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‘El lavado de activos no solo se da a través del sistema financiero’, dice Roberto Romero, superintendente de Bancos

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Lleva poco más de dos meses en el cargo, luego de una polémica en el Consejo de Participación Ciudadana donde el correísmo quería nombrar a otra persona para el cargo. De hecho, ese interés quedó expuesto en el Caso Ligados . Pero finalmente Roberto Romero von Buchwald ganó el concurso y ahora dirige la Superintendencia de Bancos. Dice que no representa ningún interés y que su objetivo es que la entidad funcione de manera técnica.

No solo se encarga de velar por la salud del sistema bancario para que no ocurra un colapso, sino que también es responsable, junto a la UAFE y otras entidades, de combatir el lavado de activos , en un país cada vez más asechado por el crimen organizado .

Según la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca), en 2023 se reportaron 4.700 transacciones inusuales y en el primer semestre de 2024 fueron 2.700. Son los datos más actualizados. Romero von Buchwald dice que monitorean todo eso, pero recuerda que no todo el dinero de actividades ilícitas pasa por el sistema financiero y que tampoco hay que satanizar a los bancos. Asegura que se hace un control exahustivo para detectar posibles delitos y adelanta que ya hay resultados.

¿Cuál es la importancia de que la Super de Bancos tenga total independencia?

Necesitamos ser autónomos, independientes, para poder hacer nuestro trabajo de una manera que no se vea involucrada con temas políticos. Tenemos que trabajar en temas técnicos, dentro de las mejores prácticas internacionales para asegurar la confianza y solidez del sistema financiero . La autonomía financiera también es muy importante: las instituciones financieras pagan cada año una contribución para el funcionamiento de la Superintendencia. Eso permite pagar sueldos, invertir en tecnología. Al no tener estos recursos, podría debilitar la gestión de la institución. Desde hace años, esa contribución va a la Cuenta Única del Tesoro. Entonces, si necesito un presupuesto, tengo que gestionar, justificar, para que la Caja Central del Estado me dé el presupuesto.

¿Eso quiere decir que, hipotéticamente, cualquier gobierno puede decirle que no hay plata para sus proyectos, en la lucha del lavado de activos, por ejemplo?

Es posible, a pesar de que constitucionalmente hablando las leyes nos amparan, pero una forma de limitar la gestión de cualquier institución es limitar sus recursos. Debo mencionar que mi gestión comenzó el 27 de febrero y me encontré con estas debilidades y debo mencionar también que toqué las puertas del Ministerio de Finanzas y, de manera inmediata, nos colaboraron con temas que eran urgentes. Estimo yo que con la debida gestión con el Ministerio de Finanzas y el Gobierno, obtendremos los recursos necesarios para que yo pueda cumplir con lo que planteé en el Consejo de Participación Ciudadana como plan de trabajo.

$!Roberto Romero von Buchwald fue designado como superintendente de Bancos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego la Asamblea Nacional lo posesionó.

¿Cuál es el riesgo de un manejo político de la Superintendencia de Bancos?

El riesgo no es solamente que una persona no tenga la capacitación o nivel profesional, que podría provocar errores en la supervisión bancaria, sino que también puede involucrarse con personas que tengan intereses personales. Que haya una persona que se haga de la vista gorda y no controle. En la Superintendencia de Bancos se administra información que está protegida por ley. El sigilo bancario es muy importante porque las instituciones financieras nos proveen estructuras de información que deben ser cuidadas con mucha prolijidad.

¿Cómo controlan y combaten el lavado de activos en los bancos? Entiendo que hay la figura de Oficial de Cumplimiento en cada institución financiera supervisando los movimientos inusuales. ¿Qué información les proporcionamos?

Nos reportan la información que tiene que velar de un análisis de licitud de origen de fondos, porque el lavado de activos inicia en ese punto. Generalmente, todos los recursos de las personas inescrupulosas ingresan a través de depósitos en cuentas de ahorro, depósitos a través de inversiones, depósitos a plazo fijo o incluso aportaciones de accionistas. Porque a través de esto se puede generar créditos en otras actividades lícitas para que entren en la economía del Ecuador y, de esta manera, se vayan lavando estos recursos, es decir, blanqueando.

Por eso es fundamental el trabajo de los oficiales de cumplimiento para que, cuando se observe algo no habitual, hagan una debida diligencia e investiguen, y soliciten información al presunto dueño de estos recursos. Si no es lícito un recurso o hay muchas sospechas, inmediatamente que sea reportado para que entre en acción la UAFE.

¿Entonces, los bancos le reportan a la UAFE, no a la Superintendencia de Bancos?

También nos reportan a nosotros y nosotros adicionalmente tenemos que hacer una investigación profunda. Todo el tiempo recibimos saldos, transacciones, y con diferentes modelos podemos identificar si es que algo se le está escapando al oficial de cumplimiento.

