Nacionales
Los presidentes de la Asamblea de los últimos años: polémicas, baja aceptación, destituciones y cuentas pendientes
La Asamblea Nacional se prepara para iniciar un nuevo periodo. Entre las cartas para dirigir el Legislativo la bancada de gobierno ADN tiene dos opciones: Niels Olsen, exministro de Turismo, y Annabella Azin, madre del Daniel Noboa. Mientras el correísmo propone a Viviana Veloz, quien actualmente es presidenta del Parlamento y logró la reelección.
Pero, ¿quiénes fueron los anteriores presidentes y qué dejaron? La Asamblea ha tenido nueve presidentes desde el 2008 cuando empezó a regir la Constitución de Montecristi. Desde entonces, las características principales de las diferentes legislaturas de estos 17 años han sido la polémica y la baja aceptación ciudadana.
El correísmo logró el dominio de la Asamblea con un total de tres presidentes en esa función del Estado, entre 2008 y 2018. De hecho, habría ostentando ese poder hasta al menos el 2021, pero Lenín Moreno rompió con Rafael Correa y eso cambió la correlación de fuerzas en el Parlamento.
Desde 2018, las alianzas entre los bloques legislativos para hacer mayoría frente al correísmo marcaron la dirección de la Asamblea: así llegaron a ese puesto miembros de lo que quedó de la ruptura de Alianza País, Pachakutik, un independiente, PSC y Revolución Ciudadana (RC). Mientras al mando del país estaban gobiernos de derecha como CREO de Guillermo Lasso y ADN de Daniel Noboa.
A continuación, hacemos un breve repaso por los presidentes que ha tenido la Legislatura desde el 2008 y las características de su administración.

LA ERA DE ALIANZA PAÍS
-Fernando Cordero (2008-2013)
El cuencano Fernando Cordero asumió la presidencia de la Asamblea Constituyente en reemplazo de Alberto Acosta en 2008 y logró terminar la Carta Magna, que posteriormente fue aprobada en referéndum. Después, siguió en ese mismo puesto y lideró la Asamblea Nacional hasta el 2013.
Este periodo legislativo fue caracterizado por la hegemonía correísta. Por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa presentó 62 proyectos de Ley, de los cuales el 96,7% fueron aprobados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Mientras, los procesos de fiscalización fueron prácticamente nulos, según un informe del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Mientras que Cedatos contabilizó un nivel de aprobación del 45% hasta mayo del 2013.

–Gabriela Rivadeneira (2013-2017)
Asumió la presidencia de la Asamblea Nacional con 29 años, convirtiéndose en la política más joven en obtener este cargo.
Durante su gestión de cuatro años, se aprobaron más de 60 leyes, en su mayoría provenientes del Ejecutivo. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que integró por primera vez el femicidio como una figura penal y la Ley de Comunicación, catalogada por la oposición como una norma mordaza.
Rivadeneira también se mostró a favor de la reelección indefinida, que planteó Rafael Correa a través de Enmiendas Constitucionales.
Y como presidenta de la Asamblea pronunció una frase que causó el rechazo nacional: “Que los pobres coman pan y los ricos mierda”. Al finalizar el 2016, Rivadeneira obtuvo un 61,6% de desaprobación, según Cedatos.

LA RUPTURA DE ALIANZA PAÍS
-Serrano, Cabezas y Litardo (2017-2021)
Este período legislativo fue quizás uno de los más polémicos, ya que estuvo caracterizado por la división de las bancadas y destitución de asambleístas. De hecho, la credibilidad del Legislativo terminó en 7.6%.
José Serrano presidió el órgano legislativo en 2017, pero fue destituido un año más tarde en medio de un escandaloso audio difundido por el entonces fiscal general, Carlos Baca Mancheno. “Tenemos que bajarle”, decía Serrano en contra del líder del Ministerio Público en una conversación con Carlos Pólit.
Para ese entonces, Alianza País se dividió entre los que apoyaban a Lenín Moreno y los asambleístas afines a Rafael Correa. La bancada inició con 74 legisladores y terminó con 37.

