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Usando Interpol, China impidió que un perseguido político llegara a Ecuador
* China Targets es una colaboración global entre Revista Vistazo y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un medio de investigación sin fines de lucro.
Por Scilla Alecci y periodistas de ICIJ
China ha utilizado notificaciones rojas y otras herramientas para perseguir no solo a delincuentes, sino a empresarios con conexiones políticas, así como a críticos y miembros de minorías religiosas que buscan refugio en el extranjero.
Gao Jianhuan, activista político que afirmó haberse mudado a Vietnam tras presenciar abusos contra los DD.HH. en su provincia natal de Zhejiang, fue acusado por las autoridades chinas de estafar a tres ciudadanos chinos en 2017. A principios de 2023, mientras se dirigía a Ecuador, fue arrestado y retenido en una comisaría de policía de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos (EAU), con base en una notificación roja de Interpol, la policía internacional.
Jianhuan, agente de viajes de 43 años, fue liberado después de que las autoridades chinas no procesaran una solicitud de extradición en su contra, según consta en los registros judiciales de los EAU.
Quince meses después, Gao fue arrestado nuevamente en Benín, con base en la misma notificación roja, mientras Interpol revisaba su petición de que se eliminara su nombre de la base de datos de la organización. Gao permaneció recluido en una celda en Cotonú. Entre tanto, su abogado alegó en los documentos judiciales que “esta detención se prolongó como resultado de una solicitud presentada al margen del procedimiento formal de extradición” por las autoridades chinas.
Gao fue finalmente deportado a China. No logró llegar a Ecuador.
El caso de Gao no es aislado.
En una tarde fría de la primavera de 2021, mientras esperaba una audiencia de extradición en Burdeos, Francia, el empresario H. (nombre protegido) recibió una llamada de un viejo amigo y socio.
Jack Ma estaba en la línea. se sorprendió al recibir noticias de Jack Ma, cofundador de Alibaba, la plataforma de comercio electrónico más importante del planeta, y uno de los hombres más acaudalados de China, según una transcripción de la llamada.
Ma dijo que le llamaba a petición de las autoridades chinas, que pedían su regreso inmediato a China.
Semanas antes, H. había sido arrestado por las autoridades francesas por una notificación roja de Interpol, organización policial internacional. Según los críticos, esta entidad puede ser utilizada por los regímenes autoritarios.
Jack Ma había reaparecido en la escena pública. Desapareció durante tres meses tras dar un discurso en el que criticó a los reguladores financieros chinos. El gobierno canceló la salida a la bolsa de su empresa de tecnología financiera, Ant Group, y forzó su reestructuración.
Las autoridades chinas intentaban que H., ciudadano de Singapur naturalizado y nacido en China, testificara en un tema no relacionado con su notificación roja: un caso de corrupción contra el exviceministro de seguridad pública Sun Lijun, según los registros judiciales obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus socios Radio Francia y Le Monde, bajo la condición de que no se revelara la identidad de H.H. declinó hacer declaraciones; tampoco Ma respondió a las solicitudes de comentarios del ICIJ.
H., empresario de 48 años, era propietario de un viñedo en Burdeos, al oeste de Francia, y aparecía en la prensa de farándula junto a su esposa, Zhao Wei, estrella de cine.
Un mes antes de la llamada de Jack Ma, agentes franceses habían arrestado a H. al descender de un avión privado en el aeropuerto de Burdeos, alegando una notificación roja de Interpol en su contra, a petición de la fiscalía china de la ciudad sureña de Dongguan.
El expediente acusaba a H. de lavado de dinero y complicidad en un escándalo de malversación de fondos que involucra a Tuandai, compañía de préstamos privada en la que H. había invertido. No mencionaba al viceministro, Sun Lijun.
“Están usando el caso Dongguan como pretexto”, le dijo H. al multimillonario Ma. “Si les explico lo que pasó con Sun Lijun, no me perseguirán más. ¿Eso es lo que te aseguraron? No le creo a nadie”.
«Creo que no tienes otra opción», dijo Ma. «Ahora te están dando una oportunidad. Si no regresas, te destruirán». H. dijo que lo pensaría.
Hace una década, el presidente chino, Xi Jinping, pidió a Interpol apoyo para rastrear a quienes denominó ciudadanos corruptos en el extranjero.
Una investigación transfronteriza dirigida por el ICIJ reveló que China ha utilizado notificaciones rojas y otras herramientas para perseguir no solo a delincuentes, sino a empresarios con conexiones políticas como H., así como a críticos y miembros de minorías religiosas que buscan refugio en el extranjero.
Los hallazgos forman parte de la investigación «Objetivos de China» del ICIJ, una colaboración entre 41 medios de comunicación de 30 países que expone los mecanismos de la campaña de represión global del gobierno chino.
La investigación concluyó que el uso indebido de Interpol por parte de China forma parte de un esfuerzo organizado para silenciar a quienes el Partido Comunista considere amenazas para su gobierno, aunque no residan en ese territorio. Las autoridades también utilizan la vigilancia, el hackeo informático, la incautación de activos financieros y la intimidación de los familiares en China, para neutralizar a los críticos.
La investigación se basa en entrevistas con más de 100 objetivos de la represión transnacional de China que ahora viven en 23 países, así como en grabaciones secretas de vídeo y audio de interrogatorios policiales, documentos chinos confidenciales y otras pruebas.
Notificaciones rojas de INTERPOL
Ted Bromund, especialista en estudios estratégicos y perito en casos legales relacionados con Interpol, afirma que este organismo se convirtió en un elemento central de la campaña de represión. China utiliza las notificaciones rojas como un alfiler en una mariposa, afirmó. «Retienen a alguien, lo inmovilizan para que no pueda escapar».
En una declaración al ICIJ, Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington D. C., afirmó que “el gobierno chino respeta estrictamente el derecho internacional y la soberanía de otros países”. Liu no abordó cuestiones específicas sobre el uso de Interpol por parte de China.El Ministerio de Seguridad Pública de China no respondió a la solicitud de comentarios del ICIJ.
En noviembre de 2014, representantes de las fuerzas policiales internacionales se reunieron en Mónaco para celebrar el centenario de la creación de Interpol. La organización, cuya misión es apoyar a las fuerzas del orden e impulsar la cooperación policial entre sus 196 países miembros.
Meng Hongwei, entonces viceministro de seguridad pública de China, subió al escenario con un mensaje de su gobierno.
