Nacionales
Los presidentes de la Asamblea de los últimos años: polémicas, baja aceptación, destituciones y cuentas pendientes
La Asamblea Nacional se prepara para iniciar un nuevo periodo. Entre las cartas para dirigir el Legislativo la bancada de gobierno ADN tiene dos opciones: Niels Olsen, exministro de Turismo, y Annabella Azin, madre del Daniel Noboa. Mientras el correísmo propone a Viviana Veloz, quien actualmente es presidenta del Parlamento y logró la reelección.
Pero, ¿quiénes fueron los anteriores presidentes y qué dejaron? La Asamblea ha tenido nueve presidentes desde el 2008 cuando empezó a regir la Constitución de Montecristi. Desde entonces, las características principales de las diferentes legislaturas de estos 17 años han sido la polémica y la baja aceptación ciudadana.
El correísmo logró el dominio de la Asamblea con un total de tres presidentes en esa función del Estado, entre 2008 y 2018. De hecho, habría ostentando ese poder hasta al menos el 2021, pero Lenín Moreno rompió con Rafael Correa y eso cambió la correlación de fuerzas en el Parlamento.
Desde 2018, las alianzas entre los bloques legislativos para hacer mayoría frente al correísmo marcaron la dirección de la Asamblea: así llegaron a ese puesto miembros de lo que quedó de la ruptura de Alianza País, Pachakutik, un independiente, PSC y Revolución Ciudadana (RC). Mientras al mando del país estaban gobiernos de derecha como CREO de Guillermo Lasso y ADN de Daniel Noboa.
A continuación, hacemos un breve repaso por los presidentes que ha tenido la Legislatura desde el 2008 y las características de su administración.

LA ERA DE ALIANZA PAÍS
-Fernando Cordero (2008-2013)
El cuencano Fernando Cordero asumió la presidencia de la Asamblea Constituyente en reemplazo de Alberto Acosta en 2008 y logró terminar la Carta Magna, que posteriormente fue aprobada en referéndum. Después, siguió en ese mismo puesto y lideró la Asamblea Nacional hasta el 2013.
Este periodo legislativo fue caracterizado por la hegemonía correísta. Por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa presentó 62 proyectos de Ley, de los cuales el 96,7% fueron aprobados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Mientras, los procesos de fiscalización fueron prácticamente nulos, según un informe del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Mientras que Cedatos contabilizó un nivel de aprobación del 45% hasta mayo del 2013.

–Gabriela Rivadeneira (2013-2017)
Asumió la presidencia de la Asamblea Nacional con 29 años, convirtiéndose en la política más joven en obtener este cargo.
Durante su gestión de cuatro años, se aprobaron más de 60 leyes, en su mayoría provenientes del Ejecutivo. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que integró por primera vez el femicidio como una figura penal y la Ley de Comunicación, catalogada por la oposición como una norma mordaza.
Rivadeneira también se mostró a favor de la reelección indefinida, que planteó Rafael Correa a través de Enmiendas Constitucionales.
Y como presidenta de la Asamblea pronunció una frase que causó el rechazo nacional: “Que los pobres coman pan y los ricos mierda”. Al finalizar el 2016, Rivadeneira obtuvo un 61,6% de desaprobación, según Cedatos.

LA RUPTURA DE ALIANZA PAÍS
-Serrano, Cabezas y Litardo (2017-2021)
Este período legislativo fue quizás uno de los más polémicos, ya que estuvo caracterizado por la división de las bancadas y destitución de asambleístas. De hecho, la credibilidad del Legislativo terminó en 7.6%.
José Serrano presidió el órgano legislativo en 2017, pero fue destituido un año más tarde en medio de un escandaloso audio difundido por el entonces fiscal general, Carlos Baca Mancheno. “Tenemos que bajarle”, decía Serrano en contra del líder del Ministerio Público en una conversación con Carlos Pólit.
Para ese entonces, Alianza País se dividió entre los que apoyaban a Lenín Moreno y los asambleístas afines a Rafael Correa. La bancada inició con 74 legisladores y terminó con 37.

