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Nacionales

Caso Triple A: Juez niega prisión preventiva para Aquiles Alvarez, quien debe usar grillete electrónico

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Luego de varios diferimientos, finalmente, la audiencia de vinculación por el caso Triple A se instaló la mañana del 9 de abril de 2025, en el Complejo Judicial del Norte de Quito. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, rechazó que la Fiscalía pidiera orden de prisión preventiva en su contra por esta causa.

«El fiscal ha pedido prisión preventiva sin argumento alguno, sin elementos de convicción. Está grabado y en su momento el país conocerá y verá el mamotreto que se ha armado (…). Veremos que resuelve el juez. Pero aquí estoy, no he huido ni huiré», dijo Alvarez en X.

Alvarez dijo que el proceso es una persecución política destinada a desviar la atención del video difundido un día antes por la exesposa del asesinado excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, Verónica Sarauz, que contiene graves acusaciones contra la fiscal Diana Salazar.

El alcalde sostiene que el caso en su contra es un montaje y asegura que enfrentará la situación con firmeza. Critica duramente al Gobierno, al que acusa de actuar con motivaciones políticas.

En esta causa por presunta comercialización ilegal de combustibles, donde ya hay cinco personas y cinco empresas procesadas, el fiscal Carlos Alarcón pidió la vinculación de 10 personas más, entre las que resalta el nombre de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil.

En la nueva lista de las 10 personas que serán procesadas, además del alcalde Alvarez, hay cuatro contadores. Cuando el caso empezó, ya habían sido sindicadas otras tres personas con esta profesión. Presuntamente, trabajaban para las empresas involucradas y conocían de las supuestas irregularidades.

La Fiscalía argumenta que ha rastreado que Copedesa, una de las empresas relacionadas con el alcalde Alvarez, vendió combustible a varias gasolineras, supuestamente, de manera irregular.

Durante la audiencia de vinculación, el fiscal Alarcón deberá exponer los inidicios, recopilados en relación Alvarez y los demás nuevos procesadas. Además, podrá solicitar medidas cautelares, entre las que se encuentra la prisión preventiva. El juez Renán Andrade resolverá.

10/04/2025

06:09

Juez niega prisión preventiva
La audiencia se extendió hasta la madrugada del 10 de abril.  El juez de a causa negó el pedido de prisión preventiva para Aquiles Alvarez y los otros procesados, quienes deberán cumplir medidas sustitutivas: uso del dispositivo electrónico (grillete), prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la justicia.

09/04/2025

12:03

Las irregularidades detectadas por Fiscalía
Durante una hora y 30 minutos, el fiscal Carlos Alarcón expuso decenas de indicios relacionados con Aquiles Alvarez para sustentar su procesamiento como autor del delito de comercialización ilegal de combustibles.

Según la información expuesta por el agente, como accionista y representante de empresas como Copedesa, Ternape y Flonape, Alvarez tramitó los permisos ante Petroecuador para comercializar combustibles a los sectores automotriz, industrial y naviero.

Estas autorizaciones, explicó el fiscal Alarcón, se basaron en informes de José Franco, quién, en esos momentos, era coordinador técnico de control hidrocarburífero de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Pero, que además es accionista de FuelCorp, una de las empresas procesadas en el caso Triple A; trabajó bajo relación de dependencia en Copedesa, y fue gerente de la Agencia de Tránsito de Guayaquil (ATM), durante la administración de Álvarez en el Municipio.

Franco debía ser procesado inicialmente el caso Triple A. Sin embargo, fue candidatizado a la Asamblea Nacional por Centro Democrático, lo que lo revistió con inmunidad hasta el fin del proceso electoral.

Según la tesis de la Fiscalía, una vez firmados los contratos con Petroecuador, Copedesa, con la firma de Aquiles Alvarez, firmó convenios de afiliación con distribuidoras en zonas fronterizas como Estación Zambrano, en Zamora Chinchipe; Estación Espíndola, en Loja; y Estación Araújo, en El Oro. Copedesa tenía la obligación de vigilar que estás estaciones no desvíen el combustible.

Sin embargo, la Fiscalía tiene indicios de que estas gasolineras distribuyeron ilegalmente los combustibles recibidos de Petroecuador, a través del convenio con Copedesa.

