Noticias Zamora
Abogado Hernán Camacho expone preocupación por los impactos de la minería ilegal en Yantzaza y Zamora Ch.
En una reciente entrevista concedida a un medio de comunicación digital del cantón Yantzaza, TvMás Encuentros, el abogado Hernán Camacho expuso un análisis detallado sobre los efectos legales, sociales y ambientales que la actividad minera ilegal está provocando en el cantón y en la provincia de Zamora Chinchipe.
El jurista fue enfático en señalar que, desde el ámbito legal, los ciudadanos tienen el derecho de presentar denuncias formales ante las autoridades competentes como la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), el Ministerio del Ambiente, la Gobernación de Zamora Chinchipe, entre otros entes. Sin embargo, recalcó que pese a la existencia de mecanismos legales de denuncia, las autoridades correspondientes han demostrado omisión y desinterés frente a los reclamos ciudadanos.
Como ejemplo concreto, Camacho mencionó el caso del señor Minga, quien presentó denuncias desde hace más de un año, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta o acción alguna de las instituciones estatales. Además, lamentó que el afectado haya perdido aproximadamente tres hectáreas de terreno agrícola, dedicadas al cultivo de cacao y plátano, evidenciando así el grave impacto de la minería sobre la propiedad privada y los medios de vida locales.
El abogado subrayó que la Gobernadora Provincial, como representante del Gobierno Nacional en el territorio, tiene la potestad y la responsabilidad de intervenir en estos casos, sobre todo cuando se trata de actividades mineras que, según la ley, son consideradas ilegales. Según explicó, un operativo adecuado para verificar la existencia de permisos ambientales y de concesiones mineras sería suficiente para proceder con la clausura y sanción de las actividades ilegales.
En términos jurídicos, Camacho recordó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 260, establece penas privativas de libertad de entre 19 a 23 años para quienes ejecuten minería ilegal, y que, en caso de producirse daño ambiental, la pena podría incrementarse de 23 a 26 años. De esta manera, enfatizó que los responsables de estas actividades ilícitas, muchas veces inconscientes de la gravedad de sus actos, se exponen a severas sanciones judiciales.
El jurista también abordó mecanismos legales adicionales para proteger los derechos vulnerados, como la presentación de acciones de protección por parte de los moradores afectados, en este caso, los habitantes del barrio La Floresta. Además, señaló que, ante el daño ambiental evidente, cualquier ciudadano tiene la facultad de presentar denuncias correspondientes para solicitar medidas urgentes, como la paralización de maquinaria mediante acciones planteadas ante la Fiscalía General del Estado.
Camacho aclaró que no solo los individuos afectados pueden presentar denuncias, sino también entidades públicas como los municipios. En cuanto al marco normativo vigente, explicó que el catastro minero fue cerrado en 2018, no solo para la minería metálica, sino también para la extracción de materiales de construcción y petróleo, razón por la cual toda actividad minera actual sin título habilitante se considera ilegal.
Respecto a la minería de materiales pétreos, destacó que, aunque esta actividad se rige por ordenanzas municipales, si no existen concesiones o permisos otorgados, también se configura como actividad ilegal. Asimismo, mencionó que la Fiscalía no puede actuar de oficio en estos casos; es imprescindible que exista una denuncia formal por parte de la comunidad afectada.
Finalmente, el abogado Hernán Camacho alertó sobre los severos daños ambientales causados en el sector: la erosión de riberas, la afectación a terrenos productivos, el deterioro de la infraestructura vial —como la importante vía hacia la parroquia Zumbi— y la alteración de los ecosistemas locales. Todo ello, indicó, resultado de actividades mineras ejecutadas de manera irresponsable y sin ningún tipo de reparación ni responsabilidad social por parte de los infractores.
El abogado hizo un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que ejerzan su rol de control y protección de los recursos naturales, cumpliendo de manera frontal y decidida sus obligaciones constitucionales y legales, en defensa de la ciudadanía, el medio ambiente y el desarrollo sustentable de Zamora Chinchipe.