La República Popular China se convirtió en miembro de Interpol en 1984, Meng dijo que se había convertido en un «canal importante para que la policía china reciba asistencia en la investigación y cooperación en casos transfronterizos».
Habló de aprovechar “los recursos de Interpol” para cazar terroristas y fugitivos en todo el mundo. Según los críticos, ese régimen designa así a opositores políticos y miembros de la minoría étnica uigur.
Xi Jinping mencionó a la «cooperación policial» en discursos, según el sitio web de una agencia provincial anticorrupción. Dejó clara la prioridad a los funcionarios en una sesión de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, la agencia anticorrupción de China.
El gobierno lanzó dos campañas anticorrupción, conocidas como Fox Hunt y Sky Net, para perseguir a los que describió como funcionarios corruptos prófugos. El Ministerio de Seguridad Pública creó una unidad encargada de la cooperación internacional e incentivó a las comisarías a recurrir a la Interpol.
Los registros revisados por el ICIJ muestran cómo las agencias de seguridad compitieron para mostrar al gobierno el número de casos “resueltos”: objetivos de notificaciones rojas y otros sospechosos repatriados.
Durante dos mandatos consecutivos, un alto funcionario de la policía china fue elegido miembro del comité ejecutivo de Interpol. Meng Hongwei fue nombrado presidente de Interpol en 2016. (Su presidencia terminó menos de dos años después, cuando las autoridades lo detuvieron por cargos de corrupción durante un viaje de regreso a China y lo sentenciaron a 13 años de prisión).
Segundo financista de Interpol
China es el segundo mayor contribuyente de Interpol, una obligación calculada según el peso económico de sus miembros, con un gasto de 13,7 millones de dólares en 2024, por detrás de Estados Unidos, con 19,8 millones. China, que destinó a 11 agentes a la Secretaría General de Interpol en 2023, financia operaciones especiales, incluidas algunas dirigidas al fraude en las telecomunicaciones y al tráfico de armas ilegales.
El gobierno chino afirma haber utilizado la Interpol para localizar, detener y repatriar al menos a 479 presuntos delincuentes en la última década. También afirma haber repatriado a 62 de los 100 principales objetivos de las «Alertas Rojas» que el gobierno comenzó a difundir en 2015.
En los países que han firmado un tratado de extradición con China, la notificación roja puede dar lugar a arresto, extradición y deportación. Estados Unidos no realiza arrestos únicamente por una notificación roja. Otros países sí lo hacen, como Italia, Albania y Francia.
Para 2016, dos años después del discurso de Meng, China se encontraba entre los 10 principales países objeto de nuevas quejas y solicitudes de información por parte de personas con notificaciones rojas, según un informe de la Comisión para el Control de los Archivos de Interpol. También conocida como CCF, la comisión está compuesta por juristas y expertos legales internacionales que vigilan los debidos procesos.
‘Una caja negra’
Interpol no cuenta con una fuerza policial propia. Se basa en información policial de democracias y regímenes autocráticos para compilar bases de datos masivas que los países miembros utilizan para compartir información sobre delincuentes buscados y cooperar en delitos transfronterizos como el terrorismo, la trata de personas, los delitos financieros y el narcotráfico.
Hace una década, después de que defensores de los DD.HH. y organizaciones de noticias, incluido ICIJ, expusieron cómo Irán, Rusia y otros regímenes autoritarios hicieron mal uso de Interpol para acorralar a opositores políticos y refugiados, la organización anunció “reformas radicales”.
En 2016, creó el Grupo de trabajo sobre notificaciones y difusión, integrado por abogados, agentes de policía y especialistas que examinan las notificaciones rojas antes de autorizar su publicación en las bases de datos de Interpol. Pero el grupo trabaja con la información disponible y abierta, y con los datos de las autoridades que presentan las solicitudes de notificación. Se basa en la buena fe del gobierno solicitante para garantizar que la información sea precisa y apolítica. Si un objetivo de notificación roja no tiene perfil público, es probable que el grupo de trabajo apruebe una solicitud, dijeron a ICIJ abogados. «Las solicitudes de notificación roja con motivaciones políticas pueden pasar desapercibidas», dijo Charlie Magri, un abogado que trabajó como funcionario jurídico para el organismo de supervisión de la CCF.
La CCF, que se reúne cuatro veces al año, revisa, e incluso puede revocar, las notificaciones de Interpol.
Pero los gobiernos autoritarios, con sistemas jurídicos bajo control político, siguen planteando un problema especial para Interpol, que, según expertos, intenta navegar entre sus reglas con los estados miembros que a su vez brindan apoyo financiero.
La mayoría de los procedimientos de Interpol son secretos, por lo que determinar si una notificación roja tiene motivaciones políticas es difícil, dicen estos defensores.
«Es como una caja negra», dijo Ben Keith, abogado de DD.HH. radicado en Londres que ha representado a ciudadanos chinos, incluidos empresarios buscados por fraude y uigures acusados de terrorismo.
Un portavoz de Interpol dijo en una declaración a ICIJ que la organización «sabe que las notificaciones rojas son herramientas poderosas para la cooperación policial y es consciente de su impacto potencial en las personas involucradas, por lo que tenemos procesos sólidos, y continuamente evaluados y actualizados, para garantizar que nuestros sistemas se utilicen adecuadamente».
Blacos selectivos del gobierno
ICIJ y los medios aliados hablaron con ocho objetivos de notificación roja de China y revisaron registros de extradición, decisiones confidenciales de la CCF y documentos relativos a un total de casi 50 sospechosos perseguidos a través de Interpol, después de las reformas de 2016.
La mayoría supo que era buscada luego de su detención en un control fronterizo. Entre los objetivos se encontraban empresarios que afirmaban ser buscados por criticar las políticas gubernamentales; defensores de los derechos de los uigures que afirmaron haber sido falsamente acusados de terrorismo; un político de un pequeño pueblo que afirmó haber sido incluido en la lista negra tras exponer la corrupción del Partido Comunista; y tres empresarios que afirmaron que las autoridades los perseguían por ser seguidores del movimiento religioso Falun Gong, prohibido en China. El pretexto más común utilizado por China para obtener una notificación roja es un delito financiero, según los defensores.
“Si alguien acusa a alguien de asesinato, debe haber un cadáver”, dijo Ted Bromund, crítico de Interpol y director de políticas de Pursuit, organización no gubernamental que se opone a la represión transnacional.
