Una propuesta de reforma al Código Monetario y Financiero, que se encuentra en tratamiento en la Asamblea Nacional, plantea que el Gerente General del Banco Central del Ecuador (BCE) sea designado por el Presidente de la República.

Actualmente, esta autoridad es designada por la Junta de Política y Regulación Monetaria para un período de cuatro años, renovables por una sola vez. Además del cambio en la designación, el artículo propuesto ya no hace referencia al lapso de tiempo que debería durar el Gerente en su cargo.

La reforma al artículo 50 del Código fue incluida en el informe para primer debate del Proyecto de Ley de Integridad Pública, aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, el 12 de junio de 2025.

La exgerente del Banco Central, Verónica Artola, cree que la designación por parte del Presidente podría ser una ventaja al ser un proceso más ágil. «No creo que tenga impacto en la autonomía del Banco porque igual los miembros de la Junta ya son elegidos de la terna que manda el Presidente de la República  a la Asamblea», recuerda.

Artola añade que el Banco Central es una entidad que debe dar cumplimiento a la política monetaria delineada por el Ejecutivo.

«Esta opción da la flexibilidad al Presidente de que si el Gerente del Banco Central no está funcionando, pueda ser cambiado en el momento que se necesite para reactivar la economía. Actualmente, la Junta Monetaria lo elige por cuatro años, eso es una camisa de fuerzas», señala la extitular del BCE.

Por el contrario, al exministro de Economía, Mauricio Pozo, le preocupa que este cambio en la elección del Gerente se materialice, pues considera que con esto la institución se pueda volver dependiente del Ejecutivo, lo que contraviene con su autonomía.

Para Pozo,  lo ideal es que sea una entidad independiente de cualquier gobierno, como ocurre en otros países de la región como Perú y Chile.

«Me preocupa el objetivo que se busque sea controlar un poco más otra instancia. Una institución como esta debe ser proveedora de información económica para la toma de decisiones, por tanto, no puede ser ni parte del Gobierno ni del sector privado; debe ser una entidad de alta credibilidad», explica Pozo.

Problema de base
Sin embargo, los dos analistas coinciden en que la forma en que se elige actualmente, por designación de la Junta Monetaria, tampoco es la más idónea, pues -según ellos- parte de un error de base: la existencia de dos juntas de regulación, una monetaria y otra financiera, como lo determinó la Ley de Defensa de la Dolarización, en abril de 2021.

Pozo considera que esa división ha creado un conflicto de facultades y competencias, y por ende, también ha limitado las funciones del Gerente del Banco Central.

Por otro lado, la exgerente del Central, Verónica Artola, recuerda que la división de la anterior junta en dos fue resultado de una asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI). El multilateral además era partidario de que la elección del Gerente del Central sea independiente a los períodos de Gobierno.

Por ello, Artola considera que el cambio que se está planteando podría generar ruido en el FMI. Fuente: Primicias

La vocera de Gobierno de Daniel Noboa, Carolina Jaramillo aseguró este 16 de junio de 2025, que el país no tendrá nuevos cortes de luz en lo que queda de 2025, debido a que se implementarán 979,5 megavatios de «nueva energía en firme»; es decir, de fuentes termoeléctricas, para no depender del clima.

Pero pese a la promesa del Gobierno, especialistas coinciden en que hay alta incertidumbre sobre si esos 979,5 megavatios podrán estar en marcha para los meses de estiaje (sequía), que según el Operador Nacional Cenace, comenzarían en septiembre de 2025.

Implementar nueva generación termoeléctrica; es decir, con combustibles fósiles, es clave, porque tras la severa crisis energética de 2024, el país sigue teniendo un déficit de energía importante en medio de polémicas contrataciones de emergencia que no se han concretado.

Y es que en época de lluvias las principales hidroeléctricas del país cubren hasta el 90% de la demanda, pero en estiaje (en la época más seca) esta cae a la mitad o menos.

¿Cuánta energía necesita Ecuador para el estiaje de 2025?
El especialista en el sector eléctrico, Ricardo Buitrón, explica que para poder entender cuánta energía necesita el país en 2025, se puede tomar como referencia lo que ocurrió en 2024.

En ese año, la demanda media de energía fue de unos 3.600 megavatios, más unos 187 megavatios que se requerían para estabilización del sistema, lo que da alrededor de 3.787 megavatios.

Sin embargo, por la fuerte sequía, el país solo contó en promedio con unos 2.549 megavatios, más 250 megavatios de reservas del complejo Paute-Molino, lo que suma alrededor de 2.800 megavatios. De ahí que el déficit promedio fue de unos 1.000 megavatios en 2024.

