Nacionales
Los presidentes de la Asamblea de los últimos años: polémicas, baja aceptación, destituciones y cuentas pendientes
La Asamblea Nacional se prepara para iniciar un nuevo periodo. Entre las cartas para dirigir el Legislativo la bancada de gobierno ADN tiene dos opciones: Niels Olsen, exministro de Turismo, y Annabella Azin, madre del Daniel Noboa. Mientras el correísmo propone a Viviana Veloz, quien actualmente es presidenta del Parlamento y logró la reelección.
Pero, ¿quiénes fueron los anteriores presidentes y qué dejaron? La Asamblea ha tenido nueve presidentes desde el 2008 cuando empezó a regir la Constitución de Montecristi. Desde entonces, las características principales de las diferentes legislaturas de estos 17 años han sido la polémica y la baja aceptación ciudadana.
El correísmo logró el dominio de la Asamblea con un total de tres presidentes en esa función del Estado, entre 2008 y 2018. De hecho, habría ostentando ese poder hasta al menos el 2021, pero Lenín Moreno rompió con Rafael Correa y eso cambió la correlación de fuerzas en el Parlamento.
Desde 2018, las alianzas entre los bloques legislativos para hacer mayoría frente al correísmo marcaron la dirección de la Asamblea: así llegaron a ese puesto miembros de lo que quedó de la ruptura de Alianza País, Pachakutik, un independiente, PSC y Revolución Ciudadana (RC). Mientras al mando del país estaban gobiernos de derecha como CREO de Guillermo Lasso y ADN de Daniel Noboa.
A continuación, hacemos un breve repaso por los presidentes que ha tenido la Legislatura desde el 2008 y las características de su administración.
LA ERA DE ALIANZA PAÍS
-Fernando Cordero (2008-2013)
El cuencano Fernando Cordero asumió la presidencia de la Asamblea Constituyente en reemplazo de Alberto Acosta en 2008 y logró terminar la Carta Magna, que posteriormente fue aprobada en referéndum. Después, siguió en ese mismo puesto y lideró la Asamblea Nacional hasta el 2013.
Este periodo legislativo fue caracterizado por la hegemonía correísta. Por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa presentó 62 proyectos de Ley, de los cuales el 96,7% fueron aprobados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Mientras, los procesos de fiscalización fueron prácticamente nulos, según un informe del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Mientras que Cedatos contabilizó un nivel de aprobación del 45% hasta mayo del 2013.
–Gabriela Rivadeneira (2013-2017)
Asumió la presidencia de la Asamblea Nacional con 29 años, convirtiéndose en la política más joven en obtener este cargo.
Durante su gestión de cuatro años, se aprobaron más de 60 leyes, en su mayoría provenientes del Ejecutivo. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que integró por primera vez el femicidio como una figura penal y la Ley de Comunicación, catalogada por la oposición como una norma mordaza.
Rivadeneira también se mostró a favor de la reelección indefinida, que planteó Rafael Correa a través de Enmiendas Constitucionales.
Y como presidenta de la Asamblea pronunció una frase que causó el rechazo nacional: “Que los pobres coman pan y los ricos mierda”. Al finalizar el 2016, Rivadeneira obtuvo un 61,6% de desaprobación, según Cedatos.
LA RUPTURA DE ALIANZA PAÍS
-Serrano, Cabezas y Litardo (2017-2021)
Este período legislativo fue quizás uno de los más polémicos, ya que estuvo caracterizado por la división de las bancadas y destitución de asambleístas. De hecho, la credibilidad del Legislativo terminó en 7.6%.
José Serrano presidió el órgano legislativo en 2017, pero fue destituido un año más tarde en medio de un escandaloso audio difundido por el entonces fiscal general, Carlos Baca Mancheno. “Tenemos que bajarle”, decía Serrano en contra del líder del Ministerio Público en una conversación con Carlos Pólit.
Para ese entonces, Alianza País se dividió entre los que apoyaban a Lenín Moreno y los asambleístas afines a Rafael Correa. La bancada inició con 74 legisladores y terminó con 37.
Posteriormente, Elizabeth Cabezas, cercana a Moreno, asumió la presidencia del Parlamento, pero tampoco estuvo exenta de polémica. Asimismo, se filtró una llamada con la entonces ministra, María Paula Romo, en la que hablaban sobre las negociaciones para el inicio de una investigación en el caso INA Papers.
