En respuesta a las crecientes denuncias sobre los efectos socioambientales de la minería ilegal en el cantón Yantzaza, este 1 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada de verificación en territorio, con la participación activa de moradores, autoridades locales y representantes del Comité en Defensa del Río Zamora.
La visita técnica al sector La Floresta y su zona de influencia fue encabezada por la gobernadora de la provincia, Ivonne Panchi, quien acudió al sitio cumpliendo con el compromiso asumido en la mesa de diálogo celebrada el pasado 30 de abril, tras una manifestación pacífica que recorrió desde el parque central de Yantzaza hasta Piedra Liza.
Durante el recorrido, el abogado Hernán Camacho, vocero de la comunidad, expresó: “Constatamos que algunas máquinas han cesado su operación, sin embargo, persisten motores activos en algunos pozos, lo que indica una posible intención de reanudar labores una vez que disminuya la presión ciudadana”. Ante ello, la gobernadora anunció la implementación de patrullajes permanentes para impedir la reactivación de actividades extractivas no autorizadas.
El Comité en Defensa de las Riberas del Río Zamora, conformado por representantes de los barrios La Floresta, Gran Colombia, La Florida, Los Achos y Playa de la Florida, también expuso la crítica situación que atraviesan sus territorios, donde la erosión provocada por el desvío del río amenaza con socavar infraestructura clave, incluida una unidad educativa del sector.
Uno de los puntos clave planteados fue la necesidad urgente de ejecutar un enrocamiento en la zona afectada. “El río se nos viene encima.
Este daño ambiental no solo impacta el ecosistema, sino que pone en riesgo a la población”, enfatizó uno de los dirigentes barriales.
La presencia de la Policía Nacional fue destacada, aunque los líderes comunitarios solicitaron también la intervención de las Fuerzas Armadas. “Los mineros ilegales muestran mayor respeto hacia los militares. Su presencia disuasiva sería clave para evitar nuevos intentos de ocupación del territorio”, indicaron.
Finalmente, la comunidad reiteró su voluntad de mantenerse vigilante, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados: la paralización total de la minería en el Cantón Yantzaza y la intervención estatal para mitigar los efectos del daño ambiental. “La lucha por el respeto a la naturaleza y por la vida de quienes habitamos estas zonas apenas comienza”, concluyó Camacho.
Este hecho refleja el ejercicio activo de una ciudadanía organizada que exige respuestas efectivas del Estado frente a actividades que vulneran los derechos colectivos y atentan contra la sostenibilidad de los territorios de esta provincia.
