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En la zona del alto Punino, donde asesinaron a 11 militares, está en auge el negocio millonario de la minería ilegal

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La minería ilegal en la zona del alto Punino, entre las provincias amazónicas de Napo y Orellana y donde el fin de semana fueron asesinados 11 militares mientras realizaban un operativo para controlar esta actividad ilícita, se disparó en los últimos dos años.

Así lo denuncian colectivos sociales, que vienen pidiendo al Gobierno declarar un estado de excepción focalizado, para intervenir y recuperar  esta zona de la Amazonía que, según dicen, ha sido tomada por esta actividad ilícita.

En un mega operativo realizado en 2023, unos 1.000 militares y policías intervinieron los sectores del alto Punino (entre Napo y Orellana) y Talaga (en Napo).

Durante el operativo, los militares destruyeron 15 máquinas retroexcavadoras y retuvieron otras cinco.

Casi dos años después, la minería ilegal sigue presente y se ha recrudecido. Edwin Cañizares, Comandante de la Cuarta División del Ejército, dijo a PRIMICIAS que la presencia de la maquinaria dedicada a la minería ilegal es fluctuante y tiene mucho movimiento, lo que hace difícil cuantificar la magnitud del problema. Solo en el Alto Punino se estima que hay hasta 30 maquinarias operando en esta actividad ilegal.

«Tienen (las bandas delictivas) mucha iniciativa para ingresar la maquinaria a la selva. Lo hacen a través de trineos, abriendo trochas para poder ingresar. En otros casos, se apoyan en ciertas concesiones legales, lo que dificulta poder actuar (en el control)», dice Cañizares.

Pero miembros de colectivos sociales que trabajan contra la minería ilegal en la Amazonía y que pidieron no ser nombrados por seguridad, dicen que la minería ilegal se ha multiplicado en esta zona. Ellos han contabilizado a lo largo de todo el río Punino y el río Sardinas hasta 300 retroexcabadoras.

La fiebre del oro en la Amazonía comenzó en 2015, pero se disparó con la pandemia de covid-19, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) de Amazon Conservation.

Ese reporte muestra la deforestación por minería en constante aumento en la zona Punino, durante los últimos cinco años. El impacto comenzó en 2019, alcanzando 1.000 hectáreas a finales de 2023, y más recientemente, en junio de 2024, se alcanzó las 1.422 hectáreas deforestadas de bosques selváticos que rodean al río Punino.

El Mapa Base también muestra que la gran mayoría (90%) de la deforestación por minería se encuentra fuera del límite de las zonas autorizadas para realizar dicha actividad (según el catastro minero actualizado al 2022). Es decir, la gran mayoría de la minería es probablemente ilegal.

Lo más preocupante es que la deforestación minera ha ampliado su extensión hasta ingresar en los límites de dos áreas protegidas: el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y el Área de Conservación Municipal El Chaco.

Además, la deforestación minera se está expandiendo activamente dentro de territorios Indígenas de la nacionalidad Kichwa.

El oro es cada vez más rentable para bandas criminales 
El aumento de la minería ilegal en esta zona está relacionado con el ingreso de bandas delictivas a esta actividad.

Entre las causas están el aumento del precio del oro, que les deja mayores réditos con menos riesgo que el tráfico de cocaína y, además, las operaciones de lavado proveniente de la minería ilegal son más sencillas, dice el consultor en seguridad, Renato Rivera.

«En Ecuador, no hay una trazabilidad para la exportación del oro (para autorizar los envíos al exterior). No se exige saber si el oro proviene de una actividad legal y eso disminuye el riesgo de control y la rentabilidad en el mercado aumenta para los grupos criminales», dice Rivera.

Las comunidades, además, dicen que los grupos criminales se benefician de combustibles subsidiados para la operación de las retroexcavadoras y otra maquinaria de extracción de oro, lo que termina impulsando otra actividad ilegal: el contrabando de combustibles.

¿Qué grupos criminales están detrás?
Esta economía ilegal llamó la atención de las bandas criminales ecuatorianas.

Una de ellas fueron los Lobos, que aliados con los Comandos de la Frontera (CDF), de origen colombiano, comenzaron a desplazar a los mineros ilegales en la zona.

Frente a eso, estos buscaron protección con otra banda criminal, Los Choneros. A partir de 2021, luego de la pandemia del Covid-19, esta organización criminal empezó a desarrollar facciones en Orellana (El Coca) y La Joya de Los Sachas, en Orellana. Y en Shushufindi, en Sucumbíos.

Anterior ha provocado una guerra entre bandas por el control del oro en la zona lo que a su vez ha incrementado la violencia, en especial en la provincia de Orellana. Lo anterior se evidencia en el aumento de homicidios intencionales en esa provincia.