¿En estos dos meses que ha estado en la institución ha detectado algo grave?

Lo primero, hemos encontrado, a través de denuncias y análisis que llevamos a cabo, a 14 instituciones que no tienen autorización para hacer intermediación financiera ni para operar, captando recursos y otorgando créditos. Hemos reportado esto públicamente para que la ciudadanía no se deje engañar y pierda sus recursos o pueda ser extorsionada y tenga que sufrir otro tipo de delitos.

Lo hemos reportado a la UAFE y a la Fiscalía, por supuesto, para que con la fuerza pública se apliquen las medidas correspondientes. Están en análisis otras 14 agrupaciones que, en el momento que tengamos certezas, vamos a reportarlas también.

El segundo frente, efectivamente son los hallazgos en temas que nos llaman muchísimo la atención, pero son delicados y están en una indagación, y no puedo revelar la información.

¿Son transacciones inusuales por lavado de activos?

Sí, pero no podría comentar mayores detalles hasta que no tengamos información que sea publicable. Sabemos que lo que no se comunica no existe, pero hay temas que rebasan el sigilo en este momento. También tenemos que tener en cuenta que hay otras superintendencias más que reportan sobre movimientos sospechosos a la UAFE: Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que supervisa a las cooperativas.

Dijo que no todo el dinero de actividades se lava en el sistema financiero.

Por ejemplo, una de las actividades ilícitas es la minería ilegal. Hoy en día se hacen unas barritas de oro que, dependiendo de la cotización del gramo de oro, pueden costar entre 1 millón y medio de dólares y 2 millones y medio, y eso no entra al sector financiero. Y es más fácil llevarse en una maleta al exterior, llevándose millones de dólares. Entonces, es importante comentar eso, el lavado de activos no solo se da a través del sistema financiero, se piensa que las instituciones financieras son el canal sobre el cual se lleva a cabo esa actividad ilícita y no, no es solamente ese canal, existen otros. Por ejemplo, ‘los chulqueros’: ese recurso, generalmente, a pesar de ser de algunos millones de dólares, no entra nunca al sector financiero formal y está en esta zona gris y oscura donde actúan los chulqueros y empiezan a entregar créditos muy chiquitos.

¿Hay alguna cifra que pueda dimensionar el dinero que se lava en el país?

Esa es información muy delicada y con sigilo, y no podría decir si es exacta, porque este mundo se maneja en un círculo oscuro que no se deja ver fácilmente. Lo que dice la ONU es que el lavado de activos a nivel mundial oscila entre el 2 y el 3 por ciento de todo el producto interno bruto del planeta. Si extrapolamos esa información hacia Ecuador, significaría que más de 2.000 millones de dólares se podrían estar lavando, pero no solamente a través del sector financiero, ojo, también a través de otros mercados y otros mecanismos.

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Cómo gastan el dinero los municipios y las prefecturas y qué cambiaría con la reforma que plantea Noboa

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Una nueva reforma legal pone la lupa sobre lo que están haciendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con los recursos que reciben del Presupuesto General del Estado.

Según el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) los municipios, prefecturas y juntas parroquiales deben recibir:

21% de los ingresos permanentes  del Presupuesto General del Estado, que son los generados por recaudación de impuestos y tasas.
Y un 10% de los ingresos no permanentes del Estado, es decir, aquellos por venta de petróleo o venta de bienes del Estado o concesiones.
Pero esto podría cambiar con el Proyecto de Ley Reformatoria al Cootad para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, presentado el 28 de enero de 2026, con carácter económico urgente.

El proyecto plantea que los GAD destinen el 70% de sus presupuestos anuales a inversión y obra pública. Y da plazo para conseguir este objetivo: hasta 2029 para los municipios y prefecturas y hasta 2030 para las juntas parroquiales rurales.

El proyecto advierte que, si no cumplen ese porcentaje de inversión, las asignaciones bajarían a los mínimos que dispone la Constitución:

15% por ingresos permanentes.
5% de asignaciones no permanentes.
Según el Gobierno, las actas de la Asamblea Constituyente muestran que las asignaciones a los GAD buscaban evitar el gasto en actividades vitrina y priorizar servicios públicos urgentes.

De ahí que el Ejecutivo cuestione que buena parte del dinero que manejan los gobiernos seccionales se destina al pago de sueldos y salarios. Y, aún peor, para eventos artísticos, culturales, recreativos o de entretenimiento.

«Estos gastos no promueven la dinamización de la economía en contextos donde persisten brechas significativas en la provisión de servicios básicos e infraestructura esencial». Proyecto de ley para reformar el Cootad.

¿En qué gastan los gobiernos seccionales en Ecuador?
Resulta complejo conocer a detalle en qué gastan todos los GAD, pues en el país hay 221 municipios, 24 prefecturas y 797 juntas parroquiales. La mayoría no publica el detalle de sus presupuestos y su ejecución de forma actualizada y transparente.

