trato desigual recibido por parte del Gobierno cantonal. A diferencia de lo ocurrido en Yantzaza, donde la alcaldesa encabezó acciones inmediatas, en Panguintza no hubo ni siquiera una invitación a la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal. “Nosotros, los directamente afectados, quedamos fuera. Eso es terrible. El alcalde actúa como si Panguintza no existiera”, denunció.
Además, rechazó la versión oficial que atribuye la caída de la planta de tratamiento de aguas residuales únicamente a las lluvias, cuando existen evidencias claras de intervención minera en la zona. “Llevo 51 años viviendo aquí y sé cuándo es un fenómeno natural y cuándo no”, afirmó.
Intromisión política y amenazas a la cooperación
Álvarez también reveló presiones políticas sobre organizaciones no gubernamentales que han trabajado en la zona. Mencionó que, tras agradecer públicamente a la Fundación Humana Pueblo a Pueblo y a Vida y Salud por su colaboración, una funcionaria de una ONG fue obligada a pedirnos que se retiremos una publicación que se realizó desde el GADP de Panguintza, aduciendo que si no lo hace, llamaría a la ONG y pediría el despido y que no le den trabajo, ante ello, y “por solidaridad con ella, accedimos a retirarla. Pero esto demuestra cómo se obstaculiza la cooperación cuando no se alinea con ciertos intereses políticos”, explicó.
Comunidades organizadas y medidas inminentes
Ante la falta de respuestas, la comunidad ha empezado a organizarse para exigir soluciones reales. La noche anterior a la entrevista, (ayer martes 13 de mayo) se firmó una carta compromiso con el intendente de Policía de Zamora y el comandante del distrito Centinela del Cóndor, en la que se acordó realizar una reunión técnica de alto nivel en la cancha cubierta de la parroquia con la participación de la Gobernación, el MIES, ARCOM y el Ministerio del Ambiente. La dirigencia parroquial advirtió que, de no cumplirse este acuerdo, se tomarán otras medidas de presión ciudadana.
Un llamado a la conciencia colectiva y a la responsabilidad institucional
La presidenta Mónica Álvarez finalizó su intervención con un mensaje enfático y reflexivo: “La minería genera trabajo, sí, pero ¿a cambio de qué? Hoy hay comida, pero mañana puede que haya hambre. ¿Y si el puente que costó millones se cae, quién ayuda a recuperar? ¿Quién devuelve las casas, los animales, los emprendimientos arruinados?”. Enfatizó que el GAD Parroquial de Panguintza está comprometido con el bienestar de su gente, aun cuando esto implique recibir críticas de quienes se benefician de la minería ilegal.
“Nos debemos a la comunidad, no a intereses particulares. Hay que velar por el interés de la mayoría, por la vida, por el futuro de nuestras familias”, concluyó.