En los días posteriores a su arresto en Burdeos, H. recibió un bombardeo de llamadas desde China. Además de Ma, otros dos amigos y tres altos funcionarios de seguridad llamaron con el mismo mensaje: el gobierno chino estaba dispuesto a retirar la notificación roja, desistir de la solicitud de extradición y etirar los cargos de lavado de dinero si aceptaba regresar a China y cooperar en el sonado caso contra el político, según los registros judiciales.
Mientras todavía estaba en la cárcel de Burdeos, H. se enteró de que su familia estaba bajo presión.
«Hablé con su esposa», dijo Wei Fujie, entonces subdirector de la unidad asignada al caso Sun Lijun dirigida por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, en una de las llamadas.
En otra llamada, Erick Tsang, un alto funcionario de Hong Kong y amigo, le dijo a H.: «Siempre usan los mismos dos trucos… El primero es congelar todo tu dinero… el segundo es amenazar a tu familia».
En otra llamada grabada, H. le rogó a Li Jiangzhou, funcionario sancionado por el gobierno de Estados Unidos por su papel en “destripar las libertades” del pueblo de Hong Kong, que liberara a su hermana.
“No, no es una condición”, respondió Li, subdirector de la Oficina para la Protección de la Seguridad Nacional de Hong Kong.
Al final, H. decidió no regresar.
Un mes después de la llamada con Ma, en mayo de 2021, las autoridades chinas solicitaron al gobierno francés la extradición de H.
Las autoridades francesas comenzaron a investigar los méritos de la solicitud de extradición y pronto encontraron problemas.
En su declaración, los abogados explicaron que el único vínculo de H. con Sun, el acusado en el caso de corrupción, databa de un acuerdo comercial no relacionado en 2018. En ese momento, Sun le pidió a H. que invirtiera alrededor de 5 millones de dólares en una empresa de seguridad que contrató a agentes de policía de Hong Kong, acusados de abusar de los manifestantes durante el movimiento prodemocracia en la ciudad, según el comunicado.
En otra llamada, H. le dijo a Tsang, el funcionario de Hong Kong y amigo, que había hecho la inversión porque sentía que no tenía otra opción.
Li y Tsang no respondieron a las solicitudes de comentarios de ICIJ.
En julio de 2021, el Tribunal de Apelación de Burdeos rechazó la solicitud de China de extraditar a H. Unos meses más tarde, CCF aprobó su solicitud de que su nombre —y la notificación roja— se eliminaran de la base de datos de Interpol.
El de H. fue uno de los casi 300 casos en los que la CCF decidió eliminar una notificación roja de sus sistemas ese año, según un análisis del ICIJ de los informes de la CCF. El número de notificaciones rojas publicadas anualmente se ha mantenido igual, pasando de 10.718 en 2014 a 12.260 en 2023. Mientras tanto, las quejas por corrección o eliminación han aumentado al 350 % en la última década, según un análisis del ICIJ de los informes de la CCF.
“La diferencia entre Interpol y otras organizaciones internacionales radica en que sus acciones tienen un impacto inmediato en la vida de las personas”, dijo Keith, el abogado londinense. “Arrestan a alguien, lo meten en la cárcel y punto”.
En 2017, la CCF dejó de publicar información que identificaba a los países responsables del mayor número de quejas sobre notificaciones rojas y otros datos incluidos en las bases de datos de Interpol, argumentando que la información carecía de contexto y era “potencialmente ambigua y podría dar lugar a malas interpretaciones”, dijo la comisión a ICIJ.
“La ausencia de un desglose por país impide identificar patrones de uso indebido por parte de cada país miembro, un paso esencial para abordar los abusos con motivos políticos”, afirmó Charlie Magri, quien revisó las solicitudes de cancelación de notificaciones rojas como asesor jurídico de la secretaría del CCF de 2017 a 2023.
Interpol puede imponer medidas correctivas a los países miembros responsables de abusar de su sistema, incluido un examen riguroso de las solicitudes de notificaciones rojas, así como una suspensión temporal o una exclusión a largo plazo de la red.
Interpol ha declarado haber impuesto medidas correctivas a varios países desde 2012, pero hasta el momento solo ha mencionado a dos: Rusia y Siria.
Después de que el tribunal de Burdeos rechazara la extradición de H., el empresario se vio envuelto en deudas por unos 135 millones de dólares, según los medios chinos.
El gobierno chino ordenó la retirada de todas las películas y series de televisión protagonizadas por su esposa, Zhao. La pareja solicitó el divorcio discretamente. Los intentos de ICIJ por contactar con Zhao fueron infructuosos.
Durante tres años Zhao apenas fue vista en público.
Tras reaparecer en diciembre pasado, Zhao publicó un mensaje en Weibo, la popular red social donde tiene 83 millones de seguidores. Dijo que ya no quería que la relacionaran con su exmarido, H. Fuente: Vistazo
Tras más de cuatro horas de diálogo en Otavalo entre representantes del Gobierno y dirigentes de los 58 cabildos indígenas de la zona, se resolvió levantar el paro en la provincia de Imbabura y reabrir las vías. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó: “Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías. El diálogo siempre estuvo abierto y es lo que hicimos el día de hoy. Vamos a trabajar para que Imbabura vuelva a la normalidad lo más pronto posible”.
Según el acta del encuentro, desde el lunes se instalarán mesas técnicas territoriales para atender agua, infraestructura vial, salud y educación. Como veedor del cumplimiento se designó al párroco Cristian Andrade (San Francisco de Otavalo). Además, se dispuso el traslado a Ibarra de 12 detenidos por los hechos registrados en el cuartel policial; los procesos judiciales seguirán su curso. Las comunidades anunciaron retorno a sus bases en asamblea permanente para vigilar la implementación de los acuerdos.
Durante la mañana, Otavalo amaneció con relativa calma a la espera de resultados; por la tarde, se reportó el retiro de bloqueos y el inicio de la habilitación progresiva de corredores para priorizar el socorro a heridos y el abastecimiento.
En un comunicado oficial, el Gobierno informó que la paralización en Imbabura ha finalizado y que se mantendrán espacios de coordinación en materia de infraestructura vial, salud y educación. Reiteró que la política de control contra el contrabando de combustibles y la minería ilegal se mantiene sin cambios: el Decreto 126 sigue vigente y la lucha contra las mafias continúa. Añadió que el enfoque inmediato es la recuperación económica y social de las zonas más afectadas.