El Banco Central de Ecuador (BCE) consolida información financiera de todos los GAD. Según esos datos, de los USD 5.497 millones que manejaron en 2024, el 24% se destinó a inversión, que incluye formación bruta de capital fijo, obra pública y la adquisición de bienes de larga duración.  En 2025, el porcentaje para inversión fue similar, del 25%.

Por ejemplo, en GAD como el Municipio de Guayaquil, de un presupuesto total de USD 1.608 millones en 2025, USD 439 millones o el 27% fue para inversión y obra pública, según los rubros que el Gobierno central plantea que se pueden considerar como tal.

En Quito, de un presupuesto de USD 1.744 millones, unos USD 398 millones, o el 23%, se dirigieron a ese mismo fin. Mientras que en la Prefectura de Pichincha, el 47% de su presupuesto de USD 275 millones se destinó a inversión y obra pública.

¿Cuánto reciben los GAD del Estado?
En el proyecto de ley, el Gobierno de Noboa menciona que la reforma es necesaria por el problema de desequilibrio fiscal del país; es decir, porque los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos del Estado y, como resultado, Ecuador tiene que endeudarse cada vez más.

Y añade que las asignaciones que hace el Estado para los GAD son muy rígidas; es decir, es muy difícil hacer ajustes cuando los ingresos no alcanzan.

Si bien los municipios, las alcaldías y las juntas parroquiales tienen ingresos propios de las tasas y de los impuestos que cobran, una buena parte de su presupuesto se cubre con las asignaciones del Estado.

Y este no es un gasto menor. Por ejemplo, en 2025, el Presupuesto del Estado alcanzó los USD 34.949  millones y, de ese valor, unos USD 3.455 millones fueron transferencias estatales para los GAD; esto es, casi el 10%.

Esto es 17 veces más que lo que se destinó a obra pública en el Presupuesto General del Estado.

Por la fuerte presión, año a año se acumulan millonarios atrasos en las asignaciones a los gobiernos seccionales, como en 2025 cuando sumaron USD 875 millones.

El economista Daniel Lemus, director del centro de políticas públicas de la ESPOL, explica que las asignaciones del Presupuesto del Estado representan entre el 48% y 54% de los ingresos que tienen los GAD, aunque hay algunos que dependen más del Gobierno central.

Por ejemplo, estas transferencias estatales representan menos del 50% de los presupuestos de algunos municipios, mientras que en las prefecturas son del 70%, añade Lemus.

Para Lemus, la reforma es positiva, pero hace falta aclarar detalles sobre cómo se hará el cómputo de ese 70%.

«¿Se computará sobre lo que el GAD haya planificado en el presupuesto o lo que realmente se haya ejecutado? Porque hay obras que se contratan en un año, pero la ejecución ocurre en el siguiente. Y con los anticipos de las obras, ¿qué pasará?», añade.

Para Lemus es importante hacer estas aclaraciones para evitar que solo se asienten cifras en el papel y al final del año, la ejecución real esté lejos de la meta.

¿Qué cambia el proyecto de ley?
Hoy, el Cootad ya pone un candado, pues su artículo 198 dice que las transferencias que se hagan a los GAD podrán financiar hasta el 30% de gastos permanentes (como sueldos de funcionarios), y un mínimo del 70% de gastos de inversión y obra pública.

Además, especifica que las transferencias provenientes principalmente de la venta del petróleo deberán financiar solo inversión y obra pública.

Sin embargo, ahora el Gobierno propone que el 70% de todo el presupuesto de los GAD  —  no solo de la asignación estatal—  sea para inversión y obra pública.

«La reforma es positiva, para mejorar la calidad de gasto y aumentar la inversión, pero tampoco debe servir para ahogar a algunos GAD con porcentajes imposibles de cumplir». Daniel Lemus, economista

Lemus destaca que el proyecto ya define qué rubros son los que se pueden considerar inversión y obra pública, para evitar diferentes interpretaciones. Fuente: Primicias

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Cynthia Jacho: sacó una baja calificación, pero ahora es presidenta de la comisión que elegirá al nuevo fiscal

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Cynthia Alexandra Jacho Tipán fue designada como presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado. La joven fungió como abogada junior de un bufete quiteño y sacó una de las calificaciones más bajas en la etapa de méritos.

Esta comisión fue creada por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) en medio de cuestionamientos sobre los requisitos de los postulantes y sus calificaciones.

En total son 10 personas las que tienen la misión de encontrar al nuevo líder del Ministerio Público. Entre los integrantes de la comisión hay representantes de la ciudadanía y de las funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Transparencia y Control Social).

Jacho arrancó en su cargo solicitando al presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, que remita hasta el 29 de enero la terna para elegir al secretario de la comisión. Además, solicitó un equipo técnico.