Así la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes en Orellana prácticamente se duplicó en un año, al pasar de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023 a 108 en 2024.

Las comunidades también alertan que habitantes asentados en el río Punino han tenido que abandonar sus tierras por minería ilegal y narcotráfico.

El Estado ha perdido el control en los frentes de minería ilegal
El asesinato de 11 militares en la zona del alto Punino el 9 de mayo de 2025 refleja un problema más profundo para comuneros y expertos.

Lo que da cuenta es que el Estado ya perdió el territorio, dice el consultor en seguridad Renato Rivera. «Ni siquiera es una disputa por el control, sino quien ejerce el control son los grupos criminales, el Estado dejó de representar esa legitimidad institucional desde hace dos años».

Además, alerta que no solo que las investigaciones que se abrieron luego del mega operativo realizado en 2023 no han avanzado nada, sino que los grupos delincuenciales han ido más allá, logrando una cooptación de instituciones que están en territorio del Estado», añade Rivera.

Los comuneros de la zona coinciden en que el Estado ha perdido el control total de la zona. Lo que se veía antes es que los mineros ilegales escondían la maquinaria durante los operativos de control de los cuales previamente eran alertados por personas cooptadas por estos mineros ilegales dentro de las propias instituciones estatales.

El problema ahora va más allá pues quienes se dedican a esta actividad ahora enfrentan al Estado para defender el territorio. Fuente: Primicias

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Acuerdo que flexibiliza la jornada laboral en Ecuador tendrá tres cambios, anuncia el Ministro de Trabajo

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El acuerdo ministerial con el que se flexibiliza la jornada laboral sigue en revisión por parte del Ministerio del Trabajo y hasta ahora lleva tres cambios, con relación al documento entregado inicialmente a los inspectores de trabajo y que se hizo público el 19 de febrero de 2026.

Así lo explicó el Ministro de Trabajo, Harold Burbano, a PRIMICIAS, en una entrevista realizada el 26 de febrero de 2026. Se espera la publicación del documento final en el Registro Oficial para los próximos días.

Burbano también aclaró que aún está prevista la publicación de los nuevos salarios mínimos sectoriales para 2026, con incrementos acorde al comportamiento de cada sector.

El acuerdo MDT-2026-046 fue firmado por usted el 18 de febrero y en su disposición final dice que «entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial». ¿Por qué dijo que no está vigente?
La Corte Constitucional y el artículo 5 del Código Civil establece que un acto normativo, como lo es un acuerdo ministerial, no entra en vigencia si no se sigue el procedimiento adecuado de publicación en el Registro Oficial, en cumplimiento del principio de publicidad. Esto lo ha dicho la Corte en muchas de sus sentencias.

Y esta muletilla que, no solo la pone el Ministerio de Trabajo sino toda la institucionalidad, en realidad no surte ningún efecto, hasta tenerlo publicado. Entonces, si la pregunta es si está en vigencia, la respuesta es no.

Entonces, ¿por qué hay un documento donde está su firma?
Porque el primer paso que acordamos para poder tener una discusión final sobre esta propuesta es que exista una borrador formal, que es el que yo procesé y puse a disposición de los miembros del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.

«El pronunciamiento oficial de la autoridad es que no está en vigencia, no estamos haciendo ninguna actuación judicial ni administrativa con el documento».

Harold Burbano, ministro de Trabajo.
Entrará en vigencia cuando se lo publique en el Registro Oficial. Estamos teniendo las últimas reuniones de socialización. Además, hemos hecho adecuación al texto.

¿Qué tipo de adecuaciones han hecho a este documento? 
Hemos hecho tres adecuaciones en esta última semana. La primera, aclarar de manera puntual que cuando existan contratos colectivos en las empresa donde se quiera adecuar la jornada especial, tiene que evidenciarse el acuerdo entre las partes dentro de ese contrato colectivo; no puede hacerse de manera individual con los agremiados.

La segunda es poner de manera expresa cuál va a ser el horario tanto continuo como discontinuo que podrán acordar empleadores y trabajadores, para evitar que se confunda esto con las críticas constantes que se han hecho de que es un banco de horas.

No es que un empleador dispone de las 40 horas de su trabajador de manera arbitraria, el acuerdo tiene que estar de manera expresa en el contrato de trabajo o en la adenda al contrato.

El rango de horas puede establecerse durante todo el día con los recargos establecidos. Si un trabajador pacta, por ejemplo, un horario nocturno de 10 horas, va a trabajar cuatro días a la semana, con los recargos establecidos en la ley para el pago de hora nocturna.

No es que se están vulnerando derechos establecidos en el Código del Trabajo, básicamente es un mecanismo para poder redistribuir las horas de trabajo y adecuar la ley a la realidad actual.