En la red social X, Reimberg publicó: “ECUADOR ESTÁ EN PAZ. El Gobierno del presidente Daniel Noboa es de diálogo, de consensos y de palabra. Hemos cumplido con Ecuador”. Fuente: El Telégrafo
Otavalo amaneció en tranquilidad tras una fuerte jornada de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Además, ya se han efectuado reuniones para concretar un diálogo con el Gobierno. La alcaldesa Anabel Hermosa anunció que se alcanzaron los primeros acuerdos entre los líderes del movimiento indígena y el Gobierno Nacional, luego de intensas jornadas de protestas.
Las movilizaciones contra el presidente Daniel Noboa iniciadas en septiembre registran, hasta el momento, tres fallecidos: Efraín Fuerez, Rosa Elena Paqui y José Alberto Guamán; aunque por el momento las autoridades no se han pronunciado sobre las muertes de los dos últimos manifestantes.
Además, hay más de un centenar de heridos y de detenciones, entre ellas alrededor de una veintena que fueron enviados a prisión preventiva bajo imputaciones de terrorismo presentadas por la Fiscalía.
El epicentro de las protestas se localiza en la provincia de Imbabura, a donde llegó el lunes un convoy militar con víveres para entregar a las comunidades, pero luego ese mismo personal militar y policial se enfrentó a manifestantes con gases lacrimógenos para desbloquear las vías.
DETALLES MINUTO A MINUTO
Al medio día de este miércoles 15 de octubre, se reportó un fuerte enfrentamiento entre fuerzas del orden y comuneros del sector Piquiucho, en la provincia del Carchi.
En imágenes virales de redes sociales se observa que los manifestantes atacaron a los uniformados con palos y piedras. Además, los comuneros no permiten el paso en el marco del paro nacional.
Las fuerzas del orden tuvieron que correr ante la represión de los protestantes.
Esta zona es de vital importancia para el tránsito de productos provenientes del Carchi, pero también se conoce que hay gente que se dedica al contrabando.
Líderes indígenas y representantes del Gobierno se reúnen en el Hotel Yamor Continental en Otavalo, provincia de Imbabura, para iniciar los diálogos y terminar con el paro.
En el sitio fue vista la alcaldesa de Otavalo, Anabell Hermosa, y Cristian Andrade, párroco de San Francisco de Otavalo. Medios locales también afirman que hay una delegación del Gobierno encabezada por el ministro del Interior, John Reimberg.
La reunión es reservada y, por el momento, no hay mayores detalles.
Previamente, la Alcaldía de Otavalo emitió un comunicado, que circuló en redes sociales, en el que señalaba que tras una jornada de “intensas gestiones y diálogos” entre líderes indígenas y el Gobierno, lograron “los primeros acuerdos para el restablecimiento progresivo de la paz y el trabajo” en ese municipio.
En el escrito se anunciaba que al mediodía de este miércoles “continuarán las mesas de diálogo, donde se analizarán los planteamientos presentados por el Ejecutivo”.
Pamela Cristina Lanchimba Paucar, indígena de Otavalo, provincia de Imbabura, informó que su padre José Rafael Lanchimba perdió un ojo tras recibir un impacto de bomba lacrimógena durante los disturbios del pasado martes en aquella ciudad.
“Mi papá estaba luchando por el pueblo, pero recibió un disparo de bomba en el ojo y lo perdió”, aseguró la joven en un video viral de redes sociales.
Además, detalló que tras los enfrentamientos con la fuerza pública, el hombre fue trasladado a un hospital privado de Otavalo, pero debido a la gravedad de su estado de salud será llevado a una casa de salud en Quito para que le realicen una cirugía y extirpar el ojo.
Cristina también pidió a la ciudadanía que le ayuden con dinero para poder solventar la cirugía de su padre. “Mi número de cuenta banco pichincha es: 2212709379”, indicó la joven en la red social Facebook.
La Conaie informó sobre el fallecimiento de José Guamán, quien según la organización “fue baleado en el pecho por las Fuerzas Armadas” durante los disturbios en Otavalo, provincia de Imbabura.
Inicialmente, Guamán estaba internado en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, donde luchó por su vida tras un paro cardiorrespiratorio. Ahí fue operado durante la noche del pasado martes, pero su estado no mejoró así que lo trasladaron al Hospital Eugenio Espejo de Quito.
La mañana de este miércoles, la víctima fue llevada en un helicóptero hasta la capital ecuatoriana, pero al poco tiempo falleció.
La Conaie calificó el hecho como un “cruel asesinato” y pidió justicia.
“Nos unimos al dolor de sus seres queridos y exigimos verdad y justicia para José y para todos los luchadores sociales detenidos y caídos en la defensa de los derechos de nuestro pueblo”, manifestó la organización en sus redes sociales.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lamentó la muerte de una mujer, aparentemente, por la represión de las fuerzas estatales contra los manifestantes.
La mujer, de 61 años y perteneciente al pueblo indígena de Saraguro, falleció por un paro cardiorrespiratorio causado supuestamente, y de acuerdo a la Conaie, por los gases lacrimógenos lanzados contra los protestantes.
«Expresamos nuestra profunda solidaridad y condolencia a la familia y comunidad de Gunudel (Loja) , por el fallecimiento de nuestra hermana Rosa Elena Paqui, a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la inhalación de gases lacrimógenos usados de forma indiscriminada por la Policía», señaló la Confederación indígena.
«Nos unimos al dolor de sus seres queridos y exigimos verdad y justicia para Rosa Elena y para todos los luchadores sociales detenidos y caídos en la defensa de los derechos de nuestro pueblo. Los crímenes de Estado no tienen retorno ni perdón», agregó.
Por el momento las autoridades gubernamentales aún no se han pronunciado sobre la muerte de la mujer Saraguro.
La noche del martes 14 de octubre, la Conaie se reunió en un Consejo Ampliado y emitió cinco resoluciones. Ninguna de ellas habla de detener el paro o abrir caminos de diálogo. Entre las peticiones y demandas se encuentran:
Rechazar la violenta y atroz represión del gobierno en la provincia de Imbabura, donde ya se cumplen 23 días de paro ininterrmpido. Exigir justicia ante organismos internacionales como ONU, CIDH, OEA para que intervengan y frenen la represión.