¿Qué pasará con los cortes de luz en Ecuador? Gobierno asegura que la generación de energía eléctrica está garantizada hasta 2026
Aunque hubo semanas más críticas en los que el déficit fue mayor, lo que obligó al Gobierno de Noboa a implementar cortes de luz de hasta 14 horas, en octubre de 2024.

Y para este 2025, la demanda de energía en el país será mayor, pues cada año esta va en aumento, explica Buitrón.

El especialista dice que las proyecciones de Cenace apuntan a que la demanda promedio será de unos 4.220 megavatios en 2025.

Entonces, asumiendo que como punto de partida el país cuente al menos con los mismos 2.549 megavatios de 2024, ¿Cuánto más tendrá en 2025?

El Gobierno de Noboa alquiló en 2024 unos 300 megavatios generados por tres barcazas flotantes en Guayas, pero el contrato de una de ellas vence en julio de 2025, por lo que el país contaría solo con 200 megavatios para lo que queda de 2025. Con eso, serían 2.749 megavatios.

A eso se deberían sumar también los 250 adicionales que podría aportar en el estiaje Paute-Molino. Que dan unos 3.000 megavatios.

Y también se deberían sumar los megavatios adicionales por la entrada en operación de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, que se concretó en el primer trimestre de 2025.

Pero, aunque cuenta con 204 megavatios de potencia, en la época de estiaje generará menos energía, explica Buitrón.

En un escenario optimista, Buitrón dice que Toachi-Pilatón podría aportar con unos 100 megavatios estiaje.

Entonces, en un escenario hidrológico igual al de 2024, el país tendría unos 3.100 megavatios frente a una demanda promedio de 4.220 megavatios; esto es un déficit de alrededor de 1.120 megavatios, lo que se traduciría en una restricción de 27% de la demanda. Esto equivaldría a unas cinco horas de cortes de luz, explica Buitrón.

Ecuador necesita instalar 921 megavatios hasta septiembre para evitar corte de luz, ¿cómo va el plan?
De ahí que los 979,5 megavatios adicionales que promete el Gobierno de Noboa son cruciales.

Si no se concreta ese plan del Gobierno, Ecuador vuelve a depender en gran medida de que Colombia venda energía, pese a que ese país también vive sequía en esa época del año, y de que el estiaje no sea tan grave como el de 2024, dice Buitrón.

«Las declaraciones de los voceros del Gobierno respecto a que no habrá apagones no son suficientes y se requiere que se defina un plan de contingencia que considere la posibilidad de la ocurrencia de un estiaje que pueda afectar al suministro de energía eléctrica», dice Buitrón.

¿Contamos con 976 megavatios para el estiaje?
¿Pero de dónde provendrán esos 979,5 megavatios que Jaramillo aseguró estarán operativos «hasta finales de 2025»?

Según Jaramillo, unos 403,5 megavatios provienen de mantenimientos que se han realizado a centrales térmicas, con lo que podrían producir esa energía adicional este año.

Otros 260 megavatios provendrían de un nuevo proceso para arrendar generación térmica, que comenzó el 10 de junio de 2025.

En esta ocasión, no se trata de contratos de emergencia, como los que se adjudicaron a las empresas Progen y Austral, sino de contratos bajo la modalidad de giro específico de negocio.

Con este nuevo proceso, el Gobierno busca contratar generadores que operen con gas o diésel, que serán instalados en las centrales térmicas Enrique García y Pascuales II, ubicadas en el sector Pascuales, en Guayaquil.

Según los portafolios de proyectos, Pascuales II requiere una capacidad de entre 80 y 136 MW, mientras que Enrique García necesita entre 80 y 180 MW.

El arrendamiento de los generadores tendrá una duración de 540 días (18 meses), según la descripción técnica del proceso.

Este 17 de junio de 2025 vence el plazo para que las empresas interesadas presenten sus propuestas.

Sin embargo, la empresa tiene un plazo de seis meses (180 días) para poner en marcha el sistema; es decir, si todo se concreta, la generación recién estaría disponible en enero de 2026.

Y otros 241 megavatios corresponden a los polémicos contratos adjudicados en agosto de 2024 a las empresas Progen y Austral.

Por un lado, Progen debía ya haber puesto en operación 150 megavatios en  Salitral y Quevedo, pero eso no ha ocurrido.