Noticias Zamora
Operativo contra la minería ilegal genera una afectación superior a USD 306.750 en Panguintza
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Ante el fenómeno del niño: La Pista de Cumbaratza podría ser clave para la ayuda humanitaria y emergencia
La alerta roja nacional por el fenómeno de El Niño debería ser, para las autoridades de Zamora Chinchipe, mucho más que una declaratoria administrativa. Debería convertirse en una señal inequívoca para pasar de la reacción a la planificación. El Gobierno Nacional informó el me de agosto la declaratoria de alerta roja y, en los últimos días, ha anunciado acciones de preparación frente al fenómeno.
La pregunta que corresponde hacer desde la provincia es sencilla, pero fundamental: ¿qué está haciendo Zamora Chinchipe para estar preparada si los efectos del fenómeno de El Niño golpean con mayor intensidad?
No basta con activar un COE cuando ya existen carreteras destruidas, comunidades aisladas, viviendas afectadas o familias que necesitan ayuda. La gestión de riesgos moderna exige anticipación, coordinación y preparación. Entonces ya debemos planificar.
Zamora Chinchipe conoce, además, las consecuencias que pueden producir los eventos naturales. Las lluvias de años anteriores han provocado inundaciones, desbordamientos y afectaciones a viviendas, cultivos y bienes. La propia Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha registrado la activación del COE Provincial de Zamora Chinchipe para coordinar acciones frente a emergencias.
Por eso, el COE Provincial debe informarle a la ciudadanía. La población tiene derecho a conocer cuál es el plan de contingencia, qué instituciones están preparadas, qué recursos existen, cuáles son las zonas de mayor riesgo y qué protocolos se aplicarían ante una emergencia de gran magnitud.
¿Estamos preparados para lo peor?
Esta es la pregunta que las autoridades deberían responder antes de que ocurra una tragedia.
¿Existen equipos suficientes para atender inundaciones y deslizamientos? ¿Hay maquinaria disponible y estratégicamente ubicada? ¿Están identificadas las comunidades que podrían quedar aisladas? ¿Existen rutas alternativas? ¿Hay albergues previamente determinados? ¿Se dispone de alimentos, agua, medicinas y combustible para una emergencia prolongada?
Y hay otra infraestructura que merece ser incorporada seriamente a esta planificación: por ejemplo, el aeródromo de Cumbaratza.
La información oficial de la Dirección General de Aviación Civil identifica a Cumbaratza como un aeródromo nacional administrado por el GAD Municipal de Zamora. Sin embargo, actualmente existe un NOTAM que registra al aeródromo como cerrado definitivamente.
Precisamente por ello, la propuesta debe plantearse con responsabilidad: que las autoridades analicen técnicamente si es posible recuperar y habilitar esta infraestructura, con las autorizaciones aeronáuticas correspondientes, como parte de una estrategia de emergencia y apoyo humanitario.
No se trata simplemente de abrir una pista. Se requiere evaluar condiciones de seguridad, infraestructura, comunicaciones, servicios de emergencia, capacidad operativa y coordinación con la autoridad aeronáutica. Pero si técnicamente puede convertirse en un punto estratégico para evacuaciones, traslado de insumos o ayuda humanitaria, ¿por qué no empezar a trabajar desde ahora?
Esperar a que las carreteras estén bloqueadas para recién preguntarnos cómo ingresará la ayuda sería repetir el viejo error de ser reactivos.
La ciudadanía también debe ser parte de la planificación
El COE Provincial no debería trabajar únicamente entre autoridades y oficinas. Debe convocar a la ciudadanía, organizaciones sociales, cuerpos de emergencia, transportistas, comunidades, barrios, sector privado y medios de comunicación.
Hay conocimiento en el territorio que puede resultar fundamental para construir un verdadero plan provincial de contingencia.
La población conoce qué caminos se vuelven intransitables, qué comunidades quedan aisladas, qué puentes son vulnerables y qué lugares pueden servir como puntos de encuentro o evacuación.