También reafirman su postura por no NO en el Consulta Popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, así como rechazan su modelo económico. Exigen la liberación de detenidos y piden organizar una misión urgente de médicos, ya que la organización indígena denunció que hay más de 40 heridos en Imbabura.
Además, piden «organizar un convoy humanitario desde los pueblos y nacionalidades en apoyo a los pueblos de Imbabura, en coordinación con la Cruz Roja y organismos internacionales de Derechos Humanos».
En Otavalo, provincia de Imbabura, el principal bastión del paro nacional contra el presidente Daniel Noboa, la alcaldesa Anabel Hermosa, anunció que se alcanzaron los primeros acuerdos entre los líderes del movimiento indígena y el Gobierno Nacional, luego de los intensos enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares.
El comunicado oficial de la Alcaldía, difundido la noche del martes 14 de octubre, detalló que una jornada de intensas gestiones y diálogos “se ha logrado los primeros acuerdos para el restablecimiento progresivo de la paz y el trabajo para nuestro cantón”.
Hermosa recalcó que el diálogo es “el único camino a la paz” y destacó que se ha escuchado “la voz digna y altiva del pueblo otavaleño” para que sus propuestas sean analizadas.
La alcaldesa también confirmó la liberación de siete jóvenes y dos adultos mayores que habían sido detenidos durante los disturbios ocurridos este martes, señalando que regresaron con sus familias.
Según el comunicado, las mesas de diálogo continuarán este miércoles al mediodía, donde se analizarán los planteamientos presentados por los dirigentes indígenas al Ejecutivo.
“Nuestra convicción es seguir sirviendo con todo el amor y el compromiso a nuestro Otavalo”, concluyó la autoridad local.
Las Fuerzas Armadas reportaron que 13 efectivos militares resultaron heridos tras incidentes en Otavalo, provincia de Imbabura.
Los uniformados fueron evacuados vía aérea hacia distintos centros de salud en la provincia, donde reciben atención médica especializada.
Según la institución, los militares fueron “objeto de ataques violentos perpetrados por grupos que utilizaron bombas molotov, petardos, machetes y cuchillos, entre otros artefactos” durante las operaciones de resguardo a convoy humanitario y despeje de vías.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció que el denominado ‘Convoy Militar Humanitario’, del Gobierno para llevar insumos a la provincia de Imbabura, sirvió para “reprimir al pueblo indígena que ejerce su legítimo derecho a la protesta”.
“Rechazamos categóricamente esta acción militarista que violenta los principios democráticos y los derechos constitucionales consagrados en la Constitución de la República del Ecuador”, expresó la organización indígena.
Además, cuestionó con «profunda indignación y dolor, ¿desde cuándo las armas, los tanques y el personal de guerra están destinados a enfrentarse contra el pueblo? La represión no puede disfrazarse de ‘humanitaria’”.
Por ello, la Conaie exigió al Gobierno “el cese inmediato de la militarización y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo este martes un llamado al Gobierno de Ecuador a que establezca un diálogo con los manifestantes para «prevenir violaciones a derechos humanos».
«La CIDH insta a las autoridades a establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino con las personas manifestantes, con el fin de atender sus demandas y resolver los conflictos sociales pendientes«, señaló la Comisión en un comunicado emitido junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
Además, la Comisión y la Relatoría señalaron que permanecen atentas «ante eventuales violaciones de derechos humanos en el marco de la escalada de violencia durante el Paro Nacional en Ecuador» y que recordaban «que la protesta social está protegida por los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y constituye un componente esencial de la democracia, que exige canales de diálogo efectivos».
En el comunicado, la CIDH hizo un recuento de lo que ha sucedido en el país desde que el presidente Daniel Noboa decidió eliminar el subsidio al diésel, el pasado 12 de septiembre, destacando que tras las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) el Gobierno declaró un estado de excepción que ahora rige sobre doce de las 24 provincias y dispuso la movilización de los militares y policías.
«Durante las movilizaciones, la CIDH tomó nota con preocupación de reportes sobre presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, así como actos de violencia no protegidos por el derecho a la protesta, atribuidos a ciudadanos que se encontraban presentes en las manifestaciones», detalló.
El periodista Edison Muenala, de APAK TV, recibió un disparo en el hombro mientras cubría manifestaciones en el norte de Otavalo, en la provincia de Imbabura, según denunció este martes la Asociación de Productores Audiovisuales Kichwas.
El incidente ocurrió en el contexto de las manifestaciones por la eliminación del subsidio al diésel, que se intensificaron tras la llegada el lunes a Ibarra de un convoy humanitario que transportaba alimentos, medicinas y gas de uso doméstico.
El comunicador inicialmente fue trasladado al centro de salud de Peguche, pero debido a la gravedad de sus heridas y a un supuesto cerco militar que, según APAK TV, bloqueaba el acceso al Hospital de Otavalo, fue remitido a Cotacachi para recibir atención médica.
La Conaie alertó sobre “violación de domicilios y represión militar” en Otavalo en el marco de la intervención del Gobierno para acabar con los bloqueos viales en esta zona.
“Militares y policías irrumpieron en viviendas particulares durante la represión”, escribió la organización.
Agregó que “esta acción constituye una grave violación a los derechos humanos y a la inviolabilidad del domicilio”.
Por ello, la Conaie volvió a exigir el cese inmediato de los abusos. También, la organización indígena aseguró que hay múltiples manifestantes heridos de bala, por lo cual los centros de salud de la ciudad están colapsados.
“Se reporta una oleada de personas con heridas por impactos de bala, muchas en estado crítico, saturando los hospitales locales”, recalcó el movimiento indígena.
Por su parte, el Gobierno no ha emitido ningún pronunciamiento sobre estas denuncias.
El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que actualmente el paro ya no es provincial, sino cantonal, debido a que solo se registran enfrentamientos en Otavalo y Cotacachi.
“De aquí no nos vamos a mover hasta que Imbabura tenga paz (…) Vamos a liberarla del secuestro en el que está”, aseguró Reimberg.
Agregó que el tema del diésel ya no forma parte de las demandas de los manifestantes, sino que se ha vuelto un tema “netamente político”.
“Simplemente, están aquí porque les han obligado a salir, porque les van a quitar el agua en sus comunas, no pueden regresar por esa amenaza que tienen”, apuntó el funcionario.