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¿Cuál sería el tercer cambio que están estableciendo? 
El tercer cambio es especificar cuándo se pueden dar las 12 horas de trabajo, porque esa también ha sido una crítica. Las 12 horas son una excepción para un sector en particular, que es el del transporte, que además tiene su norma particular.

Esto se está haciendo junto con otras aclaraciones particulares de jornadas con rango de horario menor, por ejemplo, la de los radiólogos o personas que trabajan en subsuelos. Existe una norma legal que señala que no se puede aumentar este tiempo a más de 6 horas y una hora suplementaria extra.

Entonces, con respecto al artículo 4, ¿ya no se podrá incrementar las horas de trabajo a cambio de días de descanso para todos los trabajadores, únicamente para transportistas?
Así es, se va a dejar claro para qué sector aplica la extensión de las 12 horas, e igualmente las horas disminuidas.

«La regla general va a ser 40 horas semanales y hasta 10 horas diarias, con los recargos pertinentes». Harold Burbano, ministro de Trabajo

¿Y la extensión de la jornada para los transportistas, a cambio de días de descanso, incluirá también los recargos de ley por horas extras o nocturnas? 
No está cambiando nada, solo el procedimiento de registro. Por ejemplo, si es que quiere plantear tres o cuatro turnos de 12 horas para el tema del transporte, ya no va a trabajar 40 horas semanales, sino 48 horas.

Esas 8 horas extras, de las 40 horas, se pagan conforme a los recargos establecidos en la ley. Eso ya pasa con la aprobación del Ministerio de Trabajo, se llama jornada extraordinaria.

Entonces, vamos a seguir aprobando esas jornadas extraordinarias, pero ahora con una diferenciación, porque no había un tiempo perentorio para que se aprueben esas jornadas, y muchas veces ya rayaban en la ilegalidad, porque se implementaban sin tener la resolución del Ministerio de Trabajo.

Ahora, nos hemos dado 10 días para aprobar esa jornada; de no existir la aprobación, vamos a sancionar al funcionario que debía emitir la aprobación y se va a aprobar de manera tácita esta jornada especial. Además, se implementará un mecanismo de control a la empresa o al empleador que está pidiendo la aprobación de esta jornada.

En cuanto a la distribución de la jornada de 40 horas, ¿si una persona labora 10 horas, se le pagarán los recargos nocturnas, aunque al siguiente día trabaje 6 horas?
Si el trabajador tiene un horario de 2 de la tarde a 10 de la noche, ese tiempo que está dentro de la hora nocturna tiene que ser pagado con el recargo de la hora nocturna, aunque al día siguiente trabaje menos horas. El recargo se lo hace en la hora trabajada.

Al cierre del mes de febrero aún no se había publicado la tabla con los salarios mínimos sectoriales para 2026. ¿No habrá aumentos para este año? 
No se puede dar por entendido eso. Estamos actualizando los representantes de los comités sectoriales, tanto de empleadores como de trabajadores. No podíamos sentarnos a discutir con alguien que ya no tenga representatividad. Se están rearmando los consejos.

Pero lo que sí se planteó en el marco del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es que el salario sectorial tiene que ser discutido dentro de los comités sectoriales. No lo voy a hacer de manera impositiva como se ha venido haciendo en los últimos años.

Entonces, ¿aún se puede esperar un incremento de esos salarios?
Así es, si es que el sector así lo requiere; el incremento puede ser porcentualmente mayor o menor al del salario básico unificado, porque hay sectores que han tenido mayor crecimiento económico que otros. Entonces, sería irresponsable de parte del Ministerio hacer una equiparación. En eso están de acuerdo tanto empleadores como trabajadores.

En el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios acordamos no subir los salarios mínimos sectoriales hasta que no haya un análisis en cada uno de los comités sobre el crecimiento de cada sector, porque si no  puede haber distorsiones. Hay que hacerlo de manera técnica.

¿Y cuánto puede tomarles ese análisis? Hay mucha expectativa entre los trabajadores sobre este tema. 
Tomará una o dos reuniones por sector. Entonces, creería que en el primer trimestre del año ya estará resuelto.

Tampoco lo veo como algo contrario a los derechos de los trabajadores, hemos conversado con los sindicatos y están completamente de acuerdo en que es necesario hacer este análisis.

¿En qué consiste el Acuerdo por la Empleabilidad al que ha hecho mención el Presidente en los últimos días?, ¿en qué se diferencia de la Ruta de la Empleabilidad? 
Es un procedimiento de mejora de la anterior Ruta de la Empleabilidad, en donde estamos estableciendo una obligatoriedad a todas las instituciones del sector privado de canalizar sus ofertas laborales para personas de entre 18 y 29 años, a través de la plataforma Encuentra Empleo.