Por ejemplo, en el caso de la Estación Zambrano, la Fiscalía determinó que la gasolinera recibió diésel premium subsidiado por encima de su capacidad de almacenamiento, que es de 10.000 galones. El Ministerio Público contabiliza 2,7 millones de galones que no pueden justificarse.

La Estación Espíndola, en cambio, tiene como sus principales clientes al Consorcio Building Amalusa y José Rivera. Les facturó más de 411.000 de galones de diésel y más de 5.000 galones de gasolinas. El problema es que las recargas de los dos tipos de combustible se hicieron a un mismo vehículo, lo cual es imposible, dijo el fiscal del caso.

Sobre la Estación Araújo, Alarcón explicó que que recibió más de 900.000 galones de diésel premium subsidiado y sus principales clientes fueron Oro Estiva y GasoMar. En el primer caso, Araújo tenía prohibición legal para vender combustible al sector industrial. Y, en el segundo caso, también está prohibido distribuir combustibles a otras estaciones.

09/04/2025

10:00

Fiscal pide la vinculación de 11 personas
La audiencia se reinstaló y el fiscal Alarcón pidió la vinculación de 11 personas y una empresa a la instrucción fiscal, en este caso por el presunto delito de distribución y comercialización ilegal de combustible.

09/04/2025

09:23

Suspensión de la audiencia por 30 minutos
Tras instalar la audiencia, el juez suspendió de inmediato la diligencia por 30 minutos para que Aquiles Álvarez y Juan Carlos Arias, investigados cuyos abogados no asistieron, se puedan reunir con los defensores públicos asignados. La diligencia se retomará a las 09:50

09/04/2025

09:22

Multa al abogado de Alvarez
Luego de escuchar estos argumentos, el juez Renán Andrade multó al abogado de Aquiles Álvarez con dos salarios básicos unificados y pidió que lo investiguen para determinar una posible suspensión. Sin embargo, declaró instalada la audiencia de vinculación y Álvarez será defendido por un abogado de oficio.

09/04/2025

09:21

Aquiles Alvarez se presentó sin abogado
Antes de la instalación de la audiencia, Aquiles Álvarez, quien no llegó al Complejo Judicial y se conectó vía telemática, pidió la palabra y explicó que su abogado, Diego Córdoba, no está presente y que justificó previamente su inasistencia. Pero, el juez Andrade negó los pedidos de diferimiento.

«No autorizo a ningún defensor público a qué me represente. O es que usted (Juez) pretende ponerme de carne de cañón antes de las elecciones. Ni siquiera abre YouTube o es que no quiere dejar que el país vea que me deja en indefensión», dijo el Alcalde de Guayaquil.

Ante esta situación, el juez Andrade cedió la palabra a Iván Montero, abogado de la Defensoría Pública, quien manifestó que está listo para asumir la defensa de cualquiera de los procesados, ya que ha acudido a todas las audiencias previas y ha revisado el expediente. Fuente: Primicias

Nacionales

Ministro de salud confirma 12 muertes neonatales en Guayaquil y descarta cifra de 18 casos

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El ministro de Salud, Jimmy Martin, informó que en julio se registraron 12 muertes de recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, y no 18 como circuló en redes sociales. Señaló que las causas fueron diversas, en su mayoría asociadas a bajo peso al nacer, prematuridad o inmaturidad extrema, y precisó que solo dos casos estuvieron vinculados a la bacteria KPC.

Según el funcionario,  esta información es “alarmista y falsa” y los decesos respondieron a causas multifactoriales y no a un único origen. Explicó que los bebés presentaban complicaciones graves, como bajo peso al nacer, prematuridad o inmadurez extrema, condiciones que comprometen de forma significativa su estabilidad clínica desde los primeros días de vida.

En dos de los casos, señaló Martin, se detectó la presencia de la bacteria KPC. Ante esta situación, en julio se emitió una alerta epidemiológica y se activaron de inmediato los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la bacteria en la unidad hospitalaria.

El secretario de Estado también rechazó categóricamente las versiones que señalaban la reutilización de cánulas en la atención de los neonatos. Aclaró que los bebés con inmadurez extrema o muy bajo peso al nacer requieren dispositivos específicos de soporte ventilatorio, distintos a las cánulas señaladas en los rumores, y que estos equipos fueron provistos de forma adecuada por el hospital.

