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Nacionales

Luisa González insiste en denuncias de supuestas irregularidades en la segunda vuelta

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La excandidata presidencial Luisa González ofreció este 28 de abril de 2025 una entrevista tras la segunda vuelta en el portal digital Primera Plana. Durante su intervención, González expuso su posición sobre las irregularidades que, a su criterio, afectaron la transparencia de las elecciones 2025.

La dirigente explicó que esperó varios días para pronunciarse debido a la necesidad de recabar información técnica. Esa información provino de los informes de observadores internacionales y de documentos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

González afirmó que su análisis no se basó únicamente en percepciones políticas. Aclaró que revisó actas, informes y procesos documentados en las elecciones generales de 2025. Ratificó que sus denuncias se sustentan en hallazgos técnicos y no en argumentos subjetivos. Además, insistió en que su posición responde al compromiso con sus votantes y no a intereses particulares.

Luisa González y los cuestionamientos a la transparencia en la segunda vuelta
Luisa González sostuvo que no reconoce los resultados que declararon ganador a Daniel Noboa. Aseguró que el proceso presentó violaciones a la Constitución, irregularidades en la campaña y compra de votos.

Según su versión, los depósitos de 2 000 dólares a ciudadanos en situación de pobreza fueron una estrategia para influir en el voto. González comparó esta práctica con casos similares ocurridos en procesos electorales de México.

 

La excandidata mencionó que los depósitos de dinero ocurrieron días antes de la segunda vuelta. Expresó que entendía la necesidad económica de muchos votantes que recibieron esos recursos. Aclaró que el problema no radica en el apoyo inmediato sino en la falta de soluciones estructurales.

Para González, este tipo de prácticas compromete la legitimidad de cualquier elección democrática.

Observaciones sobre las actas y la transferencia de tinta
González enfatizó que el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) alertó sobre la transferencia de tinta en las papeletas. Explicó que esta anomalía técnica no surgió de la Revolución Ciudadana, sino de los observadores internacionales.

Aunque el informe definitivo minimizó el impacto, González destacó que sí existieron anulaciones de votos. Insistió en que este tipo de fallas no aparecieron en observaciones de otros países.

La dirigente política señaló que la OEA encontró casos en los que la tinta afectó la interpretación del voto. Aclaró que, según los observadores, la voluntad del elector se respetó en la mayoría de los casos.

Sin embargo, reiteró que el simple registro de esta anomalía ya ameritaba una revisión a fondo. Por ello, González defendió la necesidad de abrir las urnas para garantizar la transparencia.

Solicitud de apertura de urnas y presentación de nuevas evidencias
Durante la entrevista, González denunció la negativa del CNE de permitir la apertura de urnas. Indicó que presentaron 13 095 actas con observaciones que ameritaban una revisión detallada.

También mencionó irregularidades como la desaparición de papeletas, firmas inconsistentes y diferencias en el padrón electoral. Según González, estos hechos comprometen la credibilidad del proceso.

González anticipó que difundirá un video donde se evidencian cambios de actas dentro del sistema electoral. Aseguró que solicitaron formalmente las actas originales de escrutinio y los padrones electorales.

Manifestó que hasta ahora no han recibido esa documentación de parte del CNE. Recalcó que, por principios de transparencia, las urnas deben abrirse y los registros deben verificarse.

Situación interna de Revolución Ciudadana
Sobre el estado interno de su movimiento, González afirmó que Revolución Ciudadana se mantiene unida. Explicó que existen diferencias de criterio, pero que se respetan dentro de la organización.

Rechazó la existencia de un quiebre o división formal en la estructura partidaria. Subrayó que continuará conduciendo el movimiento junto a sus bases en todo el país.

“Soy la presidenta de la Revolución Ciudadana. Yo conduzco el partido y el partido estará donde se lo conduzca desde mi presidencia. Estaremos organizados en el territorio y seguiremos de pie junto al pueblo que clama por mejores días”, dijo González.