Por los retrasos, el pasado 9 de junio de 2025, el Gobierno anunció que la empresa pública Celec terminará de manera unilateral los contratos. Ese día, la vocera, Carolina Jaramillo, dijo que la empresa tiene 10 días para responder a la terminación unilateral de los contratos.

Por su parte, al día siguiente, Progen presentó una solicitud de arbitraje de emergencia para exigir el cumplimiento de los contratos y concluir los dos proyectos, que se encuentran «muy cerca de su finalización», dijo la empresa.

Pero el Gobierno de Noboa insiste en dejar fuera a Progen. Jaramillo dijo este 16 de junio de 2025, que la empresa pública Celec está en capacidad de terminar por su cuenta las obras que dejaría inconclusas Progen si se da por terminado el contrato de manera unilateral.

La situación de Austral, que debía instalar 91 megavatios en Esmeraldas también es complicada.

De un total de 48 turbogeneradores que tiene que instalar la empresa uruguaya Austral, solo 30 llegaron, pero están calibrados para funcionar con una frecuencia de corriente alterna de 50 hercios (Hz), que es incompatible con el sistema eléctrico ecuatoriano que funciona a 60 Hz.

Tras los cuestionamientos, la empresa dijo que «todos los termogeneradores producidos por el fabricante fueron diseñados para 50Hz y 60Hz a fin de que puedan ser colocados de forma modular y funcionar óptimamente en cualquier parte del mundo».

Además, Austral aseguró que: «El proceso para que los de 50hz sean adaptables a 60hz es técnicamente habitual. Es lo que estamos haciendo con nuestros equipos, así aseguramos su funcionamiento a 60 Hz».

No obstante, la empresa ya está retrasada, pues debía poner en operación los 91 megavatios en enero de 2025 y al 16 de junio, eso todavía no ocurre.

El Gobierno también cuenta con otros 75 megavatios a gas que se generarían en Machala (El Oro), sin embargo, la vocera no precisó a qué proyecto se refiere.

En la rueda de prensa que dio Jaramillo el 16 de junio de 2025,  mostró una diapositiva que espeficaba que la generación de esos 75 megavatios dependerá de la disponibilidad de gas que tenga Petroecuador.

Por ahora, el único proyecto nuevo a gas del que ha dado detalles el Gobierno es el de la empresa privada Gasvesubio, cuya planta está ubicada en la provincia de El Oro.

La empresa se adjudicó un contrato de alquiler de generación de 14 megavatios de generación termoeléctrica a gas.

Sin embargo, para generar esos 14 megavatios, Gasvesubio requerirá alrededor de 4 millones de pies cúbicos de gas, que Petroecuador le debe proporcionar, pues así lo dispone el contrato.

El problema es que Ecuador no cuenta con suficiente producción de gas, ni con infraestructura para importarlo en el corto plazo.

Por ese déficit de gas, hoy la central termoeléctrica más grande de Ecuador, Termogas Machala (ubicada en la provincia de El Oro), que tiene una potencia instalada de 210 megavatios, solo produce entre 60 y 70 megavatios.

Esto, porque la única fuente de gas natural en Ecuador, el Campo Amistad (Golfo de Guayaquil) solo puede dotarle de unos 17 millones de pies cúbicos, cuando lo que necesita es 60 millones de pies cúbicos de gas.

Consultada sobre de dónde provendrá el gas para esa nueva generación, Jaramillo dijo no conocer los detalles. Fuente: Primicias

La madrugada de este martes 17 de junio, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos en la provincia de Manabí como parte del caso ‘Narcotentáculos’, una investigación que apunta a una presunta estructura de delincuencia organizada al interior de la Función Judicial.

Los operativos se realizaron en oficinas y domicilios de funcionarios judiciales de la Corte Provincial de Manabí, para recabar indicios que permitan avanzar en las investigaciones.

La Fiscalía detalló que esta investigación se inició en agosto de 2024, luego de haber receptado los testimonios anticipados de dos exjueces sentenciados dentro del Caso Plaga.

En agosto de 2024, ya se llevaron a cabo allanamientos similares en viviendas y oficinas de jueces y otros funcionarios judiciales de la misma provincia.

En esa ocasión, la Fiscalía indicó que el caso involucra a servidores públicos, abogados en libre ejercicio y particulares, todos presuntamente relacionados con una red que habría manipulado procesos judiciales.

Esta investigación se conecta con los testimonios anticipados del caso ‘Plaga’, otra trama sobre la manipulación de acciones constitucionales en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que favorecieron a personas consideradas de alta peligrosidad. Fuente: Vistazo