Nacionales
Consejo Electoral prepara las directrices con las que se organizarán las seccionales del 2023
Desarrollar el plan piloto para el voto telemático y un cambio en los padrones electorales que se entregan a las Juntas Receptoras del Voto son las novedades que podrían aplicarse para las elecciones seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 2023.
Este martes, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé debatir y plantear sus consideraciones a las directrices que se aplicarán para los comicios que se realizarán en febrero del 2023.
En los próximos días, el CNE en conjunto con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá aprobar el calendario electoral para organizar el proceso, que arrancará con la declaratoria del periodo electoral, el mismo que se estima para este 26 de febrero.
Como parte de esas actividades, está la de avanzar en el desarrollo del voto telemático, en especial, para los ecuatorianos residentes en el exterior.
Es la disposición transitoria novena del Código de la Democracia la que establece que el organismo debe implementar “proyectos piloto de voto electrónico, telemático y por correspondencia, para que sean aplicados en el exterior en el proceso electoral subsiguiente a las elecciones generales posteriores a la vigencia de la ley”. Es decir, en el sufragio de febrero del 2023.
La propuesta que está en ciernes es implementar el voto telemático en unas 50 zonas electorales, ubicadas en las Circunscripciones Especiales del Exterior de Europa, Asia y Oceanía; de Estados Unidos y Canadá; y de América Latina, el Caribe y África.
Para ello, se analiza aplicar una fase previa de empadronamiento.
En tanto, en el territorio nacional se podría ejecutar un Plan Piloto de Voto Electrónico, que dependerá del presupuesto con el que cuente el Consejo.
Para esto, se elaboraría un registro electoral (padrón) biométrico, y se tomarían como muestra unas 4.000 juntas receptoras del voto. Este plan deberá evaluar la tecnología con la que cuente el Consejo y el presupuesto que asigne el Gobierno nacional.
Otra propuesta que se presentó es añadir un casillero en el padrón electoral que se entrega a los miembros de las JRV, en el que se escribirá si el elector votó o no votó. En el pleno se explicará en qué contribuirá esta medida.
Actualmente, estos documentos contienen la foto del ciudadano, el nombre y apellido y el espacio para la firma.
Por otra parte, las áreas técnicas de la institución plantean que se mantenga el número de 350 electores por cada Junta Receptora del Voto (JRV) debido a que, en comparación con las últimas elecciones nacionales del 2021, se redujo el tiempo de votación, que tomaba hasta 30 segundos.
En tanto, en las JRV del exterior serían 800 electores por el porcentaje de participación de procesos anteriores.
Para el día de la votación se propone que haya dos urnas: una para que se depositen los votos de alcaldes y prefectos; y otra, para las papeletas de concejales, miembros de juntas parroquiales y las de los candidatos a ser consejeros del CPCCS.
El escrutinio (conteo de votos) se iniciaría con las papeletas de prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales; luego de las candidatas mujeres al CPCCS, de los hombres, y finalmente de los postulantes de los pueblos y nacionalidades.
Se planteará que los biombos sean de materiales como plástico, acrílico, policarbonato o similares para aplicar procesos de desinfección, por efecto de la pandemia del coronavirus.
Para el escogimiento de los miembros de las juntas, se excluirá a aquellos cuya edad fluctúe entre los 16 y 17 años; y a los mayores de 60 años, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas.
El CNE trabajará en que las notificaciones se hagan principalmente de manera electrónica por la crisis sanitaria y se buscará coordinar compensaciones no económicas para quienes sean escogidos y acudan a integrar las mesas.
También por la pandemia, se elaborará un catastro nacional de las instituciones educativas para incrementar los recintos electorales que permitan ejecutar las recomendaciones sanitarias, como mantener el distanciamiento social entre los miembros de las Juntas y los votantes. (I)
Corporación Participación Ciudadana entrega al CNE su propuesta de reformas electorales
La Corporación Participación Ciudadana (PC) entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) su propuesta de reformas al Código de la Democracia, enfocada en mejorar el sistema de partidos y movimientos políticos.