Posteriormente, Elizabeth Cabezas, cercana a Moreno, asumió la presidencia del Parlamento, pero tampoco estuvo exenta de polémica. Asimismo, se filtró una llamada con la entonces ministra, María Paula Romo, en la que hablaban sobre las negociaciones para el inicio de una investigación en el caso INA Papers.
Este y otros hechos provocaron que Cabezas no sea considerada para la renovación de autoridades y en su lugar quedó César Litardo.
En esos cuatro años, varios asambleístas fueron destituidos por distintos escándalos: Sofía Espín, Norma Vallejo, Ana Galarza y Fabricio Villamar.

ASAMBLEA INCONCLUSA POR LA MUERTE CRUZADA
-Llori y Saquicela (2021-2023)
Cuando Guillermo Lasso ganó la Presidencia hizo un pacto de “gobernabilidad” con Rafael Correa y Jaime Nebot, con lo cual el primer paso era ceder la presidencia de la Asamblea al PSC. No obstante, ante las críticas Lasso rompió el pacto e hizo una alianza con Pachakutik y la Izquierda Democrática para hacer mayoría en la Asamblea. Así, Guadalupe Llori, del movimiento indígena, se hacía cargo de la presidencia del Parlamento.
Sin embargo, el trabajo de Llori estuvo marcado por numerosos escándalos como la suspensión de sesiones y presuntos cobros de diezmos y gestiones de cargos, lo cual desembocó en su destitución por incumplimiento de funciones, aunque siguió ejerciendo como asambleísta.

Luego, fue el turno de Virgilio Saquicela, quien llegó con el movimiento Democracia Sí, pero se autodenominó independiente. Las alianzas de los bloques legislativos lo pusieron como presidente. No pudo terminar su periodo porque Guillermo Lasso disolvió el Parlamento con la firma del decreto de la denominada ‘muerte cruzada’.
Este periodo legislativo también tuvo alta desaprobación de la ciudadanía por los escándalos. La entonces segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, fue destituida bajo acusaciones de gestión de cargos públicos y cobros indebidos. Mientras que la integrante de Pachakutik, Rosa Cerda, se volvió tendencia con su frase: “Si roban, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver”.
Los asambleístas del movimiento indígena, Rafael Lucero y Peter Calo fueron procesados por delitos de violencia de género. Al primero lo acusaron de presunta violencia intrafamiliar y el segundo fue sentenciado por violación.

UNA ASAMBLEA QUE NO LOGRA ENCAUSAR SU CAMINO
-Kronfle y Veloz (2023-2025)
Tras la muerte cruzada, arribaron nuevos asambleístas que debían terminar el periodo antes cesado. Un nuevo pacto de Daniel Noboa con el correísmo y el socialcristianismo hizo que Henry Kronfle, del PSC, asumiera la presidencia de la Asamblea, mientras Viviana Veloz (RC) se quedaba con la vicepresidencia, y Ecknner Recalde, de ADN, con la segunda vicepresidencia.
El acuerdo aseguro la coordinación entre el Legislativo y el Gobierno de Daniel Noboa en la aprobación de leyes para resolver varios temas como la seguridad y la crisis energética en los primeros meses, pero al poco tiempo empezó la disputa de poderes. Noboa y el correísmo se declararon la guerra, no se sabe si antes o después de la incursión policial en la embajada de mexicana en Quito para arrestar a Jorge Glas.