Tras completar esos requerimientos, los comisionados podrán convocar oficialmente al concurso para escoger al nuevo fiscal.

$!Comisión que designará al nuevo fiscal.

¿QUIÉN ES CYNTHIA JACHO?

Tiene 26 años, nació en Quito y se graduó como abogada en la Universidad Central del Ecuador en diciembre del 2023, pero su título quedó registrado en la Senescyt en febrero del 2024.

Según la hoja de vida presentada al Cpccs, posee cursos en dignidad humana desde la jurisprudencia constitucional, habeas corpus privación de la libertad legal, arbitraje e ilegítima, teoría del delito y la pena y la prueba en materia laboral.

Todas estas capacitaciones se dieron en julio del 2025, a excepción de la última que tiene como fecha a julio del 2024.

En cuanto a experiencia laboral, Jacho trabajó dos años y 11 meses en el bufete Martínez & Martínez como asistente legal y abogada junior.

Además, la joven destacó que posee experiencia específica en derecho institucional, erradicación para la violencia y relaciones comunitarias.

$!Cynthia Jacho fue designada como presidenta de la comisión que elegirá al nuevo fiscal.

CUESTIONAMIENTOS

Sin embargo, ha sido cuestionada por sacar 17,5 sobre 50 en el concurso de méritos. Esta fue una de las notas más bajas del grupo por varios motivos: su reciente titulación, su escasa experiencia laboral y la falta de publicaciones académicas.

Aunque justificó dos premios, logrados en junio del 2025, por su defensa en derechos de la mujer y causas sociales y comunitarias.

Por su parte, el asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), recordó en la red social X que alrededor de la nota de Jacho hubo un curioso incidente.

El equipo técnico tuvo un ‘lapsus calami’ y la calificó con 37,5/50. Ante ello, el Cpccs pidió rectificar la votación para colocar la nota real. La corrección se hizo entre finales de noviembre e inicios de diciembre. ¿El resultado? Con una de las peores calificaciones, terminó dirigiendo la Comisión que decidirá quién será la o el nuevo Fiscal General del Estado”, apuntó el legislador.

$!Cuadro presentado por Luis Fernando Molina.

PRÓXIMOS PASOS

Una vez que tengan un secretario y un equipo técnico, los comisionados deben hacer un cronograma de trabajo y convocar a los abogados que deseen participar en el concurso. En total son cinco fases:

  • Convocatoria y postulación
  • Admisibilidad y reconsideración
  • Méritos y recalificación
  • Escrutinio público e impugnación
  • Oposición y recalificación.

Este proceso debe durar cuatro meses, aunque también hay la posibilidad de una prórroga de dos meses más para concluir el concurso que designe al nuevo fiscal. Fuente: vistazo 

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Ecuador consolida la cooperación con la CAF para los sectores energético, aéreo y bananero

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El Gobierno ecuatoriano informó este jueves de que suscribió un instrumento de cooperación técnica no reembolsable con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), orientado a fortalecer los sectores energético y aéreo.

Además, en el marco del Foro Económico Internacional, en Panamá, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) firmó una carta de intención con el multilateral para implementar un programa de mejoramiento genético del banano.

El instrumento forma parte de la relación estratégica que mantiene el Ecuador con CAF, organismo que ha acompañado al país mediante mecanismos financieros asistencia técnica en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Su objetivo es fortalecer las capacidades de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) para la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, así como acelerar la expansión del Sistema Nacional de Transmisión, en favor de la seguridad energética y una transición sostenible.

La cooperación incluye la realización de análisis técnicos y socioambientales, así como la preparación de una cartera de proyectos estratégicos, con estudios de ingeniería y perfiles para financiamiento.

Además, prevé acciones de fortalecimiento institucional orientadas a optimizar procesos, gestión y herramientas tecnológicas, y a destrabar cuellos de botella en la ejecución de proyectos.

En el área aeronáutica, el instrumento, suscrito por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, contempla la asistencia no reembolsable de dos millones de dólares, destinada a fortalecer integralmente la conectividad aérea y la seguridad operacional.

Para ello, se contemplan estudios de factibilidad, la rehabilitación de infraestructura aeronáutica, la adquisición de equipamiento, alianzas público-privadas y acciones de fortalecimiento institucional, con énfasis en el rol del Estado como planificador y regulador del sistema aéreo nacional.

La carta de intención suscrita entre la CAF y AEBE, apunta a financiar el mejoramiento fitogenético del banano productivo, de tal manera que sea resistente a las plagas que regularmente afectan a este cultivo.

La suscripción de estos instrumentos reafirmó el acceso del Ecuador a asistencia técnica especializada de alto nivel, orientada a fortalecer la planificación y la capacidad del Estado en sectores clave para el desarrollo sostenible. Fuente: Vistazo

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