Fue el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien recibió la propuesta presentada por PC, representada por su directora, Ruth Hidalgo y catedráticos y actores de la sociedad civil como Medardo Oleas, Simón Pachano, Arturo Moscoso, entre otros. El evento se dio mediante una reunión virtual, realizada este lunes.
Los temas que se plantean son el porcentaje de firmas que deben entregar quienes aspiran a inscribir un partido o movimiento político, su alcance territorial, que cuenten con un registro de los afiliados actualizados a nivel nacional, la alternabilidad de sus directivas; y entre otras, que se eliminen los distritos para “consolidar” la representación en la Asamblea Nacional.
La expectativa de la sociedad civil es que este paquete de reformas se debata en la Legislatura y sea aprobado antes de las elecciones presidenciales que se realizarán en el 2025. (I) Fuente: El Universo
Nacionales
¿Tannya Varela se queda sola? Coronel fue declarado testigo protegido y dará su testimonio anticipado
El coronel José Luis Erazo fue declarado testigo protegido y el miércoles, primero de abril, rendirá su testimonio anticipado dentro de la investigación por presunta filtración de información reservada, causa en la que también es procesada la excomandante Tannya Varela.
Hace unos días, la Fiscalía informó a la Corte Provincial de Pichincha que Erazo forma parte del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos. Por lo cual, solicitó que se fijara el día y hora para conocer su testimonio anticipado.
La Corte dispuso que la diligencia se lleve a cabo el miércoles, primero de abril del 2026, a las 15:30, a través de la cámara de Gesell.
Además, se dispuso que un psicólogo de turno esté presente y se autorizó la grabación de la pericia, conforme a los protocolos establecidos en la ley.
Esta audiencia llega luego de que el pasado 19 de marzo terminó la instrucción fiscal dentro de la causa, que investiga un presunto delito de difusión de información de circulación restringida.
Aparte del coronel Erazo, son procesados el exteniente Rodney Rengel y la excomandante de la Policía, Tannya Varela. Los tres cuentan con medidas alternativas como presentaciones periódicas ante la autoridad competente y prohibición de salida del país.
Rengel también es testigo protegido y el pasado martes, 24 de marzo, dio su testimonio anticipado.

¿DE QUÉ TRATA EL CASO?
Según la Fiscalía, los tres sospechosos habrían filtrado un informe reservado de una investigación previa por un caso de narcotráfico denominado ‘León de Troya’.
La difusión de los datos habría sucedido en tres momentos entre 2021 y 2023:
- El 7 de julio de 2021: cuando altos mandos policiales habrían entregado información reservada al entonces presidente de la República, Guillermo Lasso. Esos datos tenían que ver con su cuñado, Danilo Carrera, sentenciado en el caso Encuentro.
- El 12 de febrero de 2023: mediante la presunta remisión de contenidos técnicos reservados por parte de un agente investigador a un tercero.
- El 13 de febrero de 2023: cuando dicha información fue divulgada públicamente a través del medio digital La Posta ampliando su exposición y alcance.
Durante la audiencia de formulación de cargos, se explicó que Varela y los otros dos sujetos habrían puesto en riesgo al equipo que investigó los nexos de la mafia albanesa con Ecuador. Fuente: Vistazo
Nacionales
Análisis jurídico aborda los retos de la justicia constitucional ante la creación de judicaturas especializadas en Ecuador
En el espacio académico Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación de la abogada constitucionalista Tanya Torres Castillo, quien desarrolló el tema “Los retos de la justicia constitucional ante la creación de judicaturas especializadas”, generando un análisis profundo sobre el estado actual del sistema de justicia en el país y los desafíos estructurales que enfrenta.