González también se refirió a la polémica de los chats filtrados dentro de su bancada. Señaló que grabar conversaciones privadas refleja una falta de lealtad y principios. Indicó que, aunque existan conflictos, estos deben resolverse de forma interna y respetuosa. Finalmente, reiteró que su compromiso es seguir luchando junto al pueblo ecuatoriano por mejores días. Fuente: El Comercio

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El hueco fiscal del presupuesto del Estado aumenta en 2025 a USD 5.624 millones

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El Gobierno de Daniel Noboa prevé que en 2025 el déficit o hueco fiscal en el Presupuesto General del Estado sea de USD 5.624 millones, según la proforma presentada por el Presidente Daniel Noboa el 22 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional.

¿Pero qué es el déficit fiscal y cómo afecta al Presupuesto del Estado?

El Presupuesto General del Estado detalla cómo un gobierno administra las finanzas de un país; es decir, en qué gasta el dinero que recauda de sus ciudadanos y los ingresos que percibe por la venta de petróleo o por endeudamiento público.

Cuánta plata necesita el Gobierno de Noboa para lo que resta de 2025 y para 2026 ; ya alista los nuevos presupuestos
Pero cuando los ingresos del Estado no son suficientes para pagar todos los gastos, se crea lo que conoce como déficit fiscal; pues el Estado está gastando más de los ingresos que percibe. Y para cubrir este hueco en el presupuesto, el Gobierno debe endeudarse y pagar intereses.

En la proforma presentada por Noboa, los ingresos previstos para 2025 suman USD 27.439 millones, pero los gastos suman USD 33.064 millones.

La vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, explicó el 25 de agosto de 2025 que el Gobierno de Daniel Noboa ha estado haciendo esfuerzos para reducir el déficit fiscal.

Gobierno prevé que los subsidios costarán USD 7.915 millones al Estado en 2025, ¿cuáles serán los más altos?
«Hay un déficit que no es desconocido, lo venimos arrastrando hace muchas décadas como país, pero cada vez nos esforzamos para que sea menor… Sí, el déficit es de casi USD 6.000 millones, pero no es extremadamente superior al déficit de la proforma anterior», dijo.

Además, Jaramillo enfatizó que lo ideal al hablar del déficit fiscal es referirse a cuánto equivale frente al Producto Interno Bruto del país (PIB). De ahí que dijo que el déficit de 2025 será de alrededor de 4,3% del PIB.

«Tenemos que reconocer que ahora mismo en la proforma se ha priorizado la salud, educación y seguridad, cumpliendo lo que manda la Constitución. Además, la proforma es un ejercicio referencial, no está escrita en piedra», agregó.

Y sí, cuando se compara el déficit fiscal con la proforma de 2024, es decir, con USD 4.800 millones, que es lo que inicialmente preveía el Estado, la diferencia con el hueco que tendrá el Presupuesto en 2025 no es tan amplia.

Sin embargo, a lo largo de 2024 o durante la ejecución del gasto, ese hueco fiscal se fue acortando y cerró diciembre de 2024 con una cifra de USD 2.483 millones, mucho más baja que la inicialmente prevista para 2024 y también más «chica» que la proyectada para 2025. Fuente: Vistazo

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El ministro John Reimberg denuncia a jueza de Zamora por no dar prisión preventiva a hombre investigado por sicariato

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El ministro del Interior, John Reimberg, continúa con las denuncias a funcionarios judiciales que dejan en libertad a peligrosos delincuentes. Este 25 de agosto de 2025, cuestionó que la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Yantzaza (Zamora Chinchipe), rechazó el pedido de prisión preventiva en contra de Rolando M., presunto sicario acusado de tentativa de homicidio y detenido por la Policía Nacional, el jueves 21 de agosto.

Se trata de una «resolución inexplicable», expresó el funcionario en su cuenta de X. Le otorgó «ridículas medidas cautelares» como presentación ante el fiscal de la causa y prohibición de salida del país.

El funcionario preguntó ¿hasta cuándo la Función Judicial del país tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?

«Tenemos acusado recibo de la denuncia por parte del Consejo de la Judicatura. Esperamos el procedimiento del caso», concluyó.