Luego, Kronfle abandonó el cargo para candidatizarse a la Presidencia del Ecuador y le sucedió Viviana Veloz.
Al igual que las anteriores administraciones, la Asamblea saliente también deja deudas pendientes. Según el Observatorio Legislativo, la agenda que impuso Kronfle solo avanzó en un 38% y la de Veloz bordea el 50% de los temas previstos para sus periodos. Quedaron fuera normas importantes como el Código de la Niñez o la Ley de Minería. Fuente: Vistazo
Nacionales
Acuerdo que flexibiliza la jornada laboral en Ecuador tendrá tres cambios, anuncia el Ministro de Trabajo
El acuerdo ministerial con el que se flexibiliza la jornada laboral sigue en revisión por parte del Ministerio del Trabajo y hasta ahora lleva tres cambios, con relación al documento entregado inicialmente a los inspectores de trabajo y que se hizo público el 19 de febrero de 2026.
Así lo explicó el Ministro de Trabajo, Harold Burbano, a PRIMICIAS, en una entrevista realizada el 26 de febrero de 2026. Se espera la publicación del documento final en el Registro Oficial para los próximos días.
Burbano también aclaró que aún está prevista la publicación de los nuevos salarios mínimos sectoriales para 2026, con incrementos acorde al comportamiento de cada sector.
El acuerdo MDT-2026-046 fue firmado por usted el 18 de febrero y en su disposición final dice que «entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial». ¿Por qué dijo que no está vigente?
La Corte Constitucional y el artículo 5 del Código Civil establece que un acto normativo, como lo es un acuerdo ministerial, no entra en vigencia si no se sigue el procedimiento adecuado de publicación en el Registro Oficial, en cumplimiento del principio de publicidad. Esto lo ha dicho la Corte en muchas de sus sentencias.
Y esta muletilla que, no solo la pone el Ministerio de Trabajo sino toda la institucionalidad, en realidad no surte ningún efecto, hasta tenerlo publicado. Entonces, si la pregunta es si está en vigencia, la respuesta es no.
Entonces, ¿por qué hay un documento donde está su firma?
Porque el primer paso que acordamos para poder tener una discusión final sobre esta propuesta es que exista una borrador formal, que es el que yo procesé y puse a disposición de los miembros del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.
«El pronunciamiento oficial de la autoridad es que no está en vigencia, no estamos haciendo ninguna actuación judicial ni administrativa con el documento».
Harold Burbano, ministro de Trabajo.
Entrará en vigencia cuando se lo publique en el Registro Oficial. Estamos teniendo las últimas reuniones de socialización. Además, hemos hecho adecuación al texto.
¿Qué tipo de adecuaciones han hecho a este documento?
Hemos hecho tres adecuaciones en esta última semana. La primera, aclarar de manera puntual que cuando existan contratos colectivos en las empresa donde se quiera adecuar la jornada especial, tiene que evidenciarse el acuerdo entre las partes dentro de ese contrato colectivo; no puede hacerse de manera individual con los agremiados.
La segunda es poner de manera expresa cuál va a ser el horario tanto continuo como discontinuo que podrán acordar empleadores y trabajadores, para evitar que se confunda esto con las críticas constantes que se han hecho de que es un banco de horas.
No es que un empleador dispone de las 40 horas de su trabajador de manera arbitraria, el acuerdo tiene que estar de manera expresa en el contrato de trabajo o en la adenda al contrato.
El rango de horas puede establecerse durante todo el día con los recargos establecidos. Si un trabajador pacta, por ejemplo, un horario nocturno de 10 horas, va a trabajar cuatro días a la semana, con los recargos establecidos en la ley para el pago de hora nocturna.
No es que se están vulnerando derechos establecidos en el Código del Trabajo, básicamente es un mecanismo para poder redistribuir las horas de trabajo y adecuar la ley a la realidad actual.