Planificar no significa anunciar que estamos preparados. Significa demostrarlo.
Significa tener protocolos escritos, responsables definidos, equipos disponibles, comunicación establecida y ejercicios de simulación que permitan detectar las fallas antes de que ocurra la emergencia.
Zamora Chinchipe tampoco debería esperar a que la naturaleza nos dé otra lección para empezar a organizarnos.
El mensaje para nuestras autoridades es claro: no esperemos el desastre para activar el COE.
La alerta roja debe ser una oportunidad para demostrar que aprendimos de las emergencias anteriores.
Y si finalmente el fenómeno de El Niño no provoca en nuestra provincia los escenarios más graves, habremos ganado algo igualmente importante: una provincia mejor preparada para la próxima emergencia.Porque en gestión de riesgos, esperar a que ocurra la tragedia para actuar no es prudencia.
Es improvisación.
Zamora Chinchipe necesita autoridades que planifiquen hoy para no lamentar mañana.
Noticias Zamora
Zamora fortalece la articulación entre medicina occidental y saberes ancestrales
En el Centro de Salud Zamora se desarrolló el pasado jueves 27 de agosto, una jornada del Servicio Ambulatorio Intensivo (SAI), que incorpora mensualmente prácticas de sanación ancestral como parte de un proceso de articulación intercultural orientado a los pacientes del cantón.
La actividad contó con la participación de Evgeny Roginskiy, conocido espiritualmente como “Ayachui”, médico ancestral y sanador certificado por el Ministerio de Salud Pública, quien explicó que estas jornadas se desarrollan aproximadamente una vez al mes y permiten acercar los conocimientos de la medicina tradicional a los servicios de salud.
Según Roginskiy, el grupo de sanadores pertenece a la familia Tzunki, de tradición Shuar, y mantiene una trayectoria de aproximadamente 11 años en este ámbito. Señaló además que alrededor de 100 personas forman parte de este proceso a nivel nacional, con actividades desarrolladas también en provincias como Loja, Pichincha y Morona Santiago.
En el Centro de Salud Zamora, las jornadas llevan cerca de un año y registran una atención aproximada de 50 personas mensualmente. Los participantes reciben estas prácticas de manera gratuita, en coordinación con el componente intercultural de los servicios de salud.
Por su parte, Lorena Flores, médica familiar del Centro de Salud Tipo B Zamora, destacó la importancia de generar espacios que reconozcan los conocimientos tradicionales y contribuyan al bienestar integral de los pacientes, dentro de un marco de respeto entre las distintas prácticas de atención.
En tanto, Jonathan Vélez, terapeuta ocupacional y responsable del Servicio Ambulatorio Intensivo Zamora, explicó que el SAI está dirigido principalmente a personas con trastornos mentales graves, antecedentes de intentos de suicidio y consumo problemático de alcohol y drogas.
Vélez señaló que la sanación ancestral se incorpora una vez al mes para los pacientes beneficiarios del servicio y que también se promueve el conocimiento de estos saberes durante las atenciones médicas, odontológicas y psicológicas. Subrayó que esta articulación busca respetar tanto los conocimientos ancestrales como las ciencias de la salud, dentro de un enfoque intercultural.
El responsable del SAI informó que en cada jornada se atiende aproximadamente a 40 o 50 personas y que el acceso es gratuito. Los ciudadanos interesados pueden acercarse directamente a la ventanilla de los centros de salud de Zamora y Yacuambi, donde el personal correspondiente orientará sobre el proceso de acceso a estas jornadas.
Los organizadores señalaron que los sanadores participantes cuentan con certificación y reconocimiento del Ministerio de Salud Pública, y que estas iniciativas forman parte de un proceso destinado a visibilizar y preservar los conocimientos tradicionales.
La jornada representa un espacio de encuentro entre diferentes perspectivas de atención sanitaria, con énfasis en la interculturalidad, salud mental, bienestar integral y respeto a los saberes ancestrales, promoviendo mecanismos de articulación entre las prácticas tradicionales y los servicios institucionales de salud.
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