Posteriormente, Elizabeth Cabezas, cercana a Moreno, asumió la presidencia del Parlamento, pero tampoco estuvo exenta de polémica. Asimismo, se filtró una llamada con la entonces ministra, María Paula Romo, en la que hablaban sobre las negociaciones para el inicio de una investigación en el caso INA Papers.
Este y otros hechos provocaron que Cabezas no sea considerada para la renovación de autoridades y en su lugar quedó César Litardo.
En esos cuatro años, varios asambleístas fueron destituidos por distintos escándalos: Sofía Espín, Norma Vallejo, Ana Galarza y Fabricio Villamar.

ASAMBLEA INCONCLUSA POR LA MUERTE CRUZADA
-Llori y Saquicela (2021-2023)
Cuando Guillermo Lasso ganó la Presidencia hizo un pacto de “gobernabilidad” con Rafael Correa y Jaime Nebot, con lo cual el primer paso era ceder la presidencia de la Asamblea al PSC. No obstante, ante las críticas Lasso rompió el pacto e hizo una alianza con Pachakutik y la Izquierda Democrática para hacer mayoría en la Asamblea. Así, Guadalupe Llori, del movimiento indígena, se hacía cargo de la presidencia del Parlamento.
Sin embargo, el trabajo de Llori estuvo marcado por numerosos escándalos como la suspensión de sesiones y presuntos cobros de diezmos y gestiones de cargos, lo cual desembocó en su destitución por incumplimiento de funciones, aunque siguió ejerciendo como asambleísta.

Luego, fue el turno de Virgilio Saquicela, quien llegó con el movimiento Democracia Sí, pero se autodenominó independiente. Las alianzas de los bloques legislativos lo pusieron como presidente. No pudo terminar su periodo porque Guillermo Lasso disolvió el Parlamento con la firma del decreto de la denominada ‘muerte cruzada’.
Este periodo legislativo también tuvo alta desaprobación de la ciudadanía por los escándalos. La entonces segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, fue destituida bajo acusaciones de gestión de cargos públicos y cobros indebidos. Mientras que la integrante de Pachakutik, Rosa Cerda, se volvió tendencia con su frase: “Si roban, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver”.
Los asambleístas del movimiento indígena, Rafael Lucero y Peter Calo fueron procesados por delitos de violencia de género. Al primero lo acusaron de presunta violencia intrafamiliar y el segundo fue sentenciado por violación.

UNA ASAMBLEA QUE NO LOGRA ENCAUSAR SU CAMINO
-Kronfle y Veloz (2023-2025)
Tras la muerte cruzada, arribaron nuevos asambleístas que debían terminar el periodo antes cesado. Un nuevo pacto de Daniel Noboa con el correísmo y el socialcristianismo hizo que Henry Kronfle, del PSC, asumiera la presidencia de la Asamblea, mientras Viviana Veloz (RC) se quedaba con la vicepresidencia, y Ecknner Recalde, de ADN, con la segunda vicepresidencia.
El acuerdo aseguro la coordinación entre el Legislativo y el Gobierno de Daniel Noboa en la aprobación de leyes para resolver varios temas como la seguridad y la crisis energética en los primeros meses, pero al poco tiempo empezó la disputa de poderes. Noboa y el correísmo se declararon la guerra, no se sabe si antes o después de la incursión policial en la embajada de mexicana en Quito para arrestar a Jorge Glas.

Luego, Kronfle abandonó el cargo para candidatizarse a la Presidencia del Ecuador y le sucedió Viviana Veloz.
Al igual que las anteriores administraciones, la Asamblea saliente también deja deudas pendientes. Según el Observatorio Legislativo, la agenda que impuso Kronfle solo avanzó en un 38% y la de Veloz bordea el 50% de los temas previstos para sus periodos. Quedaron fuera normas importantes como el Código de la Niñez o la Ley de Minería. Fuente: Vistazo
Nacionales
Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.
Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.
La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.
De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.
Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.
Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.
Nacionales
Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum
Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.
¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?
La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.
Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)
Nacionales
Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.
La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.
Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».
«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,
Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.
«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.
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