Este y otros hechos provocaron que Cabezas no sea considerada para la renovación de autoridades y en su lugar quedó César Litardo.
En esos cuatro años, varios asambleístas fueron destituidos por distintos escándalos: Sofía Espín, Norma Vallejo, Ana Galarza y Fabricio Villamar.
ASAMBLEA INCONCLUSA POR LA MUERTE CRUZADA
-Llori y Saquicela (2021-2023)
Cuando Guillermo Lasso ganó la Presidencia hizo un pacto de “gobernabilidad” con Rafael Correa y Jaime Nebot, con lo cual el primer paso era ceder la presidencia de la Asamblea al PSC. No obstante, ante las críticas Lasso rompió el pacto e hizo una alianza con Pachakutik y la Izquierda Democrática para hacer mayoría en la Asamblea. Así, Guadalupe Llori, del movimiento indígena, se hacía cargo de la presidencia del Parlamento.
Sin embargo, el trabajo de Llori estuvo marcado por numerosos escándalos como la suspensión de sesiones y presuntos cobros de diezmos y gestiones de cargos, lo cual desembocó en su destitución por incumplimiento de funciones, aunque siguió ejerciendo como asambleísta.
Luego, fue el turno de Virgilio Saquicela, quien llegó con el movimiento Democracia Sí, pero se autodenominó independiente. Las alianzas de los bloques legislativos lo pusieron como presidente. No pudo terminar su periodo porque Guillermo Lasso disolvió el Parlamento con la firma del decreto de la denominada ‘muerte cruzada’.
Este periodo legislativo también tuvo alta desaprobación de la ciudadanía por los escándalos. La entonces segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, fue destituida bajo acusaciones de gestión de cargos públicos y cobros indebidos. Mientras que la integrante de Pachakutik, Rosa Cerda, se volvió tendencia con su frase: “Si roban, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver”.
Los asambleístas del movimiento indígena, Rafael Lucero y Peter Calo fueron procesados por delitos de violencia de género. Al primero lo acusaron de presunta violencia intrafamiliar y el segundo fue sentenciado por violación.
UNA ASAMBLEA QUE NO LOGRA ENCAUSAR SU CAMINO
-Kronfle y Veloz (2023-2025)
Tras la muerte cruzada, arribaron nuevos asambleístas que debían terminar el periodo antes cesado. Un nuevo pacto de Daniel Noboa con el correísmo y el socialcristianismo hizo que Henry Kronfle, del PSC, asumiera la presidencia de la Asamblea, mientras Viviana Veloz (RC) se quedaba con la vicepresidencia, y Ecknner Recalde, de ADN, con la segunda vicepresidencia.
El acuerdo aseguro la coordinación entre el Legislativo y el Gobierno de Daniel Noboa en la aprobación de leyes para resolver varios temas como la seguridad y la crisis energética en los primeros meses, pero al poco tiempo empezó la disputa de poderes. Noboa y el correísmo se declararon la guerra, no se sabe si antes o después de la incursión policial en la embajada de mexicana en Quito para arrestar a Jorge Glas.
Luego, Kronfle abandonó el cargo para candidatizarse a la Presidencia del Ecuador y le sucedió Viviana Veloz.
Al igual que las anteriores administraciones, la Asamblea saliente también deja deudas pendientes. Según el Observatorio Legislativo, la agenda que impuso Kronfle solo avanzó en un 38% y la de Veloz bordea el 50% de los temas previstos para sus periodos. Quedaron fuera normas importantes como el Código de la Niñez o la Ley de Minería. Fuente: Vistazo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto este jueves por la noche que impone aranceles más altos a decenas de países con los que la nación norteamericana estima tener un déficit comercial.
Las nuevas tarifas aduaneras oscilan entre el 10% y el 41%, siendo la más alta para Siria, mientras que la Unión Europea (UE), Japón y Corea del Sur estarán sujetos al 15%.
Washington aumentó un 5%, hasta el 15%, los recargos para Costa Rica, Bolivia y Ecuador y mantiene intactos los previstos en abril para Venezuela (15%) y Nicaragua (18%).
Los nuevos recargos comenzarán a cobrarse el 7 de agosto, siete días después de la fecha anunciada inicialmente.