El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que, hasta el momento, se han detenido a 43 personas en Otavalo, entre ellas dos personas extranjeras: una de nacionalidad venezolana y otra colombiana.
Además, hay seis uniformados heridos, entre militares y policías.
También, se espera el arribo de 5.000 uniformados que se movilizarán a Imbabura para apoyar a los más de 2.000 gantes que ya se encuentran en la zona. En total, habrá 7.000 uniformados que intentarán abrir por completo las vías.
La Conaie denunció una “brutal represión en Otavalo” por parte de las fuerzas del orden que intentan desbloquear la carretera E-35, la principal vía de acceso a otros cantones como Antonio Ante e Ibarra.
“El Ejército y la Policía lanzan granadas de impacto múltiple y explosivos a corta distancia contra la población movilizada”, manifestó la organización indígena.
Agregó que el enfrentamiento dejó hasta el momento más de 40 heridos, varios de gravedad, ya que las detonaciones se hicieron en viviendas y espacios comunitarios.
“Este es un ataque directo del Gobierno de Daniel Noboa contra el pueblo, que evidencia una política de guerra interna y represión brutal. Se necesita presencia urgente de organismos de derechos humanos para frenar esta masacre”, alertó la Conaie.
El presidente de la República, Daniel Noboa, apareció luego del feriado, este martes 14 de octubre de 2025, en un evento público con agroproductores en Daule, provincia del Guayas, en el marco de manifestaciones que cumplen 23 días consecutivos.
En su pronunciamiento, el mandatario se refirió al paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras demandas sociales.
“Tratan de establecer a base de cuentos una mala imagen. Estábamos conversando con los embajadores de las Naciones Unidas y de la Unión Europea y les enseñamos datos, números reales”, afirmó Noboa.
El presidente destacó los resultados electorales en diferentes comunidades: “Nosotros hemos ganado en las provincias de mayor población de pueblos y nacionalidades indígenas, en pueblos afroecuatorianos y también en el pueblo montuvio».
Mientras el convoy militar y policial avanza para despejar las vías bloqueadas por el paro nacional, que este martes 14 de octubre cumple 23 días de protestas, se reportan cierres de vías en las provincias de Imbabura, Loja y Pichincha.
Revise las carreteras bloqueadas aquí: Cierres de vías se mantienen en Imbabura, Loja y Pichincha mientras el paro nacional cumple 23 días
La Conaie denunció en sus redes sociales que en los alrededores del Colegio Otavalo y barrios cercanos, militares y policías lanzan gases lacrimógenos indiscriminadamente, incluso dentro de las casas.
“Hay bebés asfixiados por el gas. Familias enteras, niños y ancianos están atrapados en medio de la represión”, apuntó la organización.
Además, etiquetó a entidades internacionales para que se pronuncien sobre esta situación, que la Conaie denomina como “masacre”.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aseguró que la fuerza pública ha implementado un operativo para abrir todas las carreteras cerradas en Imbabura, especialmente, la E35, donde se han concentrado manifestantes de Otavalo.
“Se va a abrir y se va a despejar toda la ciudad de manifestantes agresivos”, apuntó la funcionaria en entrevista con la cadena Ecuavisa.
Agregó que ningún ciudadano de Imbabura “va a tener que vivir la violencia” de parte de protestantes.
“El paro debe acabarse hoy. Esperamos que se acabe hoy, máximo mañana, no vamos a permitir que esta situación se alargue durante la semana”, recalcó Rovira.
Asimismo, relató que esta militarización se da luego de varios intentos de diálogos, que no se han concretado debido a las exigencias de los movimientos indígenas.
Por ejemplo, Rovira recordó que al inicio los manifestantes pedían la eliminación del subsidio al diésel, pero luego aumentaron más peticiones como la reducción del IVA o el rechazo a la Consulta Popular.
“En Imbabura no ha habido voluntad de diálogo, después de horas y horas de diálogo la respuesta sigue siendo la misma, vamos a radicalizar el paro”, reveló la ministra.
El convoy militar y policial del Gobierno llegó a Otavalo tras salir de Ibarra, provincia de Imbabura, durante la madrugada de este martes 14 de octubre de 2025, en el día 23 del paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La zona se ha convertido durante más de tres semanas en el epicentro de las manifestaciones contra de varias medidas del presidente Daniel Noboa, principalmente por la eliminación del subsidio al diésel.
Alrededor de las 03:00 de este martes, el convoy retomó su desplazamiento hacia Otavalo. El trayecto tomó más de tres horas debido a los bloqueos en la vía, pero finalmente las unidades lograron arribar a la ciudad pasadas las 06:00.
Mientras el convoy avanzaba hacia Otavalo, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Los uniformados usaron bombas lacrimógenas para despejar las vías, mientras que grupos de protestantes respondieron con piedras y palos contra los vehículos oficiales. Un policía resultó herido durante los incidentes.
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que “las fuerzas del orden se van a dedicar a abrir las carreteras” de la provincia de Imbabura tras la llegada del convoy humanitario.
“Esto se va a abrir ya, ya basta, el Ecuador debe seguir adelante”, apuntó el funcionario en rueda de prensa.
Detalló que van a abrir las vías «en paz, hablando con la gente, que entiendan que esto termina ya, que la gente quiere trabajar y producir, que las vías tienen que ser aperturadas para enviar los productos a diferentes provincias”.
Reimberg indicó que les tomará varios días aperturar las carreteras. Por ejemplo, mientras se entrega la ayuda humanitaria, también se irán aperturando los accesos en la provincia.
Y envió un mensaje a los que siguen obstaculizando el paso: “Ya es hora de parar, trabajar, ya es hora que aquellos que han sido perjudicados los dejen salir adelante, ya esto tiene que terminar, nosotros no queremos venir a usar la fuerza”.
El convoy humanitario se movilizó desde Quito a Ibarra por la vía Olmedo-Zuleta-La Esperanza-Ibarra. No hubo inconvenientes en el recorrido, hasta que llegaron a la parroquia La Esperanza en Ibarra, donde algunos manifestantes echaron piedras a los vehículos militares y se produjo un enfrentamiento.
Según el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, los protestantes lanzaron rocas, bombas molotov que incendiaron uno de los vehículos tácticos, entre otros objetos.
Por otra parte, Loffredo reveló que este lunes también se realizó una operación en contra de la minería ilegal en Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura.