¿Cuál sería el tercer cambio que están estableciendo?
El tercer cambio es especificar cuándo se pueden dar las 12 horas de trabajo, porque esa también ha sido una crítica. Las 12 horas son una excepción para un sector en particular, que es el del transporte, que además tiene su norma particular.
Esto se está haciendo junto con otras aclaraciones particulares de jornadas con rango de horario menor, por ejemplo, la de los radiólogos o personas que trabajan en subsuelos. Existe una norma legal que señala que no se puede aumentar este tiempo a más de 6 horas y una hora suplementaria extra.
Entonces, con respecto al artículo 4, ¿ya no se podrá incrementar las horas de trabajo a cambio de días de descanso para todos los trabajadores, únicamente para transportistas?
Así es, se va a dejar claro para qué sector aplica la extensión de las 12 horas, e igualmente las horas disminuidas.
«La regla general va a ser 40 horas semanales y hasta 10 horas diarias, con los recargos pertinentes». Harold Burbano, ministro de Trabajo
¿Y la extensión de la jornada para los transportistas, a cambio de días de descanso, incluirá también los recargos de ley por horas extras o nocturnas?
No está cambiando nada, solo el procedimiento de registro. Por ejemplo, si es que quiere plantear tres o cuatro turnos de 12 horas para el tema del transporte, ya no va a trabajar 40 horas semanales, sino 48 horas.
Esas 8 horas extras, de las 40 horas, se pagan conforme a los recargos establecidos en la ley. Eso ya pasa con la aprobación del Ministerio de Trabajo, se llama jornada extraordinaria.
Entonces, vamos a seguir aprobando esas jornadas extraordinarias, pero ahora con una diferenciación, porque no había un tiempo perentorio para que se aprueben esas jornadas, y muchas veces ya rayaban en la ilegalidad, porque se implementaban sin tener la resolución del Ministerio de Trabajo.
Ahora, nos hemos dado 10 días para aprobar esa jornada; de no existir la aprobación, vamos a sancionar al funcionario que debía emitir la aprobación y se va a aprobar de manera tácita esta jornada especial. Además, se implementará un mecanismo de control a la empresa o al empleador que está pidiendo la aprobación de esta jornada.
En cuanto a la distribución de la jornada de 40 horas, ¿si una persona labora 10 horas, se le pagarán los recargos nocturnas, aunque al siguiente día trabaje 6 horas?
Si el trabajador tiene un horario de 2 de la tarde a 10 de la noche, ese tiempo que está dentro de la hora nocturna tiene que ser pagado con el recargo de la hora nocturna, aunque al día siguiente trabaje menos horas. El recargo se lo hace en la hora trabajada.
Al cierre del mes de febrero aún no se había publicado la tabla con los salarios mínimos sectoriales para 2026. ¿No habrá aumentos para este año?
No se puede dar por entendido eso. Estamos actualizando los representantes de los comités sectoriales, tanto de empleadores como de trabajadores. No podíamos sentarnos a discutir con alguien que ya no tenga representatividad. Se están rearmando los consejos.
Pero lo que sí se planteó en el marco del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es que el salario sectorial tiene que ser discutido dentro de los comités sectoriales. No lo voy a hacer de manera impositiva como se ha venido haciendo en los últimos años.
Entonces, ¿aún se puede esperar un incremento de esos salarios?
Así es, si es que el sector así lo requiere; el incremento puede ser porcentualmente mayor o menor al del salario básico unificado, porque hay sectores que han tenido mayor crecimiento económico que otros. Entonces, sería irresponsable de parte del Ministerio hacer una equiparación. En eso están de acuerdo tanto empleadores como trabajadores.
En el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios acordamos no subir los salarios mínimos sectoriales hasta que no haya un análisis en cada uno de los comités sobre el crecimiento de cada sector, porque si no puede haber distorsiones. Hay que hacerlo de manera técnica.
¿Y cuánto puede tomarles ese análisis? Hay mucha expectativa entre los trabajadores sobre este tema.
Tomará una o dos reuniones por sector. Entonces, creería que en el primer trimestre del año ya estará resuelto.
Tampoco lo veo como algo contrario a los derechos de los trabajadores, hemos conversado con los sindicatos y están completamente de acuerdo en que es necesario hacer este análisis.
¿En qué consiste el Acuerdo por la Empleabilidad al que ha hecho mención el Presidente en los últimos días?, ¿en qué se diferencia de la Ruta de la Empleabilidad?
Es un procedimiento de mejora de la anterior Ruta de la Empleabilidad, en donde estamos estableciendo una obligatoriedad a todas las instituciones del sector privado de canalizar sus ofertas laborales para personas de entre 18 y 29 años, a través de la plataforma Encuentra Empleo.