Trump no subirá tarifas aduaneras a México durante 90 días para dar margen a las negociaciones pero se ha mantenido firme con otros países como Brasil, la economía más grande de América Latina.
Castigo para Brasil
Las medidas de Trump contra Brasil son abiertamente políticas. Anunció aranceles del 50% sobre los productos brasileños en parte por el juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado.
El mandatario republicano lo considera una «caza de brujas» contra quien fue su aliado durante su primer mandato en la Casa Blanca de 2017 a 2021.
Washington retrasó su imposición del 1 al 6 de agosto y eximió a productos esenciales como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa o el arrabio, entre otros.
El gobierno de Trump también sancionó al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, uno de los magistrados a cargo del proceso contra Bolsonaro. Fuente: Vistazo
Nacionales
¿Cuál será la postura de la Corte Constitucional frente a las leyes de Daniel Noboa? Crece el debate en redes sociales
En redes sociales ha empezado un intenso debate alrededor de la Corte Constitucional, luego de que surgiera el rumor de que la institución va a suspender tres leyes económicas urgentes del presidente Daniel Noboa. Por un lado, hay quienes la acusan de estar en contra del país e incluso plantean su eliminación. Mientras que diversos abogados recalcan que el rol de la entidad es frenar los excesos de poder.
El Gobierno ha enviado a la Asamblea Nacional cuatro leyes calificadas como económicas urgentes desde que inició su nuevo mandato 2025-2029, lo que obligaba a los legisladores a tratar las propuestas en menos de 30 días.
Es así que en lo que va del año, la Legislatura le ha dado el visto bueno a tres de esos proyectos: las leyes de Solidaridad, Integridad y Áreas Protegidas. Además, ya se está procesando el cuarto proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, más conocido como Ley de Fundaciones.
Con estos reclamos la Corte Constitucional podría echar abajo la validez de las leyes, en caso de que las declare inconstitucionales por razones de fondo o forma.
¿QUÉ DECIDIRÁ LA CORTE CONSTITUCIONAL?
Por el momento, aún no hay un pronunciamiento de la institución. De hecho, suelen manejar tiempos bastante largos por la cantidad de demandas.
En todo caso, hay quienes ya se han adelantado a la resolución. Desde el pasado miércoles en la red social X, han empezado a surgir mensajes de ciertos políticos e influencers que aseguran que la entidad va a suspender tres leyes promovidas por el Gobierno de Daniel Noboa.
“¿De verdad la Corte Constitucional va a declarar inconstitucionales las tres leyes urgentes que le dieron al país un poco de respiro?”, preguntó Jimmy Jairala, quien además recalcó que las normas “no fueron caprichos, sino decisiones duras y necesarias”.
Incluso, hay comunicadores que sugieren al presidente Daniel Noboa incluir una pregunta en la próxima Consulta Popular, anunciada para finales de año, sobre la eliminación de la Corte Constitucional.
Mientras tanto, abogados como Dolores Miño alertan sobre una campaña de desprestigio: “Hay una intención clara de ponerle trampas a la Corte Constitucional, forzar un rechazo ciudadano, y hacer que los propios ecuatorianos se disparen en el pie, votando a favor de su desaparición”, escribió en la red social X.
El politólogo e internacionalista, Bernardo Gortaire, manifestó en la misma plataforma que “la Corte Constitucional no está para aplaudir leyes mal hechas ni para quedarse callada cuando el Ejecutivo legisla por control remoto usando a una Asamblea que ni lee ni debate. Su trabajo no es decir ‘pegue patrón’, sino frenar los excesos cuando el poder se olvida de que la Constitución va primero”.
¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS?
Los demandantes son organizaciones sociales, sindicatos, académicos, defensores de derechos humanos, entre otros.
Por ejemplo, en algunos reclamos constan la Unión Nacional de Educadores (UNE), Unión Popular, Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Colegio de Abogados de Pichincha, etc.
Los reclamos están dirigidos al fondo y forma de ciertos artículos, pero también hay cuestionamientos a todo el contenido de una ley.
Sobre la Ley de Solidaridad el gobierno la planteó como una de las herramientas para combatir a la delincuencia, ya que, entre otras cosas, establece los allanamientos sin orden judicial entre otras reglas que ya no requieren establecer un estado de excepción.