Alrededor de 300 efectivos intervinieron la zona y el ministro dijo que se quedarán ahí para mantener el control.
Y lanzó una sospecha: “Tenemos nuestras sospechas de que estos grupos armados están dando dinero a los manifestantes, sobre todo a los violentos”.
Tras varias horas de viaje, el convoy del Gobierno con ayuda humanitaria llegó a Ibarra, provincia de Imbabura, con diversos proyectos para liberar a la zona de los bloqueos y manifestaciones que se han presentado desde hace semanas.
La vicepresidenta de la República, María José Pinto, informó que 37 vehículos llegaron a la provincia con combustible, ayuda humanitaria, brigadistas del registro social y medicamentos.
En total 10 instituciones están articuladas para brindar diferentes servicios a la población a través de brigadas sociales.
Por ejemplo, para la población más pobre se dispone de 1.500 kits con ropa, artículos de aseo y víveres no perecibles.
“Vamos a quedarnos aquí hasta que esta provincia deje de estar secuestrada”, aseguró Pinto.
Por su parte, el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, comentó que la idea es reactivar la provincia desde Ibarra. Para ello tienen una estrategia a corto y medio plazo para que todo vuelva a la normalidad.
Indicó que en las brigadas, la ciudadanía podrá inscribirse a los programas de incentivos económicos que el Gobierno ya ha presentado previamente como el incentivo ‘Emprende’ para todos los comerciantes que no han podido abrir en todo este tiempo.
“Les vamos a hacer una transferencia monetaria de 1.000 dólares”, apuntó Burbano.
Añadió que “no vamos a dejar que esta provincia siga paralizada al ser la única a nivel nacional”.
El convoy militar con ayuda humanitaria llegó a Ibarra, provincia de Imbabura, tras varias horas de viaje.
Las autoridades viajaron por la ruta Olmedo-Zuleta-La Esperanza-Ibarra sin mayores inconvenientes en la mayoría de tramos.
Sin embargo, en el sector de La Esperanza, las fuerzas del orden fueron recibidas con piedras, lo que provocó un enfrentamiento y la respuesta de los uniformados fue echar gas lacrimógeno.
El ministro del Interior, John Reimberg, quien lideró el convoy, escribió en la red social X que “moradores de este sector continuaban lanzando fuego y piedras contra las fuerzas del orden”.
Según reportan medios locales, algunas carreteras ya están habilitadas, pero aún hay el riesgo de que los manifestantes las vuelvan a cerrar.
Un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad Central protesta a esta hora en los exteriores de la institución educativa con consignas en contra del Gobierno de Daniel Noboa.
“Somos estudiantes, no estamos armados”, gritaron cuando decenas de policías llegaron al sitio para evitar que los jóvenes se tomaran las calles aledañas.
En estas cuatro semanas de paro nacional, convocado por la Conaie, los jóvenes de la Universidad Central han sido uno de los sectores que más han apoyado las movilizaciones.
De hecho, Luis Chuquimarca, representante estudiantil ante el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, exigió este lunes al rector que declare al campus universitario como zona de paz.
Miles de indígenas de Cotacachi marcharon en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, para exigir al Gobierno una apertura inmediata al diálogo y respuestas concretas a sus demandas.
Los protestantes se movilizaron en una multitudinaria caravana por la E-35 y arribaron al Parque ‘Ciudad Blanca’, desde donde empezaron a marchar por las principales calles de Ibarra.
Estuvieron miembros de la UNORCAC, ChijalltaFICI y otras agrupaciones representativas de los pueblos y nacionalidades de Imbabura.
La movilización concluyó tras dos horas, pasadas las 14:00. Los indígenas volvieron a sus comunidades para continuar con la “resistencia”.
Un líder indígena informó que entregaron a las autoridades de la provincia un documento, en el que plantean sus necesidades y hacen un llamado al diálogo.
Entre las solicitudes de las comunidades, constan la liberación de los 12 detenidos en Otavalo tras quemar un destacamento policial, la eliminación del subsidio al diésel, entre otras propuestas.
Los indígenas aseguraron que esperan una respuesta lo más pronto posible, de lo contrario se movilizarán nuevamente a Quito.
Un periodista de Ecuavisa fue víctima de agresión policial en medio de la cobertura del paro nacional, este domingo 12 de octubre, en Quito. El asistente de cámara, Santiago Gil, fue uno de los cinco comunicadores agredidos, según reportó Fundamedios.
De acuerdo con la organización, denuncias verificadas señalan que miembros de la fuerza pública «habrían actuado de forma violenta y desproporcionada» contra trabajadores de la prensa, pese a estar debidamente identificados y cumpliendo su labor informativa.
Santiago Gil relató que fue golpeado por un agente policial y alcanzado por proyectiles de goma mientras intentaba proteger su equipo de trabajo.
“Le dije a la policía que soy de prensa, estoy con el dron y equipos. Me golpeó en la mano porque quería que suelte la maleta. Corrí y me disparó con esas de goma que me dieron en la cabeza y al costado”, relató el comunicador de Ecuavisa.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, habló sobre las protestas registradas el pasado domingo en Quito.
El líder indígena aclaró que “nunca hubo intención de tomarse con violencia ni incendiar” a la capital de los ecuatorianos.
No obstante recalcó: “Quito no está aislado del país, los pueblos y nacionalidades formamos parte del pueblo quiteño y de la misma manera recibimos el cariño y la solidaridad de su gente como se demostró ayer”.
Cientos de personas protestaron el pasado domingo en el centro de la ciudad, lo cual provocó enfrentamientos con la Policía Nacional, así como agresiones a periodistas.
“Ese relato de la violencia es parte de una estrategia del Gobierno para justificar la represión, nuestra movilización fue totalmente pacífica, sin ningún brote de violencia”, acotó Vargas.
El líder indígena también se pronunció sobre el caso de dos jóvenes indígenas de Otavalo, a quienes militares habrían cortado sus trenzas de cabello, un símbolo que es parte indispensable de su identidad.
Vargas calificó ese acto como “racista” y aseguró que “refleja la persistencia de un Estado con rasgos coloniales”.
Finalmente, anunció que en los próximos días el movimiento indígena tomará “decisiones colectivas en defensa de la vida y la dignidad de nuestros pueblos”.
Pero avanzó que “desde hoy nuestras fuerzas se concentran también en una gran campaña nacional por el NO a la Consulta Popular” que plantea el presidente Daniel Noboa para llamar a una Asamblea Constituyente.