Durante su intervención, Torres Castillo, con más de 10 años de experiencia en el sector público, expuso su trayectoria profesional, que incluye funciones como asesora en la Corte Constitucional, directora del Sistema de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer en la ex Secretaría de Derechos Humanos, y fundadora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador. Actualmente, se desempeña en el ámbito académico en programas de pregrado y posgrado, además de ejercer la litigación en Derecho Constitucional.
En su exposición, la especialista contextualizó la importancia del sistema de justicia como mecanismo fundamental para la protección de derechos, especialmente en un Estado constitucional de derechos como el ecuatoriano, establecido a partir de la Constitución de 2008. En este marco, abordó la evolución y los desafíos de las garantías jurisdiccionales, tales como la acción de protección, el habeas corpus y el habeas data, señalando que su uso indebido y la falta de control por parte de los operadores de justicia han generado procesos de desnaturalización.
Torres Castillo explicó que, como respuesta a estas problemáticas, se aprobó en la consulta popular del 21 de abril de 2024 la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia en la resolución de casos relacionados con derechos fundamentales. No obstante, advirtió que esta reforma no constituye una solución estructural por sí sola, debido a la persistencia de problemas como la corrupción, la sobrecarga procesal y la debilidad institucional del sistema judicial.
Según el análisis presentado, el Consejo de la Judicatura ha determinado la necesidad de implementar 259 jueces especializados a nivel nacional, distribuidos en 184 jueces de primera instancia y 75 de segunda instancia. Sin embargo, solo una parte de estos cargos será cubierta mediante concurso público, mientras que el resto corresponderá a jueces ya en funciones que asumirán esta especialización mediante procesos de capacitación.
Entre los principales retos identificados, la constitucionalista destacó el fortalecimiento del sistema oral en los procesos judiciales, en concordancia con lo establecido en la Constitución, así como la necesidad de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para optimizar la ejecución de sentencias y garantizar mayor celeridad y eficacia.
Asimismo, subrayó la preocupación respecto a la falta de un adecuado dimensionamiento de la carga procesal, lo que podría generar una saturación del sistema y afectar la naturaleza ágil de la justicia constitucional. En este sentido, advirtió que existe el riesgo de que estos procesos adopten dinámicas similares a otras jurisdicciones más lentas, como la contencioso-administrativa.
Otro de los aspectos críticos abordados fue la situación institucional del Consejo de la Judicatura, cuya inestabilidad podría afectar la implementación efectiva de las judicaturas especializadas, especialmente en lo referente a los concursos de méritos y oposición necesarios para la designación de nuevos jueces.
Finalmente, Torres Castillo hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer un rol activo en los procesos de selección de jueces, resaltando la importancia de garantizar transparencia, idoneidad y probidad en los operadores de justicia, dado que su labor implica la protección directa de los derechos fundamentales.
El espacio Tertulia Jurídica se consolida así como un escenario de análisis y debate académico sobre temas de relevancia nacional, promoviendo la reflexión crítica y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa se va de viaje a Estados Unidos por ‘asuntos personales’ durante el feriado de Semana Santa
El Presidente de la República, Daniel Noboa, se va de viaje por «asuntos personales» a los Estados Unidos de América, durante el feriado de Semana Santa.
Mediante el Decreto Ejecutivo No. 349 suscrito en Cuenca, el primer mandatario dio a conocer la noticia este 31 de marzo de 2026.
En el documento se detalla la siguiente disposición: «Declarar en comisión de servicios a la comitiva de seguridad que acompañará al Presidente Constitucional de la República a los Estados Unidos de América, del 2 al 6 de abril de 2026, con ocasión de un viaje de carácter personal».
Además, el mandatario dispuso que la comitiva de seguridad será la autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia de la República.
En cuanto a los viáticos y demás gastos que genere este desplazamiento se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenecen los integrantes de la comitiva.
Por último, el presidente Noboa cumplió con comunicar a la Asamblea Nacional respecto del viaje a realizarse, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 44 de la Constitución de la República. Fuente: Vistazo
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