En un esfuerzo por abrir espacios de interlocución directa entre la ciudadanía y el Estado, el día 30 de abril, se desarrolló en la ciudad de Yantzaza una mesa de diálogo convocada por los moradores del cantón Yantzaza, con la presencia de la Gobernadora de Zamora Chinchipe para la reunión activa con los miembros del Comité Cívico por la Protección de las Riberas del Río Zamora, autoridades locales y ciudadanos de distintos sectores afectados por la actividad minería ilegal.

El eje central del encuentro fue la exposición de denuncias ciudadanas sobre el deterioro ambiental provocado por la minería ilegal, con énfasis en el daño a ríos, suelos, vías rurales y fincas productivas. La jornada estuvo marcada por intervenciones profundamente emotivas, pero también cargadas de datos, argumentos y llamados a la acción inmediata por parte del Estado.

Ciudadanía exige acciones inmediatas y permanentes
Uno de los voceros del Comité, Floresmilo Chamba, expresó su preocupación frente a la aparente inacción institucional. En su alocución señaló:
“Las autoridades están esperando que el pueblo humilde salga a protestar, en vez de actuar contra quienes dañan la comunidad. Mi admiración para quienes están aquí presentes defendiendo lo poco que queda, nuestro patrimonio, nuestras tierras. No permitamos que la ambición acabe con lo último que tiene la gente humilde. Exigimos compromisos serios y reales”.

A este pedido se sumó la voz de otra persona que, agradeciendo la presencia de la alcaldesa y concejales de Yantzaza, solicitó mayor firmeza en las decisiones de los entes competentes: “Pedimos a la señora gobernadora que actúe de manera inmediata. Hemos enviado varios oficios solicitando el retiro de maquinaria, pero las acciones se han demorado casi un año. Apenas antes de esta reunión, se realizó un operativo, pero al día siguiente las máquinas regresaron. Necesitamos una solución definitiva y presencia permanente del Ejército en la zona”.

La preocupación no se limitó al daño ecológico. También se puso en evidencia el alto costo económico que genera la remediación de vías y estructuras afectadas por las lluvias, atribuibles al debilitamiento del terreno producto de las intervenciones mineras. En palabras de otro asistente: “Dicen que la minería dinamiza la economía, pero el daño que deja es mucho mayor. El gasto en reabrir una vía que se pierde con la lluvia es dinero público que podría invertirse en obras reales para el pueblo”.

Denuncias reiteradas desde sectores históricamente vulnerables
Un residente de la zona entre Los Hachos y Mutintza, quien aseguró vivir en el lugar desde 1960, lamentó el avance desmedido de la explotación de material pétreo: “Han desviado el cauce del río, lo que ha provocado la pérdida progresiva de nuestras fincas. Hemos enviado hasta 20 solicitudes a las autoridades sin obtener respuesta. Esto no solo destruye la naturaleza, sino también la vida de quienes habitamos aquí”.
Asimismo, un morador de Chimbutza / Los Achos denunció que material extraído ha sido arrojado sobre fincas colindantes, afectando cultivos y generando conflictos territoriales. A ello se sumó la intervención de una madre de familia del barrio El Mirador, sector El Pincho:
“Desde hace seis meses, la vía está tapada por los derrumbes provocados por minería ilegal. Nos hemos visto obligados a sacar nuestros productos al hombro, atravesando más de veinte metros de lodo. Ni qué decir de los niños que estudian en Los Encuentros. Señora gobernadora, le invito a vivir un día con nosotros, para que vea en carne propia lo que estamos sufriendo”.

Estas declaraciones reflejan un sentimiento generalizado de abandono institucional y una exigencia concreta de acciones que prioricen la vida, la seguridad y el desarrollo sostenible por sobre cualquier interés económico particular.

Testimonios de concesionarios también denuncian irregularidades
De manera destacada, incluso algunos concesionarios de materiales pétreos participaron en la jornada, sumando su voz al clamor general. Uno de ellos manifestó: “Yo fui el primero en denunciar el desvío del cauce del río, incluso antes del 22 de abril. He presentado documentos, fotos, nombres y números de cédula. El municipio lo sabe, porque hubo inspecciones. No estoy en contra del trabajo, pero no se puede permitir que se afecte a los demás. Señora gobernadora, no digan que no hay denuncias. Aquí están”.

Este pronunciamiento pone en evidencia la falta de respuesta institucional incluso ante denuncias debidamente sustentadas, lo cual acentúa la necesidad de una gestión pública transparente, eficaz y articulada.

Compromisos asumidos por la Gobernadora Ivonne Panchi
En respuesta a los múltiples planteamientos, la gobernadora de la provincia, Ivonne Margaret Panchi, ofreció una intervención que fue recibida con expectativa. En su alocución reconoció la legitimidad del malestar ciudadano, señaló las debilidades institucionales acumuladas y reafirmó su compromiso de trabajo firme desde la Gobernación: “Estoy por cumplir cuatro meses en funciones y he enfocado mi gestión en revisar la documentación relacionada con este tema. He trasladado los oficios correspondientes a ARCOM y al MAATE. No permitiré que estas instituciones sigan actuando de forma injusta”.

La autoridad también informó que el director provincial del MAATE ha sido removido de su cargo debido a su ineficiencia en el abordaje de los conflictos socioambientales, y anunció el nombramiento reciente de un nuevo director en ARCOM. Indicó además que ya se han realizado tres operativos recientes, pero reconoció que se requiere un sistema de vigilancia y control permanente, no solo acciones puntuales:
“Aplaudo a la ciudadanía que ha decidido actuar de forma preventiva. No es justo que unos pocos destruyan la naturaleza y luego se retiren dejando el daño. Este Gobierno joven, respaldado ampliamente por esta provincia, tiene el compromiso de servir al pueblo y no permitir que los intereses privados se impongan sobre el bien común”.

Finalmente, reiteró su voluntad de seguir presente en el territorio y mantener el diálogo abierto con la población:
“No he estado antes en política, pero aquí estoy porque el pueblo lo necesita. Estoy dando la cara y lo seguiré haciendo. La lucha por la vida y por los derechos colectivos no puede esperar”.

Conclusión
La mesa de diálogo en Yantzaza evidencia el creciente malestar de la ciudadanía frente a las afectaciones ambientales que se viven en distintas parroquias y barrios del cantón y provincia. Al mismo tiempo, muestra un cambio de paradigma en la percepción ciudadana sobre la minería y el rol del Estado.

Los testimonios expresados reflejan una sociedad que exige respeto, reparación y justicia ambiental, y una administración pública que, desde sus más altas autoridades provinciales, se ha comprometido a actuar de manera firme. El desafío ahora es traducir estos compromisos en acciones concretas, sostenidas y verificables, que garanticen la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.