Diversos grupos sociales anunciaron este lunes nuevas jornadas de protestas para esta semana en contra del Gobierno de Daniel Noboa.
Se trata del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Unión General de Trabajadores (UGTE) y el Frente Popular, quienes ejecutarán manifestaciones desde este lunes 13 de octubre.
En Quito la concentración será a las 15:00 en la Plaza Indoamérica cerca de la Universidad Central. Mientras que los protestantes en Guayaquil se reunirán a las 16:00 en el Parque Centenario.
Pero las movilizaciones no quedarán ahí, el miércoles 15 de octubre habrá otra protesta junto a grupos indígenas.
Mientras que el sábado 18 de octubre se llevará a cabo un congreso en defensa de la seguridad social en Guayaquil.
“El Gobierno no tiene una estrategia de diálogo, sino de guerra frente al pueblo y criminalización a la lucha social”, dijo Andrés Quishpe, presidente de la UNE.
Por su parte, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, indicó “el pueblo ecuatoriano le dice no a Noboa en las calles, pero también le dirá no en las urnas”.
Cientos de indígenas de Cotacachi se desplazaron a Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, para protestar en contra del Gobierno. En videos de redes sociales se observa que los protestantes arribaron en camionetas, cuyas placas estaban tapadas.
“Qué viva la resistencia indígena” y “viva el paro”, gritaban a su entrada a la ‘Ciudad Blanca’.
Los indígenas se desplazaron por las calles principales, hasta llegar a la Gobernación de Imbabura, ubicada en el centro de la urbe.
La Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) lidera la protesta, que ha provocado el cierre de negocios en Ibarra por temor a represalias.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que los indígenas salieron armados y con las placas de sus autos ocultas.
“200 vehículos con 1000 personas. Esto no se trata de una manifestación, es terrorismo”, acotó el funcionario.
Con un gran contingente policial y militar, el ministro del Interior, John Reimberg, junto a otras autoridades del Gobierno de Daniel Noboa, se dirige este lunes 13 de octubre de 2025 a Imbabura, epicentro del paro nacional liderado por la Conaie.
Reimberg indicó que el operativo tiene como objetivo abrir las vías bloqueadas por manifestantes en varios tramos y garantizar la llegada de atención y productos de primera necesidad a las comunidades afectadas.
“Cien vehículos forman parte del convoy humanitario”, precisó el ministro, quien agregó que se trata de una operación que tomará algunos días debido a la magnitud de la situación en la provincia.
En bloque integrado por 1.000 efectivos militares y policiales, organizado por el Bloque de Seguridad, se desplaza desde el aeropuerto de Tababela hacia Imbabura.
Asimismo, Reimberg enfatizó «vamos a usar la fuerza pública, para hacer una apertura total de vías, porque esto se acaba ya»
El Gobierno de Ecuador destacó este lunes que mantiene un diálogo con las bases indígenas en medio del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) con carácter de nacional, pero que se ha concentrado en la provincia de Imbabura, y una zona del norte de la de Pichincha.
La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, aseveró en su rueda de prensa semanal que el «Gobierno está abierto al diálogo y está dialogando con las bases, con la base que está detrás de estos supuestos dirigentes».
Añadió que son esos acuerdos los que cuentan para la distribución de los recursos e incentivos sociales que está entregando el Gobierno a los sectores vulnerables, afectados por la eliminación del subsidio al diésel, una acción que la Conaie considera un mecanismo para dividir al sector indígena.
Nacionales
Otavalo anuncia acuerdos tras violentos enfrentamientos, mientras la Conaie reafirma ‘la resistencia’
En Otavalo, provincia de Imbabura, el principal bastión del paro nacional contra el presidente Daniel Noboa, la alcaldesa Anabel Hermosa, anunció que se alcanzaron los primeros acuerdos entre los líderes del movimiento indígena y el Gobierno Nacional, luego de los intensos enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares.
El comunicado oficial de la Alcaldía, difundido la noche del martes 14 de octubre, detalló que una jornada de intensas gestiones y diálogos “se ha logrado los primeros acuerdos para el restablecimiento progresivo de la paz y el trabajo para nuestro cantón”.
Hermosa recalcó que el diálogo es “el único camino a la paz” y destacó que se ha escuchado “la voz digna y altiva del pueblo otavaleño” para que sus propuestas sean analizadas.
La alcaldesa también confirmó la liberación de siete jóvenes y dos adultos mayores que habían sido detenidos durante los disturbios ocurridos este martes, señalando que regresaron con sus familias.
Según el comunicado, las mesas de diálogo continuarán este miércoles al mediodía, donde se analizarán los planteamientos presentados por los dirigentes indígenas al Ejecutivo.
“Nuestra convicción es seguir sirviendo con todo el amor y el compromiso a nuestro Otavalo”, concluyó la autoridad local.
Conaie denuncia “represión militar” en Imbabura
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), promotora del paro nacional que este miércoles cumple 24 días, continuará con el paro nacional en contra del Gobierno de Daniel Noboa, en rechazo al incremento del precio del diésel y otras demandas sociales.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, afirmó que el movimiento “reafirma la resistencia” y que sus bases “están en pie de lucha”. Además, rechazó “la represión policial y militar” registrada en Imbabura.
Asimismo, la organización denunció que el Gobierno “ha convertido nuestras comunidades en zonas de guerra”, tras el ingreso de un convoy de aproximadamente 100 vehículos a Imbabura. Según el Ejecutivo, el objetivo era transportar ayuda humanitaria y personal de seguridad para despejar las vías bloqueadas durante las últimas cuatro semanas.
Sin embargo, la Conaie sostiene que el denominado “convoy humanitario” constituye “una operación militar de represión contra el pueblo que ejerce su legítimo derecho a la protesta”. Se acusó al Gobierno de “militarizar Imbabura, vulnerar derechos constitucionales y disfrazar la violencia de ayuda humanitaria”.
“El Gobierno ha convertido nuestras comunidades en zonas de guerra, utilizando gases, balas y violencia indiscriminada contra un pueblo que ejerce su derecho constitucional a la protesta”, enfatizó la organización.
Asimismo, Vargas exhortó a organismos internacionales como la CIDH, la ONU y la OEA a sancionar al Gobierno Nacional “por reprimir, invadir los territorios ancestrales y despojar a los pueblos originarios de sus tierras”.
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