Respecto a los dos casos asociados con la bacteria, Martin aseguró que ya se han tomado decisiones firmes para enfrentar la situación y fortalecer las medidas de control.

“Estamos decididos a enfrentar la realidad de nuestro sistema de salud con firmeza y decisión. No vamos a permitir que intereses ajenos a la ciudadanía interfieran en el objetivo de tener un servicio digno y confiable”, enfatizó el ministro.

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Nacionales

Doce vidas truncadas: el costo del desmantelamiento de la salud pública

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Por Annabell Guerrero Pita

La muerte de doce neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil, ubicado en la vía Perimetral, ha despertado indignación nacional. Son doce vidas truncadas no solo por la falta de ejecución presupuestaria en el sector salud, sino también por una política estatal que desprecia lo público y se encuentra desconectada de las necesidades más elementales de la ciudadanía.

Este hecho no es fortuito: es consecuencia directa del desmantelamiento progresivo del sistema público de salud, evidenciado en la reducción de 1.249 millones de dólares de su presupuesto. Las secuelas son visibles: ausencia de insumos esenciales y medicamentos, deterioro de infraestructura, déficit de personal especializado y aumento de infecciones intrahospitalarias.

Quienes padecen enfermedades catastróficas, raras o huérfanas viven un calvario semanal para acceder a diálisis o tratamientos indispensables. Muchos han muerto esperando. La crisis es tal que algunos hospitales carecen de alimentación para sus pacientes, recurriendo a la asistencia del Banco de Alimentos. Pedir caridad para sostener un derecho humano básico: esa es la dimensión del abandono.

En lugar de enfrentar esta emergencia, el régimen ha optado por desviar la atención hacia supuestos “enemigos internos” y hacia la Corte Constitucional, responsabilizándola por la crisis de seguridad. Además, impulsa una nueva consulta popular, tan ineficaz como ajena a las urgencias reales del país.

La respuesta oficial ante la tragedia de los neonatos ha sido la desvinculación de autoridades del Hospital Universitario, trasladando la culpa a mandos medios. No obstante, la responsabilidad recae en el Ministerio de Salud, que a la fecha ha ejecutado apenas el 11,06% de su presupuesto y mantiene procesos de despido de personal sanitario, pese a la promesa gubernamental de no afectar al sector salud en el llamado “achicamiento del Estado”.

El artículo 32 de la Constitución del Ecuador establece que la salud es un derecho garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos como el agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo y la seguridad social. A su vez, el artículo 3 numeral 1 señala como deber primordial del Estado “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales”. Entre estos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 y la Convención sobre los Derechos del Niño que obligan a los Estados a adoptar medidas para reducir la mortalidad infantil y garantizar servicios de salud de calidad.

La muerte de doce recién nacidos en un hospital público es una violación grave de derechos humanos, un incumplimiento de obligaciones internacionales y una expresión del abandono institucional. En Ecuador, hoy, nacer en un hospital estatal puede convertirse en una sentencia de muerte, y la omisión del Estado en cumplir sus deberes es tan letal como cualquier arma.

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Federación Nacional de Abogados anuncia nueva acción legal contra la Ley de Integridad Pública

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La Federación Nacional de Abogados (FNAE) ha anunciado su intención de presentar una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional. La organización sostiene que esta legislación vulnera principios fundamentales establecidos en la Constitución del país. Según la FNAE, la ley otorga al Ejecutivo facultades que podrían comprometer la independencia judicial y el derecho a la defensa, al permitir la destitución de jueces y fiscales sin el debido proceso.

La FNAE ha expresado su preocupación por lo que considera una concentración de poder en el Ejecutivo, lo que podría afectar el equilibrio de poderes y la autonomía del sistema judicial. La organización también señala que la ley podría ser utilizada para presionar a jueces y fiscales, comprometiendo la imparcialidad en la administración de justicia.

Esta nueva acción legal se suma a otras iniciativas previas de la FNAE contra reformas legales que, según la organización, atentan contra los derechos fundamentales y el Estado de derecho. La FNAE ha reiterado su compromiso con la defensa de la Constitución y la protección de las garantías constitucionales para todos los ciudadanos.

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