Funcionarios judiciales sancionados

Hasta el pasado 10 de junio, 90 servidores judiciales han sido destituidos en los últimos 11 meses por la Judicatura. Se trata de 46 jueces de 13 provincias, fiscales, asistentes administrativos, ayudantes judiciales, citadores, coordinadores provinciales, gestores de archivo, secretarios, técnicos de ventanilla, entre otros.

Este es el número de jueces sancionados:

  • Cotopaxi: 1.
  • El Oro: 7.
  • Tungurahua: 1.
  • Los Ríos: 8.
  • Bolívar: 2.
  • Manabí: 3.
  • Guayas: 8.
  • Esmeraldas: 3.
  • Chimborazo: 4.
  • Pastaza: 1.
  • Santa Elena: 1.
  • Loja: 1.
  • Santo Domingo: 6
  • Total: 46.

 

Los 90 servidores judiciales destituidos corresponden a:

  • Jueces: 46.
  • Fiscales: 11.
  • Analistas: 2.
  • Asistentes administrativos: 3.
  • Ayudantes judiciales: 5.
  • Citadores: 1.
  • Coordinadores provinciales: 1.
  • Directores provinciales: 5.
  • Gestores de archivo: 2.
  • Secretarios: 10.
  • Técnicos de ventanilla: 3.
  • Peritos de Fiscalía: 1.
  • Total: 90.    Fuente: Ecuavisa
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‘Vidrio Libre’: vinculan a funcionario por liberación ilegítima de Jorge Glas y revelan cómo se habría tramado

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En el marco del caso ‘Vidrio Libre‘, la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó este lunes 25 de agosto al funcionario judicial Edison Andrés V. por el presunto delito de asociación ilícita.

En esta causa se investiga a funcionarios públicos y abogados en libre ejercicio, quienes se habrían asociado para lograr la liberación ilegítima del exvicepresidente, Jorge Glas, evadiendo la acción de la justicia.

Liberación ilegítima de Glas

Con base en los elementos de convicción, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga detalló en la audiencia cómo se habría tramado la liberación ilegítima del exvicepresidente Glas, con la participación del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.

Según la investigación, Terán habría mantenido reuniones con el entonces juez Emerson Curipallo en el domicilio de la exjueza Anabel Torres, donde le solicitó que emita una medida que permita la excarcelación de Glas, a cambio de archivar sus expedientes disciplinarios y de un supuesto “blindaje” desde el Gobierno.

Este accionar habría contado con el respaldo del entonces fiscal de Santo Domingo, Víctor Hugo Alcívar, quien habría pedido al juez proceder con la medida, garantizando que el abogado Edison L. evitaría una reacción institucional por parte del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores).

Posteriormente, Wilman Terán habría redactado la acción constitucional de medida cautelar, mientras que Anabel Torres habría coordinado el sorteo en la Unidad Judicial de Santo Domingo a través de Edison Andrés V. (recién vinculado al caso ‘Vidrio Libre’), quien habría manipulado el sistema para que Emerson Curipallo sea el juez asignado y habilitado para recibir la causa. El patrocinio, presentación y tramitación recayó en el abogado Cristhian P.

El 26 de noviembre de 2022, en Santo Domingo, Cristhian P. presentó la demanda constitucional en beneficio del exvicepresidente. Fue sorteada al despacho del juez Emerson Curipallo, quien dos días después, el 28 de noviembre, resolvió a favor del solicitante.

Mediante esa resolución, se ordenó que Jorge Glas se presentara una vez por semana en la Penitenciaría del Litoral, se le prohibió salir del país y se emitió la boleta de excarcelamiento.

Al término de la audiencia, el Juez que conoce el caso dictó medidas cautelares contra Edison Andrés V.: prohibición de ausentarse del país y presentación periódica cada quince días en la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En esta causa también están procesados el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; el exfiscal Víctor Hugo Alcívar; la exjueza Anabel Torres; y los abogados Cristhian P. y Edison L., como presuntos autores directos del delito. Fuente: Vistazo

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