Paralelamente a eso, hemos invitado a la ciudadanía, especialmente a este rango etario, a que se pueda inscribir en esta plataforma y generar su hoja de vida. Vamos a hacer los’ match’ pertinentes.

Además, se van a generar diferentes beneficios, como aprobaciones mucho más expeditas de estas jornadas laborales (establecidas en el acuerdo 046), a aquellos que contraten mayor cantidad de jóvenes en sus empresas, pero deben cumplir con unos pasos específicos para que sea solo en ese rango.

Nosotros tenemos la expectativa de que con este Acuerdo por la Empleabilidad vamos a llegar a 160.000 empleos nuevos de jóvenes a diciembre de 2026. En este momento, hay 851 empresas, de un universo de casi 90.000. Esperamos que la mayor cantidad de empresas se junten a este acuerdo nacional. Fuente: Primicias

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Exministros de Ecuador y Colombia piden un diálogo urgente para evitar una guerra comercial

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Desde este 1 de marzo de 2026 rige el alza del 30 al 50% del arancel o tasa de seguridad impuesto por Ecuador a las importaciones colombianas, en medio de una guerra comercial entre ambos países vecinos.

Para evitar una escalada de esta tensión comercial, 13 exministros de Ecuador y Colombia emitieron un comunicado conjunto este domingo, con el fin de llamar al diálogo a los gobiernos, y así desmontar este arancel, cuya resolución ya fue publicada por el Senae.

«Hacemos un llamado a los gobiernos de ambos países a restablecer de manera urgente los canales de diálogo diplomático al más alto nivel», dice el comunicado, firmado por seis exministros ecuatorianos de Comercio de distintos gobiernos, como Daniel Legarda e Iván Ontaneda.

Según los firmantes del comunicado, a través de este diálogo diplomático se podrá no solo desmontar los aranceles recíprocos impuestos, sino también establecer acciones prioritarias de seguridad fronteriza y eliminar otras medidas como la prohibición del ingreso de mercancía vía terrestre hacia Colombia, o el aumento en la tarifa de transporte de crudo.

«Recomendamos a las autoridades de ambos países retomar y honrar los compromisos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones», agregó el comunicado de los exministros, quienes destacan que el comercio bilateral de Ecuador y Colombia asciende a casi USD 3.000 millones e involucra a más de 200.000 empleos.

El nuevo porcentaje entró en vigor exactamente un mes después de que Ecuador aplicara el arancel del 30%, dispuesto por el presidente Daniel Noboa en respuesta a la falta de control de la frontera desde Colombia.

En respuesta, Colombia también impuso un arancel del 30% a 23 partidas arancelarias, agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales, que entró en vigor el martes pasado, además de haber impedido el ingreso por vía terrestre a varios productos agrícolas. Fuente: Primicias

https://twitter.com/dlegarda/status/2028093259659001857

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Gobierno ratifica que no habrá minería en Galápagos

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La nueva ley minera encendió alertas en redes sociales y colectivos ambientales. ¿Habrá minería en Galápagos? La respuesta oficial es tajante: no.

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que el Parque Nacional Galápagos (PNG) mantiene su condición de área protegida y no puede ser intervenido para actividades mineras.

Parque Nacional Galápagos mantiene prohibición total

La entidad aclaró que dentro del Parque Nacional Galápagos no se permite minería metálica ni no metálica, sin excepción.

La normativa vigente y la Constitución protegen el área. No existen autorizaciones para explotación industrial ni para proyectos comerciales dentro del parque.

Extracción limitada solo fuera del parque

La ley contempla una excepción técnica y delimitada: fuera del PNG y únicamente en zonas definidas como Zonas de Aprovechamiento Sustentable, se podrán autorizar permisos para extracción de áridos (arena, grava, piedra) destinados exclusivamente a obra pública local.

No se trata de minería comercial ni de exportación. La autorización requerirá informes ambientales y control administrativo.

También se permitirá, bajo regulación, aprovechamiento artesanal de áridos y pétreos en áreas específicas fuera del parque.

La ley no amplía derechos mineros en Galápagos

El Ministerio sostuvo que la norma no crea nuevas competencias ni abre la puerta a minería a gran escala en el archipiélago.

Según la explicación oficial, el objetivo es ordenar actividades existentes y establecer reglas claras para frenar la extracción ilegal, que es la que genera mayores daños ambientales.

Galápagos bajo protección constitucional

Galápagos es Patrimonio Natural de la Humanidad y una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. La Constitución ecuatoriana reconoce derechos de la naturaleza y establece protección reforzada para áreas protegidas.

La aclaración oficial busca frenar interpretaciones que vinculaban la nueva ley con una posible apertura minera en el archipiélago.

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