Paralelamente a eso, hemos invitado a la ciudadanía, especialmente a este rango etario, a que se pueda inscribir en esta plataforma y generar su hoja de vida. Vamos a hacer los’ match’ pertinentes.
Además, se van a generar diferentes beneficios, como aprobaciones mucho más expeditas de estas jornadas laborales (establecidas en el acuerdo 046), a aquellos que contraten mayor cantidad de jóvenes en sus empresas, pero deben cumplir con unos pasos específicos para que sea solo en ese rango.
Nosotros tenemos la expectativa de que con este Acuerdo por la Empleabilidad vamos a llegar a 160.000 empleos nuevos de jóvenes a diciembre de 2026. En este momento, hay 851 empresas, de un universo de casi 90.000. Esperamos que la mayor cantidad de empresas se junten a este acuerdo nacional. Fuente: Primicias
Nacionales
Exministros de Ecuador y Colombia piden un diálogo urgente para evitar una guerra comercial
Desde este 1 de marzo de 2026 rige el alza del 30 al 50% del arancel o tasa de seguridad impuesto por Ecuador a las importaciones colombianas, en medio de una guerra comercial entre ambos países vecinos.
Para evitar una escalada de esta tensión comercial, 13 exministros de Ecuador y Colombia emitieron un comunicado conjunto este domingo, con el fin de llamar al diálogo a los gobiernos, y así desmontar este arancel, cuya resolución ya fue publicada por el Senae.
«Hacemos un llamado a los gobiernos de ambos países a restablecer de manera urgente los canales de diálogo diplomático al más alto nivel», dice el comunicado, firmado por seis exministros ecuatorianos de Comercio de distintos gobiernos, como Daniel Legarda e Iván Ontaneda.
Según los firmantes del comunicado, a través de este diálogo diplomático se podrá no solo desmontar los aranceles recíprocos impuestos, sino también establecer acciones prioritarias de seguridad fronteriza y eliminar otras medidas como la prohibición del ingreso de mercancía vía terrestre hacia Colombia, o el aumento en la tarifa de transporte de crudo.
«Recomendamos a las autoridades de ambos países retomar y honrar los compromisos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones», agregó el comunicado de los exministros, quienes destacan que el comercio bilateral de Ecuador y Colombia asciende a casi USD 3.000 millones e involucra a más de 200.000 empleos.
El nuevo porcentaje entró en vigor exactamente un mes después de que Ecuador aplicara el arancel del 30%, dispuesto por el presidente Daniel Noboa en respuesta a la falta de control de la frontera desde Colombia.
En respuesta, Colombia también impuso un arancel del 30% a 23 partidas arancelarias, agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales, que entró en vigor el martes pasado, además de haber impedido el ingreso por vía terrestre a varios productos agrícolas. Fuente: Primicias
https://twitter.com/dlegarda/status/2028093259659001857
Nacionales
Gobierno ratifica que no habrá minería en Galápagos
La nueva ley minera encendió alertas en redes sociales y colectivos ambientales. ¿Habrá minería en Galápagos? La respuesta oficial es tajante: no.
El Ministerio de Ambiente y Energía informó que el Parque Nacional Galápagos (PNG) mantiene su condición de área protegida y no puede ser intervenido para actividades mineras.
Parque Nacional Galápagos mantiene prohibición total
La entidad aclaró que dentro del Parque Nacional Galápagos no se permite minería metálica ni no metálica, sin excepción.
La normativa vigente y la Constitución protegen el área. No existen autorizaciones para explotación industrial ni para proyectos comerciales dentro del parque.
Extracción limitada solo fuera del parque
La ley contempla una excepción técnica y delimitada: fuera del PNG y únicamente en zonas definidas como Zonas de Aprovechamiento Sustentable, se podrán autorizar permisos para extracción de áridos (arena, grava, piedra) destinados exclusivamente a obra pública local.
No se trata de minería comercial ni de exportación. La autorización requerirá informes ambientales y control administrativo.
También se permitirá, bajo regulación, aprovechamiento artesanal de áridos y pétreos en áreas específicas fuera del parque.
La ley no amplía derechos mineros en Galápagos
El Ministerio sostuvo que la norma no crea nuevas competencias ni abre la puerta a minería a gran escala en el archipiélago.
Según la explicación oficial, el objetivo es ordenar actividades existentes y establecer reglas claras para frenar la extracción ilegal, que es la que genera mayores daños ambientales.
Galápagos bajo protección constitucional
Galápagos es Patrimonio Natural de la Humanidad y una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. La Constitución ecuatoriana reconoce derechos de la naturaleza y establece protección reforzada para áreas protegidas.
La aclaración oficial busca frenar interpretaciones que vinculaban la nueva ley con una posible apertura minera en el archipiélago.
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