Pero Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, aseguró que se busca implementar un régimen autoritario. “Pretenden concentrar el poder en el presidente de la República para establecer un régimen que viola los derechos y libertades de la población”, aseguró el día en que su organización interpuso la demanda.
En cambio, la Ley de Integridad, según el Gobierno, estructura cuatro ejes: la contratación pública, el fortalecimiento institucional del sector público, la gestión pública en su conjunto y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.
Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, ha dicho que la norma afecta a la estabilidad laboral, abre paso a la violencia en espacios de trabajo y pone como excusa la evaluación para despedir funcionarios.
Mientras que la Ley de Áreas Protegidas, según el Ejecutivo, busca ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que, pese a su condición de áreas protegidas, han sido tomados por economías ilegales, grupos armados y actividades criminales.
Organizaciones ambientales e indígenas como Pachakutik, en cambio, advierten que la norma impulsa “la privatización de las zonas protegidas” y que afectaría a las comunidades nativas.
Finalmente, la Ley de Inteligencia fue aprobada por la Asamblea con el objetivo de potenciar y uniformar los sistemas de inteligencia de la Policía, Fuerzas Armadas, entre otras entidades.
Sin embargo, también obliga a las operadoras telefónicas a entregar datos históricos y en tiempo real sobre una persona, lo cual ha encendido las alarmas sobre los riesgos de una vigilancia política.
De las cuatro normas cuestionadas, tres ya tienen su propio reglamento, solo falta el estatuto para la Ley de Áreas Protegidas. Por lo que ya están en completa vigencia, así que habrá que ver las consecuencias que puede provocar la decisión de la Corte Constitucional. Fuente: Vistazo
Nacionales
Alfredo Serrano responde a José de la Gasca: ‘Me preocupa que un charlatán y mentiroso pretenda ser Fiscal de la Nación’
El legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, arremetió este jueves 31 de julio en contra del exministro de Gobierno, José de la Gasca, luego de que este último asegurara que el socialcristiano habría solicitado “puestos” y otras “necesidades” a cambio del respaldo de su bancada al oficialismo en la Asamblea Nacional.
Un día antes, De la Gasca aseguró que Serrano le pidió favores políticos a cambio de apoyar a la bancada oficialista ADN, pero que lo “mandó por la sombrita” y que «nunca pactaron con ellos (PSC)».
Serrano rechazó esas declaraciones en una entrevista, donde afirmó que fue el oficialismo el que intentó captar su apoyo con ofertas concretas.
“Quiero recordarle a él (De la Gasca) que, cuando no tenían los votos, me ofrecieron —a través de la subsecretaria del Gobierno en la Asamblea— que sea vocal del CAL (Consejo de Administración Legislativa)”, relató el legislador.
Añadió que si lo habían “mandado por la sombrita”, «¿cómo es que luego en el transcurso de la sesión me mandan a ofrecer el CAL?».
Según Serrano, él no aceptó «por principios, coherencia y lealtad», porque en su bancada ya se había designado a otro legislador para ese puesto.
Sin embargo, señaló que luego el oficialismo logró completar los 77 votos necesarios para elegir al resto de dignidades, gracias al apoyo de un legislador que había salido del PSC.
El asambleísta también aseguró que luego buscaron convencerlo para apoyar la designación de la presidencia de la Comisión de Educación, ofreciéndole a cambio la vicepresidencia y un puesto de asesor. Su respuesta, según dijo, fue contundente: “Váyanse al diablo, yo no estoy en venta”.
“Torpe no soy para estar pidiendo favores”, agregó, al señalar que aceptar esas propuestas habría significado comprometer su autonomía como legislador.
Por último, Serrano resaltó que ha lidiado con nueve presidentes, incluido el actual, Daniel Noboa. «A lo largo de mi vida política he visto pasar muchos charlatanes como este, que quieren protagonismo a costa de la mentira y el engaño”, afirmó.
Finalmente, lanzó una advertencia: “Lo que sí me preocupa y me parece terrible es que un charlatán y mentiroso pretenda ser Fiscal de la Nación”, concluyó.
Tras su renuncia al Ministerio de Gobierno, José de la Gasca dejó abierta la posibilidad de postularse en el próximo concurso para Fiscal General del Estado.
El exministro aseguró que «hay otras instituciones o instancias donde creo que puedo servir, ciertamente, la Fiscalía es una de esas». Fuente: Vistazo
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